Hola, soy Marta Lozano Iroa,
profesora del Departamento de Derecho Procesal de la UNED
y en los próximos minutos os voy a explicar la unidad 6,
los procesos de división judicial de patrimonios.
El libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil
regula la división judicial de la herencia
dentro de los procesos especiales.
La ley no diseña un único procedimiento,
sino tres procesos diferenciados.
La división de la herencia, la intervención de la herencia
y la administración del caudal hereditario.
La regulación legal responde a tres funciones distintas
del fenómeno sucesorio.
Partir la herencia, protegerla y gestionarla.
Estos procesos no siguen un orden cronológico obligatorio
ni dependen unos de otros.
Pueden promoverse de forma autónoma o conjunta
según las necesidades de protección del caudal hereditario.
Comenzamos con el primer de los procesos, que es el proceso
para la división judicial de la herencia.
Se puede definir como el procedimiento
para llevar a cabo la partición del patrimonio hereditario
cuando coherederos, legatarios y cónyuge viudo
con derechos no alcanzan acuerdo acerca de su distribución.
Se configura en consecuencia como el mecanismo procesal
destinado a poner fin a la comunidad hereditaria
mediante la intervención judicial garantizando que cada partícipe
reciba los bienes o derechos que le correspondan
conforme a su cuota en el caudal relicto.
De este concepto se pueden inferir las siguientes notas esenciales.
Se trata de un proceso contencioso y subsidiario,
surge ante la falta de acuerdo
y sólo procede cuando la partición no ha podido realizarse de forma
consensuada.
Rige el principio dispositivo,
siempre se iniciará a impulso de los interesados,
el juez actúa siempre a instancia de parte y tiene carácter universal,
se proyecta sobre la totalidad del caudal hereditario,
no sobre bienes concretos y aislados.
¿Cuál es la finalidad última de este proceso?
Pues la extinción de la comunidad hereditaria,
de manera que el derecho abstracto que ostentan los herederos
sobre el conjunto de la herencia se transforma en derechos concretos
sobre los bienes o derechos adjudicados.
Se trata de un proceso preceptivo,
de manera que constituye el único cauce procesal
para realizar la partición en caso de desacuerdo.
No procederá a acudir a un juicio declarativo ordinario
para obtener el mismo resultado.
La competencia la ostenta la sección civil
del tribunal de instancia del último domicilio del causante,
si residía en el extranjero, el último domicilio en España
o el de donde radique la mayor parte de los bienes,
a elección siempre del demandante.
Se trata en cualquier caso de un fuero legal
imperativo sin posibilidad de sumisión expresa o tácita
de las partes.
¿Quiénes estarán legitimados activamente?
Pues los coherederos, legatarios de parte alícuota
y el cónyuge viudo con derechos.
En el caso de los acreedores hay que hacer una diferenciación
entre los acreedores de la herencia y los acreedores de coherederos.
Los acreedores de la herencia no están legitimados para instar
la partición ni intervenir en las operaciones divisorias.
Pueden, en cambio,
sí oponerse a la partición hasta el pago o afianzamiento
del crédito si éste consta en título ejecutivo.
Los acreedores de coherederos, en cambio,
sí pueden intervenir en el procedimiento a su costa
para evitar fraude o perjuicio a sus derechos.
¿Y qué fundamenta esta distinción?
Pues que los intereses de unos y otros son distintos.
Mientras que los acreedores de la herencia tienen interés
en el cobro con cargo al caudal relicto,
los acreedores de particulares tienen interés directo
en el resultado de la partición.
El procedimiento se desarrolla en varias fases.
La primera de ellas es la solicitud de división judicial
de la herencia.
Hay que adelantar que se trata tiene carácter imprescriptible,
de manera que podrá promoverse mientras el caudal
permanezca indiviso.
Para la válida presentación de la solicitud se requiere
la intervención preceptiva de abogado y procurador
y la aportación de documentación será indispensable.
Acompañar certificado de defunción, documento acreditativo
de la condición y legitimación de los solicitantes,
certificación del registro general de actos de última voluntad
y el título sucesorio,
que como sabemos podrá ser el testamento
o la declaración de herederos a vinte estato.
En caso de que faltase alguno de estos documentos,
se trata de un defecto subsanable.
Hay que dejar claro que la intervención
del Ministerio Fiscal siempre será por representación.
El letrado de la Administración de Justicia
deberá convocarlo para que represente a los intereses
en la herencia cuando sean menores sin representación legítima
o ausentes cuyo paradero se ignore.
Junto con la solicitud de división judicial,
el solicitante podrá interesar, además,
la intervención del caudal hereditario
y la formación del inventario de los bienes que lo integran
cuando resulte necesario para garantizar la conservación
y adecuada administración del patrimonio relicto.
La siguiente fase será la convocatoria de junta
para la designación de contador y peritos.
El letrado de la Administración de Justicia
convocará a quienes deben intervenir según el caso.
Pueden ser herederos, legatarios de parte alícuota
en caso de haberlos, cónyuge viudo
cuando proceda, acreedores o herederos
en caso de haberlos también y el Ministerio Fiscal, recordemos,
siempre que su intervención sea preceptiva.
¿Cuál es el objeto de la Junta?
Pues alcanzar un acuerdo unánime
sobre el nombramiento de contador partidor y peritos
que deben de intervenir en el avalúo de los bienes.
El contador partidor es un colaborador del órgano judicial,
no es un mandatario de las partes.
Se trata de un cargo voluntario,
temporal, retribuido y personalísimo,
con posible auxilio técnico, eso sí, de los peritos.
Los peritos serán los propuestos por el contador,
si bien la ley establece un máximo de uno por cada clase de bienes.
Si no se alcanza acuerdo unánime, el contador partidor
y los peritos se designan por sorteo conforme a las listas
de profesionales elaboradas por los colegios correspondientes.
Tras los nombramientos y previa aceptación,
el letrado de la Administración de Justicia
entregará los autos al contador y pondrá a su disposición,
así como a la de los peritos, cuántos objetos, documentos y papeles
sean necesarios para la realización del inventario.
La práctica de las operaciones divisorias
se realizará conforme a la ley aplicable,
a la sucesión o, en su caso,
a las reglas establecidas por el testador,
siempre y en tanto en cuanto no contravengan la legítima.
Para realizar estas operaciones divisorias,
el contador dispondrá de un plazo de dos meses,
si bien podrá prorrogarse por causa justificada.
Estas operaciones divisorias se documentarán en un escrito
firmado, que es lo que se conoce como cuaderno particional,
en el que se expresará la relación de los bienes que integran
el caudal partible, su avalúo o valoración
y la liquidación del caudal, su división y la adjudicación
de los bienes y derechos a cada uno de los partícipes.
Las operaciones divisorias comprenden cinco fases cronológicas,
inventario, avalúo, liquidación, división y adjudicación.
La formación del inventario consiste en la identificación de bienes,
derechos, deudas y cargas
y permite determinar el activo y el pasivo
sobre los que se proyectarán las fases posteriores.
El avalúo es la valoración económica de los bienes que integran el activo
de la herencia al momento más próximo a la adjudicación.
Constituye la base para la posterior liquidación
y división.
La liquidación es la operación mediante la cual se deduce del activo
las deudas, cargas y gastos
para obtener el haber líquido partible.
La división es la finalidad última de este proceso.
Se elaboran lotes particionales, lo que se conoce como hijuelas,
y la ley establece unos criterios.
Habrá de intentar, en la medida de lo posible,
que los lotes sean homogéneos y evitar la indivisión
y fragmentación excesiva.
En caso de tratarse de bienes indivisibles,
es posible la adjudicación a un heredero,
siempre con conformidad del resto y con obligación,
eso sí, de compensar en metálico a los demás.
La adjudicación finalmente es la concreción de titularidades
a cada heredero.
Presentado por el contador el cuaderno particional,
el letrado de la Administración de Justicia
dará traslado a las partes que dispondrán
de un plazo de 10 días para formular oposición
si no estuvieran conformes con su contenido.
Si no existe oposición, el letrado de la Administración de Justicia
dicta decreto aprobando las operaciones divisorias
y ordenando la protocolización notarial.
En caso de oposición,
se celebrará una comparecencia a la que habrán de asistir las partes
y el contador a fin de tratar de alcanzar un acuerdo.
En caso de que este acuerdo se logre,
el contador modificará el cuaderno particional en el sentido pactado,
consiguientemente lo tendrá que aprobar el letrado
de la Administración de Justicia.
En caso de que no haya acuerdo, se resolverá mediante juicio verbal
y se dictará sentencia sin efecto de cosa juzgada,
de manera que las partes podrán hacer valer su derecho
en el juicio declarativo que corresponda.
Finalmente, la última de las fases
será la entrega de los bienes a los herederos,
aprobadas definitivamente las operaciones divisorias.
El letrado de la Administración de Justicia
entrega a cada partícipe los bienes y derechos adjudicados
y el título de propiedad correspondiente con nota expresiva
de la adjudicación.
Tras la protocolización notarial de las operaciones divisorias,
el letrado de la Administración de Justicia
expedirá siempre a solicitud de los partícipes testimonio
del haber y de la adjudicación.
Pasamos al segundo de los procesos, que es la intervención judicial
de la herencia, que es el conjunto de actuaciones procesales
de carácter conservativo y ordenatorio.
¿Cuál es la finalidad?
Preservar la integridad del patrimonio,
evitando que los bienes se pierdan, se oculten o se deterioren,
hasta que se determine quiénes son los titulares definitivos.
Se trata de una medida provisional
con vigencia limitada al tiempo estrictamente necesario,
de manera que la intervención cesa cuando desaparece la necesidad
de tutela judicial.
¿Cuándo ocurre esto?
Pues, por ejemplo,
tras la determinación de los herederos
o con la finalización del proceso de división judicial
de la herencia.
Como ya hemos avanzado al principio de esta exposición,
no es un presupuesto necesario
ni una consecuencia automática de la división judicial,
de manera que podrá acordarse con anterioridad a su iniciación
o incluso sin que llegue a plantearse nunca la división judicial.
La intervención judicial puede acordarse de oficio
o a petición de los interesados.
¿Cuándo procede la intervención judicial de oficio?
Pues cuando el órgano judicial tiene conocimiento del fallecimiento
de una persona sin testamento conocido,
sin parientes llamados a la sucesión o con parientes ausentes o menores
sin representante legal.
En estos casos, el órgano judicial adoptará de oficio
unas medidas urgentes, cuales son el enterramiento del causante
y el aseguramiento de bienes, documentos y efectos susceptibles
de sustracción u ocultación.
Además, el letrado de la Administración de Justicia
tendrá que realizar diligencias de averiguación.
A tal fin, recabará el certificado de defunción,
certificado del registro general de actos de última voluntad
y obtendrá, en caso de necesitarlo, información de allegados
o personas próximas al causante.
¿Cuál es la finalidad de estas diligencias?
Pues comprobar si existe testamento y determinar la posible existencia
de parientes con derecho a la sucesión.
Si el resultado de estas diligencias es negativo,
es decir, no hay testamento ni herederos,
el órgano judicial dictará un auto
acordando la intervención judicial de la herencia
y las siguientes medidas.
Ocupación de libros, papeles y correspondencia,
inventariar y depositar bienes
y disponer lo que proceda sobre su administración
y, en su caso,
comunicará la situación a la Delegación de Economía
y Hacienda competente en caso de que resultase procedente
la declaración de herederos a vinte estato a favor del Estado.
La intervención judicial a instancia de parte
es un procedimiento rogado.
Aquí sí se requiere la iniciativa de un legitimado.
¿Quiénes son los sujetos legitimados?
Pues coherederos, legatarios de parte alícuota,
cónyuge, viudo y acreedores del causante,
en tanto hayan sido reconocidos en el testamento,
admitidos por los coherederos o acreditados
mediante título ejecutivo.
Solicitada la intervención, el Tribunal ahora sí podrá acordar
de oficio las medidas que considere necesarias.
¿Cuáles son las medidas típicas?
Pues la ocupación de libros, papeles y correspondencia
del causante, la formación de inventario,
el depósito de los bienes hereditarios
y la administración del caudal relicto.
Realizadas las medidas indispensables
para la conservación del caudal hereditario,
el letrado de la Administración de Justicia
señala día y hora para la formación de inventario.
Serán convocados quienes puedan ostentar interés legítimo
el cónyuge del causante,
parientes con posible derecho sucesorio y herederos
y legatarios en caso de constar.
¿Quiénes podrán ser otros posibles intervinientes?
Pues los acreedores legitimados, el Ministerio Fiscal,
recordemos siempre para la defensa
de los ausentes y menores sin representante legal,
el abogado del Estado o servicios jurídicos
de las comunidades autónomas cuando no conste testamento
ni cónyuge ni parientes con derecho a la sucesión legítima.
Los interesados en esta comparecencia
ante el letrado de la Administración de Justicia
habrán de aportar relación de bienes y derechos,
esto es, el activo de la herencia, y deudas y cargas,
el pasivo.
Si hay una conformidad unánime
de todos los interesados con el inventario,
se hará constar en acta.
Si existiesen discrepancias sobre inclusión o exclusión de bienes
o partidas, se celebrará una vista que se sustanciará
por los trámites del juicio verbal y se resolverá mediante sentencia.
Formado el inventario,
el órgano judicial dictará auto
y decidirá lo que proceda sobre la administración,
custodia y conservación del caudal hereditario.
Para la custodia y administración del caudal hereditario,
el tribunal atenderá en primer término
a lo dispuesto por el testador.
En defecto de previsión testamentaria
se aplican las siguientes reglas legales.
Depósito de metálico y valores y nombramiento de administrador.
El tribunal seguirá un orden de preferencia.
Primero será el cónyuge viudo,
si no hubiera cónyuge viudo, heredero o legatario
con mayor participación en la herencia
y, en caso de no existir, cualquier otro heredero,
legatario o tercero.
Generalmente, el administrador deberá prestar una caución
para responder de los bienes que reciba.
Salvo dispensa judicial cuando se trate de cónyuge viudo
o de un heredero con bienes bastantes.
También hay que apuntar que los herederos ilegatarios
podrán eximir al administrador de prestar caución.
A falta de acuerdo entre todos los herederos,
se fijará proporcionalmente.
En interés de que no otorgue la dispensa.
En cualquier caso, la caución será siempre obligatoria
respecto de las participaciones de menores
sin representante y ausentes no citados por ignorarse
su paradero.
Y pasamos al último de los procesos,
que es la administración judicial de la herencia, que son las medidas
de conservación y gestión activa del patrimonio relicto
que el tribunal puede acordar cuando la mera custodia
resulte insuficiente y resulte además necesaria
una gestión continuada de los bienes
para asegurar su adecuado aprovechamiento y rendimiento.
Se podrá adoptar como complemento de la intervención judicial
o de forma autónoma
cuando las circunstancias lo aconsejen.
Se trata de un cargo judicial y provisional sujeto
siempre a control jurisdiccional
y ejercido, esto es importante, en interés del caudal hereditario,
no de los herederos individualmente considerados.
¿Cuál es la finalidad de este proceso?
Pues que mientras la sucesión permanezca pendiente de ordenación,
permitir al administrador judicial bajo dirección del tribunal
realizar actos ordinarios de administración y actos
de conservación.
El administrador será designado por el tribunal
y, generalmente, el administrador, como ya hemos avanzado,
prestará una caución para responder de los bienes que reciba,
salvo dispensa acordada por el tribunal
o por los interesados.
Tomará posesión ante el letrado de la Administración de Justicia,
que le hará entrega del testimonio o copia auténtica del nombramiento
y de la diligencia de toma de posesión.
La Administración judicial tiene como función esencial
la conservación, custodia y gestión ordinaria
del caudal hereditario.
Puede llevar a cabo actos de administración ordinaria, tales
como el cobro de rentas e intereses, el pago de gastos indispensables
y la contratación de servicios necesarios.
Deberá ocuparse del mantenimiento del rendimiento ordinario
que generaban en vida del causante.
Quedan, sin embargo, excluidas las facultades de disposición
sobre los bienes inventariados, salvo autorización judicial expresa,
que sólo podrá concederse cuando resulte indispensable
para la conservación o el beneficio del caudal hereditario.
A tal fin, el artículo 803 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
admite de forma concreta.
Recordemos,
excepcional la autorización judicial para la enajenación en supuestos
tasados tales como bienes susceptibles de deterioro,
bienes de conservación difícil o costosa,
circunstancias ventajosas para la venta de frutos o rendimiento
y necesidad de liquidez para el pago de deudas hereditarias
o gastos de administración.
El administrador habrá de rendir cuentas periódicas
con documentación justificativa.
Estas cuentas serán trasladadas a los interesados.
En caso de que no haya oposición por parte de los interesados,
el letrado de la Administración de Justicia
dictará decreto aprobando estas cuentas,
declarando, evidentemente, exento de responsabilidad al administrador
y ordenando la devolución de la caución prestada en su caso.
En caso de formularse oposición, la controversia se sustanciará
por los trámites del juicio verbal.
El cargo de administrador judicial
de la herencia es retribuido en atención a la gestión realizada
y a la responsabilidad asumida.
Dicha retribución tiene un carácter estrictamente legal y reglado,
ya que el artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
establece de manera expresa y obligatoria
los criterios para la determinación de su cuantía sin margen
para la discrecionalidad judicial.
La retribución no constituye una remuneración por éxito,
sino que queda condicionada a la existencia de bienes suficientes
en la herencia que permitan su abono durante el tiempo de ejercicio
del cargo.
La cuantía de los honorarios se determina mediante la aplicación
de un porcentaje sobre los ingresos obtenidos por la herencia conforme
al criterio legalmente establecido.
¿Cuál es la finalidad del sistema de cálculo?
Pues vincular objetivamente retribución y actividad gestora.
E incentivar una administración diligente.
Y hasta aquí la explicación de la unidad 6.
Muchas gracias por su atención.