Hola a todos, mi nombre es Lourdes Melero,
soy profesora de Derecho Mercantil en la Universidad de La Laguna.
A continuación paso a explicar la unidad 14
que lleva por título el proceso concursal.
Voy a hacer una breve referencia a la lección,
un recorrido por los hitos más importantes
del proceso concursal.
El contenido exhaustivo y detallado de la unidad 14
lo pueden encontrar en el manual.
En primer lugar, el texto normativo
en el que se regula el proceso concursal
es el texto refundido de la ley concursal del año 2020.
Se trata de un único texto que regula cuestiones tanto sustantivas
como procesales.
El propio texto refundido de la ley concursal del año 2020
no solo va a regular el proceso concursal,
sino que en su libro segundo va a incorporar
instrumentos preconcursales, el llamado derecho preconcursal,
libro segundo que se introduce con ocasión de la reforma operada
en el año 2022.
El derecho preconcursal, perdón, ese libro segundo
introduce dos instrumentos preconcursales que son
la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores
y los planes de reestructuración.
Están pensados exclusivamente para empresarios o profesionales
con la finalidad de salvar empresas viables
y evitar el concurso de acreedores.
Me centro a continuación entonces en el propio concurso,
en el proceso concursal como proceso de ejecución universal
frente a las ejecuciones individuales.
En el proceso concursal,
como digo, como proceso de ejecución universal
se van a tutelar intereses colectivos,
el interés colectivo de los acreedores
bajo la tutela universal.
Del principio par conditio creditorum.
Las funciones principales
que se predican del proceso concursal son las siguientes,
la solutoria, la conservación de la empresa y la sancionadora.
La función principal del concurso es dar la mejor satisfacción posible
a los acreedores del deudor,
no obstante, en la medida en que sea posible,
se arbitran instrumentos que tratan de conservar la empresa
y hacer que la empresa sea viable.
En último lugar, una última función que es la función
sancionadora o represora que se actúa en la fase de calificación concursal
como veremos al final de la unidad.
Los presupuestos para la declaración del concurso de acreedores son dos,
el presupuesto subjetivo y el presupuesto objetivo.
En relación con el presupuesto subjetivo,
cabe decir que será posible declarar el concurso
de un deudor cuando éste sea persona física o jurídica,
tanto empresarios como no empresarios,
excluidas las microempresas y las entidades de derecho público.
Puede ser, por tanto, declarado un concurso
cualquier deudor, sea persona física o no, sea persona jurídica,
por tanto, y sea empresario o no.
Están excluidos, como decía, las microempresas
porque para ellas se regula un proceso,
se prevé un procedimiento especial,
el denominado procedimiento especial para microempresas,
regulado en el libro tercero de la ley concursal
introducido con ocasión de la reforma a la que antes hacía referencia,
operada en el año 2022.
Es posible también declarar el concurso de la herencia.
Siempre que ésta no haya sido aceptada.
En relación con el presupuesto objetivo,
será posible declarar el concurso de cualquiera de estos deudores
a los que me acabo de referir,
siempre que se encuentren en situación de insolvencia.
Podrá declararse el concurso del deudor
cuando éste se encuentra en situación de insolvencia actual o inminente.
Estará en situación de insolvencia actual
cuando el deudor ya no cumpla regularmente
con sus obligaciones exigibles y estará en una situación
o se encontrará en una situación de insolvencia inminente
cuando.
A pesar de que todavía cumple con sus obligaciones exigibles,
prevé que en los próximos tres meses dejará de hacerlo.
Están legitimados para instar el concurso de acreedores,
tanto el deudor como otros sujetos a los que me voy
a referir a continuación.
En relación con el deudor,
cuando el concurso se declare a su instancia,
hablaremos entonces de concurso voluntario.
El deudor no solamente está legitimado
para solicitar su propio concurso,
sino que además tiene el deber legal de hacerlo.
El legislador en el artículo 5 del texto refundido de la ley concursal
impone al deudor la obligación de solicitar su propio concurso
cuando se encuentra en situación de insolvencia actual
y le impone esta obligación estableciendo un plazo temporal
para instarlo que es el plazo de dos meses
desde que conoce o debió conocer que se encontraba en esta situación
de insolvencia actual.
Están legitimados también, además del deudor,
para solicitar la declaración de concurso,
tanto sus acreedores como los socios que sean responsables
de las deudas sociales en caso de deudor persona jurídica.
Este segundo
supuesto que otorga legitimación a los socios responsables
de las deudas sociales reduce los supuestos casi exclusivamente
a casos de sociedades mercantiles de base personalista,
que son aquellas en las que los socios responden
por las deudas sociales.
Como digo, los acreedores, los socios en estas condiciones
y en el caso del concurso de herencia también está legitimado
el administrador de la herencia yacente
y los herederos.
En cualquiera de estos supuestos hablamos de concurso necesario.
No está legitimado en ningún caso el Ministerio Fiscal
y tampoco es posible la declaración de oficio por parte
del órgano judicial.
En relación con la solicitud para la declaración de concurso,
distinguimos los supuestos en los que la solicitud
es presentada por el propio deudor de aquellos otros en los que
la solicitud la presenta cualquiera de los otros legitimados.
En relación con el primer supuesto,
esto es, cuando la solicitud es presentada por el deudor,
éste deberá expresar en ella el estado de insolvencia
en el que se encuentre, actual o inminente,
acreditar esa situación, claro, y acompañar los documentos exigidos
en los artículos 7 y 8 de la ley concursal.
Entre esos documentos se incluyen una memoria económica,
un inventario inicial,
una inicial también lista de acreedores y de tratarse
de un deudor empresario, documentos contables.
En relación
con la solicitud presentada por cualquier otro legitimado,
es necesario que ésta se fundamente en alguno de los hechos externos
reveladores de la insolvencia.
Estos hechos indiciarios
de la situación de insolvencia del deudor están relatados,
listados en el artículo 2.4 del texto refundido.
Es necesario no sólo la alegación de este hecho revelador,
sino por supuesto su acreditación.
Es igualmente.
Es necesario acreditar la legitimación,
así como en el caso de tratarse del acreedor,
el que presenta la declaración de concurso.
Que haga constar y acredite las circunstancias relativas
al derecho de crédito que titula.
En relación con la tramitación procesal
que se haya de dar a la solicitud presentada por retrolegitimado,
se distingue en el texto refundido de la ley concursal
una tramitación distinta en función del hecho revelador
en el que se fundamente la solicitud.
Cuando se trate de alguno de los tres primeros supuestos
del artículo 2.4, el órgano judicial
dictará auto de declaración de concurso de manera inmediata
en el primer día hábil siguiente.
Por el contrario,
cuando se fundamente la solicitud en algunos de los últimos tres números
del precepto que estoy citando, del artículo 2.4 de la ley concursal,
en estos casos sí se emplazará al deudor para darle
un trámite de oposición, si fuera el caso,
para que se oponga a la solicitud de declaración
de concurso presentada por el acreedor
o por cualquier otro legitimado.
Una vez presentada la declaración de concurso,
comprobado por el órgano judicial su competencia
y que concurren los presupuestos a los que nos hemos referido,
procede dictar auto de declaración de concurso.
El auto que dicta el juez del concurso
tiene un contenido necesario, ese contenido está relatado,
detallado en el artículo 28 de la ley concursal.
Entre esos contenidos se encuentra la necesidad de determinar
si se trata de un concurso voluntario o necesario,
cuáles son los efectos sobre las facultades
de disposición patrimonial del concursado,
el nombramiento del administrador concursal
o el llamamiento a los acreedores.
El auto de declaración de concurso abre la fase común del concurso,
la fase común concluirá con la presentación del informe
de la administración concursal.
Por los importantes efectos que produce este auto de declaración
de concurso hay que darle la necesaria publicidad,
publicidad que el legislador concursal divide entre instrumentos
de publicidad legal,
instrumentos de publicidad registral,
entre los primeros la publicación de un extracto del auto en el BOE
y en el registro público concursal
y en relación con la anotación registral,
hace referencia al legislador a registros de personas,
según sea el caso el registro civil
o el registro mercantil, y a registros de bienes,
como pudiera ser el registro de la propiedad.
Es posible además la declaración conjunta del concurso
de varios deudores o la acumulación de concursos
ya declarados.
Ambos supuestoslos engloba el legislador bajo la terminología
de los llamados concursos conexos.
Se trata de casos
en los que hay efectivamente conexión entre varios deudores,
en el caso de los cónyuges o de las entidades o sociedades
que pertenezcan a un mismo grupo.
En tales casos, la declaración conjunta
o la acumulación de concursos supondrá una tramitación coordinada,
no necesariamente una consolidación de masas.
Y por último, es posible declarar el llamado concurso sin masa,
al que se hace referencia en los artículos 37 bis
y siguientes del texto refundido de la ley concursal,
y que hace referencia fundamentalmente a aquellos supuestos
en los que el deudor no tiene siquiera masa suficiente
para atender los gastos del procedimiento,
pero que habilitarán, en el caso del deudor persona física,
a solicitar la exoneración de pasivo insatisfecho.
En relación con los órganos que intervienen
en el proceso concursal distinguimos de forma necesaria a dos,
por supuesto el órgano judicial, el juez del concurso y por otro lado
a la administración concursal que tiene una extraordinaria relevancia
en la tramitación del concurso.
Por lo que se refiere al juez del concurso será competente
objetivamente la sección mercantil de los tribunales de instancia
y se atribuye a la competencia territorial
aquella sección en cuyo territorio tenga el deudor
su domicilio o el centro de intereses principales.
Tratándose de una persona jurídica,
se presume que el centro de intereses principales
coincide con el domicilio social.
Por lo que se refiere a la administración concursal,
como digo, es un órgano necesario en el proceso concursal,
excepción hecha del concurso sin masa,
en el que solo se le nombrará instancia de los acreedores
y en el procedimiento especial para microempresas en el que tiene
una presencia eventual.
La administración concursal
es un órgano con carácter general unipersonal,
compuesta por un administrador o administradora
con perfil profesional, podrá ser un abogado,
un economista, un auditor de cuentas o un titulado mercantil
en el que concurran determinados requisitos.
En algunos casos,
cuando se detecte en el concurso un interés público,
será posible el nombramiento de un segundo administrador concursal,
nombramiento, por supuesto, que deberá realizar el juez del concurso
y que deberá recaer en un acreedor que sea
administración pública.
La declaración del concurso produce importantes efectos
en diferentes esferas.
El legislador las clasifica,
los sistematiza, estos efectos en estas tres categorías,
efectos que produce sobre el propio deudor,
ya sea persona física o jurídica,
efectos sobre acciones individuales, efectos sobre los créditos,
como pudiera ser la suspensión del devengo de intereses o efectos
sobre los contratos.
El desglose o el detalle de estos efectos está contenido
en el manual, yo me voy a referir a dos cuestiones que me parecen
quizás de especial importancia.
En primer lugar, en relación con los efectos
que produce la declaración de concurso sobre el deudor,
es importante hacer notar que desde esta declaración
de concurso es posible que se adopten medidas que afecten
a derechos fundamentales del concursado.
La posibilidad de adoptar estas medidas está regulada
y contemplada en el texto refundido, por supuesto,
pero con una remisión a la Ley Orgánica 8.2003, de 6 de julio,
para la reforma concursal en su artículo 1.
Las medidas que pueden adoptarse
y que pueden afectar a los derechos fundamentales
del deudor son las siguientes, intervención de comunicaciones,
deber de residencia del deudor en el municipio
al que corresponde a su domicilio,
en los casos más extremos incluso el arresto domiciliario
y por último la entrada y registro en el domicilio.
Estas medidas pueden adoptarse respecto del deudor
y, en el caso de que se trate de un deudor personal jurídica,
también respecto de sus administradores o liquidadores.
Por supuesto,
la adopción de estas medidas requerirá de resolución judicial
previa audiencia necesaria al Ministerio Fiscal.
En relación con los efectos sobre las acciones individuales,
es importante distinguir entre los efectos que produce
la declaración de concurso en relación con la representación
y defensa procesal del concursado y, en segundo lugar,
los efectos que produce sobre acciones que se dirijan contra éste.
Por lo que se refiere a los primeros supuestos,
en los casos de intervención de las facultades
de disposición patrimonial del deudor,
que operará o que se acordará normalmente
en los casos de concurso voluntario,
el deudor conserva la capacidad para actuar en juicio,
aunque va a necesitar de autorización.
De la administración concursal para presentar demandas,
interponer recursos, desistir, allanarse o transigir.
Por el contrario, en casos de suspensión
de sus facultades de disposición patrimonial,
lo que ocurre con carácter general en los concursos necesarios,
la representación y defensa procesal
del concursado se atribuye a la administración concursal
con necesaria autorización judicial para desistir,
allanarse o transigir.
Por lo que se refiere a las acciones que puedan dirigirse
contra el concursado en relación con acciones
o procedimientos declarativos,
cuando se declara, una vez declarada la situación de concurso
de acreedores respecto del deudor, no es posible,
perdón, se pueden iniciar nuevos procesos declarativos,
pero la competencia objetiva se atribuirá al juez del concurso
porque éste tiene competencia exclusiva y excluyente
respecto de acciones, de todas aquellas acciones
que tengan propósito.
Efectos sobre el patrimonio del deudor,
exclusión hecha de algunas como menor, filiación, matrimonio.
En relación con los procesos que estuvieran
pendientes en el momento de la declaración de concurso,
por el contrario, las reglas generales
que estos continúan hasta la firmeza de la sentencia
ante el órgano judicial que estuviera conociendo del asunto.
En relación con acciones y procedimientos ejecutivos,
la declaración de concurso supone la prohibición de inicio
de procedimientos de ejecución con carácter general
sobre el patrimonio del deudor y la suspensión de aquellos
que vinieran sustanciándose antes de la declaración de concurso.
Esto como regla general
porque existen algunas excepciones en relación con la posibilidad
de continuar la ejecución cuando esta recaiga sobre bienes
no necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial.
Por lo que se refiere a la determinación de la masa activa
y pasiva del concurso, es una labor o función
a cargo de la administración concursal y se concretará
en la elaboración del inventario y de la lista de acreedores
que la administración concursal debe acompañar al informe que ponga
fin a la fase común del concurso.
Por lo que se refiere a la determinación
de la masa activa,
la masa activa se rige por el principio de universalidad,
esto es, estarán integrados en dicha masa
todos los bienes y derechos que estén en el patrimonio del deudor
concursado a la fecha de la declaración de concurso
y todos aquellos que se reintegren al mismo
o se adquieran hasta la conclusión del procedimiento.
Es de interés hacer referencia a esa posibilidad
de reintegrar a la masa bienes o derechos que han salido
de la misma antes de la declaración de concurso.
Es el caso de la acción de reintegración
a la masa o acción recisoria concursal.
Para poder ejercitar esta acción es necesario
que concurran dos requisitos.
Primero, que el acto de disposición patrimonial
se haya realizado en los dos años anteriores
antes de la fecha de solicitud de declaración de concurso,
o entre esta y la propia declaración,
y requisito objetivo que ese acto de disposición patrimonial
haya sido perjudicial para el patrimonio del deudor,
estableciendo el legislador una serie de presunciones legales.
La legitimación activa para ejercitar esta acción le corresponde
a la Administración concursal con carácter principal
y subsidiariamente a los acreedores del deudor
y estarán legitimados pasivamente el deudor
y el tercero que hubiera intervenido en el acto de disposición patrimonial
que será objeto de rescisión.
Por lo que se refiere a la determinación
de la masa pasiva,
también rige el principio de universalidad,
integrar a la masa pasiva todos los créditos del deudor
a la fecha de declaración de concurso,
salvo aquellos que tengan la consideración de créditos
contra la masa.
Los créditos contra la masa son aquellos que están listados,
enumerados en el artículo 3.
En 242 del texto refundido de la ley concursal, en definitiva
se refiere fundamentalmente, casi exclusivamente,
a créditos que nacen con posterioridad a la declaración
de concurso que habrán de abonarse de manera inmediata
o a sus respectivos vencimientos.
Los créditos contra la masa se diferencian
de los créditos concursales.
Estos son casi exclusivamente aquellos que han nacido
antes de la fecha de declaración de concurso
y que tienen que ser comunicados por los acreedores
a la administración concursal.
Esta comunicación no requiere de postulación.
Será la administración concursal la que proceda
al reconocimiento y clasificación de los créditos concursales,
incorporándolos en su caso a la lista de acreedores.
La clasificación de estos créditos
la realiza el legislador en atención a estas categorías,
créditos con privilegio especial o general,
créditos ordinarios y créditos subordinados.
Una vez determinada la masa activa y pasiva,
presentado el informe por parte del administrador concursal,
se pone fin a la fase común y se abre la fase solutoria,
convenio concursal o liquidación concursal.
Aunque es posible que esta fase se inicie con anterioridad,
por ejemplo, si el deudor solicitara la apertura
de la liquidación desde el mismo momento
en el que presenta la solicitud de declaración de concurso.
El convenio concursal se identifica como una solución negociada
a la situación de insolvencia.
El convenio puede contener quitas
y o esperas que aceptarán la mayoría de los acreedores.
La tramitación del convenio concursal es ciertamente compleja,
el legislador la regula con minuciosidad,
podría pasar resumidamente por la siguiente fase,
presentación de una propuesta de convenio,
adhesiones de los acreedores para alcanzar las mayorías legales.
Una vez que ha sido aprobada mayoritariamente
esa propuesta de convenio
por los acreedores será necesaria la homologación o aprobación judicial
del mismo y después entraremos en fase de cumplimiento de convenio
puesto que el concurso no concluiría hasta que el juez
no declara judicialmente el cumplimiento del mismo.
Por lo que se refiere a la liquidación concursal.
Esta supone la conversión en dinero de los bienes y derechos del deudor.
Se trata de una labor, las operaciones de liquidación
que va a tener que realizar la administración concursal.
La liquidación concursal se abre en cualquier momento que lo solicite
el deudor y siempre que en todos aquellos supuestos de frustración
de la solución negociada.
El administrador o la administradora concursal deberán realizar
esas operaciones de liquidación en atención a las reglas especiales
de liquidación que hubiera fijado el órgano judicial
y de no establecer estas se establecen por el legislador
reglas supletorias que son la regla de conjunto y la regla de subasta.
Por último, la última fase del proceso concursal,
aunque no necesariamente última en el sentido cronológico,
puesto que se abre desde el momento en el que concluye la fase común,
es la fase de calificación concursal.
En ella se tratan de averiguar las razones de la insolvencia,
esto es, se tratará de calificar al concurso como fortuito
o como culpable.
El concurso se calificará como culpable
cuando la generación o agravación de la situación de insolvencia
medie dolo o culpa grave del deudor o de sus representantes,
en el caso de persona jurídica, dolo o culpa grave
de sus administradores, liquidadores de hechos de derecho
o sus directores generales.
Pueden sostener o están legitimados exclusivamente para sostener
la pretensión de culpabilidad del concurso, la administración concursal
y los acreedores, estos últimos no todos, solo aquellos
que titulen al menos el 5% del pasivo
o sean titulares de créditos por importe superior
a un millón de euros.
Pretensión de culpabilidad.
Habrá de sostenerse en informe los llamados informes de culpabilidad
que adoptarán la forma de demanda.
Presentados informes con propuesta de calificación culpable,
se dará traslado al deudor y a posibles personas
afectadas o cómplices para que en su caso
se opongan a dicha calificación.
Ese escrito de oposición adoptará la forma de contestación
a la demanda.
La tramitación.
De esta fase de calificación concursal,
cuando hay propuesta de calificación culpable,
siguen los casos del incidente concursal
finalizando por sentencia del órgano del concurso,
del órgano judicial,
en la que habrá de determinar las personas afectadas
y cómplices y las sanciones civiles a imponer,
entre ellas la inhabilitación, por ejemplo,
para el ejercicio del comercio o, en su caso,
la condena a la cobertura del déficit concursal.
Por último, un recordatorio de una síntesis
de algunas normas procesales importantes.
El proceso concursal se ordena en secciones,
en seis secciones diferentes.
Por ejemplo, la sección sexta es la sección
de calificación concursal.
Son partes necesarias en el proceso concursal
el deudor del que se requiere concursar.
O se le impone la necesaria postulación
y la administración concursal.
Los acreedores pueden ser parte,
personándose con abogado y procurador,
pero no necesitan hacerlo.
Su acto de comunicación del derecho de crédito no requiere,
como decíamos antes, de postulación.
Tratándose de un proceso civil, serán aplicables supletoriamente
las normas de la ley de enjuiciamiento civil
en todo lo no previsto en el texto refundido.
Por último, una última referencia al incidente concursal que he nombrado
a lo largo de esta explicación.
Se trata de un expediente contradictorio
ante el juez del concurso al que se remite la ley concursal
en varias ocasiones para resolver,
como digo, expedientes contradictorios
que se planteen a lo largo del proceso concursal
y que se tramitará de la forma establecida en la Ley de
Enjuiciamiento Civil para el Juicio Verbal que finalizará por sentencia,
siendo esta recurrible.
Y nada más.
Muchas gracias.