Muy buenos días, bienvenidos.
Hoy vamos a hablar de uno de los temas más interesantes
que tiene la Constitución
y que tras la reforma operada en febrero de 2024 ha servido
para introducir el prisma de la discapacidad
dentro de la Constitución con un nuevo enfoque.
Por ello, la sesión de hoy se llama Discapacidad y Constitución
y lo que vamos a analizar es el artículo 49
de la Constitución,
tal y como fue redactado en su origen,
cuál es la configuración de la discapacidad de la Constitución
y cuál es el sentido último de la reforma operada
y tal y como queda.
En ese sentido, lo que vamos a ver en primer lugar es una introducción,
la dignidad humana de la discapacidad
y su conexión con los derechos humanos,
cómo fue configurada la discapacidad en la Constitución,
en la reacción originaria y en los debates constituyentes
del artículo 49.
Después analizaremos la reforma constitucional
y, por último, concluiremos con unas conclusiones
que sirvan para resumir y tener un enfoque claro.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta
es que la aprobación de la tercera reforma constitucional
en febrero del 2024 buscaba adecuar el tenor de la discapacidad recogido
en el artículo 49 de la Constitución a un tiempo nuevo,
encardinándolo plenamente en los principios y valores
de la dignidad humana.
La fundamentación del cambio se centraba en la sustitución
del término disminuidos, que es lo que ponía la reacción original,
por el más correcto, actual y respetuoso
de personas con discapacidad.
Una adecuación que era no solo formal,
sino también y sustancialmente material
y que se complementaba con algo no adjetivo,
sino sustantivo.
La elevación de la discapacidad a una política pública
de primer nivel político y social.
La reforma ha gozado de un amplísimo consenso parlamentario
expresado en el acuerdo entre el PP y el PSOE para llevarla a cabo.
Y esto es algo a valorar muy notablemente porque.
Que los dos grandes partidos
se pongan de acuerdo en algo es muy residual,
pero que lo hagan para una política pública
como es la discapacidad es algo muy encomiable.
Además, contó con el amplísimo respaldo
de los colectivos afectados, que llevaban decenios
pugnando por una transformación del lenguaje jurídico-constitucional
que no solo era nominal,
sino que se fundamentaba en el respeto a los derechos humanos
y a su diversidad.
Son varias las cuestiones que la reforma en ese sentido también,
y lo analizaremos desde un punto de vista crítico,
ha planteado.
Primero, en el orden formal,
la deficiente técnica legislativa empleada,
porque como veremos, se ha utilizado,
y no es la primera vez que se hace para una reforma constitucional,
el procedimiento de urgencia y lectura única.
Que es inapropiado por tiempo y forma,
especialmente para una reforma en nuestra norma suprema,
y también en el orden material, desde un punto de vista sustantivo,
porque alguno de los cambios introducidos genera notables dudas
sobre su constitucionalidad, especialmente visibles en la extraña
asimetría en favor de los menores y las mujeres con discapacidad
expresamente contenida en el apartado segundo del artículo o en la garantía
de la plena autonomía de este colectivo.
Desde una perspectiva de los derechos humanos,
la discapacidad se ha ubicado tradicionalmente
en un espacio complejo en el ámbito de las políticas públicas
que definen el Estado social, cuyo carácter expansionista
ha impuesto una constante ampliación del perímetro garantista del Estado,
exigiendo la incorporación de nuevos espacios de inclusión
y la redefinición de los existentes para tratar
de evitar la exclusión de colectivos en riesgo de vulnerabilidad.
La discapacidad,
en consonancia con la propia dinámica de la evolución social
y la percepción de ésta, ha sufrido una notabilísima transformación
visible en la modulación de la normativa europea
e internacional.
Esta modulación ha mutado la tradicional concepción
médico-asistencial y reparadora de carácter y contenido individual
por una centrada en la perspectiva social,
ética y jurídicamente vinculada con el principio de igualdad
y no discriminación, de carácter y naturaleza colectiva,
que ha afectado la configuración del Estado social en su conjunto.
Esta mutación ha supuesto un tránsito dogmático
en la concepción de la discapacidad,
ubicando un eje polisémico y polifacético de la dignidad humana
como principio orientador de todas las políticas públicas.
Es un eje complejo y falto de concreción,
en cierto modo ambiguo,
que en su definición conceptual y jurídico-constitucional
que busca un mínimo invulnerable con independencia
de la situación personal en la que se encuentre la persona,
constituyéndose por tanto una obligación.
Para el Estado garantizar los derechos fundamentales
para posibilitar la optimización de todas las potencialidades
del individuo en cualquier contexto y circunstancia.
Se sitúa,
pues, en el ámbito de lo inspirador y lo interpretativo,
alejándose de cualquier definición puramente descriptiva,
sino adscriptiva,
al confluir progregación con otras categorías.
La dignidad, entendida como un constructo dogmático
vinculado a la existencia humana, ha orientado paulatinamente
toda actuación de los poderes públicos en relación
con la esfera asistencial del Estado,
siendo las políticas en favor de la discapacidad
las que han modulado este prisma de corte paternalista
e incluso autoritario, que en origen guiaba la actuación de la acción
pública para uno de los colectivos más vulnerables.
Esta nueva orientación adquirió carta de naturaleza con la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 13 de diciembre de 2006.
Un texto que fijó el nuevo modelo social
de la discapacidad desde el reconocimiento legal
de la igualdad de condiciones con plena capacidad jurídica
en todos los aspectos de su vida, favoreciendo así su libertad
y el libre desarrollo de su personalidad,
tal y como recoge el artículo 12 de este texto.
Además, este texto consagró el denominado modelo social
de la discapacidad,
alejando la visión reparadora e individualista,
que luego profundizaremos un poco en ella,
que era la que venía presidiendo la regulación del marco jurídico
de la discapacidad.
Un modelo que pone el foco en la sociedad
y no en las personas con discapacidad.
Esto es un modelo de inclusión que busca normalizar a este colectivo
en la sociedad, normalizando, y valga la redundancia,
en la discapacidad a la sociedad misma,
que con frecuencia excluye a la discapacidad.
Por tanto, es un modelo centrado netamente en la dignidad humana
como derecho fundamental que entiende
y asume que el foco no está en la limitación personal,
sino en la barrera social a superar.
La Convención de 2006,
fruto de la consolidación de este nuevo modelo social
anclado en la teoría de los derechos humanos,
crea cuatro nuevos derechos explícita e implícitamente reconocidos.
Primero, el derecho a la igualdad de capacidad jurídica
del artículo 12, el derecho a la accesibilidad universal
de los artículos 3 y 9, el derecho a vivir de forma independiente
y a ser incluido en la comunidad del artículo 19 y el derecho al uso
de la lengua de signos del artículo 30.
Lengua de signos,
que aprovecho para apuntar, no es unívoca.
Una de las grandes cuestiones que se plantean socialmente
es que la lengua de signos es común para todos los países.
No, existen muchas lenguas de signos.
Centrándonos ya en la esfera jurídico-positiva
de nuestro marco constitucional en España,
los antecedentes parlamentarios del artículo 49
ofrecen pocas dudas sobre la intención
de los constituyentes del 78 de incluir una expresa mención
a la discapacidad en el articulado.
Así, en el anteproyecto, en su artículo 42,
se afirmaba "Los poderes públicos garantizarán a los disminuidos
físicos y mentales y personas incapacitadas una atención
especializada y un reforzamiento del amparo que los derechos fundamentales
de ese título otorgan a todos los ciudadanos".
Las enmiendas sucesivas redefinieron el prisma inicial
de la discapacidad de la redacción original,
suprimiendo la mención de incapacidad
y consagrando así una política pública integradora
de carácter asistencial sanitario.
En su momento constituyó una novedad la inclusión de un precepto
con este tenor.
¿Por qué?
Porque el único precedente
lo constituía entonces la Constitución de Portugal,
que se situaría como el referente inmediato
y de la que tomó el planteamiento general de la discapacidad.
No obstante, otros países también contienen menciones,
si bien no terminológicamente adecuadas,
pero lógicas en consonancia con el tiempo,
como la Constitución italiana y la francesa.
Si bien estas mencionaban los términos incapacidad
y minusvalía.
Se percibe también en la Reacción del 78 la influencia
de la normativa internacional entonces circunscrita
por orden cronológico a tres textos fundamentales.
Primero, la Carta Social Europea de 1965,
la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental de 1971
y la Declaración de los Derechos de los Minutos Válidos de 1975.
El primero del Consejo de Europa, es decir,
la Carta Social del 65 y los dos segundos
de la ONU.
A esto se habría que sumar en el ámbito europeo
la resolución del Consejo de 21 de enero del 74 relativa
a un programa de acción social.
Se infiere de estos textos un carácter médico existencial,
rehabilitador y prestacional en el modelo de 1978,
expresado en tres órdenes distintos, una especial protección,
unas medidas de internación y el amparo para el disfrute
de sus derechos.
Un marco en conjunto focalizado en políticas correctoras
de la discapacidad y, por tanto, muy tentativamente igualitarias,
aunque centradas directamente en la vertiente sanitaria
e indirectamente en las políticas educativa y laboral,
siendo la primera de configuración e impulso reparador y las segundas,
la laboral y la educativa, integrador.
El planteamiento de este derogado artículo 49,
derogado desde febrero del 24, destilaba, por tanto,
en lógica consonancia con el sentido de su tiempo,
una naturaleza asistencial con independencia de la causa
que originase la discapacidad y la forma de manifestarse,
física, psíquica o sensorial.
A ello se añadía el hecho de que, incluso entonces,
el término disminuidos no fuese más apropiado.
Como revela que la ley 13 de 1982 de 7 de abril
de integración social de los minusvalidos optase
por otro concepto menos ofensivo porque el término minusvalía.
Desde un punto de vista nominal, semántico,
conlleva una carga en cierto modo peyorativa.
El aspecto que justificaba la inserción en el artículo
de la Constitución era la búsqueda de una protección sociosanitaria
que fuese instrumento no tanto de paulatina integración,
aunque sea naturalmente el objetivo final,
como de paliación de la objetiva discriminación
de las personas con discapacidad.
Es decir, la discapacidad se veía como una suerte de anomalía
para resolver o paliar por parte de los poderes públicos,
como enfermedad a sanar y así rehabilitar al sujeto
afectado.
De ahí que el texto constitucional
señalase la atención especializada como instrumental para este fin,
una de las dos veces en las que expresamente hará uso
del término especial
para catalogar a este colectivo o sus necesidades.
La discapacidad, en suma,
presentaba un enfoque no incardinado en la perspectiva
de la dignidad humana y, por lo tanto,
de los derechos humanos, sino el derecho a la salud,
que, como saben ustedes, no es un derecho fundamental.
La discapacidad debía, además, desde la acción pública del Estado,
ser resuelta para poder después,
y gracias a esta resolución, integrar a las personas con discapacidad
en la normalidad social que asegurase su normal desenvolvimiento social.
En sociedad.
Discapacidad, por tanto, como antítesis social y jurídica
de la normalidad.
Mención especial merece el amparo reconocido para el disfrute
de los derechos de este colectivo.
Un amparo que se reconoce expresa y específicamente.
Por la condición de situación de este colectivo
en situación de vulnerabilidad y que si bien
a priori podría resultar innecesario por redundante al recogerse
en el precepto en el artículo 53.2 de nuestra Constitución,
buscaba otorgar mayores garantías jurídicas
a las personas con discapacidad.
La mención del especial amparo expresado en el artículo 49
no buscaba otorgar una proyección adicional o privilegiada,
sino que buscaba definir un ámbito indisponible.
Y limitador para los poderes públicos.
Con todo, y hay una notable paradoja que resaltar en ese aspecto,
es que no ha existido ninguna forma de sustanciación procesal
de estampado especial,
lo que ha convertido el artículo en una expresión
absolutamente vacía.
Desde un punto de vista normativo, el desarrollo ulterior
que ha tenido este precepto 49 delogado se ha desplegado
de una forma muy prolija y muy multidisciplinar,
porque ha incidido en materias tan dispares como la civil,
la penal, el derecho a la salud.
La protección social la fiscalidad el empleo la social información
el transporte el urbanismo el deporte la educación y la cultura
el derecho administrativo el hipotecario y el mercantil
sin olvidar el derecho al sufragio la protección ciudadana
y la justicia de hecho la primera norma que acogió
y desplegó con vocación de totalidad el artículo 49.
Fue la Ley 13.1982, de 7 de abril, de integración social
de los mínimos válidos,
que no sería derogada hasta 2013 con el Real Decreto Legislativo 1.2013.
Esta norma supuso la primera piedra de toque
de las políticas de atención a la discapacidad al diseñar
un sistema integral de atención a la discapacidad con el objetivo,
como señalaba el artículo 1 de la ley,
de lograr su completa realización personal
y su total integración social.
Con la Ley 51-2003,
de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades,
No Discriminación y Accesibilidad Universal
a las Personas con Discapacidad,
se introduce el modelo social en nuestro ordenamiento jurídico,
especialmente visible en sus principios inspiradores.
Vida independiente, normalización, accesibilidad universal,
diseño para todos, diálogo civil y transversalidad a las políticas
en materia de discapacidad.
Una norma que chocaba en cierto sentido
con el tenor de la Constitución,
por lo que fue empujando en ese sentido.
Máxime si se tiene en cuenta, como antes señalamos,
la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006.
Que en España fue ratificada en diciembre de 2007,
en vigor desde el 13 de mayo de 2008.
Posteriormente, la Ley 39.2006, de 14 de diciembre,
de promoción de la autonomía personal y atención
a las personas en situación de dependencia,
la Ley 27.2007, de 23 de octubre,
por la que se reconocen las lenguas de signos españolas,
o la ley 49-2007,
por la que se establece el régimen de infracciones
y sanciones en materia de igualdad de oportunidades,
no discriminación y adquisición universal, han perfilado
todo este planteamiento,
todo este prisma social inclusivo.
Posteriormente,
y esta es una norma muy importante a resaltar, la Ley Orgánica 2-2018,
de 5 de diciembre, para la modificación
de la Ley Orgánica al Régimen Electoral General
para garantizar el derecho al sufragio de todas las personas
con discapacidad, vino a complementar esta norma,
que se sumó a la Ley 8-2021, de 2 de junio,
por la que se reforma la legislación civil y procesal
para el apoyo a las personas con discapacidad
en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Han completado definitivamente el modelo social
y en conjunto este despliegue normativo
ha tenido una incidencia mayor en el ámbito laboral,
educativo y sanitario.
En ese sentido, conviene destacar que es en el sector público
donde se han realizado unos mayores avances
sin perjuicio de las políticas desde un punto de vista fiscal
o inclusivas que se realizan en el sector privado.
Pero en el sector público por ejemplo como se ve en el artículo 59
del texto refundido de la ley del estatuto básico del empleo público
se recoge que las ofertas de empleo público
habrá un cupo no inferior al 7% de las vacantes
para ser cubiertas entre personas con discapacidad
siempre que supere los procesos selectivos
y acrediten su discapacidad y compatibilidad con el desempeño
de las tareas de modo que progresivamente
se alcance el 2% de los efectivos totales
en cada administración pública un cupo que además.
Exige con carácter específico para la discapacidad intelectual
de ese 7%,
el 2% de las plazas ofertadas sea para personas que acrediten
cualquier otro tipo de discapacidad.
La reforma constitucional
que se produjo en febrero del 24 tiene unos antecedentes largos.
Han sido varias las tentativas en los inicios del nuevo siglo
en los que la reforma fue planteada,
si bien no con el suficiente interés político o con ser social.
Por ejemplo, en el año 2005, en diciembre,
el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
señaló una necesidad de modificar el término de disminuidos
por el de discapacitados.
No obstante, por ejemplo, después, en febrero de 2006,
cuando el Consejo de Estado elabora su informe
sobre las modificaciones de la Constitución,
no hizo mención alguna sobre este artículo,
si bien es cierto que en ese informe el Consejo de Estado sólo tenía
que valorar cuatro aspectos, que eran la sucesión a la corona,
la recepción del derecho europeo,
la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas
y la reforma del Senado.
Por tanto, no fue incluido en esa propuesta de reforma
de la Constitución.
Y además, máxime también si se tiene en cuenta
que muchas de las reivindicaciones de este colectivo
cristalizarían en gran medida con la aprobación de la Ley 39-2006.
En diciembre de 2018, durante la doceava legislatura,
que duró desde 2016 a 2019,
El gobierno, surgido del triunfo de la moción de censura
de mayo del 18, impulsó dos reformas constitucionales,
siendo una de ellas la reforma del 49,
a propuesta del Congreso de Discuta,
de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del
Congreso de los Diputados y el apoyo del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI.
Y otras organizaciones.
Esta propuesta no pasó de anteproyecto
a causa de la disolución de las Cortes en mayo del 2019
y, subsiguientemente, la posterior legislatura,
que solo duró de mayo a septiembre del 2019,
la legislatura número 13, hizo inviable el proyecto.
Sin embargo, durante la legislatura 14,
el Gobierno decidió impulsar de nuevo
la reforma tras superar la crisis del COVID19.
Esta reforma sería aprobada por el Consejo de Ministros
el 11 de mayo de 2011,
aunque no contaría con respaldo de los partidos de la oposición,
que percibía que existía un riesgo de desestabilización institucional
por la debilidad gubernamental y la dependencia
en favor de los partidos nacionalistas e independentistas.
Sin embargo, ya en diciembre del 2023,
tras la legislatura actual en la que nos encontramos,
tras la investidura del presidente Pedro Sánchez,
los líderes del PSOE, Pedro Sánchez y el del PP,
Alberto Núñez Fijo, llegaron a un acuerdo
para abordar esta reforma que sería presentada de forma conjunta
el día 29 de diciembre.
La exposición de motivos de la propuesta no daba lugar a dudas
y exponía.
Que resulta patente que la redacción original del artículo 49,
que plasmó el compromiso del constituyente
con los derechos y libertades de las personas con discapacidad,
precisa de una actualización en cuanto a su lenguaje y contenido
y para reflejar los valores que inspiran la protección
de este colectivo tanto en el ámbito nacional
como internacional.
Por todo ello, resulta necesario proceder a la reforma del artículo 49
de la Constitución,
de manera que este precepto vuelva a ser referencia
para la protección y promoción de los derechos
de las personas con discapacidad.
La argumentación, algo más perfilada y aséptica
que la presentada en 2021, se fundaba en lo sustancial
en el ámbito de la adecuación normativa.
En cuanto al íter legislativo,
y al igual que sucediese en septiembre de 2011
con la reforma del artículo 135 de la Constitución,
los grupos parlamentarios optaron por hacer uso del cuestionable,
muy cuestionable procedimiento de urgencia y aprobación
en lectura única en la tramitación de la reforma.
Veremos ahora por qué.
Este proceder se fundaba en el temor político abril
denominado melón constitucional sin el debido consenso
entre los partidos llamados a la alternancia
y a la responsabilidad del gobierno.
Consenso que debía cerrar cualquier posible conato de reforma
que no estuviese circunscrita a la pactada.
De hecho,
en el acuerdo suscrito entre PP y PSOE, en diciembre del 23,
se establece el compromiso gubernamental a expresa petición
del PP de que no pudiera ser sometida a referéndum tras su aprobación.
Que las enmiendas presentadas
por otros grupos solo se aceptarían si ambos grupos parlamentarios
estuviesen de acuerdo.
En nuestra opinión, al menos en la mía, los temores políticos
no sirven para justificar este deficiente proceder técnico,
porque la reforma, que gozaba de un amplísimo consenso,
hubiese necesitado de mayor reflexión,
mayor profundización y no tantas prisas,
porque no había una necesidad de ellas.
Sin embargo, parte de los temores estaban fundados
y eso se vio en cierto modo irresponsabilidad
con los que algunos grupos parlamentarios,
aprovechando una reforma constitucional,
trataron de incluir en el texto.
¿Por qué?
Porque intentaron modificar la Constitución sin conexión material
con el objeto de la reforma, es decir,
intentaron introducir enmiendas.
Que nada tenían que ver con la discapacidad,
como era la soberanía nacional o algunas planteadas
que ya se hicieron también en la propuesta de 2019,
pues por ejemplo, otorgar a la isla de Formentera
un senador propio o otras de ese tenor
o de derecho foral.
Finalmente, la reforma fue aprobada el jueves 18 de enero,
fíjense, se presentó un viernes 29 de diciembre,
se aprueba un 18 de enero, con amplia pero una mínima mayoría.
Fue publicada
en el Boletín Oficial del Estado el 17 de febrero,
tras la también aprobación en el Senado,
con el siguiente tenor.
Artículo 49.1.
Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos
en este título en condiciones de libertad,
igualdad, reales y efectivas.
Se regulará por ley la protección especial
que sea necesaria para dicho ejercicio.
Artículo 49.2.
Los poderes públicos impulsarán
las políticas que garanticen la plena autonomía personal
y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos
universalmente accesibles.
Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones
en los términos que la ley establezca.
Se atenderán particularmente las necesidades específicas
de las mujeres y los menores con discapacidad.
Este tenor plantea dos cuestiones fundamentalmente muy contrarretidas.
En primer lugar,
porque cuando la norma establece los poderes públicos impulsarán
las políticas que garanticen la plena autonomía personal
y la inclusión, esta garantía es de práctica imposibilidad
de consecución objetiva, porque.
La realidad de la discapacidad es la diversidad
de sus múltiples situaciones generadoras que la producen.
Y también, por una cuestión subjetiva,
la realidad personal individual
puede exigir necesidades distintas a dos sujetos con discapacidad,
salvo en lo relativo al impulso de las políticas de accesibilidad
que sí es común.
Por tanto, es una suerte de desideratum constitucional.
Todo es que acaba situando la reforma en el terreno de lo aspiracional.
Y en segundo lugar, en el apartado 2,
infine, señala que se atenderán particularmente las necesidades
específicas de las mujeres y menores con discapacidad.
Es quizá el aspecto más controvertido
y cuestionado de la reforma al consagrar constitucionalmente.
Una asimetría de edad
y de género difícilmente justificable jurídicamente,
pese a que las medidas de acción positivas consagradas
en la jurisprudencia constitucional
hayan reconocido la situación de desigualdad real
de estos colectivos.
Y esto hay que mencionarlo porque si bien es cierto
que la Convención de 2006 hace referencia directa
en varias ocasiones a las situaciones de especial riesgo de mujeres
y menores con discapacidad,
no menoscito resulta que dichas referencias
tienen una pretensión igualitaria que en la Constitución Española
se resuelve entre los artículos 9.2 y 14 de la UALDA material y formal.
Por tanto, la inclusión de esta coda obedece
a circunstancias sobrelabulares.
Hay un mayor riesgo de desempleo, por ejemplo,
en las mujeres con discapacidad.
Pero estas circunstancias pueden cambiar
con la evolución de la propia dinámica social,
pero la Constitución no suele cambiar.
Por tanto, la introducción de una clara discriminación positiva
en favor de los menores y mujeres en el texto constitucional,
basado en datos actuales
que justifican esa inclusión, pero variables,
puede anclar la norma suprema en nuestra Constitución.
Un sesgo discriminatorio difícilmente justificable
en el futuro.
Además, la constitucionalización de las organizaciones representativas
de la discapacidad resulta, en cierto modo,
innecesaria porque la Ley 39.2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, incluye en la consulta pública,
no pareciendo oportuno, otorgar un estatus
privilegiado a las organizaciones del colectivo en este diseño.
Ello sin olvidar que como señalase en su dictado en el consejo de estado
el incumplimiento de la participación por parte de los poderes públicos
podría suponer complejos conflictos de constitucionalidad con la norma
afectada en síntesis y voy concluyendo
la reforma constitucional del artículo 49
ha permitido la adecuación terminológica de uno de los aspectos
más controvertidos de nuestra constitución sanando jurídica
y moralmente una frente histórica contra un colectivo.
Que agrupa a más de 4 millones de personas.
Esta modificación constitucional,
pese a su indudable sencillez formal y material,
ha adolecido de una correcta técnica legislativa al haberse empleado
el cuestionable procedimiento de urgencia y lectura única.
Innecesario por el objeto y por careza de premura.
Objeto porque ninguna reforma constitucional
debe tramitarse por este procedimiento
y porque desde un punto de vista material
la reforma llega tardíamente.
Era necesaria pero tardía.
Porque en virtud del artículo 96.1 de la Constitución la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad
ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico
no requiriéndose instrumento posterior de modificación
en nuestro texto constitucional al encontrar
se integrada sus previsiones en dicho texto.
Por tanto, el nuevo prisma social de la discapacidad, en suma,
ha superpuesto y superado la redacción original
del artículo 49.
Por ello, la reforma constitucional debiera haberse realizado en 2019
tras la rectificación de la Convención por España.
Sin más,
y confiando en que esta sesión sobre el artículo 49
de la Constitución les haya resultado de interés y utilidad,
quedo a su disposición en este correo electrónico.
Me llamo David Delgado Ramos.
Y espero que les haya gustado la sesión.
Muchísimas gracias.