La ley electoral de 1907, aprobada
durante el gobierno de Antonio Maura,
establecía en su artículo 29 que en los distritos donde no resultaran
proclamados candidatos, en mayor numero de los llamados a ser elegidos
la proclamación de los candidatos equivalía a su elección
y le relevava de la necesidad de someterse a ella.
Este mismo artículo encadenaba Inmediatamente a continuación
un largo número de párrafos, sobre proclamación por juntas,
expedición de credenciales.
Pero lo fundamental era esa primera previsión.
Un artículo directamente vinculado al caciquismo entonces existente
y que debemos leer en conexión con el artículo 24 de esa misma ley,
que establecía importantes restricciones para la presentación de candidaturas.
Para poder presentarse a diputado tenía que ser propuesto por
dos diputados, seis diputados de la misma provincia,
la vigésima parte del número de electores.
Restricciones tenidas en El artículo 29, ayudaron
a mantener esas eficaces redes caciquiles
Como demuestran las Elecciones Generales de 1910.
Al rededor del 30% del censo no ejerció su derecho al voto.
La abstención creciente, unida a la aplicación de este artículo,
nos ofrece cifras exorbitantes, de escasa participación ciudadana.
Desde la aprobación de la ley, derogada con
el advenimiento de la Segunda República,
la expresión por el artículo 29, se asocia a una idea de imposición.
Comportamiento proceder arbitrario. Esto es así por el artículo 29.