Hola, buenas, ¿qué tal?
Soy Suscordeñana, profesor de Derecho Procesal
de la Universidad del País Vasco y dentro de este proyecto
tan ilusionante y divulgativo de ciencia abierta,
Derecho Procesal, Justicia Civil, Procesos Especiales, les voy a hablar
de la conciliación en el ámbito privado de la jurisdicción.
Les planteo, en primer lugar, analizar la conciliación en general,
para después incidir en la conciliación
como requisito preprocesal, requisito de procedibilidad,
que, como saben ustedes, ha impuesto la Ley de Eficiencia del
Servicio Público, la 1-2025.
Para terminar ahondando en la conciliación que se hace
en sede judicial.
La conciliación que se practica siendo conciliador o conciliadora
el juez o la jueza de paz o el letrado o la letrada
de la administración de justicia.
Con esta sistemática empezamos hablando de la conciliación
como mecanismo extrajudicial.
La conciliación es un procedimiento de resolución del conflicto jurídico
en el que las partes en conflicto acuden a un tercero,
el third neutral, que puede ser una o más personas,
que les ayuda mediante el diálogo a solventar su conflicto.
Varias ideas básicas.
Les ayuda, no impone.
Se basa la resolución al conflicto en el acuerdo
y en las previas cesiones mutuas.
Estamos, por tanto, ante un mecanismo autónomo
de resolución de conflictos, cuya principal ventaja
es que se hace justicia a la carta.
Las partes eligen al tercero o a la tercera,
eligen el entorno y en un consenso
y en un entorno flexible intentan llegar a un acuerdo.
Esta construcción de la conciliación como mecanismo extrajudicial
la tenemos que ubicar en el entorno americano
y en el movimiento global y globalizador
Alternative Dispute Resolution.
Finales del siglo XX, ya en Estados Unidos,
tienen claro que la jurisdicción, el poder judicial,
presenta muchas debilidades y no satisface a la ciudadanía.
Y constatando este hecho
se preguntan cómo mejorar la función jurisdiccional,
la labor de jueces y juezas tan importante
en un estado de derecho.
Y la solución a la que llegan es que por muchos medios
materiales que se pongan manos del Poder Judicial,
éste por sus características siempre funciona igual.
De ahí que entienden que la mejor forma
de mejorar la jurisdicción es fomentar
los mecanismos extrajudiciales, fomentar la solución consensual,
la solución dialogada fuera de los tribunales.
Muy importante, muy importante,
nunca, nunca, entonces en Estados Unidos,
actualmente, cuando defendemos los mecanismos extrajudiciales
y la conciliación en general,
nunca podemos prescindir del poder judicial.
No hay justicia en un estado de derecho sin poder judicial.
Por tanto,
la conciliación es un campo que puede presentar muchas ventajas
y que puede ayudar en muchos conflictos,
pero siempre con una primera premisa,
y es con control y auxilio judicial.
Por tanto, en Estados Unidos,
entonces, en este movimiento de ADR, Alternative Dispute Resolution,
dijeron, vamos a fomentar la vía extrajudicial
y la conciliación en particular.
Muy importante en esta configuración mundial de la conciliación.
En Estados Unidos no se distingue mediación y conciliación.
Hablamos de un único mecanismo autónomo,
en el que las partes acuden a un tercero,
una tercera persona, que no impone una solución,
sino que ayuda a consensuar una solución.
Les digo de paso,
como todos ustedes saben, la única forma extrajudicial
heterónoma en la que un tercero impone una solución es el arbitraje.
Pero no vamos a hablar del arbitraje,
estamos hablando de la conciliación.
Y quiero terminar esta presentación de la conciliación.
Haciéndoles saber que estamos ante un mecanismo aplicable
a cualquier ámbito del derecho.
Cierto es que en el ámbito penal se habla más de mediación penal,
pero podríamos hablar de conciliación penal.
No hay ninguna duda para hablar de conciliación civil,
conciliación laboral o administrativa.
Dicho esto, a partir de ahora nos centramos,
como corresponde a este temario
y a esta serie de ciencia abierta de derecho procesal,
nos centramos en el conflicto jurídico privado.
Luego vamos a ver cómo se solventa conflictos civiles y mercantiles
mediante la conciliación.
Dicho esto, Dicho esto, dejamos el origen,
dejamos el sistema anglosajón y nos venimos a España,
al ordenamiento jurídico español.
Y en el ordenamiento jurídico español la gran novedad,
Ley Orgánica 1 barra 2025,
de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia
es que en el ámbito civil, en el derecho privado,
para solventar conflictos generalmente disponibles,
el legislador,
la legisladora nos ha impuesto el requisito de procedibilidad.
Esto quiere decir que como norma general
y con algunas excepciones que ustedes conocen,
para poder interponer una demanda civil es obligatorio, previamente,
intentar llegar a un acuerdo con algún mecanismo extrajudicial.
Hay abundantes mecanismos extrajudiciales.
Como ustedes saben, la Ley Orgánica 1.2025 concibe
los mecanismos extrajudiciales en sentido amplio
y permite utilizar muchísimos, tipificados o explicados
en la propia Ley Orgánica o incluso aquellos reconocidos
en otras leyes estatales o autonómicas.
Dicho esto, lo cierto es que la Ley Orgánica de las Medidas de
Eficiencia del Servicio Público de Justicia reconoce la conciliación
ahora atomizada, atomizada en el sentido
de que el conciliador puede ser un notario.
O una notaria,
un registrador de la propiedad o una registradora de la propiedad,
una letrada de la administración de justicia o un letrado,
un juez o una jueza de paz o incluso una persona privada.
Aunque nos vamos a centrar en la conciliación
ante el juez de paz, la jueza de paz o el letrado o letrada,
brevemente y para que ustedes puedan comparar
y puedan conocer la forma de cumplir este requisito de procedibilidad,
Unas palabras para cada una de estas modalidades.
La primera, la conciliación ante notario y notaria.
La especialidad es que el CERN neutral, el conciliador,
la conciliadora, es un notario.
Un notario que, por tanto, esta actividad de conciliación
se regula en la ley del notariado de 1862.
Esta ley nos dice que.
Que el notario o notaria puede mediar en conflictos disponibles
en cualquiera de las materias disponibles.
La ley, concretamente, habla de materia o controversia
contractual, mercantil, sucesoria o incluso familiar.
No podrían actuar como conciliadores en otras materias
y, más concretamente, en materias de orden público
o indisponibles.
Nos dice la ley del notariado que si llega a un acuerdo
se plasmará en una escritura pública que es ejecutable
en cuanto título extrajudicial conforme a la ley
de juiciamiento civil.
Bastante parecida la regulación de la conciliación ante registrador,
registradora de la propiedad.
En este caso, el tercero neutral, el conciliador-conciliadora,
es un registrador o una registradora.
Y nos encontramos con esta conciliación ordenada
o regulada en la ley hipotecaria
y más concisa o concretamente en un único artículo.
El artículo 103 bis regula la actividad conciliadora
de estos profesionales.
De una manera muy similar a la de los notarios y notarias.
Se trata de llegar a un acuerdo,
en este caso ante un registrador o registradora,
y sobre materias disponibles.
Dice el 103bis que puede ser una controversia sobre materia
inmobiliaria, urbanística, mercantil o sobre hechos registables
en cualquier registro, sea bien el de la propiedad,
el mercantil o cualquier otro.
Interesantemente, este 103bis
nos dice que esta conciliación es totalmente compatible
con la conciliación que realizan notarios y notarias, secretarios,
letrados y letradas judiciales.
Nos movemos en el mismo ámbito privado del derecho,
la única diferencia
es el tercero que solventa el conflicto.
En caso de llegar a un acuerdo ante el registrador,
el registrador lo certifica y ese certificado
es título ejecutivo extrajudicial a ejecutar
conforme la ley de juiciamiento civil.
Terminamos, antes de profundizar en la conciliación que nos interesa
en esta lección, la conciliación ante juez de paz
o jueza de paz o letrado o letrada de la Administración de la Justicia,
hablando de la conciliación privada.
Muy importante.
Figura creada.
Tipificada actualmente si quieren,
utilizando un término del derecho penal,
por la propia ley de eficiencia.
Su artículo 15
reconoce a los ciudadanos y ciudadanas,
a los justiciables, la posibilidad de acudir, dice literalmente,
a una persona con conocimientos técnicos o jurídicos relacionados
con la materia de la que se trate para intentar negociar para llegar
a un acuerdo.
Y este artículo 15 nos da más detalles sobre este conciliador
o conciliadora privada.
Nos dice que en este caso la conciliación es unipersonal,
luego solo un tercero, una persona, hombre o mujer,
va a actuar como tercero.
Se dice que ese tercero
tiene que estar registrado, inscrito como ejerciente
en un colegio profesional o incluso como mediador o mediadora.
Se dice que tiene que ser imparcial,
que su actividad es secreta y confidencial,
que deba aceptar el cargo, que es responsable,
y nos da unas pautas sobre este artículo 15,
cómo ha de desempeñar su labor.
No vamos a profundizar,
para reservar el tiempo para profundizar,
La conciliación que nos interesa, que es el objeto de este tema,
pero les puedo decir que se prevé una sesión inicial,
que luego se prevé cómo va a dirigir el resto de las sesiones,
cómo puede proponer una solución, cómo debe recoger las actas.
Todo lo tienen en el artículo 15 de la ley de eficiencia.
Llegamos ya, por fin,
a la conciliación objeto de este manual de ciencia abierta
y de este tema, que es la conciliación en el proceso civil.
En primer lugar, principios básicos.
Estamos hablando de una conciliación
privada en base al principio dispositivo.
Una conciliación que puede tener lugar antes del pleito
para evitarlo, incluso en el pleito.
Podemos hablar de una conciliación preventiva o preprocesal
o una conciliación intraprocesal.
Hablamos del mismo mecanismo.
Hablamos de un mecanismo autónomo
en el que una tercera persona nos ayuda en el diálogo
a las partes para llegar a un acuerdo.
No es nada nuevo, ahora se ha establecido otra vez
con cierta polémica esta conciliación como requisito de procedibilidad,
pero ya la Constitución de Cádiz aludía a ella
y las leyes rituarias civiles, tanto la de 1855
como la de 1881,
también aludían a la misma.
En cualquier caso, actualmente es requisito de procedibilidad
y se regula en la ley de la jurisdicción voluntaria.
La conciliación que les voy a explicar, que es aquella en la que
el tercero, la tercera persona que auxilia en el diálogo
que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo
es el juez o la jueza de paz o el letrado o letrada
de la administración de justicia se regula en la 15 barra
2015 por tanto es un expediente de jurisdicción voluntario
no hay contencioso en cuanto tal no hay dualidad de posiciones
no hay un proceso sino hay un procedimiento de negociación
y en ese procedimiento de negociación la ley será de aplicación supletoria
y muy importante.
En todo lo relativo al requisito de procedibilidad,
también aplicaremos el artículo 5 a 11
de la Ley de Eficiencia.
¿En qué ámbito se actúa, se marca en esta conciliación?
Les decía, derechos disponibles.
Se trata de alcanzar un acuerdo para evitar el pleito.
Y solo se puede utilizar con estos fines.
El 139 de la ley de la jurisdicción voluntaria
prohíbe utilizarlo de otra forma.
Y lo vincula, lógicamente, con materia disponible.
En sentido contrario,
se prohíbe cuando haya personas menores
o personas con discapacidad con medidas de apoyo
para el ejercicio de su capacidad jurídica,
igual que se prohíbe cuando los interesados
en el conflicto son personas jurídicas públicas,
es decir, Estado, comunidades autónomas
y otras administraciones, corporaciones o instituciones
de derecho público.
Por demás, la competencia jueces y juezas de paz y letrados
de administración de la justicia.
Letrados de la administración de la justicia
de las secciones civiles, homistas, civil e instrucción
y mercantiles.
Ningún otro letrado.
Solo ellos, junto a los jueces de paz y las jueces de paz,
tienen esta competencia.
Muy interesante el reparto de competencia
teniendo el criterio objetivo y territorial.
Fácilmente identificamos los letrados de la sección mercantil
del Tribunal de Instancia,
conocerán de conciliaciones en competencia de sus materias,
sin perjuicio de la cuantía,
siempre que sea materia de derecho mercantil,
de la sección de lo mercantil.
Digo porque tenemos que distinguir el derecho mercantil
de las competencias de lo mercantil,
que son más polémicas y no son todas las que atienen o las que se refieren
al derecho mercantil propiamente dicho.
Los jueces de paz conocerán de conflictos de su municipio,
de conciliaciones relativas
a conflictos de su municipio hasta 10.000 euros,
pero nunca en materia mercantil.
Los letrados de la sección civil o mixta conocerán
de aquellos conflictos que no conocen los jueces de paz,
porque la competencia territorial del juez de paz es su municipio
y la del letrado,
pues en su caso el partido judicial o el ámbito territorial
del tribunal de instancia.
Dicho esto, si son personas jurídicas las que están en conflicto,
será competente también el juez o el letrado de aquel lugar
en el que esta persona jurídica pública
tenga una sucursal, establecimiento u oficina
abierta al público.
También, si son varias las personas requeridas,
el solicitante puede elegir el territorio que quiera para elegir
de demandar, no, perdón, para pedir la conciliación contra todas.
Y todas estas normas son just cohen, son normas de derecho público.
Es decir, hay que respetarlas, si no, no sería adecuada,
no sería conforme a derecho esta conciliación.
Hay que solicitar esta conciliación, tanto ante el juez
como ante el letrado, por el principio dispositivo,
es decir, por la autonomía de las partes,
se pide expresamente por escrito,
dando los datos personales del solicitante
y de los solicitados, sus domicilios a efectos de conciliación
y, muy importante, autorización.
Haciendo referencia al objeto de conciliación,
en qué conflicto queremos llegar a un acuerdo.
Interesantemente, la ley de jurisdicción voluntaria
prevé la posibilidad
de que haya impresos normalizados al efecto,
diciendo que en esos casos no habrá que fundamentar la petición.
En cualquier caso, muy importante, y nos lo dice la ley de eficiencia,
para que esta conciliación sirva para cumplir
el requisito de procedibilidad,
tiene que haber una identidad en el objeto y en las personas,
tanto en el expediente de jurisdicción voluntaria
de conciliación como en la posterior demanda civil.
Es posible acompañar documentos a esta solicitud de conciliación,
no se requiere postulación.
Y es posible la entrega virtual de esa solicitud o la entrega física
en la propia oficina de justicia municipal
para el juez de paz y en el juzgado ahora sección correspondiente
para las secciones civil, mixta o mercantil.
De seguido, en plazo de cinco días,
el juez mediante auto o el letrado mediante decreto admite
o inadmite la solicitud.
La admitirá si es de su competencia, si la solicitud es correcta
y si el objeto del conflicto es materia indisponible.
En caso contrario,
incluso si no se entregan las compras,
Si es incompetente, si la materia es indisponible,
no se admitirá la solicitud.
Posible que se nos pida subsanación.
Cinco días y si se subsana, se admitirá.
Si no se subsana, se tendrá por no presentada la solicitud
y se archivarán las solicitudes.
En cualquier caso, la inadmisión siempre es recurrible.
Contra el auto que inadmite del juez de paz cabe apelación
y contra el decreto deletrado de la Administración de Justicia
que no se admite cabe revisión.
Pero pongámonos en el sentido positivo.
Pensemos que se admite la solicitud.
En ese caso, en la propia admisión,
en ese autodecreto, se cita a las partes,
a la persona requirente y requerida,
señalando el día y hora de la conciliación.
Muy importante, dos fechas,
entre la citación y la celebración.
Al menos tiene que haber cinco días
y la celebración se ha de producir en el plazo de diez días
desde la admisión de la solicitud.
El acto de conciliación se celebrará ese día.
Ante el órgano viene la sede del Tribunal de Instancia
o la Oficina de Justicia Municipal.
Es posible utilizar medios telemáticos
y la ley nos dice qué pasa si hay incomparecencias,
si no desaparecen.
Aparece en este acto el requirente, se archivará el expediente.
Si no aparece la persona requerida, se entenderá que se ha intentado,
pero que no se ha obtenido efecto,
que no se ha obtenido acuerdo en esa conciliación.
Y si no acude ninguno de los dos,
supondrá que hay un desistimiento del requirente.
Posible, pues porque las dos partes
o una de ellas justifican un retraso,
pues que se retrase y que en los cinco días siguientes
de la suspensión del acto se vuelva a celebrar.
Estando las dos partes presentes,
se va a celebrar de una forma muy sencilla.
Primero interviene el requirente,
la persona que ha pedido esa conciliación
y expondrá qué quiere
y por qué quiere, a lo que responderá el requerido.
Y así las dos partes, de una manera natural y sencilla,
siempre.
Con la moderación del juez, la jueza o el letrado,
podrán intervenir, hablar, incluso presentar documentos
con derecho a réplica y contra réplica.
Posibilidades, llegar a un acuerdo, no llegar a un acuerdo
o llegar a un acuerdo parcial.
De todo ello, de cualquiera de estas posibilidades,
dará fe el acta final de conciliación y.
Si no llegamos a un acuerdo y hay unos gastos,
pues será la persona que instó el expediente
el que tendrá que abonarlos.
Y si no los abona, el perjudicado incluso podría ir a un pleito civil.
No se llega a un acuerdo,
también tendríamos cumplido el requisito de procedibilidad.
Recuerdenlo, conforme a la ley de eficiencia,
en un año habría que interponer la demanda,
salvo que se haya solicitado tutela cautelar,
caso en el que en el plazo de 20 días y ante el mismo órgano
ante el que se solicitó la tutela cautelar,
habría que presentar este requisito de procedibilidad,
este acta de conciliación.
Terminamos brevemente hablando de los efectos.
Si llegamos a un acuerdo, el acuerdo es un documento público y solemne,
es un contrato.
Es un contrato que es un título ejecutivo
recogido en un documento público que se puede ejecutar conforme a la ley.
Y con las máximas garantías,
con las máximas garantías para esta conciliación,
el acuerdo.
Es recurrible en jurisdicción mediante la acción de anulación
por las causas que se invalidan los contratos.
Todo ello es muestra
de que la conciliación también es parte del nuevo sistema
o servicio público de justicia.
Ha sido un placer explicarles esta lección.
Muchas gracias y un abrazo a todos y todas.