Hola a todas y todos, soy Ana Isabel Luácez Gutiérrez,
soy profesora titular del Departamento de Derecho Procesal
y la vicedecana primera de la Facultad de Derecho.
Bien, dentro de esta serie de Ciencia Abierta,
Derecho Procesal, Justicia Civil II,
Procesos Civiles Especiales y Sumarios de Jurisdicción Contenciosa
y Expedientes de Jurisdicción Voluntaria,
a mí me corresponde dar la unidad 4,
los procesos sobre filiación, paternidad y maternidad
y los procesos de alimentos.
Por lo tanto, en esta unidad 4
vamos a analizar dos procesos distintos,
de un lado los procesos sobre filiación,
paternidad y maternidad y de otro los procesos de alimentos.
Bien, en cuanto a la regulación legal
de los procesos sobre filiación, paternidad y maternidad,
tenemos que decir que la Constitución reconoce a los poderes públicos
el mandato de posibilitar a través de una ley
la investigación de la paternidad.
Artículo 39.2 de la Constitución.
La regulación legal de los procesos de filiación,
paternidad y maternidad se contempla en el libro IV, capítulo III, título
I de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En cuanto al objeto y la competencia,
el objeto se trata de un conjunto de procesos especiales
de naturaleza no dispositiva encaminados a canalizar el ejercicio
de las acciones de reclamación o de impugnación de la afiliación,
conforme a los artículos 764 a 768 de la Ley de Juiciamiento Civil
y artículos 131 a 141 del Código Civil.
Dos van a ser las pretensiones que pueden ejercitarse
entre los tribunales en estos procesos de filiación
paternidad y maternidad conforme al artículo 764.1
de la Ley de Juiciamiento Civil.
Aquellas que se circunscriben a la reclamación legal
de la filiación
y aquellas que tienen por objeto la impugnación de la filiación.
Si la pretensión de reclamación de la afiliación recae
sobre una persona que ya tuviera una afiliación,
imaginemos legalmente predeterminada,
y que resulte contradictoria con la que se reclama,
¿qué pasa en estos casos?
Pues se deberá acumular a esa pretensión de reclamación
también la de impugnación de la afiliación.
Por lo tanto, se dirigirá la demanda frente a todas las personas
que puedan resultar afectadas por dicho pronunciamiento.
El ejercicio y la acción de reclamación por el hijo,
la hija, el progenitor o la progenitora
permitirá en todo caso la impugnación de la afiliación contradictoria,
siempre que ésta no hubiera sido establecida por una anterior
sentencia firme.
En cuanto a la competencia,
serán competentes para el conocimiento
de estos procesos las secciones de familia,
infancia y capacidad de los nuevos tribunales
de instancia del domicilio del demandado, artículos 86
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 45 y 50
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Donde no se hayan creado estas secciones de familia,
infancia y capacidad, el Consejo General del Poder Judicial,
previo informe de las salas de gobierno,
podrá acordar que la competencia corresponda
a uno o una de las jueces, juezas, magistrados o magistradas
de la sección civil o civil
y de instrucción que conforma una sección única.
Bien, continuamos con la competencia.
¿Hay alguna excepción a esta regla general?
Sí la hay.
Se residencian las excepciones de violencia sobre la mujer
de los tribunales de instancia, pues éstas serán competentes
de manera exclusiva y excluyente, importante,
para el conocimiento de los procesos civiles sobre filiación,
paternidad y maternidad en los supuestos
previstos en los artículos 89.7 de la Ley Orgánica del Poder Juicial
y 49 bis de la Ley de Juiciamiento Civil.
Contra las resoluciones de estos tribunales
procede el recurso de apelación ante la audiencia provincial,
que también en la misma se crearán secciones especializadas
en estas materias.
En cuanto a la legitimación,
tenemos que distinguir entre legitimación activa
y legitimación pasiva.
La legitimación activa,
en la pretensión de reclamación de la filiación, tiene por objeto
obtener un pronunciamiento del órgano jurisdiccional
en el que se determine que una persona
es hijo o hija de otra u otras.
Por lo tanto, en estos casos, que es complejo,
debemos distinguir en cuanto a la determinación
de la legitimación activa para su ejercicio,
si existe o no posesión de Estado.
Artículos 131 a 134 del Código Civil.
Si existe posesión de Estado,
pues se concede la legitimación activa
a cualquier persona que tenga un interés legítimo.
Artículo 131.1 del Código Civil.
Excepción, existe también aquellos supuestos
en los que la afiliación que se reclama contradice
otra inscrita en el registro civil.
En estos casos, solo estarán legitimados quien afirme
ser el padre, la madre, el hijo o la hija.
Bien, si no existe posesión de Estado,
que decíamos que era el otro caso,
debemos distinguir entre filiación matrimonial y no matrimonial.
La acción de reclamación de la filiación matrimonial
es imprescriptible.
Corresponde al padre, a la madre, al hijo o a la hija.
Si el hijo o la hija falleciera antes de transcurrir cuatro años
desde que alcanzara plena capacidad o durante el año siguiente
al descubrimiento de las pruebas en las que haya de fundar la demanda,
la acción corresponderá a los herederos
o a las herederas por el tiempo que faltare hasta completar
los referidos plazos.
Veamos el artículo 132.1 y 2
del Código Civil.
Bien, la acción de reclamación de la filiación no matrimonial,
cuando falte la posesión de Estado,
corresponderá al hijo o la hija durante toda su vida.
Si el hijo o la hija falleciera antes de transcurrir cuatro años,
desde que alcanzara la mayoría de edad,
o desde que se eliminaran las medidas de apoyo
que tuvieran prevista a tales efectos,
o durante el año siguiente al descubrimiento de las pruebas
en que se funde la demanda, su acción corresponderá a sus herederos
o herederas por el tiempo que faltare para completar los referidos plazos.
También podrán ejercitar la acción de reclamación
de la afiliación los progenitores en el paso de un año
contado desde que hubieran tenido conocimiento de los hechos
en que hayan de basar su reclamación.
Esta acción, fíjense bien, no es transmisible a los herederos
o las herederas, quien sólo podrán continuar la acción que el progenitor
hubiera iniciado en vida.
En cuanto a la legitimación activa de la pretensión de impugnación
de la filiación, en la determinación de la legitimación activa
para el ejercicio de la pretensión de impugnación,
debemos distinguir también entre filiación matrimonial
y no matrimonial.
En cuanto a la filiación matrimonial,
el marido podrá ejercitar la acción de impugnación de la paternidad
en el plazo de un año a contar desde la inscripción de la filiación
en el registro civil.
Este plazo no correrá mientras el marido,
que puede ocurrir, ignore el nacimiento.
Si el marido falleciera antes de transcurrir
el mencionado plazo, la acción se transmite a sus herederos
o herederas por el tiempo que falte para completarlo.
Si hubiera fallecido sin tener conocimiento,
como os he dicho, que puede ocurrir, del nacimiento,
el plazo del año comenzará a contar desde que se conozca
o desde que lo conozca el heredero o la heredera conforme
al artículo 136 del Código Civil.
La afiliación del padre o progenitor
no gestante podrá ser impugnada por el hijo
o la hija durante el año siguiente a la inscripción de la afiliación.
Si se trata de un menor o una menor o persona
con discapacidad con medidas de apoyo para impugnar el plazo,
el año se contará desde que alcance la mayoría de edad
o desde la extinción de las medidas de apoyo.
El ejercicio de la acción en interés de ese hijo o hija menor
durante el año siguiente a la inscripción de filiación
también corresponderá a quién, a la madre o progenitor gestante
que ostente la patria potestad, a su representante legal
o al ministerio fiscal.
Si se trata de una persona con discapacidad con medida de apoyo,
podrán también ejercitar la acción de impugnación
durante el año siguiente a la inscripción de la filiación,
esta es decir, la persona con discapacidad,
quien preste el apoyo y se encuentra expresamente
facultado para ello o en su defecto, El Ministerio Fiscal.
Si el hijo o la hija falleciera
antes de que se cumplieran los plazos anteriormente mencionados,
su acción corresponderá a sus herederos o herederas
por el tiempo que faltare para completar dichos plazos.
En el caso de que no exista posesión de Estado,
desfilación matrimonial, la demanda de impugnación
podrá ser interpuesta por cualquier.
Y en cualquier tiempo por cualquier hijo o hija
o sus herederos o herederas.
La madre o progenitor que conste como gestante podrá ejercitar
la acción de impugnación de la filiación
sin que se establezca plazo alguno de caducidad, fijémonos bien,
justificando el que la suposición de parto
o no ser cierta la identidad del hijo corresponda.
En cuanto a la filiación no matrimonial,
si existe posesión de Estado, la pretensión de impugnación
corresponderá a quien aparezca como hijo o hija,
progenitor o progenitora,
y a quienes por la filiación
puedan resultar afectados en su calidad de herederos
o herederas.
Forzosos o forzosas.
La acción caducará pasados cuatro años
desde que el hijo o la hija, una vez inscrita a la filiación,
goce de la posesión de Estado correspondiente.
Los hijos e hijas tendrán en todo caso acción
durante un año después de haber llegado a la mayoría de edad
o haber recobrado la capacidad suficiente.
Si no existe posesión de Estado, esa filiación paterna o materna
no matrimonial podrá ser impugnada
por aquellos o aquellas a quien pueda perjudicar.
Bien, tenemos que hacer alusión a un supuesto específico o especial.
Podríamos decir que es el artículo 138 del Código Civil.
Se trata del reconocimiento de la afiliación matrimonial
o no matrimonial o cualquier otro acto jurídico
por el que quedase determinada cuando tuviera su origen en error,
violencia o intimidación.
En estos casos, la acción de impugnación corresponderá
a quien lo hubiera otorgado.
La acción caducará al año del reconocimiento
o desde que cesó el vicio del consentimiento y podrá ser ejercitada
o continuada por los herederos o las herederas
de aquel si hubiera fallecido antes de transcurrir el año.
Hablando de la legitimación, tenemos que hacer alusión
a la intervención del Ministerio Fiscal.
Cuando la legitimación para el ejercicio
de las acciones de reclamación y impugnación
de la filiación corresponde al hijo o la hija menor,
se concede al Ministerio Fiscal intervención
en estos procesos para ejercitar en representación del menor
o la menor las acciones de filiación que le correspondan,
aunque el menor o la menor ya tuviera una representación legal.
Si se trata de una persona con discapacidad con medidas de apoyo
para su ejercicio, dichas acciones podrán ser ejercitadas por ésta,
es decir, la persona con discapacidad,
porque preste el apoyo y se encuentre facultado para ello
o, en su defecto, por el Ministerio Fiscal.
El Ministerio Fiscal también podrá continuar
los procesos que ya se hayan iniciado en caso de fallecimiento
del demandante en estos casos.
Bien, una vez vista la legitimación activa,
pasamos a la legitimación pasiva.
Aparece regulada en el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
debiendo distinguir si la pretensión es de reclamación o de impugnación
de la afiliación.
¿Reclamación de la afiliación?
¿A quién se le atribuye legitimación pasiva?
A las personas que en la demanda aparecen
con la condición de progenitores, como hija o hija,
o a los herederos o las herederas de cualquiera de ellos
o ellas si hubieran fallecido.
Impugnación de la filiación.
¿A quién le corresponde o quiénes estarán legitimados pasivamente?
Quienes aparezcan como progenitores, como hijo o hija,
los herederos o las herederas de cualquiera de ellos
o ellas si hubieran fallecido.
En cuanto a la postulación, las partes deben actuar
en los procesos de filiación asistidos de abogado o abogada
y representados por procurador o procuradora.
Se pueden solicitar estos profesionales también de oficio
si se tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Cuanto a la sucesión procesal, el artículo 765.2
de la Ley de Juiciamiento Civil dispone que en todos los procesos
contenidos en el capítulo segundo, a la muerte del actor o la actora,
sus herederos o herederas podrán continuar
con las acciones que ya se hayan iniciado.
En estos procesos existen unos requisitos específicos
para la admisión de la demanda.
Vamos a ver cuáles son.
Primero, la no exigibilidad del presupuesto de procedibilidad
del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 1 barra 2025 de enero,
es decir, nuestra nueva estrenada ley,
efectividad procesal.
Esta nueva ley de eficiencia procesal que ha creado
los tribunales distancia, pues nos obliga, en algunos casos,
a acudir al MAS.
¿Cómo es requisito de procedibilidad?
Bueno, pues en estos casos
no hay exigibilidad del presupuesto de procedibilidad.
No hay que ir a un MAS.
Relación de parentesco.
El tribunal debe realizar el examen previo
de la titularidad de la acción ejercitada por el demandante.
Después, la exigencia de un principio de prueba
de los hechos en los que se funde la reclamación
o la impugnación que se pretende.
Y si no se aporta, la demanda será inadmitida.
Cuidado con esto.
Después, inadmisión de la demanda por contradicción
con sentencias firmes anteriores.
Si la existencia
de dicha sentencia firme se conociera en un momento posterior,
imaginemos, pues admitida la demanda y durante la pendencia del proceso,
el tribunal procederá de plano al archivo de ésta.
A continuación, hay que hablar de las medidas cautelares
en estos procesos.
Las medidas cautelares relativas a los procesos sobre filiación
vienen recogidas en el artículo 768 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
con remisión a la normativa general sobre esta materia contemplada
en los artículos 721 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En el proceso de impugnación,
el tribunal podrá acordar las medidas oportunas
sobre la persona en los bienes del sometido a la patria potestad
del que aparece como progenitor o progenitora.
En el proceso de reclamación, el tribunal,
además de estas medidas oportunas
que hemos visto en el proceso de impugnación,
también podrá acordar alimentos provisionales a cargo del demandado.
Como regla general, las medidas cautelares de protección
y de alimentos provisionales se acordarán previamente
a las personas que pudieran resultar afectadas.
¿Hay alguna excepción?
Sí.
Excepcionalmente cuando concurren razones de urgencia,
también se podrán acordar estas medidas sin más trámites.
¿Qué ocurre o cómo transcurre esto?
El letrado de la Administración de Justicia
manda citar a los interesados o interesadas
a una comparecencia que se celebrará entre los 10 días siguientes,
en la que, tras oír las alegaciones de los comparecientes
sobre la procedencia de las medidas adoptadas,
resolverá el tribunal lo que por sea por medio de auto.
Esto es importante, se contempla la posibilidad
de no exigir caución a quien solicite la adopción de las medidas.
Y también en estos procesos nos encontramos con especialidades
en materia probatoria.
Bien, esto es muy importante también.
La actividad probatoria presenta especialidades
en el ámbito del juicio verbal,
que es por el que han de tramitarse estos procesos.
¿Cuáles son esas especialidades?
Primero, la prueba biológica en los procesos de filiación,
esos análisis de ADN.
Y como es una pericial, además, pues se valoran según las reglas
de la sana crítica.
Pruebas indirectas para aquellos casos
en los que hay una ausencia de prueba directa.
¿Cómo es esto?
Pues por el reconocimiento expreso tácito del padre o la madre,
la posesión de estado del hijo o de la hija o del padre,
la convivencia con la madre en la época de la concepción
o cualquier otro hecho que de manera análoga permita deducirla.
Y por último, una especial referencia negativa,
someterse a la prueba biológica.
¿En qué consiste?
Pues es una negativa injustificada a someterse a la prueba biológica
de paternidad siempre que existan otros indicios
de la paternidad o maternidad
y que la prueba de esta no se haya obtenido.
Por otros medios.
Bien, pues hasta aquí hemos dado los procesos sobre exilación,
paternidad y maternidad
y ahora me corresponde dar los procesos de alimentos.
Bien, la especialidad del proceso de alimentos
es residencia de su carácter autónomo y su exclusividad,
así como la amplitud de su ámbito de aplicación.
Se pueden deducir tanto pretensiones alimenticias
debidas por disposición legal
como aquellas que lo son en virtud de otro título.
Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los alimentos que se pueden requerir
a través de este proceso?
Pues pueden ser de dos tipos, ¿vale?
Los alimentos legales y los alimentos convencionales.
Los alimentos legales solo se podrán solicitar aquellos alimentos
que estén contenidos en el artículo 142
del Código Civil, los imprescindibles para el sustento, habitación, vestido
y asistencia médica.
También se pueden incluir la educación
y la instrucción del alimentista mientras sea menor de edad
y aún después cuando no haya terminado su formación
por causa que no le sea imputable y además se podrán añadir también
los gastos de embarazo y de parto en cuanto no se cumplan.
De otro modo,
todos estos alimentos legales no se extinguen
por la mayoría de edad del alimentista,
sino que persisten mientras sigan existiendo las necesidades.
Para poder exigir estos alimentos legales
se requiere la existencia de una relación de parentesco
entre el alimentista y su beneficiario.
En cuanto a los alimentos convencionales,
pueden ser de cualquier naturaleza y acreditados en el proceso
a través de cualquier medio probatorio.
Si estos alimentos estuvieran reconocidos incluso
en una primera copia de escritura pública,
se podrán exigir directamente por vía ejecutiva,
de conformidad con lo expuesto en el artículo 517.4
de la Ley de Juiciamiento Civil.
Vamos a hablar ahora de la competencia
en los procesos de alimentos.
¿La competencia objetiva le corresponde?
¿A quién?
En la fase declarativa
y de ejecución a las secciones de familia, infancia
y capacidad de los tribunales de instancia y después la audiencia
será el órgano jurisdiccional que ostente la competencia
para conocer del recurso de apelación.
¿De acuerdo?
La competencia territorial la ostenta los tribunales
de instancia del lugar donde radica el domicilio del demandado conforme
al artículo 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Vamos a hablar de la legitimación.
Hay que distinguir entre la legitimación activa
y la legitimación pasiva.
La legitimación activa le corresponde al alimentista,
a la persona que solicita los alimentos,
y la legitimación pasiva la ostenta el alimentante o persona
obligada a dar los alimentos.
Si el objeto
de la pretensión lo conforma la prestación de alimentos legales,
estarán legitimados pasivamente los cónyuges,
ascendientes y descendientes.
Eso lo dice el artículo 143 del Código Civil.
Y luego el artículo 144
establece una serie de legitimaciones de carácter sucesivo
y de distinto grado, cónyuge, descendiente de grado más próximo,
ascendientes también de grado más próximo y hermanos.
Cuando la pretensión se dirija contra dos o más alimentantes,
la norma obliga a distribuir el pago de la pensión de alimentos conforme
al caudal respectivo de cada uno de ellos,
conforme al artículo 145.1 del Código Civil.
En caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales,
podrán el juez o la jueza obligar a solo
a una de ellas a que preste provisionalmente
sin perjuicio de su derecho a reclamar de los demás
la obligación que tienen
y que le corresponda, conforme al artículo 145.2
de la Ley de Juiciamiento Civil.
Cuando dos alimentistas reclaman a la vez alimentos
de una misma persona que está obligada legalmente a darlos
y esta no tuviera fortuna bastante para atender a todos o a todas,
se guardará el orden contemplado que hemos visto,
ese orden de relación en el artículo 144.
A no ser que los alimentistas concurrentes fueron el cónyuge
o la cónyuge, el hijo o la hija, sujetos a parte de apotestad,
en cuyo caso este o esta se le han preferido aquel o aquella.
Si se trata de alimentos convencionales,
el actor tendrá la carga de aportar junto a la demanda
los documentos justificativos de la capacidad procesal activa
y pasiva.
Vamos a pasar a la postulación.
En este proceso es preceptiva la asistencia letrada o letrada
y la representación por procurador o procuradora,
dado que la competencia no viene atribuida por razón de la cuantía,
sino de la materia.
Pasemos al procedimiento.
Se tramita conforme a las normas del juicio verbal.
Por ello, el proceso se desarrollará fundamentalmente de forma oral,
conservando únicamente la forma escrita
para los actos de la demanda, la contestación y la sentencia.
¿Qué ocurre con la demanda?
La especialidad en este proceso en cuanto a la demanda se sitúa
en el requisito de los documentos que deben acompañar a la demanda.
Si se trata de alimentos legales, el alimentista legal
tendrá la carga de aportar junto a la demanda
el documento que justifique el parentesco con el demandado.
Si son alimentos convencionales, pues entonces el actor
deberá acompañar a la demanda los documentos justificativos
de la capacidad procesal activa y pasiva que se circunscriben
a aquellos documentos que justifiquen cumplidamente el título
en cuya virtud se piden alimentos cuando éste sea el objeto
de la demanda.
La no presentación de estos documentos junto con el escrito
de demanda será motivo en admisión de la misma aliminalitis,
conforme a artículos 169.2 de la Ley de Juiciamiento Civil.
La contestación a la demanda y los tratamientos de sus siguientes
se regirán por las disposiciones comunes del juicio verbal
sin ninguna limitación en los medios de prueba.
De conformidad con el artículo 447.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
vamos a ver qué aspectos tenemos que mirar de la sentencia.
Bueno, pues conforme a ese artículo 447.1
de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
a los 10 días siguientes a la celebración de la vista,
el juez dictará sentencia.
En los procesos de alimentos, fíjense, es importante,
la sentencia estimatoria es de carácter mixto.
Es constitutiva,
pues instituye un nuevo estado en la vida jurídica,
tanto el beneficiario de la prestación de alimentos
como el obligado a prestarlos, y también de condena,
pues de la misma surge la obligación del alimentante
de satisfacer al alimentista los alimentos
en la cuantía que se constata en la sentencia.
Es decir, incluso se podrá ejecutar provisionalmente con independencia
de la interposición del recurso.
De apelación a petición del beneficiario que en este caso
no tendrá que prestar caución.
La condena de ser a cantidad líquida.
Las formas de cumplir con la obligación
de prestar alimentos que aparece en la sentencia
serán a elección del alimentante que podrá optar
o bien por pagar la presión de alimentos o bien por recibir
o mantener en su propia casa al que tiene derecho a ellos,
siempre y cuando naturalmente el alimentista
manifestará su consentimiento
o no existiera un grave obstáculo legal o moral para su ejercicio,
como nos dice el artículo 149 del Código Civil.
Además, la obligación de alimentos será exigible
desde que los necesite para subsistir la persona que tiene derecho
a percibirlos.
Pero no se abonarán
sino desde la fecha en que se interponga la demanda.
Por lo tanto, como vemos, el pago es a cantidades.
Las cantidades que puedan devengarse en el futuro ya se satisfarán
por meses anticipados y cuando fallezcan alimentistas
o herederos no estarán obligados a devolver lo que estuviera recibido
anticipadamente.
Para obtener la efectividad de la sentencia
se puede acudir incluso al proceso de ejecución,
pudiéndose plantear la misma por todas las mensualidades impagadas
o bien por cada una de ellas en la medida
que éstas vayan venciendo.
En cuanto a la ejecución de condena al pago de alimentos,
se establece una excepción a las normas, fijaros,
sobre el embargo de sueldos y salarios,
ya que al nacer la obligación directamente de la ley
en el caso del proceso de alimentos,
es el tribunal el que fija la cantidad que debe
ser embargada conforme al artículo 608 de la Ley de Enjuiciamiento.
Y, por último, los recursos.
Contra las sentencias que recaigan en los procesos de alimentos,
la parte desfavorecida podrá interponer recursos de apelación
ante la audiencia provincial en el plazo de cinco días,
conforme al artículo 455.1.2.2 de la Ley de Juiciamiento Civil.
Debemos distinguir, en este caso,
si la sentencia es estimatoria o desestimatoria.
Si la sentencia es desestimatoria,
carecerá de efectos suspensivos conforme artículo
456.2 de la ley de juiciamiento civil si la sentencia fuera estimatoria
de la pretensión contra la misma cabe interponer recurso de apelación
en un solo efecto conforme artículo
449 de la ley de juiciamiento civil el favorecido por la sentencia
podrá solicitar sin necesidad de prestar caución
la ejecución provisional en cuanto a recurso a casación
se rige por el criterio de la cuantía de los alimentos
como vemos sin que tenga cabida la vía del interés.
Muy bien, pues hasta aquí mi intervención en esta unidad 4,
los procesos sobre filiación, paternidad y maternidad
y los procesos de alimento.
Muchísimas gracias por su atención.