La puesta en práctica de las determinaciones de los planes urbanísticos es un proceso
siempre complejo, que en numerosas ocasiones puede quedar inconcluso, dando
lugar con ello a la aparición de importantes brechas, tanto en el espacio como en el
tiempo, entre lo planificado y lo realmente ejecutado. En el caso concreto de las operaciones de expansión urbana, los legisladores se han enfrentado, a lo largo del tiempo, al reto de regular de forma satisfactoria los dos elementos clave del mecanismo de ejecución: la redistribución de la titularidad de los terrenos afectados por la operación y la obtención de los recursos económicos necesarios para la construcción de las nuevas infraestructuras. A través del análisis de la evolución de la legislación urbanística española desde el s. XIX hasta nuestros días, se puede observar cómo desde el primitivo modelo de urbanismo de obra pública, basado en la expropiación de los terrenos de dominio público y en la apropiación de las plusvalías económicas por parte de los propietarios de suelo, se ha ido avanzando hacia fórmulas de ejecución mucho más multilaterales y dinámicas, donde se espera que en un futuro tengan un mayor protagonismo agentes desarrolladores profesionales que dispongan de los medios económicos y de la capacidad de gestión necesarios para materializar los planes urbanísticos.

• Javier Garrido