El alcance global de las empresas actuales
choca con el carácter nacional de las regulaciones
en la supervisión, el control
y la prevención de los derechos humanos,
con un resultado claro: las violaciones de derechos.
Lo poco o mucho que hay del derecho de acceso a la justicia se da
en lo que es las cortes locales o al acceso a tribunales locales.
Hay algunos desarrollos normativos,
fundamentalmente, en Estados Unidos, a través de Derecho Civil,
con una ley que se hizo para combatir la piratería.
Es una ley antigua,
pero que ha sido utilizada por defensores de derechos humanos,
por vulneración de derechos humanos
a empresas norteamericanas fuera del territorio,
la Aliens Tort Claim Act, y ese instrumento ha sido utilizado,
pero, no desde el punto de vista penal,
sino, más bien, desde el punto de vista civil,
para indemnizar a las víctimas.
La importancia de la justicia es evidente porque,
todos los pueblos han hecho un esfuerzo histórico
para conseguir la justicia en las mejores condiciones posibles.
Y la cuestión es que es una necesidad humana universal.
Todos los seres humanos igual que, en cierto modo,
necesitan respirar, necesitan una cierta justicia.
De hecho, se ha comparado a la justicia
con una especie de medicina para fuera del cuerpo,
porque el ser humano, igual que necesita un orden interno,
también necesita un orden de la sociedad
en el que pueda vivir de manera más o menos agradable.
La empresa ha pasado en las últimas seis décadas
de ser un mero actor económico
a uno determinante en el marco internacional.
Se estima que el 70% del comercio mundial
se realiza a través de multinacionales.
Son grandes holdings con una implantación internacional,
producen en 20, 30, o en 90 países del mundo.
Y las políticas nacionales se han quedado pequeñas.
Durante finales de los 90, un grupo de expertos
dentro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
abordó el impacto negativo que producían las empresas
con las vulneraciones que cometían en esta materia.
Ese documento fue presentado en 2003
a la Subcomisión,
y la Subcomisión de Empresas y Derechos Humanos,
que era la que estaba en vigor entonces,
aprobó el documento,
pero cuando se elevó a la Comisión,
que era el órgano político donde estaban representados los Estados,
debido a presiones de diferentes Estados y,
fundamentalmente, de las asociaciones empresariales
a nivel internacional, y algunos Estados muy concretos,
no fue aprobado.
Hubo una fuerte reacción
por parte de sectores empresariales importantes
y asociaciones de empresarios, de modo que no fue un proceso fácil.
Pero, el solo hecho de que las empresas multinacionales
se hayan sentado a hablar sobre los derechos humanos ya es un paso,
y es un paso en la dirección correcta.
En el ámbito empresarial el asunto es un poco complejo,
porque lo cierto es que la mayor parte de las empresas
tienen una tendencia a la universalidad,
al comercio mundial, al que no haya barreras aduaneras,
a que no haya legislaciones diferentes de unos países a otros,
porque eso genera litigiosidad y genera trabas
y, también, a que no haya trabas tributarias
que limiten la libre circulación de productos y mercancías.
A raíz de esto, Kofi Annan,
el entonces Secretario General de Naciones Unidas,
encarga a un conocido suyo, el profesor de Harvard, John Ruggie,
que elabore el primer documento sobre empresas y derechos humanos.
Un marco que se basa en tres principios rectores:
La obligación de los Estados de proteger los Derechos Humanos,
la responsabilidad que tienen las empresas de respetarlos
y el acceso al remedio por parte de las víctimas.
Los principios rectores de Naciones Unidas
siguen la senda de las últimas declaraciones
que se han hecho a nivel internacional
en el marco, sobre todo, de la ONU,
siguen la senda del pacto mundial,
del Global Compact de Naciones Unidas,
que parte, sobre todo, de la idea de voluntariedad.
De la idea de voluntariedad,
en cuanto a la relación de las empresas con los derechos humanos.
En ese documento de los principios rectores,
lo que hace es desarrollar
cada uno de esos tres principios del marco,
con recomendaciones concretas de lo que tiene que hacer el Estado,
de lo que tienen que hacer las empresas
y de lo que debería ocurrir para el acceso real y eficaz al remedio
y se limitaran esas lagunas de impunidad
en los casos de vulneración de derechos.
Naciones Unidas, a partir de ese momento, pidió a los Estados,
que desarrolláramos esos principios rectores internamente.
Y ese guante lo han recogido diferentes instituciones:
la Unión Europea que,
también, nos ha pedido a los Estados miembros que lo hagamos,
el Congreso de los Diputados nuestro, que tuvo una enmienda trasicional
en la que nos decía que debíamos realizar un plan,
y por eso, desde hace casi dos años,
hemos venido negociando con todo el mundo
un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos.
El tercer pilar es, especialmente, importante,
porque se centra en cómo las víctimas de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos
pueden interponer recursos
y obtener reparaciones tras el impacto negativo
y reiterado que han recibido del comportamiento empresarial.
En ese caso, es en el que se plantea
que el acceso al remedio debe ser eficaz,
que es una de las cuestiones que se demuestra que, hasta ahora,
no lo está siendo en la mayoría de los casos.
Y para ello, tiene que definirse un sistema de acceso al remedio.
Que no basta con abordarlo sólo desde un punto de vista operativo,
ni sólo desde un punto de vista
de jurisdicción universal o extraterritorial,
sino que tiene que tener un enfoque sistémico
desde el punto de vista
de que pueda haber mediación o acceso al remedio
en la reparación a nivel operativo,
en las reclamaciones directas a la empresa,
pero, también, tiene que haber los diferentes niveles
que pueden llegar hasta el acceso a la justicia.
Lo que nosotros venimos a decir es que,
mientras que para las grandes empresas,
para las compañías multinacionales,
hay toda una serie de normas a nivel internacional
que son vinculantes, que son sancionadoras,
que son efectivas para proteger sus derechos,
los derechos de las grandes empresas, es decir,
sus contratos, sus negocios, sus operaciones en terceros países,
para sus obligaciones,
o lo que es lo mismo, para los derechos de las personas,
los derechos de las mayorías sociales,
sin embargo, se dejan en el marco de la voluntariedad,
se dejan en el marco de la responsabilidad social,
de los acuerdos voluntarios, de los códigos de conducta,
y no están al mismo nivel los derechos de las empresas
con los derechos de las personas.
La Unión Europea intenta dar una coherencia
a la estrategia de los diferentes Estados en este ámbito,
pero no existe una directiva común,
como pasa en otros aspectos de la política comunitaria,
en la cual se defina claramente de qué manera debe ser regulada.
Está dentro de un ámbito,
simplemente, de dar directrices genéricas
o recomendaciones haciendo referencia a este documento
de los principios rectores de Naciones Unidas,
poniéndolo como documento de referencia, igual que otros,
pero, fundamentalmente éste,
pero no existe una exigibilidad concreta a los Estados
ni unas recomendaciones con fechas concretas
sobre cuáles serían las normativas a desarrollar,
excepto en el caso de la transparencia o el reporting,
que no está directamente vinculado con empresas y derechos humanos,
pero que sí que hay una referencia.
Las empresas podrían ser sancionadas en los Estados,
pero la cuestión es que una empresa puede cambiar de Estado,
puede tener un barco, como ha ocurrido en algunos países,
con trabajadores extranjeros
en unas condiciones lamentables, en alta mar,
y llevar a los trabajadores a trabajar a un país
y luego, llevarlos a dormir al barco.
En ese caso está fuera de la jurisdicción de un Estado
y no hay una institucionalización mundial
que controle ese tipo de prácticas.
Se está abriendo un poco el camino
a cada vez una mayor institucionalización
de organismos de control que garanticen, pero la verdad es que,
de momento, no se han plasmado aún en la práctica.
España, igual que cualquier país de nuestro entorno,
tiene que ponerse al día con estas cuestiones,
que son estudios muy novedosos de Naciones Unidas,
y tenemos que empezar a identificar cuáles son las tareas prioritarias.
El trabajo que va a surgir del Plan
está muy relacionado con la comisión de seguimiento que acompaña al Plan,
que lo primero que tiene que hacer, una vez que se apruebe,
es establecer un plan de trabajo para los próximos tres años.
En primer lugar,
realizará un diagnóstico de cuál es la situación en España,
desde el punto de vista normativo
y de las prácticas de la situación empresarial
y qué cosas deberíamos mejorar.
Las ONGs abogan por unos mayores estándares
de regulación en los ámbitos de transparencia
y en el acceso a la justicia de víctimas de terceros países.
"No nos dejan organizarnos en sindicatos,
una vez que se dan cuenta
despiden a los trabajadores que están organizados en sindicatos,
y esos trabajadores quedan ya en una lista negra.
Esos trabajadores no pueden conseguir trabajo en otro lugar.
Ellos vienen aquí, a Honduras, y son una fuerza de empleo,
como la única opción que hay en Honduras
de que la maquila es la fuerza de empleo,
el único rubro para poder salir de la situación en que se vive,
de desempleo en nuestro país".
Desde el punto de vista del mercado económico
la transparencia es un requisito
del propio funcionamiento de un mercado.
Incluso para los neoliberales, ultraliberales,
deberían ser conscientes
de que la base de la propia teoría del mercado
se basa en el conocimiento y la información completa
y en tiempo, por parte de todos los actores.
Por lo cual, la transparencia no puede ser incentivada,
sino que ha ser un requisito del propio mercado.
Nosotros conocimos una experiencia en Ghana
en la que una empresa minera, en aquel país,
tenía una relación compleja de corrupción y beneficios privados
con el gobierno local.
Y, por otro lado, un impacto muy fuerte
sobre el medio ambiente y las personas que viven en ese país.
Hasta el punto de que ciudades enteras
tuvieron que ser trasladadas,
porque se encontró oro en su subsuelo.
En Brasil se la conoce como una buena empresa,
porque ayuda a la financiación de universidades y movimientos sociales,
pero, al mismo tiempo, está matando o destruyendo vidas
y sociedades enteras en África.
Como a nivel internacional no hay instancias en las que poder juzgar
a las grandes corporaciones transnacionales por los abusos
y violaciones de derechos humanos que están cometiendo,
el Tribunal Permanente de los Pueblos, desde los años 70,
se ha constituido como una especie de conciencia ética de los pueblos.
¿Esto qué significa?
Significa que el Tribunal Permanente de los Pueblos juzga,
simbólicamente, las violaciones de derechos humanos
que no tienen cabida en otras instancias a nivel internacional,
por ejemplo, las que cometen las grandes corporaciones transnacionales
o las instituciones financieras internacionales,
como el FMI, el Banco Mundial o las que se han cometido
en dictaduras latinoamericanas en los años 70 y 80.
Todo el mundo está de acuerdo, o casi todo el mundo está de acuerdo,
en que hay que hacer una aplicación de los principios rectores.
Que el desarrollo económico
no se puede realizar vulnerando los derechos humanos,
eso es un consenso que tenemos entre todos.
Que tenemos que hacer una revisión de cómo están nuestras políticas,
empresariales y gubernamentales, en materia de derechos humanos
y que tenemos que cambiar nuestros comportamientos en el futuro.
Y ahí se nos plantea otro debate enorme que es,
si el actual sistema de Naciones Unidas
tiene los instrumentos suficientes,
la legitimidad suficiente para empezar a constituirse
como el gobierno mundial,
que ese mundo pequeño y complejo en el que vivimos, necesita.
Y ahí tenemos debate para los próximos años.
"Las grandes empresas trasnacionales
no sólo atentan contra los intereses genuinos
de los países en desarrollo,
sino que su acción avasalladora e incontrolada
se da también en los países industrializados donde se asientan".
"Es nuestra confianza en nosotros
lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad,
en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer.
No podrán ser destruidos".
Ya en los años 70 se intentó
sacar adelante una propuesta en Naciones Unidas
de establecer un centro de seguimiento
a las empresas transnacionales,
de establecer una norma a nivel internacional
para poner freno a los abusos que estas empresas
estaban cometiendo sobre los derechos humanos,
incluso de establecer un tribunal internacional penal
para juzgar a las corporaciones transnacionales.
Un número importante de empresas transnacionales
ha optado por la fórmula de la autorregulación,
a través de los denominados códigos éticos o de conducta,
para corregir los efectos negativos
que generan en el desarrollo de su actividad.
Un buen ejemplo que esto son las líneas directrices de la OCDE
para empresas multinacionales,
que son una serie de principios, de aplicación voluntaria,
que pretenden promover la responsabilidad social corporativa
y el comportamiento ético de las empresas multinacionales,
sin importar el lugar donde se encuentren.
Bien es cierto que no cualquier instrumento
es igual de eficaz en este sentido.
Que haya reporting anuales en el que se intente abordar
todos los posibles riesgos
o vulneración de derechos humanos está bien,
pero el punto de vista de acceso al remedio por parte de las víctimas,
es ineficaz.
Ahora se cumple justo un año
de la tragedia del Rana Plaza, en Bangladesh,
más de mil muertos, más de dos mil heridos,
donde vemos que las normas voluntarias,
los códigos de conducta,
los acuerdos de responsabilidad social,
son insuficientes para que se ponga freno
a los abusos que se están cometiendo
en el marco de la competencia global y de las grandes corporaciones.
Hemos visto que la industria del textil
es la que más acuerdos voluntarios,
en términos laborales, ha firmado a nivel mundial,
pero, sin embargo, siguen subcontratando a empresas
que tienen a trabajadores y a trabajadoras, sobre todo,
en el caso del textil, en penosas condiciones laborales,
obligándoles a trabajar en edificios como el de Rana Plaza en Bangladesh,
que no se hizo caso a las trabajadoras
y a pesar de que tenía graves grietas, se les obligó a trabajar,
y luego se derrumbó.
Desde los años 90, las empresas españolas,
han sufrido un proceso de internacionalización,
en algunos casos instalándose en países
con alto riesgo de vulneración de derechos humanos.
Estamos hablando de grandes corporaciones que, sobre todo,
tienen su casa matriz en Estados Unidos,
en la Unión Europea o Japón.
La mayoría de las 500 mayores empresas transnacionales del mundo
tienen su sede en estas regiones,
y no observamos diferencias sustanciales
dependiendo de dónde tengan su sede las grandes corporaciones.
Es una lógica global en la que operan estas compañías,
la que se basa en depredar el medio ambiente,
en bajar las condiciones laborales,
en tener toda una serie de impactos socio-ecológicos,
para poder seguir con su lógica de acumulación
y de aumento de las ganancias, año tras año.
El Plan de Empresas y Derechos Humanos intenta
identificarse lo más posible con los principios rectores
de Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos.
Tiene la misma estructura, dividido en tres pilares:
uno, el de proteger para el Estado, otro, para respetar a las empresas,
y otro, de remedio, de reparación, para solucionar los conflictos.
Pero, también lo imita desde el punto de vista de la elaboración.
Hemos venido consultando con Sociedad Civil,
con las empresas directamente, con la CEOE, con otros ministerios...
intentando hacer un texto que fuese la suma
o el mínimo común denominador de toda esa exposición.
En base a lo que ponga ese documento,
juzgar, fundamentalmente, el grado de acierto
en el enfoque que se da
en ese Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos
y después, más tarde, el grado de eficacia,
en el caso que consiga prevenir vulneraciones de derechos humanos
o incentivar la debida diligencia en el mundo empresarial,
tanto dentro como fuera de España,
en sus comportamientos.
América Latina ha sido uno de los destinos prioritarios
de la inversión española.
Los procesos de privatización de empresas públicas han marcado
el comportamiento de las economías de la región.
El Plan Nacional no está destinado a las empresas,
sino a la relación de las administraciones con las empresas.
Sí que establece, clarísimamente,
que es una cosa que nos pide Naciones Unidas
y que es absolutamente lógica,
el Plan establece que esperamos
que las empresas españolas cumplan con los derechos humanos,
independientemente de que estén bajo jurisdicción española
o bajo jurisdicción de otro Estado,
pero, el Plan se refiere, sobre todo,
a qué es lo que tiene que hacer la administración
a lo largo de estos tres años.
Los procesos que se están viviendo
en algunas economías latinoamericanas,
de convulsión social,
en relación a la presencia de empresas,
y en el caso español, a la presencia, en concreto,
de multinacionales españolas, tiene que ver con otro factor.
La ausencia en muchas de estas economías de América Latina
de un verdadero contrato social,
de un verdadero acuerdo entre capital y trabajo,
que permita organizar de manera civilizada y convivencial
esos dos elementos de contraposición de intereses.
Cuando hablamos de la privatización de servicios,
generalmente se habla de la privatización del agua, de la luz...
de lo que la gente conoce, básicamente.
Pero, en los últimos años,
ha habido un aspecto que es especialmente grave,
porque afecta a dos cosas:
afecta a los conflictos armados, en forma directa,
y afecta, además, al derecho internacional humanitario.
Pese al crecimiento económico
experimentado en muchos de los países latinoamericanos,
las desigualdades sociales, cada vez son mayores.
Perú o Brasil cuentan con un porcentaje de población alto
que vive con dos dólares al día.
Se decía que la inversión extranjera
y la llegada de las grandes multinacionales
iba a traer de la mano el progreso
y el bienestar para las poblaciones latinoamericanas,
y la realidad, hoy, 20, 30 años después es que
las desigualdades han aumentado.
América Latina es la región más desigual del planeta, hoy en día.
Y los supuestos beneficios de la llegada de la inversión extranjera
y de las grandes corporaciones,
no los está viendo la población latinoamericana.
Con todo, unos graves impactos sociales, ambientales y culturales,
que sí son los que está viendo la mayoría de la población.
Ecuador ha hecho una declaración
en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
para pedir un tratado jurídicamente vinculante,
que cree obligaciones para las empresas transnacionales.
El documento ha sido apoyado por 85 países
y 200 organizaciones no gubernamentales.
Otro Estado, en su legitimidad, vuelve a levantar,
en el Consejo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos,
la necesidad de que, en paralelo,
se vaya trabajando un instrumento vinculante, un convenio vinculante,
sobre este tema de empresas y derechos humanos.
Un paso más para aclarar las obligaciones de las multinacionales
en el campo de los derechos humanos,
así como en relación con los Estados,
y prever el establecimiento de recursos eficaces para las víctimas,
en los casos en que la jurisdicción interna
es claramente incapaz de procesar eficazmente a esas compañías.
Mi opinión y la mayoría de las opiniones que yo conozco,
tanto en organismos internacionales como empresariales,
como en ONGs y en defensores de derechos humanos y académicos,
es que tarde o temprano,
sí se llegará a un instrumento vinculante de ámbito internacional,
porque generará mucha más eficacia, muy probablemente, pero no sólo eso,
sino, seguridad jurídica para todos los actores,
incluido para las empresas.
Y en ese sentido,
las organizaciones sociales, sindicales, políticas,
de todo el mundo, de Europa,
de América Latina, de todas las regiones, deberíamos aliarnos,
para llevar este debate ante nuestros gobiernos nacionales
y ante todas las instancias internacionales que podamos,
y repensar, entre todas,
una nueva normativa a nivel internacional,
que por lo menos, ponga el derecho de las personas
al mismo nivel que el de las grandes corporaciones.