La regulación de la participación ciudadana en las Comunidades Autónomas
La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, más allá de suponer un derecho fundamental según el art. 23 de nuestra Constitución, es un objetivo coherente con la descentralización que nuestras Comunidades Autónomas encarnan. <p>Por ello y bajo la persecución del buen gobierno, los Estatutos de Autonomía de segunda generación y un conjunto de leyes de participación ciudadana, han tratado de revitalizar desde 2006 la intervención política de los ciudadanos a través de figuras como foros, consultas, presupuestos participativos, la iniciativa popular, los ‘escaños ciudadanos’ o el derecho de petición.<p> Procede analizar el margen del legislador autonómico para regular la participación y el resultado de tal empeño, pues la misma aparece constreñida ex. art. 81.1 CE en lo tocante al desarrollo básico del derecho fundamental.
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Ángel Fernández Silva Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Salamanca
