Hola, ¿qué tal?
Soy Julio Ferreiro, soy profesor de Derecho Procesal de
la Universidad EDA Coruña y en este vídeo os voy
a exponer los aspectos principales de la unidad 17 de este
Derecho Procesal Justicia Civil número 2, que es la introducción
a los expedientes de jurisdicción voluntaria
y concretamente los expedientes en materia de personas.
La idea en estos 20 minutos más o menos que vamos a tener
es que os explique más o menos la estructura general
de los expedientes de jurisdicción voluntaria y después en la medida
en que nos quede algo de tiempo pues intentaré también
hacer alguna mención a las cuestiones más relevantes
de algunos de estos expedientes.
Si le habéis echado un ojo al libro,
veréis que hay un montón de expedientes en este tema,
seguramente no vamos a poderlos ver todos en este vídeo,
pero sí que algunos, los principales o los más interesantes,
vamos a hacer alguna mención.
Bueno, como os decía,
vamos a introducirnos en la jurisdicción voluntaria.
Por tanto, lo primero que tenemos que pensar es
qué es la jurisdicción voluntaria.
¿Cómo diferenciamos la jurisdicción voluntaria
de la así llamada jurisdicción contenciosa?
Bueno, lo que tenemos aquí, o lo que vamos a ver,
es una serie de procedimientos.
La ley de jurisdicción voluntaria los llama expedientes,
no los llama procesos.
No va a haber mucha diferencia,
pero vamos a ajustarnos a la terminología legal
que habla de expedientes.
Experientes donde, en principio, no hay una controversia,
es decir, no estamos en un pleito en el sentido clásico del mismo,
pero lo que sí que va a haber es la necesidad de una intervención
judicial para provocar un cambio en el ordenamiento jurídico
o un cambio en una situación que afecta
a las personas interesadas.
Por lo tanto,
vamos a ver que son procedimientos muy sencillos,
con muy poca formalidad y donde no hay, en principio,
ya os digo, un litigio, sino que hay esa necesidad
de que una persona se dirije a un órgano jurisdiccional
para lograr algo, lograr un cambio.
Algo que no puede, de acuerdo con la ley,
hacer por sí misma, sino que necesita de esa intervención judicial.
Lo primero que vamos a hacer es, por lo tanto,
ver cómo se configura este procedimiento.
Aunque hay diversas especialidades
a lo largo de la ley de jurisdicción voluntaria,
vamos a ver que hay un procedimiento común para todos ellos
y que después lo que hay es alguna adaptación dependiendo
de la materia concreta a la que nos estemos refiriendo.
Por lo tanto,
el procedimiento genérico es este que os voy a comentar,
que es, repito, muy sencillo, muy poco formalista.
Por decirlo así, a un juicio verbal.
No es exactamente como un juicio verbal,
pero recuerda bastante.
En los expedientes que vamos a ver en esta lección,
siempre va a haber un órgano jurisdiccional.
Digo esto porque en otros expedientes de jurisdicción voluntaria,
que regula también la ley de jurisdicción voluntaria,
puede intervenir un registrador, puede intervenir un notario,
pero no es el caso, porque aquí vamos a ver que son procedimientos
que están muy relacionados con los derechos de las personas
y con la situación jurídica de personas,
especialmente vulnerables ya sea porque son menores de edad
ya sea porque son personas con discapacidad
por lo tanto siempre vamos a tener un tribunal
un órgano jurisdiccional que además va a ser para casi todos los casos
el tribunal de instancia la sección civil
o en muchos casos y lo iremos viendo la sección de infancia capacidad.
Y familia allí donde las haya
porque como bien sabéis no siempre en todas las circunscripciones
tenemos una sección especializada en familia infancia y capacidad
y después no siempre será un juez
o una jueza quien resuelva porque hay determinados supuestos por ejemplo
en el nombramiento de defensor judicial
donde las decisiones no las toma el juez o la jueza
sino un letrado o una letrada de la administración de justicia.
En general, en todos estos procedimientos,
el letrado de la Administración de Justicia
tiene una relevancia importante en la tramitación,
es quien admite a trámite la solicitud inicial,
es quien valora si hay cuestiones que deben ser subsanadas o no,
quien da impulso al procedimiento,
pero la mayoría de ellos después es el juez o jueza
el que acaba presenciando la prueba y decidiendo.
Pero en algunos, ya digo,
va a ser el letrado de la Administración de Justicia,
lo vamos a ver en cada caso específicamente.
En cuanto al órgano jurisdiccional,
también es importante que en estos supuestos
la competencia objetiva y territorial es improrrogable.
Lo de que la competencia objetiva es improrrogable ya lo sabemos,
porque es así también en el proceso contencioso,
vamos a llamarle.
Pero la competencia territorial
normalmente en el proceso civil es disponible por las partes.
Es decir, las partes pueden acordar ir a un determinado territorio
en lugar de a otro.
Esto no pasa con la jurisdicción voluntaria.
En los expedientes de jurisdicción voluntaria la competencia territorial
va a ser improrrogable, por lo tanto controlable de oficio
por parte del letrado de la Administración de Justicia
y posteriormente en los casos donde deba resolver por el juez
o la jueza, pero además esta competencia
va a estar atribuida en muchos casos al domicilio,
al lugar del domicilio donde está la persona interesada.
Va a haber también aquí alguna regla especial que si nos da tiempo
iremos viendo.
Por tanto, ya tenemos claro cómo funciona desde el punto de vista
del órgano jurisdiccional,
quién es, en los expedientes de jurisdicción voluntaria
sobre las personas, repito, siempre un órgano jurisdiccional.
La siguiente cuestión es las partes.
La ley también evita denominar las partes.
Les llama intervinientes, interesados, interesadas.
En realidad las partes van a ser los titulares de derechos
e intereses legítimos.
Es decir, aquellas personas que acuden porque tienen un interés
o un derecho reconocido por la ley.
Y que van a pedir esa intervención judicial para hacer valer ese interés
o ese derecho.
Y a veces personas que no son los que tienen
el derecho exactamente,
pero que tienen una relación con la persona interesada principal.
Por ejemplo, en caso de personas con discapacidad,
imaginemos un procedimiento para solicitar medidas de apoyo,
pueden ser los familiares de la persona con discapacidad
las que acudan al juez o a la jueza para poder
solicitar esa adopción de medidas de apoyo
a una persona que no puede por sí misma
realizar actos jurídicos.
Dado que estamos hablando en muchos casos de menores
y estamos hablando también de personas con discapacidad,
hay alguien que va a intervenir casi siempre,
que es el Ministerio Fiscal.
El Ministerio Fiscal,
que sabemos que en su Estaduto Orgánico
tiene atribuida esa facultad de velar por las personas vulnerables
y, por lo tanto, menores y personas con discapacidad,
va a intervenir en muchos de estos procedimientos.
O porque hay cuestiones de orden público, por ejemplo,
en una declaración de fallecimiento.
Esa cuestión de orden público
que no implica una persona vulnerable necesariamente también va a provocar
la entrada y la intervención del Ministerio Fiscal.
Estas personas interesadas.
Partes, podríamos decir, deben acudir con representación
y con asistencia letrada.
Pues en la práctica mayoría de los casos,
no.
Os decía antes, es un procedimiento súper sencillo.
Y como es un procedimiento tan sencillo,
se intentan evitar formalidades innecesarias.
Y el legislador ha considerado
que una de estas formalidades es la representación a través de letrado
o de letrada, perdón, o de procurador y procuradora
y la asistencia de abogado o abogada.
En todo caso, va a haber excepciones,
va a haber procedimientos donde la ley diga expresamente aquí
se necesita abogado y procurador y después dependiendo
de cómo evolucione el expediente de jurisdicción voluntaria
también se puede establecer la necesidad de abogado
abogada procurador procuradora y es cuando exista una oposición
es decir cuando el expediente de jurisdicción voluntaria deje
de ser.
Ese procedimiento donde no hay intereses contrapuestos
para incluir un elemento de controversia,
que es perfectamente posible en la mayoría de ellos, ahí ya se va
a hacer necesaria la intervención de los profesionales del derecho.
Y después, cuando existan recursos contra la resolución
que finalmente se dicte por parte del órgano jurisdiccional,
también ahí, si hay ese recurso, si está recogido
en la ley y si se plantea por las personas interesadas,
Dado que muchas veces las personas que intervienen van a ser personas,
como ya he dicho antes, con discapacidad,
la ley también prevé esto.
A partir de esta reforma tan importante que ha habido
en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a los derechos
de las personas con discapacidad, en cuanto a darles mayor
protagonismo a su voluntad y también de facilitar su intervención,
la ley recoge la necesidad de adaptar el procedimiento
a las personas con discapacidad.
¿Cómo se realiza esta adaptación?
Pues de varias maneras.
En principio,
lo que hará el órgano jurisdiccional es establecer una evaluación
de las necesidades de esa persona con discapacidad
y después realizar esas adaptaciones en materia de comunicación.
Pues, por ejemplo, si es una persona con déficit de visión,
pues.
Con el procedimiento de braille, con el lenguaje braille.
Si es una persona con síndrome del espectro autista,
pues a lo mejor a través de pictogramas comunicarse.
Después también con apoyos, es decir,
las personas que realizan los apoyos a las personas discapacitadas,
pues también tendrán esa posibilidad de intervenir en el proceso
o en el procedimiento.
Y, por último, la ley recoge la figura
de las personas facilitadoras.
Las personas facilitadoras son profesionales,
profesionales que pueden intervenir en el proceso,
no representando a la persona con discapacidad,
sino ayudando a que esta persona con discapacidad
entienda lo que sucede en el procedimiento judicial
y también a que se comunique de modo coherente
y de modo pertinente con el órgano jurisdiccional.
Por lo tanto vemos
que en cuanto a las intervinientes hay mucha amplitud
porque vamos a ver que en los procedimientos
cualquier persona con un interés en intervenir en ese procedimiento
va a estar legitimada para hacerlo y además con esa especial atención
a las personas con discapacidad.
¿Cómo se inicia un expediente de jurisdicción voluntaria?
Podríamos hacer la similitud con un proceso judicial
y decir que se inicia por demanda,
pero aquí la ley no le llama demanda.
Nuevamente, intentamos rebajar la formalidad,
el formalismo de estos expedientes y le llama solicitud inicial.
Por lo tanto, una persona que desee iniciar un procedimiento
de jurisdicción voluntaria va a presentar una solicitud.
En algunos casos, en muchos casos serán las personas interesadas,
pero también es posible que sea el Ministerio Fiscal,
también es posible incluso la iniciación ex oficio.
Por ejemplo, en un caso de que una persona con discapacidad
o un menor, imaginemos, esté en un proceso
y no tenga representantes legales, el nombramiento de defensor judicial
en ese procedimiento se hará a ex oficio,
se hará iniciativa del propio órgano jurisdiccional.
¿Cómo es una solicitud inicial de un procedimiento
de jurisdicción voluntaria?
Pues súper sencilla.
Es un documento donde el interesado o la interesada va a establecer
cuáles son los hechos relevantes y va a pedir algo al juez.
Dependiendo del procedimiento concreto,
pues la petición, evidentemente, será diferente.
Con esta solicitud se deben incluir también los documentos relevantes.
¿Es necesaria la inclusión de argumentos jurídicos?
No en la mayoría de los casos.
Es decir, cuando no sea obligatorio el uso de abogado y procurador,
entonces no va a hacer falta que el particular, que es lego
en derecho, que no entiende,
pues vaya a pedir algo fundamentado en derecho.
Evidentemente siempre habrá una fundamentación jurídica ahí,
pero no es necesario explicitarla.
Para ayudar a estas personas legas en derecho,
lo que habrá a su disposición
en los órganos jurisdiccionales son formularios,
formularios que faciliten la labor de redactar esa solicitud inicial.
La solicitud será revisada por el letrado de administración
de justicia, que la admitirá si no hay ningún problema formal
y, en caso contrario,
le permitirá a las partes subsanar los problemas que pueda haber.
Aunque en principio cada expediente será único
y versará sobre un caso concreto,
la ley recoge la posibilidad de acumular expedientes, ¿no?
Y por lo tanto,
que cuando haya varios supuestos que están relacionados entre sí,
se tramiten de modo conjunto.
Pues imaginemos, ¿no?
La cesación de un curador, el nombramiento de otro curador,
la rendición de cuentas del curador que se cesa
y la prestación de su consentimiento por parte del nuevo curador.
Son, en principio,
elementos que deberían tener su propio procedimiento
cada uno de ellos, pero al estar relacionados y ser,
por ejemplo, con respecto a una misma persona con discapacidad,
pues pueden, evidentemente, tramitarse en su conjunto.
A veces podrá haber un expediente de jurisdicción voluntaria
que se tramite
y que surta efectos a posteriori.
Y por tanto la ley regula algo parecido a la litispendencia
y la cosa juzgada.
No les llama así,
nuevamente se intenta rebajar la formalidad.
Lo que va a hacer la ley es establecer
cuáles son los efectos de un expediente
sobre los que se quieran tramitar voluntariamente.
Sobre los mismos hechos en paralelo o a continuación.
Y lo que nos dice la ley es que una vez que se inicia
un procedimiento sobre unos determinados hechos,
no se podrá iniciar otro nuevo procedimiento
sobre los mismos hechos.
Y una vez que ha terminado un procedimiento sobre unos hechos,
no se podrá iniciar otro expediente de jurisdicción voluntaria
sobre esos mismos hechos.
Por lo tanto, es una especie de.
Cosa juzgada qué pasa la situación cambia cuando hablamos de los efectos
de un expediente de jurisdicción voluntaria
sobre un proceso contencioso
porque un expediente de jurisdicción voluntaria no causa efectos de causa
juzgada sobre un proceso contencioso por lo tanto es posible revisar
a través de un proceso judicial estricto
senso lo que se ha decidido ya en un expediente de jurisdicción
voluntaria imaginemos.
Un establecimiento de medidas de apoyo para personas
con discapacidad.
Pues es perfectamente posible que esto se trate en un expediente
de jurisdicción voluntaria, pero después alguna de las personas
interesadas o la propia persona con discapacidad que no esté conforme
con el resultado acuda a un proceso contencioso,
esta vez lo que sería el equivalente al antiguo juicio de incapacitación
y pueda modificar las medidas que se han tomado
en el expediente de jurisdicción voluntaria.
El acto principal de un expediente de jurisdicción voluntaria
es la comparecencia, también súper sencilla,
súper informal, en principio basada en las normas del juicio verbal,
pero con mucha mayor flexibilidad
para que intervengan cualquiera de las personas involucradas.
Interesadas para que se celebre la prueba,
incluso para que el propio órgano jurisdiccional pueda celebrar
prueba de oficio, sobre todo allí donde estén en juego
los intereses de menores o personas con discapacidad,
y es en esta comparecencia donde también, si es necesario,
se va a realizar la declaración o la exploración de esta persona
interesada que es menor de edad o que tiene una discapacidad.
Y una vez que el juez o el letrado de la Administración de Justicia
observa toda la prueba, va a dictar su resolución.
La resolución tendrá forma de decreto
cuando la dicte el letrado de la Administración de Justicia,
tendrá forma de auto cuando la dicte un juez o una jueza.
Lo mismo pasa con los recursos.
Si es un decreto, el recurso que corresponde
será el de revisión.
Si estamos hablando de un auto,
el recurso que corresponde es el de apelación.
Después, estas decisiones podrán ser ejecutadas
en la medida que se necesite de tal ejecución,
aunque la ejecución siempre será definitiva.
No procede nunca a ejecución provisional.
Por lo tanto, cuando la cuestión se vaya a.
Recurrir, quedará en suspenso esa ejecución
sin perjuicio de que el juez o el órgano judicial
pueda tener la posibilidad de dictar medidas cautelares
o algún tipo de medidas provisionales
para asegurar las funciones esenciales
o para las situaciones que se den en la práctica.
Por lo tanto, como veis, el procedimiento es súper sencillo,
el procedimiento es muy informal y el procedimiento
lo que intenta es tutelar las situaciones jurídicas
a las que estas personas que acuden a la jurisdicción voluntaria
se ven sometidas.
No vamos a entrar ya en los procedimientos concretos
porque se nos está agotando el tiempo,
los podéis ver en el libro.
Seguramente el principal es este primero que tenéis aquí,
el de previsión de medidas judiciales de apoyo a personas
con discapacidad.
Es un procedimiento que viene a sustituir al antiguo proceso
de incapacitación, Pero, al mismo tiempo,
es un procedimiento que es subsidiario con respeto
a cómo se toman hoy en día, de acuerdo con la legislación civil,
las medidas de apoyo a personas con discapacidad, que son
o bien a través de la Guardia de Derecho
o bien a través de la propia iniciativa privada
de la persona con discapacidad.
Cuando esto no sea posible
o cuando no haya un acuerdo entre todas las personas
interesadas, por ejemplo, la familia de la persona con discapacidad
no está de acuerdo con cómo esta persona con discapacidad
está regulando su propia situación o simplemente no tenga
la capacidad material para hacerlo,
pues se puede acudir a este procedimiento antes de acudir
a un proceso judicial.
Nada, repito, son muy sencillos los supuestos,
supuestos de todo tipo,
desde la autorización para donar órganos entre personas vivas,
para el cambio de asignación de sexo para menores de 14 años,
es decir, ya digo,
situaciones donde se requiera esa resolución judicial,
pero no haya realmente un conflicto.
Lo que haya es una necesidad de supervisión
por parte del órgano jurisdiccional de esa situación de hecho
o de derecho sobre la que versa el procedimiento
de jurisdicción voluntaria.
Y hasta aquí este vídeo que damos desde luego todo el profesorado
a vuestra disposición para poder ampliar,
comentar o resolver las dudas que el manual no puede hacer.
Muchísimas gracias por vuestra atención.