Un saludo.
Mi nombre es Lluís Uriela y soy investigador predoctoral
y colaborador docente en el Departamento de Derecho Político de
la Facultad de Derecho de la UNED.
En esta videoclase vamos a exponer a grandes rasgos
los antecedentes históricos del Tribunal Constitucional Español
y también vamos a ver en qué medida nuestro
actual Tribunal Constitucional es heredero de ellos.
Para eso vamos a examinar
los distintos modelos de justicia constitucional
que se han ido desarrollando a lo largo de la historia
y también vamos a ver su reflejo en el constitucionalismo español.
En particular en los casos del Tribunal de Garantías
Constitucionales de la Segunda
República y en el Tribunal Constitucional
contemporáneo.
Bien, en primer lugar
debemos referirnos al modelo de control de constitucionalidad
desarrollado en Estados Unidos.
En origen,
la Constitución de los Estados Unidos de 1787
no preveía un mecanismo de control de constitucionalidad de las leyes.
Fue con posterioridad a la promulgación de la Constitución
cuando se desarrolló este sistema a través de la actividad
de los jueces y tribunales.
En concreto, en el año 1803 se dictó la célebre sentencia Marbury
contra Madison en la que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tenía
que decidir si la negativa del secretario de Estado Madison
a entregar un acta de nombramiento judicial al juez
Marbury era contraria a las leyes federales
y, por tanto, si el Tribunal Supremo podía obligar al gobierno federal
a hacer entrega de este acta de nombramiento judicial
al juez Marbury.
Más allá de la resolución concreta del caso,
con respecto a la que el Tribunal Supremo
dijo que no tenía competencia, esta sentencia es importante
porque en ella el Tribunal Supremo.
Estableció que él mismo podía controlar
si una ley del Congreso era contraria o no a la Constitución
y en caso de que lo fuera, inaplicarla al caso
de que estuviera conociendo.
Es así como nació el sistema de justicia constitucional
conocido como Judicial Review y que se caracteriza
por los siguientes elementos.
En primer lugar,
se trata de un método de control de constitucionalidad jurisdiccional,
es decir, que se basa en la interpretación
y en la aplicación del derecho, al margen de toda consideración política
y de decisiones arbitrarias.
En este sistema, la Constitución tiene un carácter normativo,
jurídico, que supera su naturaleza como declaración política.
El juez debe interpretar la Constitución
y el control de constitucionalidad es aceptable
cuando éste sea necesario para resolver un caso concreto.
De ahí que este sistema sea concreto e incidental.
De ello se deriva que la decisión del juez o tribunal sea sólo aplicable
a las partes en el proceso.
La norma.
O mejor dicho, la disposición que es contraria
a la Constitución queda inaplicada en el caso concreto,
pero no es expulsada del ordenamiento jurídico.
Se trata de un control difuso
porque es ejercido por el conjunto del poder judicial,
por el conjunto de órganos judiciales,
de jueces y tribunales que lo componen.
Normalmente en procedimientos de tutela de los derechos subjetivos
de los ciudadanos.
Para evitar precisamente la inseguridad jurídica que se deriva
de este carácter difuso e incidental de este sistema de control,
se aplica el principio stare decisis.
Por el cual los jueces y tribunales están obligados
a respetar el precedente establecido en decisiones anteriores
de un tribunal superior o del mismo tribunal.
De acuerdo con este principio,
así pues, las decisiones del Tribunal Supremo,
que es competente para conocer mediante el sistema de recursos
y apelaciones,
vinculan a todos los jueces de nivel inferior
y también a las decisiones del propio
Tribunal Supremo profuturo.
Las decisiones además del Tribunal Supremo hay que señalar
que vinculan a todos los poderes públicos.
En segundo lugar debemos referirnos a la situación en Europa,
donde al contrario que en Estados Unidos,
a lo largo del siglo XIX se había considerado
que el juez estaba rígidamente sometido a la ley, que era la norma
que expresaba la voluntad del soberano, la nación.
Por eso la Constitución
era una declaración programática del Estado y era la norma que regulaba
las instituciones del Estado, precisamente.
Pero no era la norma suprema del ordenamiento jurídico
y las leyes, por tanto,
no estaban sometidas a la Constitución.
Esto cambió en el siglo XX, sobre todo gracias a las aportaciones
del jurista austríaco Hans Kelsen a la teoría del derecho
y a la teoría de la constitución.
Para Kelsen.
La Constitución era norma programática del Estado
y también era la norma reguladora de las instituciones del Estado,
pero además era la norma que establecía la competencia
y el procedimiento para la elaboración de otras normas,
de manera que consideraba que la Constitución tenía, por ello,
un rango superior al del resto de normas,
incluidas las leyes.
De acuerdo con esta visión
o este enfoque kelseniano del derecho, Las leyes y la Constitución
se relacionan mediante el principio jerárquico.
Pues bien, para resolver los problemas
o las controversias de procedimiento y competencia
sobre la elaboración de normas,
Kelsen propuso la creación de un órgano que interpretase
la Constitución de manera concentrada
y siguiendo un método jurisdiccional, esto es,
de aplicación e interpretación del derecho.
Este órgano sería el Tribunal Constitucional.
Pues bien, para Kelsen el Tribunal Constitucional
debía ser capaz no sólo de inaplicar una norma contraria
a la Constitución en un caso concreto,
sino además de declarar la inconstitucional,
esto es, de negarle validez con carácter general
y de expulsarla del ordenamiento jurídico.
De este modo, el Tribunal Constitucional
funcionaría como una especie de legislador negativo,
porque sería capaz, por así decir, de desaprobar leyes.
Kelsen desarrolló un modelo
concentrado de control de la constitucionalidad,
ya que consideraba que el modelo difuso de los Estados Unidos,
y que también se daba en algunos otros países europeos
de la época, carecía de unidad y además producía inseguridad.
Pues bien, todo lo contrario, para generar seguridad
que él se consideraba que el modelo debía ser concentrado
y que además debía estar orientado a anular
y no sólo a inaplicar la norma inconstitucional.
Y además ello debía valorarse con criterios estrictamente jurídicos.
En el contexto de la evolución histórica
del constitucionalismo europeo y de las diferencias
en cuanto a qué se entendía por constitución en esa época,
en las primeras décadas del siglo XX,
Kelsen desarrolló su propuesta de justicia constitucional
concentrada para defender el concepto liberal democrático de constitución
y para asegurar su realización.
Se trataba de defender los valores del constitucionalismo democrático
por medios jurídicos.
Con todo ello, Kelsen también quería que el Tribunal Constitucional
sirviese para proteger a las minorías del comportamiento
potencialmente arbitrario de la mayoría,
en el marco de una noción de democracia
basada en el compromiso.
Hans Kelsen no sólo desarrolló su propuesta teórica,
sino que también participó en el proceso constituyente austríaco
y en el desarrollo del primer tribunal constitucional
basado en su propuesta,
que fue precisamente el Tribunal Constitucional de Austria
de 1920.
En Austria, que tras la derrota en la Primera Guerra Mundial
en 1919 había dejado de ser un imperio
para pasar a ser una república parlamentaria,
en el año 1920 se aprobó la creación del primer tribunal constitucional
concentrado del mundo.
Este era un órgano encargado de ejercer el control
concentrado de constitucionalidad de las leyes,
pero también de resolver conflictos entre órganos
y entre niveles territoriales,
así como de resolver reclamaciones por violación de determinados
derechos políticos.
El Tribunal Constitucional Austríaco
podía enjuiciar la constitucionalidad de las leyes por iniciativa propia
o a petición de distintos órganos.
En 1929 se introdujo la cuestión de inconstitucionalidad
por la cual los jueces podían solicitar al tribunal
que el examen de constitucionalidad de una norma.
Sin embargo,
en medio de un contexto político muy difícil
y de auge de las fuerzas antidemocráticas, en el año 1933
la actividad del Tribunal Constitucional de Austria
quedó suspendida y en 1934 este órgano
fue finalmente suprimido.
Cabe señalar que Hans Kelsen fue magistrado
del Tribunal Constitucional entre los años 1920 y 1930.
En tercer lugar, también debemos hacer referencia
a otro precedente de nuestro actual Tribunal Constitucional,
que es aquel órgano encargado de resolver conflictos
entre niveles territoriales en los órganos,
en los estados europeos territorialmente complejos.
Este es el caso del Tribunal de Estado alemán.
Antes de referirnos en concreto al Tribunal de Estado alemán,
debemos señalar que el control de constitucionalidad
de las leyes en Alemania
no se basaba en el principio de supremacía constitucional,
sino en el principio de primacía del derecho
de la federación frente al derecho de los estados federados o lenda.
Pues bien, en este modelo no había duda
de que las leyes de los Estados
federados debían ser compatibles con la Constitución,
no porque ésta fuese la norma suprema
de un ordenamiento jurídico ordenado jerárquicamente,
sino porque ésta era parte del derecho de la federación.
Bien, durante la época imperial, entre 1871 y 1919,
este control,
no tanto de constitucionalidad realmente,
sino de primacía del derecho de la federación,
fue ejercido de manera difusa por los órganos jurisdiccionales
ordinarios, es decir, por los jueces y tribunales.
La adecuación, en cambio, de las leyes de la Federación
a la Constitución fue más controvertida.
Durante el Imperio fue rechazada y sólo se abrió paso
en la época de la República de Weimar,
esto es, después de la Primera Guerra Mundial,
entre 1919 y 1933.
Pues bien, con ese contexto de control de constitucionalidad,
o de control realmente de primacía del derecho de la Federación,
En la Constitución Republicana de Weimar de 1919
se previó la existencia
de un órgano jurisdiccional específico para la resolución
de determinados conflictos entre órganos,
entre la Federación y los Estados Federados y entre los propios
Estados Federados entre sí.
Este órgano era el Tribunal de Estado.
La justificación de este órgano era una evolución en la doctrina
y era que se había pasado a pensar que determinados conflictos políticos
debían resolverse mediante la aplicación del derecho
por medio de un órgano jurisdiccional.
Pues bien, con estos tres antecedentes,
en relación con el constitucionalismo español,
el antecedente directo
de nuestro Tribunal Constitucional actual es el Tribunal de Garantías
Constitucionales previsto en la Constitución Republicana
de 1931.
Este tribunal fue el primer caso en España de creación
de un órgano de control concentrado de constitucionalidad de las normas,
aunque bien es cierto que se habían previsto mecanismos
de control de constitucionalidad
en los proyectos constitucionales de 1873 y 1929,
aunque ambos habían fracasado.
Este Tribunal de
Garantías Constitucionales fue uno de los primeros de Europa
junto con el ya mencionado Tribunal Constitucional Austríaco
y también el de Checoslovaquia.
Al Tribunal de Garantías Constitucionales se le asignaron
diversas tareas de acuerdo con el artículo 121
de la Constitución de 1931.
Por un lado,
funcionó como órgano de control concentrado de constitucionalidad
de las leyes a partir del recurso de inconstitucionalidad
y a partir del modelo kelseniano.
Y también era órgano de resolución de conflictos entre distintos órganos
y entre niveles territoriales, dado que hay que recordar
que el Estado de la II República era un Estado
compuesto territorialmente con regiones autónomas.
Además, ejercía funciones de control con respecto al presidente
de la República y también era el órgano competente
para enjuiciar la responsabilidad de determinados cargos públicos.
Y además también se le reconoció competencia para tutelar determinados
derechos políticos por medio del recurso de amparo constitucional.
Estos derechos eran los reconocidos en los artículos 27 a 34
de la Constitución, 38 y 39.
Para solicitar la tutela del Tribunal, la Constitución,
en su artículo 123,
preveía la legitimación activa del Ministerio Fiscal,
de los jueces y tribunales, del Gobierno, de las regiones,
así como de toda persona individual y colectiva,
aunque este último supuesto fue acotado
en la ley a las personas titulares del supuesto derecho agraviado.
Además, en conjunto, en este Tribunal de Garantías
Constitucionales se reunieron distintas facetas.
Por un lado, era el órgano de control concentrado
y abstracto de constitucionalidad de las leyes,
siguiendo el modelo kelseniano.
También era el órgano de resolución de conflictos territoriales
en un Estado compuesto.
Y también era el órgano de tutela de determinados derechos.
Pero además también era órgano de enjuiciamiento
de la responsabilidad de los más altos cargos
de la República.
Esta última función
no respondía tanto a una lógica de tribunal constitucional
sino a una lógica de segunda cámara.
Hay que recordar
que las Cortes Republicanas eran unicamerales.
En cuanto a la composición,
debemos señalar que la Constitución, en su artículo 122,
preveía que el Tribunal de Garantías Constitucionales estuviese compuesto
por un presidente elegido por las Cortes,
que podía ser o no diputado,
por el presidente del alto cuerpo constitucional
del Estado, el presidente del Tribunal de Cuentas,
dos diputados elegidos libremente por las Cortes,
un representante de cada región, bien elegido por el gobierno regional
o por los ayuntamientos, dos miembros elegidos
por todos los colegios de abogados de España
y cuatro profesores de derecho.
Sin embargo,
en medio de un contexto político muy difícil,
el tribunal suscitó cierta desconfianza.
A esto también contribuyó el hecho de que se tardase un año
y medio en aprobar su ley reguladora
y de que se decidiera que todas las leyes
aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor
de la ley reguladora del Tribunal de Garantías Constitucionales quedasen
fuera de su jurisdicción.
Así pues, ciertamente el Tribunal de Garantías
Constitucionales tuvo una actividad muy limitada.
Ya tras la Segunda Guerra Mundial, Italia aprobó su constitución en 1947
y Alemania aprobó su ley fundamental,
Alemania Occidental, en 1949.
En ellas se establecía un modelo de justicia constitucional autónomo,
heredero del modelo kelseniano,
pero que también incorporaba nuevas funciones,
como era la resolución de conflictos
y, sobre todo, la tutela de los derechos fundamentales,
que en el constitucionalismo de posguerra habían sido reforzados.
Este nuevo modelo de justicia constitucional
se convirtió en una referencia para otros países de Europa
y también del mundo en el desarrollo de sistemas
de justicia constitucional.
Y se caracteriza, en primer lugar, por su naturaleza,
la de los tribunales constitucionales como órgano constitucional.
Pues la determinación de sus competencias
y de los elementos, al menos los básicos,
de su regulación jurídica están en la Constitución,
particularmente la garantía de independencia judicial,
por la legitimación democrática de su composición
en la que suele intervenir el Parlamento
por ser el órgano elegido directamente.
El carácter público de su actividad jurisdiccional,
lo que se ve en el desarrollo de los procesos, por ejemplo,
o en la comunicación de sus decisiones.
Por el uso de un método jurídico para la toma de decisiones
sobre los asuntos de los que es competente, aunque qué duda cabe,
tampoco hay que odiar la relevancia política de sus decisiones,
aunque el método es jurisdiccional, de aplicación del derecho.
Por unas funciones más o menos comunes en perspectiva
comparada que suelen incluir la resolución de conflictos
entre órganos, entre niveles territoriales,
el control concentrado y abstracto de constitucionalidad de las normas,
también el control concreto y a veces incidental,
La protección o la tutela de los derechos fundamentales
a través del recurso de amparo.
Los procedimientos de protección constitucional,
como la prohibición de partidos políticos
en algunos casos.
El control normativo preventivo,
el control de normas de derecho internacional,
la revisión de elecciones o la elaboración de dictámenes.
Y todas estas actividades responden normalmente a distintos fines
entre los que se encuentran garantizar
los derechos fundamentales, la protección de la democracia
y del Estado de Derecho, el equilibrio entre poderes,
la garantía del pluralismo y la protección de las minorías
la inserción del estado nacional en comunidades basadas
en reglas de derecho internacional
o la actualización de la constitución.
Cabe señalar, como hemos dicho,
que estos nuevos tribunales constitucionales de posguerra
se basan en el modelo de justicia constitucional
concentrada kelseniana,
pero introducen un elemento muy significativo que es la tutela
reforzada de los derechos constitucionales, lo que se ve
no sólo en las garantías constitucionales,
específicas de los nuevos tribunales constitucionales,
sino también en otras garantías de la eficacia
de los derechos fundamentales introducidas en las constituciones
y en el propio catálogo de derechos fundamentales
que se vio ampliado en esas constituciones de posguerra.
Todo ello sin duda tiene que ver con las experiencias totalitarias
que sufrieron en la Alemania nazi y en la Italia fascista.
El surgimiento y desarrollo de este modelo
de justicia constitucional no se puede separar
de otros fenómenos jurídicos paralelos,
como es la consolidación del principio de supremacía
de la Constitución en la cúspide del ordenamiento jurídico,
su mayor rigidez o la eficacia, como ya hemos dicho,
de los derechos fundamentales.
Pues bien, con todo ello,
cuando se elaboró en 1978 la Constitución Española,
hubo un consenso bastante generalizado
en que en España debía crearse un órgano
jurisdiccional de control concentrado de la eficacia de la Constitución
y de la garantía de su primacía, en especial
en lo relativo a la tutela de los derechos fundamentales
y también en la estructura territorial compuesta del Estado.
Así pues, el Tribunal Constitucional Español
de 1978 se ajusta al modelo
de justicia constitucional de posguerra que acabamos de ver,
a los caracteres ya clásicos de ser el órgano de control
concentrado de la constitucionalidad de las leyes y de resolución
de conflictos entre órganos y entre niveles territoriales,
se suma la protección de los derechos fundamentales.
Todo ello deriva del principio de supremacía
de la Constitución.
Nuestro Tribunal Constitucional
está previsto en el título noveno de la Constitución,
entre los artículos 159 a 165,
y su regulación se contiene en la Ley Orgánica 2.1979,
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Cabe señalar
que nuestro Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial
y esto se debe a las reticencias de determinados sectores políticos
durante el proceso constituyente con respecto a un Poder Judicial
heredado del régimen anterior y al temor
de que éste estuviese poco comprometido
con la defensa de la democracia y de la Constitución.
Bueno, casi 50 años después, el Tribunal Constitucional
forma parte con normalidad de la vida política y constitucional española
y además cuenta con garantías de independencia equivalentes
a las de los jueces.
Pues bien, el actual Tribunal Constitucional,
en resumen,
se corresponde con el modelo de justicia constitucional
que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial
en Europa, sobre todo en Alemania y en Italia,
y que es heredero,
como hemos visto del modelo kelseniano de justicia constitucional
concentrada, aunque también lo es de los antiguos tribunales
que resolvían conflictos entre distintos niveles territoriales
y entre órganos por medio de la aplicación
y la interpretación del derecho.
Su precedente histórico directo, como hemos visto,
es el Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República.
Aunque también debemos señalar que en España
existen elementos de justicia constitucional difusa
e incidental que nos pueden recordar al sistema de los Estados Unidos.
Los jueces y tribunales ordinarios en España también deben interpretar
y aplicar la Constitución.
Y en el caso de que consideren que una ley es inconstitucional,
en algunos casos muy concretos pueden inaplicarla.
Aunque es cierto que en la mayoría de ellos deben elevar
una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional
para que sea este órgano el que declare
la inconstitucionalidad de la ley y la expulse
del ordenamiento jurídico.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional cabe señalar
que es vinculante para todos los poderes públicos.
Pues bien, con esta última valoración nos despedimos.
Si quieren saber más sobre las competencias,
el funcionamiento, la composición del Tribunal Constitucional
o sobre los detalles de su regulación,
pueden consultar otros materiales disponibles
en el blog Derecho y Constitución de la UNED.
Y también otros recursos que pone a su alcance la UNED,
incluidas las videoclases.
También pueden consultar las distintas fuentes bibliográficas
que tienen aquí en la presentación.
Y por último recuerden que este material se complementa
con el texto expositivo y con el test autoevaluable
correspondientes a este tema que se encuentra disponible
en el blog Derecho y Constitución,
en el cual además también tienen materiales
sobre otros temas relacionados con con las asignaturas de
Derecho Constitucional de la UNED.
Pues bien, por último ya, recuerden que me tienen disponible
en el Departamento de Derecho Político de la Facultad de Derecho de
la UNED, también me tienen disponible a través del e-mail.
Espero que esta clase haya sido de interés,
que les haya sido de utilidad,
y con esto me despido.
Muchas gracias, un saludo.