La crisis de la vivienda en España convive paradójicamente con la existencia de importantes bolsas de suelo vacante o sin desarrollar. En el artículo se aborda el reto de articular mecanismos que permitan movilizar el suelo vacante y ponerlo al servicio del derecho a una vivienda digna, diferenciando la regulación de la obligación de edificar en suelo urbano, del reto de desarrollar el suelo urbanizable existente. En relación con la obligación de edificar, el artículo disecciona la actual regulación autonómica, con una gran diversidad de soluciones normativas, que en general prioriza la edificación voluntaria frente a mecanismos coercitivos.

Sobre el reto de desarrollar suelo urbanizable se aborda la necesidad de articular nuevos mecanismos que permitan revisar el suelo urbanizable actualmente no ejecutado y garantizar a futuro la caducidad automática del que no se ejecute.

• Josep M. Aguirre i Font profesor titular de derecho administrativo de la Universitat de Girona