Buenos días, bienvenidos.
Soy Ana Isabel Blanco García, soy profesora titular
de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia y en el marco
de este proyecto les voy a explicar la unidad 19
relativa a los expedientes de jurisdicción voluntaria
en materia mercantil.
Efectivamente, son ocho expedientes, en concreto están regulados
en el título octavo, dividido en ocho capítulos,
cada uno para regular un expediente en concreto,
de los artículos 112 a 138 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
Sin embargo,
en este caso hay una precisión y es que la Ley de Jurisdicción Voluntaria
no regula todos los relativos a estos expedientes en la propia norma,
sino que nos refiere y nos remite permanentemente
a la normativa sectorial aplicable en materia mercantil.
Véase la Ley de Sociedades de Capital , el Código de Comercio.
O incluso la ley de contrato de seguro.
Así que tendremos que hacer un estudio un poquito más complejo
y compensando o combinando ambas normativas.
En la diapositiva tienen el listado de los ocho expedientes que van
desde exhibición de libros contables hasta convocatoria de juntas,
pasando por nombramiento de figuras clave como los liquidadores,
auditores o incluso el comisionado.
En los expedientes de jurisdicción voluntaria,
en esta explicación, hay una estructura,
están centrados en elementos esenciales relativos
al ámbito de aplicación, a la competencia,
a la legitimación y a la postulación
y, por último, a cuestiones procedimentales.
Tengan en cuenta que, como les he dicho,
la ley de jurisdicción voluntaria.
Simplemente regula las bases y los conceptos mínimos aplicables
a estos expedientes en lo relativo a su tramitación.
Pero para entenderlos completamente debemos acudir
a la normativa sectorial.
Por ejemplo, hay tres puntos que son comunes a todos los expedientes.
Por tanto, los he traído aquí y los abordo aquí.
Son los relativos al ámbito objetivo.
No suelen estar delimitados,
salvo alguna excepción que ya les diré,
por la ley de jurisdicción voluntaria,
sino que nos remite directamente a la normativa sectorial.
Es imprescindible acudir a la normativa sectorial
porque sin ello no entenderemos cuestiones clave
como la legitimación.
En cuanto a la postulación procesal,
aquí la ley de jurisdicción voluntaria
rompe un poco la regla general
establecida de que la postulación sea preceptiva o facultativa
en virtud del criterio de las partes,
pero aquí es potestativa, es obligatoria.
¿Por qué?
Porque obedece precisamente a la complejidad
de la materia de los expedientes de jurisdicción voluntaria.
Uno no puede convocar una asamblea o iniciar un expediente convocatorio
de una asamblea o de una junta general
sin especificar los motivos por los cuales la solicita
o incluso sin especificar tampoco el orden del día
o quiénes van a intervenir.
Y estos conocimientos nos los cubrirá los técnicos
y para ello se requiere de asistencia procesal.
Y por último la regulación
en cuanto al procedimiento se limita a establecer alguna remisión
a la tramitación del expediente general
y solamente en estos artículos se expone
cuáles son las particularidades del procedimiento.
Yo en el primer expediente les voy a explicar
cuál es el procedimiento completo
pero también les haré hincapié en cuáles son estos aspectos comunes
para no reiterarlos pero tenganlos en cuenta para.
Para el estudio de la materia.
El primer expediente es la exhibición de libros de las personas
obligadas a llevar contabilidad regulados en los artículos 112 a 116
y se contempla o se configura como una tutela preventiva instrumental
porque garantiza el derecho a la información y el funcionamiento
de otros procedimientos como por ejemplo pueda
ser precisamente la convocatoria de una Junta General.
El ámbito objetivo es precisamente la exhibición
de libros y documentos contables de aquellas personas
o entidades que están obligadas a llevar un registro.
Un registro que deberá cumplir unos requisitos formales,
de orden cronológico,
incluyendo la información con claridad, con rigor,
sin espacios en blanco, tachaduras para evitar estos maquillajes.
Maquillar esa contabilidad es importante,
saber que esto tiene que estar limpio,
ordenado y además aseado.
Y hay dos condiciones que se requieren
para iniciar un expediente de jurisdicción voluntaria.
El primero es que no haya una controversia contenciosa,
porque si ya hemos iniciado un contencioso
o un juicio no vamos a poder iniciar este expediente.
Y un respeto al secreto contable.
Este es el punto clave.
Esta es la llave para saber hasta qué punto los socios
tienen derecho a solicitar la exhibición de documentos.
O por el contrario, esos documentos nunca van a ser expuestos o exhibidos
a cualquier persona por mucho interés que uno tenga.
Tiene que ser un interés legitimado.
La competencia para conocer de este expediente
de justicia voluntaria está regulada en la propia norma.
Y es la misma competencia para todos los expedientes,
con determinadas puntualizaciones que señalaré
en aquellos casos necesarios.
La competencia objetiva está atribuida a la sección
de lo mercantil del Tribunal de Instancia,
de acuerdo con el cambio de la Ley Orgánica 1.2025.
Y la territorial del domicilio de la persona obligada
a la exhibición o domicilio social
del establecimiento cuya contabilidad se requiere exhibir.
Se trata de un foro imperativo que no puede ser modificado
ni por sumisión expresa ni sumisión tácita.
Nos toca ir a este domicilio y punto.
En cuanto a la legitimación,
la ley de jurisdicción voluntaria guarda silencio,
pero el código de comercio sí señala que estarán legitimadas.
El empresario, el socio,
el administrador con interés jurídico relevante.
Pero reitero que no se puede confundir ese interés
con una exhibición total de cualquier documento.
En cuanto al procedimiento, porque obviamente la postulación
sigue siendo preceptiva en todo salvo en el último expediente,
La solicitud se constará por escrito en todo caso
y deberá contener la identificación de la persona solicitante,
ante a quién lo solicito, una exposición clara y precisa
de la petición,
sobre todo para marcar e identificar qué libros, documentos
o datos contables requiero.
El LAG va a verificar los requisitos formales y la competencia
y, en su caso, concedería un plazo de cinco días
para la subsanación y decisión de admisión a trámite.
Una vez admitida a trámite, se procederá con la citación
de las personas implicadas e interesadas a comparecencia,
con una antelación mínima de quince días prevista.
Antes del momento de celebración de la comparecencia,
que deberá ser, en todo caso, inferior a los 30 días
desde la solicitud.
¿Por qué he señalado en rojo en el PowerPoint?
Porque estos pasos,
tanto la verificación del LAG como la citación a comparecencia
y los plazos son exactamente iguales en todos los expedientes.
Por tanto, a partir de aquí me centraré en las diferencias.
En cuanto a la resolución,
es motivada el juez en un auto que puede ser bien el mismo acto
o bien dentro de los cinco días siguientes a la comparecencia.
Si es el mismo acto, el LAG lo pondrá por escrito posteriormente.
Si es estimatoria de la solicitud
y por tanto se exhiben los documentos,
se requerirá a la persona obligada la exhibición fijando el día
y la hora en que ésta deba llevarse a cabo.
Pero también el juez puede permitir una exhibición en soporte informático
en sede judicial.
Y la negativa injustificada de esta exhibición
supone multas coercitivas,
así que ojo con negarnos a este derecho,
de 300 euros al día y el destino, el tesoro público.
Ya avanzando en el segundo expediente,
que es la convocatoria de juntas generales,
regulada en los artículos 117 a 119, el objetivo de este expediente es
precisamente convocar la junta general que por la inacción
del órgano de administración no se ha realizado.
Entonces, tenemos tres escenarios que coincidirán con las personas
legitimadas.
Por tanto, el estudio combinado de la normativa sectorial
con la normativa de jurisdicción voluntaria,
Tres escenarios que nos van a permitir identificar
quiénes son los sujetos legitimados.
El primero escenario es la inacción del órgano
de administración de convocar la Junta General Ordinaria
en los plazos legales estatutariamente previstos.
El segundo, el órgano de administración
ante la falta de atención de la solicitud de convocatoria
de la Junta General solicitada por una minoría
que represente al menos el 5% del capital social.
Y en último lugar,
la vacancia total o parcial del órgano de administración.
Este expediente es estrictamente para convocarlo,
no sirve para cualquier otra cosa relativa
a impugnación de acuerdos sociales,
etc. Y la competencia aquí sí que es un poquito específica,
es concurrencial y alternativa en sede judicial,
el LAG de la sección mercantil del tribunal de instancia
del domicilio social o registral,
registrador mercantil del domicilio social de la entidad.
Como he dicho,
los sujetos legitimados están en relación a los escenarios.
En el primero, cualquier socio con independencia de su porcentaje.
En el segundo caso, solo podrá ser lo esa minoría del 5%.
Y en el tercero, también cualquier socio,
porque estamos hablando de la reconstrucción
de un órgano de administración.
Y en cuanto al procedimiento, obviamente es muy similar,
pero aquí lo único que hay que puntualizar es el escrito,
porque el contenido de la solicitud variará,
tiene un fondo conjunto, que es los motivos de convocatoria,
la justificación del interés social, pero hay una diferencia,
depende del tipo de junta general.
Si estamos en ordinaria, habrá que explicar.
El porqué del incumplimiento de los plazos
y si estamos en extraordinaria simplemente los motivos
e incluir el orden del día.
Admitida trámite se procede a esa citación a comparecencia
y la resolución estimatoria o desestimatoria es irrecurrible
pero si se estima la convocatoria se celebrará en el plazo máximo
de un mes desde la solicitud.
Ya podemos correr para hacerlo.
Los plazos son muy cortos.
¿Puedo solicitar una junta ordinaria y extraordinaria
porque nadie me hace caso y necesito hacerla?
Sí, lo puedo hacer en el mismo escrito
y también es viable esa celebración conjunta
de ambas juntas, ordinaria y extraordinaria.
En cuanto al tercero, ya cambiamos un poco
el tipo de expediente judicial
y es el nombramiento y revocación del liquidador, auditor o interventor
de una entidad, regulado en los artículos 120 a 123,
que sirven para garantizar el control y continuidad
de la gestión de la entidad.
Aquí hay tres procesos,
pero la tramitación se armoniza porque básicamente es verdad
que están relacionados con tres procesos societarios distintos,
pero el expediente judicial básicamente sigue
el mismo procedimiento.
Igual será el procedimiento en la disolución de sociedades
porque se nombra un liquidador.
Con lo cual, en el momento de estudiar la materia,
tengan en cuenta que hay muchas similitudes
entre los distintos expedientes de jurisdicción voluntaria.
En cuanto al primer proceso, que es la liquidación,
aperturada la liquidación, se cesan a los administradores sociales,
pero necesita un liquidador para desarrollar este proceso.
El auditor se nombra anualmente por la Junta General antes del fin
del ejercicio a auditar y el interventor.
Se nombra para fiscalizar las operaciones
en caso de que se haya aperturado un proceso de liquidación.
En cuanto a la competencia, coincide con el anterior
en que es concurrencial y alternativa,
tanto en vía judicial
como registral.
Y para la legitimación, aquí sí que distinguimos también,
depende del proceso en el que estemos implicados.
El nombramiento o revocación de liquidadores
lo podrá realizar cualquier persona interesada,
porque al final es una liquidación de sociedad,
portando incluso hasta un acreedor.
En cuanto a los auditores distingue la norma entre sociedades
obligadas a auditar y sociedades no obligadas a auditar.
En las obligadas a auditar básicamente
cualquier persona, cualquier administrador
o cualquier socio y en sociedades anónimas
hasta el comisario del sindicato de obligacionistas.
En las sociedades no obligadas solamente podrán solicitarlo
los socios que representen un mínimo del 5% del capital social.
Y el nombramiento de interventores,
los accionistas con un mínimo del 20% de las obligaciones
o del capital.
En cuanto al procedimiento,
el contenido de la solicitud sí que se integra
y de ahí que sea preceptiva la postulación técnica
con abogado y procurador,
se necesita no sólo decir por qué inicia un procedimiento,
por qué necesita nombrar la figura,
sino cuáles son los requisitos de tal figura
y los documentos que justificarían dicha necesidad.
Tras la verificación y aceptación a trámites,
se procede con la comparecencia y se resuelve mediante decreto
por enlaje en el plazo de cinco días.
Lo importante aquí es que en ese momento, en ese decreto,
se incluye la designación nominativa de las personas.
Y aceptado el cargo expresamente, el LAG
expedirá certificación acreditativa de esa función
y además remitirá testimonio de la resolución
al registro mercantil competente para la inscripción.
Esto es importante
porque se repetirá el mismo proceso en el expediente relativo
a la disolución de sociedades.
En cuanto al cuarto, aquí este es otro proceso societario,
que es la reducción de capital social
y de la amortización o enajenación de participaciones o acciones.
Nos tenemos que ir a la normativa sectorial,
a la ley de sociedades de capital, en virtud de los artículos 124 y 125
de la ley de jurisdicción voluntaria.
Pero lo importante aquí no es la reducción del capital social,
sino el motivo que es por la autocartera ilícita.
¿Qué es la autocartera ilícita?
Cuando la compañía en determinados momentos
adquiere sus propias acciones para cuestiones varias.
Esta autocartera está prohibida por el artículo 134
de la ley de sociedades de capital sin perjuicio de que hay una serie
de excepciones por adquisición derivativa de acciones
o de participaciones propias.
Depende de si estamos en sociedades limitadas o sociedades anónimas.
Cuando estamos en una situación de autocartera ilícita,
la normativa sectorial mercantil
obliga a su enajenación obligatoria en un plazo máximo de un año,
desde la fecha de la primera adquisición.
Hay veces que las empresas hacen adquisiciones sucesivas.
La primera es la que marca el punto o el.
El primer día para contar el plazo.
Si transcurre este año sin la convocatoria de la Junta General
para la amortización de acciones o participaciones
con la consecuente reducción de capital social,
se exigirá que se haga en dos meses,
se les impondrá al Consejo de Administración.
Si transcurren estos dos meses sin tal acuerdo,
se instará el expediente de jurisdicción voluntaria,
con lo cual tenemos que ver que no es al primer momento,
sino transcurridos estos plazos,
impuestos por la normativa mercantil .
La competencia vuelve a ser concurrencial y alternativa,
judicial o registral,
a criterio de la persona interesada o que insta el expediente.
¿Y quiénes son estas personas?
Cualquiera.
Es una legitimación plural y general,
porque estamos ante una situación ilícita
que contraviene el ordenamiento.
También los administradores sociales sostentan no solo legitimación,
sino una obligación legal de promover el procedimiento de reducción
por otras cuestiones, por ejemplo, cuando la Junta General
hubiera adoptado un acuerdo contrario a la reducción
o cuando no hubiera sido posible alcanzar un acuerdo válido.
Y el procedimiento sigue los trámites generales,
o sea, los trámites de un expediente general
sin ninguna particularidad.
Por tanto, paso al siguiente expediente,
que es la disolución judicial de sociedades.
Aquí, como les he dicho, los artículos 125 a 128
también vuelven a remitir nuevamente a la ley de sociedades de capital
porque estamos ante un proceso societario.
Antes hemos hablado del expediente para nombrar un liquidador.
Aquí volvemos a iniciar conjuntamente ese procedimiento.
Entonces, parte de las cuestiones procesales
verán que se reiteran.
Tenemos que identificar cuáles son los escenarios
o las causas para liquidar,
para disolver una sociedad de manera judicial,
para poder entender el funcionamiento
y quiénes están legitimados para ello.
Los tres tipos son causas de disolución
de pleno derecho, por ejemplo, concurso de acreedores,
O transcurso de un año desde adopción del acuerdo de reducción
de capital social a una cifra inferior al mínimo legal
o cuando no se haya acordado la venta, por ejemplo,
de la autocartera ilícita.
Causas de disolución legales o estatutarias
cuando el ejercicio de la actividad social, que es el objeto social,
cesa, o sea, se termina,
por la paralización de órganos sociales,
por la muerte o imposibilidad de alguna.
De algún cargo directivo y por tanto que no pueda continuar,
la sociedad en funcionamiento normal
o la disolución por acuerdo de junta general.
La competencia aquí, bueno, esto legitima y termino porque así,
aunque me lo salte, disculpen, creo que puede ser mejor entendido.
La activa es administradores,
socios o cualquier persona con interés legítimo.
También es una legitimación amplia porque en el fondo
estamos ante un proceso de disolución judicial de una sociedad,
de la extinción de la misma.
Y la pasiva, obviamente, la sociedad afectada,
cuya disolución se solicita.
En cuanto a la competencia, aquí no hay
una competencia concurrencial, es judicial estrictamente,
siendo la sección de lo mercantil del Tribunal de Instancia del Domicilio
Social de la entidad.
Pero sí que hay un reparto funcional, que es el LAG tiene
la competencia para el impulso, ordenación y tramitación,
mientras que el juez lo tiene para la resolución.
Y aquí sí que tenemos.
El procedimiento tiene varias puntualizaciones
y es que admitida a trámite, obviamente se cita a comparecencia,
pero la resolución se realiza mediante auto judicial,
no mediante decreto de LAG,
en un plazo de cinco días, que es el mismo,
con indicación de las personas liquidadoras.
Por tanto, y recordemos como el expediente de nombramiento
de un liquidador, ese nombramiento supone aceptación expresa
del cargo tras el cual el laje expide una certificación acreditativa
y tramita o remite testimonio de la resolución
al registro mercantil competente para la inscripción por tanto ven
que muchas veces se repite pasando al sexto expediente
de jurisdicción voluntaria es la convocatoria
de una asamblea general de obligacionistas.
Igual aquí sigue las mismas pautas o pautas
parecidas al de la convocatoria de juntas generales,
pero en este caso
con varias particularidades que son importantes tener en cuenta.
Está regulado en el artículo 129.131 para garantizar precisamente
la convocatoria de la asamblea.
No sirve este expediente tampoco para cualquier otra cuestión relativa
a la empresa, solo para la convocatoria.
Ténganlo en cuenta y no me confundan los conceptos.
Se remite a la ley de sociedades de capital nuevamente para los casos
en los que las leyes permitan la convocatoria de asamblea general
y por tanto esta asamblea puede ser convocada por administradores
o por el comisario cuando la solicitud esté formulada
por aquellas personas que representen al menos el 20% de las obligaciones
emitidas y no amortizadas.
Esto supone, y atendemos a esto igual,
a la legitimación.
Quien pueda convocar una Asamblea General de Obligacionistas
podrá convocar o podrá instar el expediente
de jurisdicción voluntaria.
Por tanto, serán los administradores,
el comisario, pero también el conjunto de obligacionistas
con el superior al 20% de obligaciones emitidas
y no amortizadas.
Y la pasiva será la entidad emisora y, en su caso,
el comisario u órgano responsable de la convocatoria.
¿Ante quién formular este expediente?
Ante la sección de lo mercantil del Tribunal de Instancia del Domicilio
Social de la entidad.
En cuanto al procedimiento,
la solicitud escrita deberá contener,
otra vez, los motivos de la convocatoria,
pero además deberán adjuntar los estatutos sociales
y el reglamento del sindicato de obligacionistas,
lo cual es importante.
Este documento debe estar adjuntado a la solicitud.
Verificada, admitida, trámite
y comparecidas las partes ante sede judicial,
se resolverá mediante decreto del laje irrecurrible,
que si es estimatorio,
simplemente decretará la convocatoria a la Asamblea
con la posible designación de un nuevo comisario
en caso de que estemos en el segundo escenario.
La convocatoria deberá ser convocada dentro del plazo de un mes
desde la presentación de la solicitud con expresión del día,
lugar, hora y orden del día.
El séptimo, y ya vamos acabando,
es el robo, hurto, extravío y destrucción de título,
valor o representación de partes de socio.
Regulado en los artículos 132 y 135,
pero también la remisión a la Ley de Sociedades de Capital
nos obliga a identificar hasta tres escenarios.
Depósito, reconocimiento de efectos mercantiles, robo, hurto,
extravío de documentos al portador y extravío,
sustracción o destrucción de títulos valores.
¿Cuál es la finalidad?
Comprobar la desposición siempre involuntaria,
evitar esa transmisión a terceros no titulares y obtener un duplicado
de los mismos para poder ejercer nuestros derechos.
La competencia tiene el foro objetivo,
es el mismo,
el AC de la sección mercantil del tribunal de instancia,
pero la territorial, el foro está establecido,
depende del tipo de título.
Si estamos ante títulos de crédito será el lugar de pago,
títulos de depósito el lugar de depósito y títulos mobiliarios
el domicilio de la entidad emisora.
Pero hay una regla particular que es importante de cara a la solicitud
y es la única particularidad del procedimiento, que es
la en caso de denuncia previa, en caso de valores admitidos
a negociación en mercados secundarios oficiales,
donde la competencia puede recaer en la sociedad rectora
del mercado secundario oficial del domicilio de la entidad,
que comunicará al resto de las sociedades rectoras
que lo publicarán en el tablón de anuncios
para impedir la transmisión a terceros no autorizados.
No titulares de los bienes.
Por tanto, ¿quiénes podrán solicitar este expediente?
Los poseedores legítimos afectados, los usufructuarios
e incluso las entidades bancarias.
El procedimiento, como he dicho,
lo único que hay que tener en cuenta es que al documento
o en la solicitud en caso de denuncia previa hay que indicar el plazo.
¿Por qué?
Porque hay un plazo que transcurre de nueve días entre la denuncia
y la incubación de expediente.
Pasado este plazo no es posible incubar el expediente.
Y la resolución,
o sea, admitida a trámite con celebración de competencia,
la resolución será del LAG, no indicando las consecuencias
en virtud del título.
Aquí nuevamente tenemos dos precisiones
y es que después de la.
Si pasan seis meses desde el inicio del expediente
sin que haya ninguna controversia u oposición,
se autorizarán el cobro de rendimientos al solicitante,
pero si es un año sin oposición, se emitirán los nuevos títulos.
Un duplicado de los mismos que se remitirán a los titulares.
Y el último ya es el nombramiento de perito
en los contratos de seguro.
Aquí nos remite a la ley de contratos de seguro,
la ley de jurisdicción voluntaria, en concreto al artículo 38,
que establece unas obligaciones básicas para los afectados.
Tras el siniestro, el asegurado o el tomador debe comunicar
por escrito al asegurador la relación de bienes existentes
al momento del siniestro,
los bienes salvados y la estimación de daños.
¿Para qué?
Para buscar un acuerdo.
Si no se llega a un acuerdo, tenemos que nombrar unos peritos.
Si estos peritos no llegan a un acuerdo,
se nombrará el perito de conformidad,
que si tampoco llega a un acuerdo,
si los peritos no nombran a este tercer perito de conformidad,
entonces podemos promover este expediente
de jurisdicción voluntaria.
La legitimación solamente,
porque el resto es igual, la legitimación solamente recae
sobre las partes del contrato de seguro que son asegurado
y tomador por cuenta ajena.
En este caso las partes pueden comparecer por sí mismas,
en el expediente no se requiere
y es la única excepción a la postulación preceptiva,
por tanto aquí es potestativa.
En cuanto al procedimiento, la solicitud es sencilla,
indicando los motivos por los cuales hemos desembocado
en un expediente de jurisdicción voluntaria
y admitida a trámite lo que tenemos es que se cita comparecencia
y aquí el juez exhortará a las partes a llegar a un acuerdo
para nombrar ese perito.
Si no hay un acuerdo, lo nombrará el juez
y el perito deberá aceptar expresamente al cargo
donde el LAG expedirá certificación
y el perito emite dictamen.
En el marco de 30 días.
Por tanto, vemos, y con esto finalizo,
que todos los expedientes de jurisdicción voluntaria
están regulados, pero en materia mercantil
están regulados en la ley de jurisdicción voluntaria,
pero deben también complementarse con la normativa sectorial
y en algunos asuntos incluso coinciden en la regulación.
Espero que les haya gustado
y cualquier cosa estoy a su disposición.
Muchas gracias.