Os voy a decir ahora cómo va a ser la mesa.
Van a entrar, como hay dos que tienen piso,
pues son los primeros que van a estar.
Primero Ana Isabel López, será la primera, de 11 a 11 y 20.
Después Mayra del Pilar López Pascual,
la directora de Luis.
Después sigue el PDI, trabajador social.
Y campeón en escala adaptada y subcampeón del mundo.
Alberto Izquierdo, en Montero, TVI de la Facultad de Educación.
Rafa Labia, educador social y orientador educativo y especialista
en altas capacidades.
Y después finalizaré yo, Jorge Álvaro Sala,
investigador de inclusión en el centro imprimio.
Pues entonces, ahora dejamos a Isabel Garcís,
todo para ella.
Hola, buenos días a todos y a todas los que están aquí presentes
y los que están al otro lado, ¿no?
Bueno, en primer lugar,
como ya hice en la primera edición en la que también participé,
en esta iniciativa que me parece maravillosa.
Y ahora diré por qué con respecto, y no me gusta hablar de mí, porque yo
cuando hablo de inclusión me gusta hablar de los demás.
Creo que cuando hablamos de inclusión eso es lo que debemos hacer, pensar
en los demás y en todo lo que podemos hacer juntos, que somos más fuertes,
pero en lo demás.
Bien, antes de comenzar mi intervención quería agradecer
a la organización de.
De esta segunda edición de la Universidad Inclusiva,
con el título esta vez de Diversidad e Inclusión
en la Educación Superior.
Además, importante, porque esta vez es itinerante,
como bien decía la vicerectora,
el año pasado fue en la sede de Ponferrada
y esta vez es itinerante.
Por lo tanto, contribuye a una mayor difusión,
que eso es lo importante y necesario
en aras de la concienciación en materia de inclusión.
Me hace ilusión que me haya invitado,
por supuesto, a participar, al menos para mí.
Digo porque también mi importancia.
Yo llevo, como siempre he dicho, muchos años en la investigación,
en el estudio de la discapacidad.
No podíamos decir yo sola, sino en compañía de la procesalística,
podíamos decir especialista en la materia,
entre las que se encuentra.
La profesora de la Catedrática de Derecho Procesal,
Sonia Calaza López, Llorente Sarjona de Luqui,
que hoy es decana de la Facultad de Derecho.
Llevamos muchos años estudiando en el ámbito de la discapacidad
desde el punto de vista del derecho procesal.
Permítanme que haya agradecido de una manera general,
pero quiero hacerlo también de una forma individualizada y dar
las gracias a Jorge Álvarez Dosada por su incansable trabajo
en materia de inclusión.
Jorge, nos queda todavía mucho camino, siempre te digo,
por recorrer, pero iniciativas como estas contribuyen muchísimo.
De forma significativa al logro de los objetivos que se persiguen.
Se han tenido que marchar, y lo mismo pido yo disculpas,
porque tengo una comisión de la universidad
en la cual no puedo faltar.
Y, bueno, tenía que dar
las gracias a la vicerrectora de Estudiantes e Inclusión,
precisamente, como ha dicho ella, por la importancia
del lenguaje, que es muy importante en materia de inclusión,
Y también al decano de la Facultad de Educación
por acoger esta iniciativa y por dejarnos
estar aquí de forma tan amable como si fuera nuestra segunda casa.
Eso es verdad y además yo lo digo porque derecho
estamos aquí ahora en obras en la facultad nuestra
y estamos acogidos de manera maravillosa.
De verdad, muchísimas gracias.
Le damos al decano y a todos los compañeros de educación
por habernos acogido tan bien.
Me ceñiré al tiempo que me han concedido, que son 20 minutos,
porque otros compañeros también tienen obligaciones
que no les permiten estar más tiempo,
como nos gustaría a todos estar aquí toda la mañana.
Tengo que decir que yo de lo que voy a hablar
es la figura del facilitador o facilitadora.
Es cierto que siempre hablamos del facilitador,
pero yo ya os digo antemano que yo siempre.
Yo siempre utilizo el masculino y el femenino.
Además, fijaros, hicimos aquí un programa con el 50 aniversario
de la UNED sobre el facilitador, que está en UNED Media,
y cuando invitamos a.
Cuando vino Plena Inclusión,
quisimos traer a una persona en centros penitenciarios.
Jorge, muy importante también, cuando hablamos de inclusión,
centros penitenciarios.
Y quien vino fue precisamente una facilitadora.
Entonces, bueno, no quiero decir que no.
Entonces, me gusta hablar en ese sentido,
aunque es verdad que la normativa normalmente habla
sobre el facilitador.
En un Estado social y democrático de derecho tenemos que tener claro
que hay que incluir, hay que llegar a la inclusión
de unos grupos de población que están en situación de vulnerabilidad.
¿Y hay que hacerlo cómo?
¿De qué manera?
Protegiendo principalmente sus derechos.
¿Por qué?
Porque así lo exige el derecho a un juicio justo,
que está en el Convenio Europeo de Derechos Humanos
, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas.
Por lo tanto, cuando nos situamos en la justicia de nuestro tiempo,
debemos identificar las barreras y los obstáculos que hacen
que personas con discapacidad, mujeres víctimas
de cualquier tipo de violencia, menores de edad,
personas con pocos recursos económicos, personas en prisión,
como he dicho antes, hay que tener en cuenta
las discriminaciones a las que se pueden ver.
Es cierto que hemos avanzado en estos años,
pero al tratar,
cuando Jorge me dijo que participara en estas jornadas,
pensé en algo, en una figura que me parece que sí
que es verdad que a nivel autonómico ya hay algún desarrollo,
pero como digo yo, desde nuestra doctrina procesalista
especializada en discapacidad,
ahora veréis que defendemos una regulación estatal.
Y justificaré por qué.
Es importante señalar, además, en aras de esta justificación,
que este derecho a acceder a la justicia en condiciones
de igualdad está en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Y en la Agenda 2030.
Además, se incorpora como prioridad.
Por lo tanto, el acceso a la justicia es una de las dimensiones
a través de las cuales se quiere luchar contra la exclusión
y contra las posibles desigualdades,
y el acceso a la justicia no se genere una cierta desigualdad
o puede haber un agravio con respecto al resto
de los ciudadanos y ciudadanas.
Si vemos algunos de los objetivos, como puede ser el 5,
que pretende lograr una igualdad de género,
o el objetivo 10,
que trata de reducir la desigualdad en los países,
y finalmente el objetivo 16, que lo que pretende,
y este evidentemente hay que decirlo con mayúsculas,
son sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
Por su parte, la Agenda 2030 también lucha
por construir sociedades justas, pacíficas e inclusivas
y, centrándonos en lo que es mi materia,
como profesora de procesal,
que proporcionen un acceso a la justicia igualitario.
¿Por qué?
Porque con ello florece el respeto a los derechos humanos
y a un Estado de derecho efectivo.
¿Por qué lo decimos?
Porque luego hablaré,
aunque creo que hay otra compañía de derecho que hablará,
lo haré sucintamente y me ceñiré más.
A la figura del facilitador en la reforma que hubo
por la Ley 8.021.
Es decir, hay que crear un modelo de justicia
en el que desempeñe un papel fundamental esa inclusión
y esa lucha por la no discriminación,
precisamente, de estos grupos vulnerables.
Y eso que a mí la discapacidad, como digo,
desde la reforma del año 21 hemos pasado, por fin,
de ese modelo médico rehabilitador a un modelo
basado en los derechos humanos.
La justicia, por lo tanto, tiene que tener un distintivo principal,
ser inclusiva, integrar socialmente a los individuos
sin ningún tipo de discriminación y, sobre todo,
en materia de justicia en condiciones de igualdad.
Por lo tanto, creo que en este escenario
la figura del facilitador o la facilitadora
es una figura fundamental en aras de abogar por esa inclusión
y ese acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
Bien, podríamos decir que desde la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006,
que fue ratificada por España en el 2008,
tuvimos que esperar hasta el año 2021,
con la promulgación de la Ley 8.021 de junio.
Es verdad que hubo avances en materia normativa,
pero podríamos decir que el gran cambio
se produce en ese momento.
Se produce, además, de tal manera, con un cumplimiento.
Que ya se nos había reclamado al Estado español, del artículo 12
de la Convención,
según el cual las personas con discapacidad
tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones
que los demás en todos los aspectos de la vida.
No podemos decir solamente encuadrar.
Por eso la importancia,
y eso tengo que felicitar a la organización desde siempre,
que miremos desde una manera multidisciplinar a la discapacidad,
porque es cierto, tenemos que trabajar juntos,
trabajar de esa manera si queremos evolucionar
en el modelo, en un modelo de justicia inclusiva y justa.
Es verdad que en esa ley,
por lo menos en lo que respecta al acceso a la justicia
y en materia de los procesos judiciales,
hubo un cambio muy importante.
Pasamos de los vetustos procesos,
en los que había una sustitución en la toma de decisiones
en cuanto a las personas con discapacidad, a esa idea
de que la persona con discapacidad toma sus propias decisiones
según sus preferencias y sus deseos.
Es decir, la persona ya no distingue esa capacidad jurídica
y capacidad de obrar,
sino que la persona con discapacidad no es una persona
a la que haya que sustituir en la toma de decisiones,
sino, en algunas ocasiones, por supuesto,
sí que se crean las figuras,
pero hasta si no existen situaciones concretas,
la persona con discapacidad puede tomar sus propias decisiones.
Todo ello evolucionó
de tal manera que llevó a una reforma constitucional,
porque imagínense, nuestra carta magna
todavía hablaba de personas disminuidas en el artículo 49.
Por lo tanto, era tan necesaria esa reforma.
Es verdad que hablamos muchas veces de la reforma de la Constitución
y decimos, hay que reformar, bueno, pues.
Es verdad que el lenguaje,
muchas veces incluso la gente, el lenguaje no es importante.
Sí, sí, el lenguaje es muy importante,
claro que sí.
O sea, tenemos que partir no solamente de esos derechos,
sino del propio lenguaje.
No podemos hablar de personas disminuidas y seguíamos hablando
hasta que se produjo la reforma de la Constitución, ¿no?
La ley 8.021 irrumpe de una manera abrupta,
podríamos decir, y por supuesto, bienvenida sea,
supone un hito en la reforma en muchas normas.
Es verdad que.
Que sobre todo en la ley hubo una reforma civil,
que es verdad que fue muy significativa,
y también, por supuesto, en la ley de enjuiciamiento civil,
porque pasamos, como digo, de esos procesos vetustos
en los que había una sustitución a toma de decisiones
de las personas con discapacidad a este nuevo modelo
basado en los derechos y, por supuesto,
aparece la figura del facilitador.
Igual que la ley de la jurisdicción voluntaria.
Ahora bien, cuando en esa norma, en la reforma,
aparece la figura del facilitador,
es verdad que el legislador se queda un poco, podríamos decir,
como en la superficie.
Es decir, hay algunos aspectos, que es lo que yo digo,
en los que había que haber los abordado con mayor profundidad.
Es decir, sí, hablas de que la persona con discapacidad
se puede apoyar en un experto, en su profesional, evidentemente,
para que se le haga más fácil ese acceso a la justicia.
¿Por qué lo decimos siempre?
Porque si para una persona, podríamos decir.
Que no sepa que no sepa derecho, podríamos decir, ¿no?
Le dan derecho, le cuesta, podríamos decir,
entender a veces ese lenguaje que se puede utilizar
en la justicia,
pues podemos imaginar que desde luego una persona con discapacidad
necesita lo mejor de sus ajustes o esos apoyos, ¿no?
Entonces la ley 8.2021 lo que hace es incorporar ese artículo,
su artículo 7bis, en los cuales establece.
La necesidad de ajustes en los procedimientos.
Es cierto que ya nos lo decía la convención,
pero es que es verdad que no lo habíamos abordado
de una manera tan fácil.
Por eso tengo que hacer referencia también a la importancia
de la labor que lleva a cabo el CERMI.
Es decir, el Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad y su presidente, Luis Cayo.
Es decir, es muy importante ver esa labor
y las peticiones que continuamente hacen a los diferentes ministerios,
algunas de las cuales, desde luego, comparto, y con la doctrina procesal
especializada en la materia, como he dicho antes.
Es verdad que en algunas obras colectivas, ya lo hemos dicho,
desde que se publicó la ley 8 barra 2021, con Calaza López,
con Llorente Sánchez Arjona o de Luqui que venimos,
que resulta obligado, más pronto que tarde,
a aprobar una normativa ámbito estatal.
Por supuesto que con las transferencias,
y por supuesto ahora hablaré de la regulación que se ha hecho
en la Comunidad de Madrid, pero es cierto que sería importante
que tuviéramos una normativa a nivel estatal.
¿Para regular qué aspectos?
Bueno, pues aspectos tan importantes,
por eso digo que se ha quedado un poco no ahondado,
más de lo que en otras parcelas en las que creemos que sí,
sobre la figura del facilitador, sobre su formación, su capacitación.
Y aquí, si me permiten, igual que muchas veces
pido el mismo permiso que la vicerrectora,
voy a barrer un poco para mi casa, que es la UNED.
Y tengo que aludir a que desde hace unos años
hay un curso de experto universitario en formación
de facilitadores procesales que dirige la UNED.
La profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva
y de la Educación de la UNED, Laura Méndez Ceballos,
con plena inclusión, donde se aborda una formación integral
de la figura de los facilitadores procesales.
Y digo una formación integral porque es verdad que abarca
todas las materias y materia procesal.
En la materia procesal que impartimos la decana de la Facultad de Derecho,
la profesora Sonia Calaza López, y yo misma.
En este sentido, el CERMI,
como he dicho antes, no solamente hizo esas propuestas,
sino que en el 2023 pedía o hizo llegar al Ministerio de Justicia
y también a el Ministerio de Derechos Sociales.
Esa posición del sector social, podríamos decir,
respecto a la discapacidad.
Y, a juicio de CERMI, como digo,
posición que comparto, no debe demorarse más esa aprobación
de un Real Decreto que regule o esa regulación a nivel estatal
la figura del facilitador.
Porque con esta manera fortalecemos y asentamos
no solo la posición del facilitador o la facilitadora procesal
dentro del sistema, sino también el derecho de acceso
a la justicia en condiciones de igualdad
de las personas con discapacidad.
A día de hoy es verdad que tenemos una regulación normativa
a nivel autonómico,
aunque reclamamos esa regulación a nivel estatal,
sería deseable.
La Comunidad de Madrid aprobó el decreto 52-2024, de 8 de mayo,
el Consejo de Gobierno, por el que establece ese servicio
y regula la figura del personal experto facilitador
o facilitadora para prestar apoyo a las personas
con discapacidad extranjera.
En las sedes judiciales de la comunidad.
Cuando vemos que en el 2024 irrumpe, ya presenta la Comunidad de Madrid,
además como un número 152 profesionales expertos,
facilitadores, acreditados, nos damos cuenta que en el 2025.
Pues precisamente a lo que estamos acostumbrados en los últimos años,
que son a continuas reformas en materia procesal,
nos encontramos con la Ley 1.025 de 2 de enero.
Por lo tanto, me ha servido también,
y ahora hablaré también de la futura reforma
de la ley, bueno, que vamos a llamar ley orgánica,
que por fin sí sale después de tantos de enjuiciamiento criminal.
Un momento.
Claro que tenemos que tener una regulación de ámbito estatal,
porque además la Ley 1.025 de 2 de enero,
en materia de eficiencia del servicio público de justicia,
aboga por la especialización de los tribunales.
Crea los tribunales de instancia y aboga por la especialización,
creando esas secciones, concretamente familia,
infancia y capacidad.
Por lo tanto, legislador, me has dado pautas
para decir que, verdaderamente, si abogas por la especialización,
vamos a regular, no nos quedemos en la superficie,
vamos a regular a un nivel estatal.
Que no digo con las competencias que se puedan tener transferidas
y que se pueda hacer más a nivel autonómico,
claro que sí, pero vamos a hacerlo también porque hemos hecho ya
una reforma en la que abogamos por la especialización,
creamos esas secciones, es decir, desaparecen los juzgados,
creamos un tribunal de estancia con esa sección
en concreto, familia, infancia y capacidad,
y además.
Evidentemente, como veremos después,
también tenemos esa reforma de la ley de enjuiciamiento criminal,
tras muchos intentos fallidos por distintos motivos,
de crear un código procesal penal que sustituya a la ley
de enjuiciamiento criminal de 1882.
También, en ese proyecto,
y ya se hacía en un proyecto de 2020,
hay un capítulo dedicado al acceso a la justicia de la persona
investigada con discapacidad y también se incluye la figura
del facilitador.
Por lo tanto, creo que el legislador ha dado pasos
y nos afianza más en nuestra idea
de que hay que hacer esa regulación que no se quede solo
en la superficie.
Algunas comunidades autónomas han venido dando,
y no me voy a detener mucho porque no quiero.
Quitarle tiempo a la ponencia que viene después de la mía,
han dado algunos pasos.
Pero podemos decir
que, verdaderamente, vamos a fijarnos un poco en esa regulación
de la Comunidad de Madrid.
Es verdad que partimos
de la Ley 8.021 y, como Jorge ha dicho,
creo que la profesora.
Esther Alba, la que va a intervenir sobre la Ley 8-2021,
y no me gusta pisar a las compañeras,
y menos a la profesora Esther Alba, con la cual me llevo muy bien.
Entonces, como sé que tengo que hablar de la Ley 8-2021, Esther,
con todos mis respetos, tengo que hablar del facilitador.
Pero luego te dejo todo lo demás,
además la reforma civil, que está muy bien hecha.
Y de la que podrás hablar y que es muy importante.
Por lo tanto, yo me voy a ceñir a procesal.
Nosotros nos llevamos todos muy bien, es verdad.
Todos nos relacionamos.
De hecho, fíjate, la reforma es civil y procesal.
No podemos ir más de la mano a todos los niveles.
Pero es verdad que necesitamos esa parte civil.
No hay nadie mejor que.
Que una profesora
o cualquier compañero de civil para explicarlo
y yo ceñirme precisamente a esos artículos
7 bis que se incorporan en la ley de enjuiciamiento civil
y en la ley de la jurisdicción voluntaria.
También.
En ese 7bis, sobre todo a lo que se hace alusión,
es a ese derecho tan importante,
pero que en el proceso penal ya venía recogido en estatuto
de la víctima del delito, por ejemplo.
Lo que pasa es que no nos podemos parar ahí,
porque recordemos que una persona con discapacidad
puede ser demandante.
Puede ser demandada, puede ser investigada,
puede ser encausada, puede ser víctima,
puede ser testigo.
Es decir, puede ocupar roles muy diferentes
dentro de los procesos.
Por lo tanto, tenemos que fijarnos ahí, en el proceso civil
y en el proceso penal.
Ya el Estatuto de la víctima del delito,
igual que hace en los artículos 7b,
ya hablaba de ese derecho tan importante
a que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida.
Es verdad que se amplía también a otros espectros
de la vulnerabilidad,
como pueden ser las personas menores de edad.
Entonces, no quiero extenderme porque este es
otro tema que a mí me fascina, ¿no?
Entonces, me ceñiré en el facilitador en este caso, ¿no?
Si nos adentramos también en el documento de principios
y directrices internacionales
sobre acceso a justicia para personas con discapacidad,
redactado por Naciones Unidas en 2020,
ahí lo que nos hace es dar una definición
de lo que son los ajustes y de todas las modificaciones
y adaptaciones necesarias
y adecuadas en el contexto de acceso a la justicia,
cuando se requiere en un caso determinado.
Fijaros, es decir, es un espectro muy grande,
es decir, Es necesaria, como ya hemos defendido siempre,
incluso cuando hablamos de la persona con discapacidad en el proceso,
hacer esa evaluación individualizada.
Es decir, hay diferentes tipos de discapacidad
y, por lo tanto, esa evaluación individualizada desde el principio
es fundamental.
Y a ello nos ayudan incluso las directivas.
Hay directivas del 2024,
en la que luego diré que trata sobre la trata de seres humanos,
en la cual nos dice la importancia, precisamente,
de la trata en personas con discapacidad.
Es decir, la normativa,
como hemos visto, que decía el decano anteriormente,
el decano de Educación, que es verdad que la normativa ha avanzado,
pero que todavía nos queda mucho camino por recorrer.
Espero que juntos podamos hacerlo.
Como el Real Decreto 193.2023, de 21 de marzo,
por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso
y utilización de los bienes y servicios,
imaginaron estos años toda la normativa que ha habido.
Siempre la quiero dirigir hacia mi parcela, que es procesal.
Todas ellas nos llevan precisamente a esa reivindicación que hacemos,
Como os decía, desde la procesalística
especializada en la materia y nombraba a título optativo
a la profesora Calaza López, Sánchez Arjona,
Llorente Sánchez Arjona y de Luqui,
por citar algunas porque hay muchas más.
En las cuales abogábamos precisamente por avanzar en ese sentido
y de la misma manera hacia el CERMI.
Por lo tanto,
me parece que debemos hacerlo desde todas las instituciones,
porque es verdad que el facilitador o la facilitadora
apoya a las personas con discapacidad
y nos damos cuenta, por ejemplo, en los procesos,
nos damos cuenta de cómo puede comprender.
Todas las actuaciones procesales
una persona con discapacidad de una manera mucho más clara
entender y ser entendida si cuentas con un experto profesional cuentas
con un experto profesional en que te lo va a explicar
pero no solo te lo explica
sino que además tenemos que contar con herramientas de lectura fácil.
Hasta hace muy poco el Tribunal Supremo
no tenía las sentencias con herramientas de lectura fácil
o utilizando pictogramas.
No es lo mismo que tú le expliques a alguien,
voy a poner una institución en el proceso penal,
lo que es una conformidad, y tú le digas a la persona
con discapacidad mía que te puedes conformar.
Y dice, bueno, pero le tenemos que explicar, ¿no?
Igual que le explicamos a otra persona,
pues bueno, le explicamos, mira, te puedes conformar,
pero hay que explicar qué consecuencias puede tener eso.
Por ejemplo, los juicios rápidos.
Bueno, pues si cumple los requisitos,
puede haber, no vas a pasar a un juicio oral,
pero vas a tener la posibilidad de, a lo mejor,
una reducción un tercio de la pena.
Es decir, le tienes que explicar.
A esa persona, y os digo que en ese programa
que hicimos fue curioso porque lo podéis ver
en la cual intervenía una persona en prisión
y ella, esa persona te decía cómo había sido una situación
en un contexto cuando, en este caso, él ya tuvo,
cuando era menor de edad, una persona menor de edad,
y cómo en aquel momento no tuvo la posibilidad de de acompañarse
por un facilitador, en este caso era una facilitadora,
de una facilitadora a una facilitadora,
y lo diferente que había sido después,
cuando, bueno, pues por circunstancias de la vida,
había tenido que pasar por otra circunstancia,
en esa también ya de persona adulta.
Y entonces,
cómo había sido, verdaderamente, qué diferente.
Le preguntábamos, le preguntaba Inés de Araoz,
de plena inclusión,
cómo había sido efectivamente ese acompañamiento
y las diferencias que hay.
Y es verdad, porque si vemos los porcentajes,
aunque estemos, por ejemplo,
en procesos antes sobre diseñamientos,
Hay muchos más sobreseguimientos en los órganos jurisdiccionales
cuando no se ha visto acompañada la persona con discapacidad
por un facilitador o facilitadora, como un 90%, a lo mejor a un 6%,
cuando esa persona.
Ha estado acompañada por el facilitador
o la facilitadora.
Por lo tanto, tenemos que ver la importancia de esas funciones
que tiene que cumplir.
No debemos confundir nunca al facilitador
o la facilitadora con ese acompañante que dice la ley que se puede tener.
No tiene nada que ver.
Es un experto y, por lo tanto.
Es lo que yo digo, la importancia que puede tener.
Incluso el otro día veíamos la posibilidad también,
en un espacio que tuvimos sobre discapacidad,
de la importancia, por ejemplo, que yo veía,
incluso del facilitador dentro de prisión,
precisamente por las posibilidades de esos recursos
y de esas situaciones en las que pueden
estar las personas privadas de libertad.
Y, como os decía, ya el propio proyecto de ley orgánica
del 2025 ya aboga por evitar efectivamente
cualquier discriminación en el acceso a la justicia,
porque no olvidemos.
Tenemos en juego lo que es el derecho a tutela judicial efectiva
del artículo 24 de la Constitución,
si creamos y no cuidamos esa discriminación.
Y lo que pretende ese proyecto de 2025 de ley orgánica
de enjuiciamiento criminal es regular y consolidar esa figura
del facilitador o la facilitadora.
Por lo tanto, Es verdad que desde todos los lugares
que podemos abogamos por esa regulación a nivel nacional
sin ambigüedades, es decir,
que tengamos claro cuál es la formación o capacitación
que tiene que tener ese facilitador o facilitadora procesal.
Es decir, abordar otro tema muy importante,
Pilar ya te dejo ahora mismo y perdóname,
ese apartado en cuanto a los costes, es decir,
la persona con discapacidad puede hacer uso de ese facilitador,
esa facilitadora a su costa.
Si conseguimos, yo creo, esa regulación,
sería el Estado quien verdaderamente debería correr con esos costes,
porque si no, podemos disuadir, en cierto modo,
de acudir a la justicia.
Y no debe ser así.
Tenemos que acceder a la justicia en condiciones de igualdad.
Eso es lo que se pide en una sociedad de nuestros días.
Es decir, decía la vicerrectora además,
y con ello quiero terminar lo de los colegios,
y yo le decía hoy a Jorge, mi hija de ocho años,
el otro día interviniendo cuando en el colegio les hablaban
sobre discapacidad, mi hija intervino con ocho años y dijo,
personas con distintas capacidades.
Y es verdad que la profesora dijo,
me ha gustado oír mucho a una niña con ocho años
el que hable con personas con distintas capacidades.
Es decir, esas formas que tenemos que llevar desde nuestras propias,
desde nuestra propia educación, desde nuestro propio hogar,
es decir.
Educar ya a nuestros niños, a nuestros adolescentes
en ese sentido, sobre todo porque, bueno,
pues se pueden enfrentar a muchas Y espero que mi hija mayor,
que ha decidido hacer una carrera o emprender una carrera,
de educación, siguiendo los pasos de su padre de derecho,
desde luego abogue por esa universidad inclusiva,
que cuente con compañeros
como hoy tendremos de la Facultad de Educación,
con profesores que verdaderamente abogen o encaminen hacia ese trabajo
conjunto.
Como yo siempre digo, Jorge, juntos somos más fuertes,
tenemos que trabajar unidos
y, bueno, no quiero quitar más tiempo a la ponente que viene después.
Es verdad que tenía que hablar de los principios de actuación,
sí que quería dejar presente.
La necesidad de esa regulación, sí que hablemos de los costes
y que intentemos no disuadir y garantizar
ese acceso en condiciones de igualdad que ya desde 2006
teníamos en la Convención.
Imaginemos que hasta la ley de 2021 no dimos ese paso de gigante.
Muchas gracias a todos, muchas gracias Jorge
por esta iniciativa.
Es un placer, sabes que siempre podrás contar
conmigo donde quieras cada vez que hagas este tipo de iniciativas
porque me tendrás siempre como docente de Derecho Procesal.
Como vicedecana de la Facultad de Derecho,
al igual que de la decana,
que sabes que en esta materia siempre nos vais a tener a vuestro lado.
Muchas gracias.
Bueno, cuando Jorge
haga la presentación de la siguiente ponente,
muchísimas gracias a todos
y sé que van a ser unas jornadas maravillosas
en las cuales vamos a contribuir todos a recorrer,
avanzar en este camino hacia una sociedad más inclusiva
y más humana.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Es un placer escucharte otro año más.