Bien, el objetivo de la presente videoclase
es abordar el tema de la regulación de la participación ciudadana
en las comunidades autónomas.
La participación aparece en la Constitución española
regulada desde dos ópticas o concepciones distintas.
En primer lugar, como derecho fundamental
en el artículo 23 de la misma,
pero también aparece como mandato dirigido a los poderes públicos
en el artículo 9.2 de la Constitución.
Como derecho fundamental y dada la previnencia
en nuestro sistema del modelo representativo,
la principal manifestación del derecho de participación
es, lógicamente, la elección de representantes políticos
mediante el voto, es decir,
el ejercicio de los derechos de sufragio activo y pasivo.
Pero nuestra Constitución no agota las formas de participación
a las puramente representativas, sino que combina también
con tres instituciones de democracia semidirecta que también entroncan
con el derecho fundamental de participación,
como son el referéndum, la iniciativa legislativa popular
y el régimen de consejo abierto.
El constituyente también dejó abierta la puerta
a que el legislador configurara otras formas de participación,
de democracia participativa distintas
o que no entroncan con el derecho fundamental.
Al respecto, contiene un mandato en el 9-2 que, literalmente,
pretende facilitar la participación de todos los ciudadanos
en la vida política, económica, cultural y social.
Además, el legislador autonómico encontraría competencia
para desarrollar este tipo de régimen de participación
semidirecta o participativa en virtud de su competencia
para regular instituciones de autogobierno,
según el artículo 148.1.1 de la Constitución Española.
Este tipo de participación es deseable y coherente
no solo desde el punto de vista del buen gobierno,
también casa muy bien con la filosofía descentralizadora
de nuestras comunidades autónomas.
Dicho de otra forma, las autonomías también existen,
además de por otros condicionantes, para acercar la gestión al ciudadano
y la participación permitiría a la sociedad.
Involucrarse en la toma de decisiones.
Este es un objetivo que han recogido
los estatutos de autonomía de segunda generación
y que veremos ha tenido como consecuencia la aprobación
de diversas leyes de participación ciudadana.
En general, los estatutos de segunda generación
trataron de añadir un nuevo catálogo de derechos,
buscando también un estatus más activo del ciudadano
en la decisión y valoración de políticas públicas.
En este sentido,
y desde el punto de vista de las fuentes del derecho,
el margen del legislador autonómico aparece bastante constreñido
para la regulación de estas formas de participación que conectan
con el derecho fundamental.
El motivo es que el legislador.
Orgánico ha regulado con bastante detalle,
y no solo cuestiones básicas, tanto los derechos de sufragio
como las figuras del referéndum, la iniciativa popular
y el Consejo Abierto.
Este carácter expansivo
de la ley orgánica ha mermado, por así decirlo,
la creatividad del legislador autonómico,
de ahí que, las autonomías puedan regular,
apenas puedan regular la figura del referéndum consultivo
por lo anterior, pero también porque el Estado
tiene competencia exclusiva sobre la autorización
de este tipo de consultas.
Si excluimos el referéndum para la aprobación
o modificación de estatutos de autonomía,
las comunidades apenas han utilizado esta figura del referéndum,
ni siquiera para su regulación, tampoco para su celebración.
En materia de iniciativa popular ocurre algo muy parecido.
Las leyes autonómicas se han limitado a trasladar los requisitos estatales
de la figura y solo las normas más recientes han introducido
algunas novedades que han tratado de revitalizar la figura.
Novedades o cuestiones como la rebaja en la cantidad de firmas,
plazos más generosos para su recogida o la participación de los impulsores
de la iniciativa en la tramitación parlamentaria.
Esto último ha tenido como resultado que la iniciativa popular
haya tenido más protagonismo en algunas autonomías,
como Galicia, País Vasco, Cataluña, Canarias, que en el nivel estatal.
Por ende,
donde el legislador autonómico más capacidad
y más margen tiene para la regulación de la participación
es en el desarrollo de instrumentos que no conectan con el derecho
fundamental del artículo 23 de la Constitución
y que denominamos instrumentos o herramientas
de democracia participativa.
Son de configuración legal y, por ello, la práctica totalidad
de las comunidades autónomas han aprobado
en los últimos 15 o 20 años leyes de participación ciudadana,
algunas también denominadas leyes de buen gobierno
o leyes de transparencia y buen gobierno.
Comunidad Valenciana y Cataluña fueron las primeras en 2006
y a partir de ahí se produjo un efecto mimético,
un efecto contagio para el resto de las autonomías.
¿Qué tipos de instrumentos regulan estas leyes
de participación ciudadana?
Instrumentos como los presupuestos participativos, foros ciudadanos,
escaños ciudadanos.
Consultas no referendarias, consejos de participación,
algún tipo de derecho de petición colectivo y portales web
más avanzados que permiten involucrar al ciudadano
en la toma de decisiones.
Todo ello con el objetivo de introducir la opinión ciudadana
en la toma de decisiones.
Es decir, regulan las autonomías
tanto instrumentos de la denominada participación orgánica
o participación a través de órganos,
pero también participación funcional, es decir,
la que se produce sin mediación de órganos,
como por ejemplo los presupuestos participativos.
Ello ha tenido como resultado un conjunto de leyes que tienen
en común dos características.
En primer lugar, la heterogeneidad de instrumentos
implementados.
No solo han sido muy diversos los instrumentos,
sino que también la intensidad con la que se han aplicado.
Existe un sistema de dos velocidades en nuestras autonomías
en el cual algunas de las mismas han apostado más.
Intensamente por la participación que otras.
En segundo lugar, la segunda nota característica
es el escaso valor vinculante de estos mecanismos,
quizás con la excepción de los presupuestos participativos,
que sí es una figura que permite que los ciudadanos
prioricen la inversión en políticas públicas.
En este caso,
algunas administraciones sí conceden un tanto por ciento
de su presupuesto de inversiones a esta figura,
por lo que la ciudadanía sí puede definir el destino
de algunas inversiones.
El resultado es que estas formas de participación
apenas han modificado la forma de gobierno en nuestras autonomías.
Han actuado más bien como un remedio cosmético
para los males que acuciaban a nuestra democracia,
como la falta de confianza en las instituciones
o la apatía ciudadana.
De ahí que el ciudadano a veces confíe más en formas de participación
menos institucionalizadas como democracia.
Los derechos de reunión o manifestación
o las recogidas de firmas.
El ciudadano prefiere poner de manifiesto situaciones
reguladas o gestionadas de manera insatisfactoria,
pero no se involucra en la decisión o definición de esas políticas,
lo cual también puede ser una consecuencia más de la crisis
de nuestro sistema político representativo.
Por lo general han sido determinados colectivos más
o menos organizados los que mayor empleo
han concedido a este tipo de instrumentos.
Y es muy evidente en el caso de la iniciativa popular,
ya que las que prosperan y cumplen sus requisitos
suelen ser organizaciones e instituciones como sindicatos,
asociaciones o entidades con poder de movilización,
a veces incluso vinculadas a los propios partidos políticos.
Es decir, no siempre se produce
una participación individualizada del ciudadano,
sino que vuelven a ser las organizaciones
o incluso los partidos los que encabezan este tipo
de intervención.
En resumen, aunque la participación
sea una gran oportunidad para nuestras autonomías,
porque es coherente con esa filosofía descentralizadora que encarnan,
en la práctica se encuentra con dos problemas.
El relativo margen del legislador autonómico
para regularla, por el carácter expansivo,
de la ley orgánica estatal vinculada a los mecanismos que entronca
con el derecho fundamental de participación,
pero también el escaso valor vinculante de estas formas
de participación.
Por ello, el ciudadano no termina de confiar y le vence en muchos casos
esa apatía hacia la participación más institucionalizada.