Buenos días.
Dentro de este bloque dedicado a los procesos especiales,
toca ahora abordar la unidad 9, que está dedicada a los procesos
en materia de la competencia.
En concreto, trataremos dos tipos de procesos,
los procesos de competencia desleal y en defensa de la competencia.
Como ocurre con todos los procesos jurisdiccionales,
es importante conocer cuál es el derecho sustantivo
que se tutela en este tipo de procesos,
porque ello nos va a permitir entender mucho mejor
cuáles son los rasgos y las características
de estos procesos.
Así, estos procesos en materia de competencia
tienen su origen y su fundamento en la economía de mercado.
En el libre mercado, los empresarios concurren entre sí por la clientela
y por lo tanto realizan prácticas de competencia.
El Estado actúa para regular,
para compensar de alguna manera las consecuencias negativas
que tendría una libertad absoluta de mercado.
De manera
que el bien jurídico protegido es la competencia imperfecta.
¿Cuál es la normativa aplicable?
Pues habrá que tener en cuenta los artículos 101 y 102
del Tratado Fundacional de la Unión Europea y dos leyes,
la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal.
Vamos a comenzar por los procesos en materia de derecho
de la competencia.
El objeto de estos procesos son aquellas conductas
o acuerdos contrarios
a los artículos 101 y 102 del tratado fundacional de la Unión Europea
y a los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia.
Frente a estas conductas
podrán iniciarse tanto procesos administrativos
como procesos jurisdiccionales.
Es decir, que puede haber un proceso administrativo
que se desarrolle de forma paralela y procesos judiciales
simultáneos o posteriores a estos procesos administrativos.
Estos procesos judiciales
pueden basarse en una posición de abuso dominante
o bien puede servir para la impugnación
de otras prácticas contrarias a la competencia.
Aunque las acciones más importantes van a ser
las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios causados
por estas actuaciones contrarias
a los artículos 101 y 102 del Tratado Fundacional de la Unión
Europea y a los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia.
Pues bien, precisamente estas acciones de daños y perjuicios
tienen por objeto el pleno resarcimiento
del demandante,
es decir, tienen por objeto restituir a quien ha sufrido el daño
en la situación en la que estaría si dicho daño
no hubiera llegado a producirse.
Y abarcarán la totalidad del daño producido,
no sólo el daño emergente, sino también el lucro cesante,
si bien no comprenden la llamada sobrecompensación que incluiría
la indemnización punitiva ni tampoco la llamada indemnización múltiple
u otro tipo de prácticas.
¿Quién está legitimado para interponer estas acciones?
Pues la legitimación activa la tiene cualquier persona física o jurídica
que haya sufrido el perjuicio causado por la infracción del derecho
de la competencia y deberá dirigir esta acción frente al infractor,
que será el legitimado pasivo.
Si fueran varios los infractores,
la ley establece unas reglas de responsabilidad solidaria.
Ello quiere decir que el actor puede reclamar la totalidad
de la responsabilidad frente a cualquiera de ellos.
Ahora bien, estas reglas de solidaridad permiten la repetición
frente a quien no haya pagado por una cuantía
a determinar en función de cuál sea su responsabilidad.
Y además la propia Ley de Defensa de la Competencia,
en su artículo 73, limita esta posible solidaridad.
Por otro lado, hay que señalar que el artículo 15 bis
de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé una forma de intervención
por la cual la Comisión Nacional del Mercado
y de la Competencia podrá intervenir en el proceso jurisdiccional
bien a iniciativa propia
o a iniciativa del órgano jurisdiccional.
¿Por qué?
Pues porque pueden aportar información que obra
en el procedimiento administrativo o que obra en su poder,
siempre limitada por programas de clemencia,
que veremos que no pueden aportarse al proceso jurisdiccional.
Por ello, una vez admitida la demanda por parte del letrado
de la Administración de Justicia,
esta demanda será comunicada a la autoridad administrativa
de la competencia.
Por su parte, la autoridad de competencia
podrá solicitar al órgano jurisdiccional
que aporte al proceso administrativo datos
e información que obra en su poder dentro del proceso jurisdiccional.
La competencia objetiva para la tramitación de estos procesos
corresponde a las secciones de lo mercantil
de los tribunales de instancia, pero no hay reglas especiales
en cuanto a la competencia territorial.
Se aplicarán las reglas en los foros generales
respecto de este tipo de competencia.
Veamos ahora algunas especialidades que afectan al procedimiento
de este tipo de acciones.
En concreto,
el plazo para el ejercicio de estas acciones es de cinco años
y comienzan cuando la infracción ya ha cesado
y además el demandante tiene conocimiento
o bien hubiera podido tener conocimiento de todas
aquellas circunstancias necesarias para su adecuado ejercicio,
como por ejemplo conocer quién ha sido el infractor.
En las acciones de daños que se siguen a una declaración
de infracción por parte de la autoridad administrativa
que haya sido impugnada ante los órganos jurisdiccionales,
el cómputo del inicio del plazo comenzará el día de la firmeza
de la resolución judicial.
En cuanto al cauce procesal, la regla general
es que se siguen los cauces del juicio ordinario
excepto en el caso de las acciones por responsabilidad por daños
en cuyo caso se seguirá el procedimiento que corresponda
en función de la cuantía reclamada.
Respecto a la posible existencia de un requisito de procedibilidad
y en cuanto también a la admisión de la demanda,
cabe decir que el inicio del proceso jurisdiccional
no depende del proceso administrativo,
es decir,
si hubiera un proceso administrativo en marcha no es necesario esperar
hasta que éste acabe para dar comienzo al proceso jurisdiccional.
En cambio,
sí que aplicarán las reglas generales aplicables
a todos los procesos civiles en cuanto a la necesidad
de haber intentado previamente un MASC.
También la propia Ley de Defensa de la Competencia
prevé una serie de efectos respecto de los acuerdos
extrajurisdiccionales que hubieran podido producirse
con carácter previo al inicio del proceso jurisdiccional
respecto de algunos de los obligados.
Por ejemplo, limitando la reclamación
sobre aquellos que no participaron en el mencionado acuerdo.
Otro grupo de especialidades procesales
es el que afecta al derecho a la prueba.
Así, la Ley de Defensa de la Competencia
establece una serie de reglas que afectan al objeto de la prueba.
Cabe señalar que la regla general consiste en que deberán probarse
la existencia de los daños por parte del demandante.
Sin embargo, existe una presunción iuristantum
de la existencia del daño en aquellos casos
en los que se haya declarado una infracción del derecho
de la competencia por resolución firme,
ya sea de una autoridad administrativa
o bien de una autoridad judicial.
Si la infracción se produjo un sobrecoste
para el comprador directo, también se dará esta presunción
y también en el caso de que el comprador indirecto
hubiera adquirido los bienes objeto de la infracción o bienes derivados
de los que también contuvieran dicha infracción.
En cuanto a la regla para el cálculo de los daños, la propia ley
establece toda una serie de criterios generales a los que habrá que estar,
así como para el cálculo del lucro cesante
o del sobrecoste que tiene una cierta dificultad
a la hora de su cálculo.
Cabe señalar también que el demandado podrá eximirse si prueba
que el sobrecoste fue repercutido a sus clientes
o a sus compradores indirectos.
Finalmente, en cuanto a las últimas especialidades en materia de prueba,
la Ley de Enjuiciamiento Civil introdujo todo un grupo
de especialidades o de reglas especiales
que iban dirigidas a establecer unos criterios
o unas normas para la exhibición de pruebas.
En concreto, el demandante puede solicitar la exhibición de pruebas
frente a quien las posea, ya sea el demandado
o bien un tercero.
El tribunal accederá.
A dicha petición atendiendo a los legítimos intereses
de todos los que estén implicados.
Y podrá ordenar incluso la exhibición de información confidencial
siempre que establezca una serie de reglas
o de medidas para proteger dicha confidencialidad.
Lo que no podrá hacer, como antes ya he apuntado brevemente,
es exhibir información que estuviera incluida
en los programas de clemencia, porque ello haría que dichos
programas perdieran toda su eficacia.
Por su parte,
el solicitante responderá tanto de los daños y perjuicios causados
como de los gastos que se hayan generado por estas medidas.
La solicitud podrá realizarse antes de la demanda,
junto con la misma o incluso durante el proceso y frente
al mismo tribunal que tuviera que conocer de la demanda principal.
El procedimiento a seguir es el procedimiento básico
de solicitud, traslado a las partes,
vista oral y finalmente el juez resolverá mediante un auto motivado.
Para acabar con estos procesos, cabe señalar
que los procesos podrán suspenderse por un plazo de hasta dos años
en los casos en los que las partes hubieran decidido someterse
a algún procedimiento extrajudicial para la resolución del conflicto.
Y en el caso de que se estuviera tramitando paralelamente
un procedimiento administrativo,
el proceso judicial podría paralizarse justo
antes de dictarse sentencia cuando así se crea conveniente
hasta que dicho procedimiento administrativo finalice.
Finalmente, las sentencias dictadas en estos procesos por competencia
se comunicarán por el letrado de la Administración de Justicia
a la Comisión Nacional de los Mercados
y de la Competencia.
Bien, hemos acabado ese tipo de procesos,
vamos a comenzar ahora con los procesos
en materia de competencia desleal, que precisamente tienen por objeto
las acciones en materia de competencia desleal.
Pero, ¿qué se considera competencia desleal?
Es la propia ley la que establece
que será desleal todo comportamiento definitivamente objetivo
que sea contrario a las exigencias de la buena fe.
Para ello presume como contrarias a la buena fe aquellas conductas
en cuando las relaciones con los consumidores sean contrarias
a la diligencia profesional exigible con consumidores
y también cuando de alguna manera
distorsionen el comportamiento económico del consumidor medio.
Hay que decir que la propia ley establece esta definición
de que se considera consumidor medio.
La ley de competencia desleal describe las conductas de leales
e incluye entre las mismas los actos de engaño,
los de confusión, las omisiones engañosas,
las prácticas agresivas, los actos de denigración
y otros que va detallando en cada uno de sus artículos.
Hay otra serie de prácticas,
como es el caso de la venta a pérdidas,
que únicamente se considerarán desleales
cuando se dan los requisitos que la propia ley
establece.
Las acciones en materia de competencia desleal
vienen descritas taxativamente en el artículo 32
de la ley de competencia desleal.
Así son la acción declarativa de deslealtad,
la acción de cesación de conducta desleal
o de prohibición de su reiteración futura,
o si todavía no se hubiera puesto en marcha para evitar su inicio,
la de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal,
la de rectificación de acciones engañosas, incorrectas o falsas,
la de resarcimiento por daños y perjuicios
que hayan sido ocasionados por la conducta desleal
cuando haya intervenido dolo o culpa por parte de la gente y
la de enriquecimiento injusto,
si bien esta tiene la peculiaridad de que únicamente podrá darse
cuando la conducta desleal lesiona una posición jurídica
amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido
económico.
La legitimación activa de estas acciones corresponde
a cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado
y cuyos intereses económicos hayan resultado directamente
perjudicados o amenazados por esta práctica desleal.
Por su parte, el artículo 33 de esta ley de competencia desleal
establece una serie de reglas especiales de legitimación
para distintas acciones y sujetos.
Por ejemplo, la acción de enriquecimiento injusto
únicamente puede ser ejercitada por aquella persona que es titular
de la posición jurídica vulnerada.
Luego hay otro conjunto de diferentes entidades
que podrán ejercitar otras acciones excepto la de resarcimiento
o enriquecimiento injusto en defensa de intereses generales,
colectivos o difusos.
Y también el caso del Ministerio Fiscal que puede ejercitar
la acción de cesación en defensa de los consumidores y usuarios.
Por su parte, la legitimación pasiva
corresponde a quien ha realizado u ordenado esa práctica desleal
o ha cooperado en su realización.
La acción de resarcimiento injusto,
lo mismo que nos pasaba con la legitimación activa,
también está limitada en cuanto a su legitimación pasiva,
puesto que sólo procede frente a quienes se hayan beneficiado
de dicho enriquecimiento.
Y en el caso de que participen empleados o colaboradores,
hay que tener en cuenta que la demanda
deberá dirigirse exclusivamente contra el empresario principal.
La competencia objetiva para el ejercicio de estas acciones
también corresponde a las secciones de lo mercantil
de los tribunales de instancia.
Y aquí sí que vamos a tener unas reglas especiales
de competencia territorial.
En concreto, se establecen unos foros imperativos que son sucesivos.
Es decir, en primer lugar será competente el tribunal del lugar
en el que el demandado tenga su establecimiento.
En segundo lugar, el de su domicilio o lugar de residencia
y cuando no lo tuviera en territorio español será competente el tribunal
del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal
o donde se produzcan sus efectos a elección del demandante.
Como se trata de foros imperativos,
su tratamiento procesal será las de un presupuesto procesal
con el correspondiente examen de oficio por parte del tribunal
o bien el ejercicio de declinatoria por el demandado.
Veamos algunas especialidades procesales de estas acciones
y así en cuanto el plazo para su ejercicio será de un año
desde que el demandante ha tenido conocimiento de esta práctica desleal
y en todo caso de tres años desde la finalización de la conducta,
es decir, pasados tres años la acción habrá prescrito.
El demandante a su vez podrá solicitar diligencias preliminares
para preparar su demanda y su tramitación se realizará
de acuerdo con lo previsto para este tipo de diligencias
en la ley de patentes.
Respecto de la prueba cabe señalar que hay una alteración de las reglas
de la carga de la prueba si la acción se basa en la inexactitud
o falta de veracidad de las manifestaciones o indicaciones
del demandado, que era uno de los tipos de acciones
que veíamos anteriormente.
En este caso será el demandado el que deberá probar la veracidad
o la exactitud de dichas manifestaciones.
Y en cuanto a las medidas cautelares,
aquí sí que hay que aplicar la Ley de Enjuiciamiento Civil,
no como ocurría con las diligencias preliminares,
y hay que decir que las más apropiadas
son la de los ordinales 7º y 8º del artículo 727,
que son prácticamente las mismas que las propias acciones,
es decir, se adopta como medida cautelar la cesación
de una determinada actividad,
o se puede retirar del mercado determinados bienes,
es decir, de alguna manera son actuaciones que adelantan
el cumplimiento de lo solicitado provisionalmente.
El procedimiento para la adopción de estas medidas,
pues en algunos casos podrá requerirse informes o investigaciones
sin que se dé traslado a la otra parte
cuando se hayan ejercitado acciones de prohibición o cesación
de actuaciones ilícitas.
Ya para acabar, cabe señalar que las sentencias dictadas
en este tipo de procesos tendrán plenos efectos de cosa
juzgada y estarán sometidas al régimen general
de recursos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La propia sentencia podrá ordenar su publicación total o parcial
en los medios de comunicación que se consideren oportunos.
O incluso se podrá ordenar la emisión de una declaración rectificadora
en aquellos casos en los que los efectos de la conducta desleal
se prolonguen en el tiempo.
Para acabar, respecto a la ejecución,
cabe señalar que, excepto la acción de resarcimiento,
que es una acción pecuniaria y que, por lo tanto,
procederá la ejecución conforme a los trámites de la ejecución dineraria,
el resto de las sentencias se ejecutarán conforme a los cauces
de la ejecución no dineraria, por ejemplo, de una conducta de hacer
o de no hacer, según haya sido la sentencia.
Pues bien, eso es todo.
Muchísimas gracias por vuestra atención.
Espero que esta explicación os haya resultado de utilidad.