Programa 23, recapitulando 2 de nuestro derecho procesal penal.
Las fases del proceso penal son la fase de instrucción
con sus actos de investigación de prueba anticipada y preconstituida
con sus medidas cautelares, la fase intermedia,
la fase de audiencia preliminar en el abreviado
y el juicio oral con su sentencia y sus respectivos recursos.
Vamos a analizar ahora en este último programa
Recapitulando II todo el periodo procedimental
de nuestro proceso penal.
Recordamos que los actos de investigación restrictivos
de derechos fundamentales
podían ser lo en el ámbito físico o electrónico.
Las medidas de investigación tecnológica precisan
todas ellas autorización judicial previa y expresa
y la precisan con la única excepción de la utilización
de dispositivos técnicos de captación de imagen de lugares
y espacios públicos.
Los principios rectores sobre los que se asientan
estas medidas son legalidad, jurisdiccionalidad, especialidad,
idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.
La intervención o interceptación de las comunicaciones telemáticas
o telefónicas constituye un acto de investigación tecnológica
que consiste en esencia en la interceptación
de todos aquellos dispositivos que permitan la comunicación
telefónica o telemática tanto del presunto autor del hecho delictivo
como de los terceros que con él se relacionan.
El ámbito objetivo de este acto de investigación
se encuentra circunscrito a algunos de los bloques
de delitos siguientes.
Delitos dolosos, castigados con un límite máximo
de al menos tres años de privación de libertad,
delitos cometidos en el seno de grupo o organización territorial,
delitos de terrorismo,
delitos cometidos a través de instrumentos informáticos
o de cualquier otra tecnología de la información
o de la comunicación o servicio de la comunicación.
La duración máxima inicial de esta intervención
se compuntará desde la fecha de autorización judicial
y será de tres meses prorrogable por periodos sucesivos
de igual duración hasta un máximo de 18 meses.
La captación y grabación de las comunicaciones orales directas
mediante la utilización de dispositivos electrónicos
consiste en la adquisición, percepción y de cualquier modo
intervención para la grabación del sonido así como en el caso de ser
autorizado también de la imagen durante las conversaciones directas
que mantenga el investigado prácticamente en cualquier lugar
en el que se encuentre tanto en la vía pública
o en cualquier espacio abierto como en su domicilio
y cualquier otro lugar privado.
La gran diferencia de esta medida que es la captación
y grabación.
De las comunicaciones orales directas mediante la utilización
de dispositivos electrónicos con la anterior que lo era,
la interceptación de las comunicaciones
telefónicas y telemáticas como acabo de referir,
se residencia precisamente en la itinerancia física,
la comunicación actual, la vitalidad de la oralidad en curso
y la vivacidad verbal ajenas a cualquier tipo
de soporte técnico de la primera.
Piénsese en comunicaciones lanzadas al aire, lanzadas de viva voz,
frente a la segunda que se produce en un canal telefónico o telemático
ya cerrado
y por tanto culminado.
La captación y grabación de las comunidades orales
tan solo podrá utilizarse,
autorizarse cuando los hechos que estén siendo investigados
sean constitutivos de alguno de los siguientes delitos.
Delitos dolosos castigados con un límite máximo
de al menos tres años de prisión,
delitos cometidos en el seno de organización criminal
y delito de terrorismo.
Pasamos a la utilización de dispositivos técnicos de captación
de la imagen, que consiste en la obtención,
grabación efectuada por la policía judicial
a través de cualquier medio técnico, generalmente sistemas
de geolocalización de posicionamiento global, GPS, de la propia persona
investigada cuando se encuentra en un lugar y espacio público
si ello fuera necesario para facilitar su identificación,
para localizar los instrumentos o efectos del delito
u obtener datos relevantes para el esclarecimiento
de los hechos.
Pasamos a la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento
y de localización que consiste en la persecución y ubicación
del investigado durante un período de tiempo relativamente dilatado
y gracias a la utilización de dispositivos o medios técnicos
adecuados para este fin,
como pueden ser los radiotransmisores,
las balizas de seguimiento, las ondas de GPS
o los mismos drones.
En quinto lugar,
tenemos el registro de dispositivos de almacenamiento masivo,
que constituye una medida tecnológica consistente en la extracción
de información relevante para la investigación incorporada
en toda suerte de dispositivos de almacenamiento masivo,
como pueden ser lo.
Entre otros, los existentes en el momento actual,
ordenadores fijos y portátiles, dispositivos electrónicos,
sean de naturaleza telefónica, iPhone, móviles o telemática,
iPads, tablets, así como instrumentos
de almacenamiento de información digital,
pendrives, memorias externas, disquetes, CDs, USBs, etc.,
e incluso nubes, repositorios digitales
o bases telemáticas de datos.
El registro remoto sobre equipos informáticos
es otra medida de investigación tecnológica
que consiste ahora en la entrada y registro
exclusivamente electrónico del equipo informático
o dispositivo electrónico del investigado o en su caso
de los investigados por supuesto sin su conocimiento
porque de otro modo carece de efectividad y utilidad
y en remoto esto es desde la distancia
durante un tiempo determinado fijando una duración máxima
de un mes prorrogable por iguales periodos
hasta un total de tres meses.
Por último, tenemos la conservación de datos archivados.
El Ministerio de Policía Judicial podrá requerir finalmente
a cualquier persona, física o jurídica,
la conservación y protección de datos o informaciones concretas
incluidas en un sistema informático
de almacenamiento que se encuentren a su disposición
hasta que se obtenga la autorización judicial correspondiente.
Los datos se conservarán durante un periodo máximo
de 90 días, prorrogables una sola vez
hasta que se autorice la cesión o se cumplan 80 días.
Pasamos a los actos de prueba anticipada y preconstituida.
La prueba anticipada es la prueba personal,
generalmente declaraciones del investigado, testigos y peritos,
excepcionalmente practicada durante la fase de instrucción
del proceso penal con todas las garantías procesales,
cuando desde ese incipiente momento se prevea la imposibilidad
de su práctica en el momento procesal oportuno,
que como todos sabemos es la fase de enjuiciamiento,
fase en la que será insertada precisamente esta prueba personal
anticipada luego por la vía de la documental.
La prueba preconstituida, sin embargo,
la prueba material y por tanto nunca personal,
salvedad hecha del tratamiento ahora otorgado
a la intervención personal de los menores de 14 años
o personas con discapacidad necesitadas de especial protección,
pero como digo, con esta salvedad,
la prueba preconstituida es la prueba material
excepcionalmente practicada, celebrada durante la instrucción y
con las debidas garantías ante el riesgo de.
Pérdida debido a su evidenciable irrepetibilidad por causas diversas
en el ulterior periodo de enjuiciamiento.
La prueba personal anticipada
y la prueba personal preconstituida se celebran en la fase de instrucción
y constituyen las únicas excepciones a la práctica,
la prueba que debe en todo caso y en otro caso realizarse siempre
en la fase de juicio oral, fase de enjuiciamiento
o de plenario.
Y esa es la máxima general,
la de la práctica de la prueba en el juicio oral,
que responde precisamente a que tan solo en ese momento
se pueden en todo caso garantizar en toda su plenitud
los principios inspiradores de la actividad probatoria.
Las medidas cautelares penales son las siguientes.
La primera, la detención.
Ningún español ni extranjero podrá ser detenido
sino en los casos en la forma que las leyes prescriban.
Cualquier persona puede detener,
sería una detención entre particulares,
al que intentarle cometer un delito en el momento de ir a cometerlo.
También al delincuente infraganti,
al que se fuga de un establecimiento penal
en el que se encuentra extinguiendo condena, al que se fuga de la cárcel
en que estuviese esperando su traslación al establecimiento penal
o a otro lugar donde deba cumplir condena que se hubiera impuesto
por una sentencia firme,
al que se fuga al ser conducido al establecimiento o lugar
que acabo de referir,
al que se fuga estando detenido o preso por causa pendiente
y también al procesado o condenado que estuviese en rebeldía.
La autoridad o agente de la policía tiene la obligación
de detener detención policial a los particulares,
en ciertos casos el particular agente o autoridad de la policía que detiene
a una persona debe ponerla a libertad o entregarla al tribunal más próximo
o en el lugar adecuado.
En el que se hubiese hecho la detención
dentro de las primeras 24 horas al acto de detención.
Si se demora la entrega, incurre una responsabilidad penal
si la dilación excede de 24 horas.
La Orden Europea de Detención y Entrega es una resolución judicial
dictada a un Estado miembro de la Unión Europea
con vistas a la detención y entrega por otro Estado miembro
de una persona a la que se reclama para el ejercicio de acciones penales
o para la ejecución de una pena o medidas de seguridad privativas
de libertad.
La Ley Orgánica 6.84, que regula el procedimiento de habeas corpus,
regula precisamente un proceso para obtener
la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente
de cualquier persona que hubiese sido detenida ilegalmente.
A estos efectos se consideran personas ilegalmente detenidas
las que lo fuesen por una autoridad agente de la misma,
funcionario público o particular,
sin que concurran los supuestos legales
o sin haber cumplido las formalidades prevenidas y con los requisitos
exigidos por las leyes, que son a los que me acabo de referir.
Las que estén ilícitamente internadas
en cualquier establecimiento o lugar,
las que estuviesen por plazo superior a los señalados por las leyes
y el transcurso del mismo no hubiesen sido puestas en libertad
o entregadas al juez en el lugar más próximo a la detención
y las privadas de libertad a quienes no les sean respetados
los derechos que la Constitución y las leyes procesales
garantizan a toda persona detenida.
La prisión provisional es la siguiente medida cautelar
de naturaleza penal, de naturaleza personal.
Podrá decretarse la prisión provisional por parte
del Tribunal de Instancias, Sección de Instrucción,
que forme las primeras diligencias,
así como el Tribunal que conozca la causa,
bajo los principios de legalidad.
Necesidad, proporcionalidad, instrumentalidad y provisionalidad.
La prisión provisional tan solo se adoptará
cuando objetivamente sea necesaria de conformidad con la ley
y cuando no existan, como es lógico,
otras medidas menos gravosas e igualmente efectivas
para el derecho a la libertad
a través de las cuales se puedan alcanzar, como digo,
los mismos fines que con la prisión provisional.
La prisión provisional tan sólo puede
ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos.
Primero, que consta en la causa la existencia de uno
o varios hechos que presentan los caracteres de delito
sancionados con una pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años
de prisión o bien con pena privativa de libertad de duración inferior
si el investigado o encausado tuviera antecedentes penales
no cancelados ni susceptibles de cancelación derivados
de una condena por un delito doloso.
También cuando aparezca
en la causa motivos bastantes para creer responsable
criminalmente del delito a la persona contra la que se haya
de dictar algún auto de prisión.
También cuando mediante prisión provisional se persiga
alguno de los siguientes fines.
Asegurar la presencia del investigado
o un causado en el proceso
cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.
En segundo lugar, evitar la ocultación,
la alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes
para el enjuiciamiento en los casos en los que exista un peligro fundado
y concreto.
Evitar que el investigado
o un causado pueda actuar contra bienes jurídicos
de la víctima.
Y por último, también puede acordarse prisión provisional
para evitar el riesgo de que el investigado
o un causado cometa otros hechos delictivos,
todo sea reincidente.
La presión provisional durará el tiempo imprescindible
para alcanzar cualquiera de los fines previstos y en tanto
subsistan los motivos que justificaron su aprobación
y son los que me acabo de referir.
Existen otro tipo de medidas, de medidas cautelares penales,
como la orden de protección para las víctimas de violencia sexual.
De género o doméstica,
la suspensión de la patria potestad de alguno de los progenitores,
la suspensión de la tutela, curatela, guarda o acogimiento,
el establecimiento de un régimen de supervisión para el ejercicio
de la patria potestad, tutela o cualquier otra función tutelar
o de protección de apoyo, la suspensión o modificación
del régimen de visitas o comunicación con el no conviviente
o con otro familiar, la prohibición de residir en un determinado lugar,
barrio, municipio, provincia u otra entidad local
o comunidad autónoma.
Las medidas cautelares civiles, características del proceso penal,
se rigen ya por la jurisdicción civil
y las prototípicas son las siguientes.
La intervención inmediata del vehículo
y la retención del permiso de circulación.
La fianza,
cuando el sumario resulta en indicios de criminalidad
contra una persona.
Se mandará por el tribunal que preste fianza bastante
para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva
puedan declararse procedentes decretándose
en el mismo auto incluso el embargo de bienes suficientes
para cubrir esas responsabilidades en el caso
de que no se llegue a prestar fianza.
El embargo, la orden europea de embargo de bienes
en este espacio de libertad, seguridad y justicia
de la Unión Europea.
Pasamos a la fase intermedia.
Hemos concluido la fase de instrucción
o la fase de investigación destinada a la apertura
o no del juicio oral y en esta fase intermedia
es donde se va a dirimir si se abre o no el juicio oral.
La fase de instrucción tenía por finalidad, insisto,
la preparación del juicio oral o de resultar
infructuosa la investigación, el archivo.
En tal caso, la fase intermedia puede finalizar o bien con un auto
de sobreseguimiento que puede ser provisional o definitivo
o bien con la prosecución del procedimiento.
El sobreseguimiento, como digo,
puede ser libre, esto es definitivo, o provisional.
También puede ser total o parcial.
Si es parcial, se manda a abrir el juicio
respecto de los procesados a quienes no favorezca,
y si es total, se mandará el archivo de toda la causa,
con todas las piezas de convicción que no tengan dueño conocido,
después de haberse practicado las diligencias necesarias
para la ejecución de lo mandado.
Procederá el auto de sobreseguimiento libre que pone término
de una manera definitiva y firme al proceso con fuerza de cosa juzgada
cuando no existan indicios racionales
de haberse perpetrado el hecho delictivo
que dio en su día motivo a la formación de la causa,
cuando el hecho no sea constitutivo del delito
y cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal
los procesados como autores, cómplices o encubridores.
Sin embargo, procederá el archivo provisional
y por tanto sin fuerza de cosa juzgada
cuando no resulte en ese momento debidamente justificada
la perpetración del delito que haya dado motivo
a la formación de la causa o cuando resulte del sumario
haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes
todavía para acusar a una determinada
o determinadas personas como autores cómplices o encubridores.
Caben, por tanto, los siguientes escenarios.
Ministerio Fiscal y Acusación Particular
solicitan la apertura del juicio oral.
En ese caso, el Tribunal ha de dictar
la correspondiente apertura del juicio oral.
Segundo escenario.
Ministerio Fiscal y partes acusadoras mantienen posturas distintas
respecto a la solicitud de sobreseguimiento o apertura
del juicio oral.
El Tribunal podrá proceder a la apertura
o a dictar un sobreseguimiento libre
cuando el hecho no sea constitutivo de delito.
Tercer escenario, el Ministerio Fiscal
solicita el sobreseguimiento y no existe un acusador particular.
Entonces el Tribunal de Oficio llama a la causa,
a los ofendidos y perjudicados,
el llamamiento de acciones, el ofrecimiento de acciones,
para realizarles un último ofrecimiento.
Cuarto escenario, no se persona al acusador particular
y el tribunal considera improcedente
la petición del sobresalimiento del Ministerio Fiscal.
En ese caso puede dirigirse al superior jerárquico
del Ministerio Fiscal a fin de que ese superior jerárquico,
como consecuencia de los principios de unidad y dependencia jerárquica
del Ministerio Público, ratifique o en otro caso rectifique en la forma
prevenida por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,
dicha petición de sobreseguimiento.
Si mantiene la primera resolución,
el tribunal acordará el sobreseguimiento solicitado
por el Ministerio Fiscal.
Quinto escenario, el Ministerio Fiscal
y el ofendido o perjudicado instan el sobreseguimiento.
En ese caso, el tribunal ha de dictarlo,
aun cuando el acusador popular pida la apertura del juicio.
Lo mismo sucederá si por la naturaleza del delito
no fuere posible la existencia de ofendidos o perjudicados.
Vamos con los actos de formalización de la pretensión,
que son los siguientes, los escritos de calificación provisional
en el ordinario por delitos graves
o los escritos de acusación en el abreviado.
Estos escritos son actos de postulación
donde en plena fase intermedia se recoge ya la pretensión penal
y en su caso la civil complementaria,
donde se concreta el objeto procesal penal
y los sujetos ya determinados e identificados,
así como el tema de la prueba.
Respecto al contenido
de estos actos de calificación o acusación provisional
me remito a lo ya avanzado en el programa anterior
y las partes ahora podrán presentar sobre cada uno de estos puntos
que han de ser objeto de la calificación dos
o más conclusiones de forma alternativa
para que, si resulta del juicio la procedencia de la primera,
si no resulta la de la primera, pueda estimarse la segunda
y así sucesivamente las demás en la sentencia.
Concluida la fase intermedia,
comienza el juicio oral con una resolución ya favorable
a la apertura del juicio oral en este caso
y que, por tanto,
ya descarte el sobreseguimiento provisional o definitivo.
Comienza el último periodo del proceso penal.
El juicio oral,
también denominado plenario o fase de enjuiciamiento.
Que toda la fase de instrucción se destinó,
con mejor o peor fortuna, a la preparación bajo la dirección
del Tribunal de Instancias y Sección de Instrucción
de este periodo de enjuiciamiento
y que sus actos de investigación tan solo
estuvieron orientados a poner término al proceso mediante el archivo
o, según lo fructífero de su resultado,
en otro caso, a abrir este nuevo periodo procesal,
entonces podemos afirmar que el proceso penal
en puridad comienza ahora.
Este es el momento en el que juez, jueza competente
para dictar la sentencia,
toma por fin las riendas del proceso penal.
Se presentan con plena igualdad de armas las pretensiones condenatorias
frente a la defensa, que velará por la presunción de inocencia
o, en su caso, por la minoración en lo posible de la condena,
se instaura el debate dialéctico,
se celebra la prueba con toda su plenitud, oralidad,
inmediación, concentración, contradicción y publicidad,
se presentan las calificaciones definitivas y al fin
se dicta la sentencia penal que será de condena o absolución.
Las excepciones procesales son móvices
que deben advertirse a instancia de parte
y de no ser subsanables o de ser subsanables y no haberse subsanado,
impedirán la válida prosecución del proceso para su normal finalización.
En el proceso penal se denominan artículos de previo pronunciamiento
y están recogidos en el artículo 666 de la ley de funcionamiento criminal
en un listado cerrado que establece lo siguiente,
serán tan sólo objetos de previo pronunciamiento
las cuestiones o excepciones siguientes
la declinatoria de jurisdicción, la de cosa juzgada,
la prescripción del delito, amnistía o indulto y la falta
de autorización administrativa para proceder en los casos
en los que sea necesario con arreglo a la Constitución y las leyes.
Las distintas partes acusadoras, pública, popular, particular
o privada, han de probar los hechos constitutivos
de sus respectivas pretensiones,
que serán precisamente los integrados en el escrito
de calificación del proceso ordinario o de acusación del abreviado.
Por su parte,
y dado que la inocencia nunca se presume, perdón,
la inocencia, todo lo contrario, se presume y nunca se prueba,
la inocencia se presume en todo caso y ha de probarse la culpabilidad,
pero no puede probarse la inocencia.
Bueno, pues la parte acusada habrá de conformarse con probar los hechos
incorporados a sus escritos de defensa que incorporen,
en su caso, atenuantes o eximentes,
así como lo sumo, que vengan a extorsionar de cualquier forma
con hechos impeditivos, extintivos o excluyentes la tesis acusadora,
pero el acusado no puede probar su inocencia.
El derecho a la presunción de inocencia,
ampliamente estudiado por nuestros más altos tribunales,
Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional,
impone precisamente que la condena dependerá siempre y en todo caso
de la previa existencia de una mínima pero suficiente
y contundente actividad probatoria que permita acreditar
sin ningún género de dudas la culpabilidad del delincuente.
En ausencia de esta proactiva y exitosa actividad probatoria,
la inocencia se impone.
Pero no sólo se impone la inocencia en ausencia
o ante la insuficiencia de actividad probatoria
alguna que logre desvirtuarla, sino también cuando dicha actividad,
habiéndose producido e incluso resultando bastante,
no resulte, sin embargo, lo suficientemente ilustrativa
como para convencer al juez o a la jueza con toda claridad,
transparencia y luminosidad de la realidad de unos hechos.
A esta razonable duda probatoria se refiere la doctrina
y también la jurisprudencia desde tiempo inmemorial
con la expresión latina indubio pro reo.
En caso de duda, el juez o jueza
ha de fallar siempre en favor del acusado.
Los medios de prueba son los mecanismos, instrumentos,
fórmulas legalmente establecidos para trasladar de forma lícita
una valiosa información al juzgado, la única realidad del acontecido.
Los medios de prueba típicos del proceso penal
son la declaración del acusado, testifical, pericial, documental,
medios de reproducción de la imagen y sonido e inspección ocular.
La declaración del acusado en la fase de enjuiciamiento
difiere mucho de esa misma declaración
cuando era un mero investigado en la fase de instrucción,
pues el ahora acusado podrá manifestar,
si lo desea, su conformidad absoluta con la pena más gravemente calificada
de su conducta y si hubiera más de una,
ello supondrá una sentencia inmediata si se conforma con la totalidad.
La prueba testifical consiste en la declaración o narración
ante el Tribunal del Enjuiciamiento de los hechos penales por parte
de quien precisamente los percibió de manera directa o indirecta
por sus sentidos.
La declaración de la víctima no es acreedora de una regulación propia,
sino que se rige por lo dispuesto con carácter general
para la declaración de los testigos.
La prueba pericial, también denominada informe pericial,
es la prestada en el juicio oral
ante el tribunal ya del enjuiciamiento como complemento
del estudio encomendado a un especialista, a un experto,
por razón de sus cualificados conocimientos científicos,
artísticos o técnicos o prácticos
sobre algún extremo relacionado con los hechos delictivos
o con el sujeto o sujetos del proceso penal.
La prueba documental es la contenida,
como su nombre indica, en documentos.
Estos documentos pueden ser físicos o electrónicos, escritos,
con letras u otros símbolos, también con gráficos,
planos, mapas, fotos, croquis.
Por último, tanto visuales como auditivos,
provenientes de grabaciones de la imagen y el sonido
por cualquier medio tecnológico.
Dentro de la prueba documental penal puede distinguirse,
como es lógico, la documental pública intervenida por fedatarios públicos
de la documental privada elaborada por particulares.
La inspección ocular es la prueba consistente
en la percepción directa practicada por el propio juez o jueza
en un lugar objeto esencial
que debe ser inspeccionado sin barreras ni intermediarios.
El principio informador
de la libre valoración probatoria informa,
como digo, todas y cada una de las modalidades probatorias
del proceso penal.
Debiendo, por tanto,
el juzgador o juzgadora valorar, conforme a su buen saber,
entender a las reglas de la sana crítica,
a las máximas de experiencia, todas las pruebas.
Así lo indica, además, con toda solemnidad
la ley de enjuiciamiento criminal,
cuando dice que el tribunal apreciando,
según su conciencia, las pruebas practicadas en juicio,
las razones expuestas por la acusación
y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados,
dictará sentencia dentro del término fijado por la ley.
Se denomina prueba indiciaria, prueba indirecta,
prueba por indicios o prueba por presunciones
a la inferida motivada y razonablemente de forma directa
de la prueba directa cuando esta última
no puede practicarse en un proceso concreto
por las razones que sean.
De suerte que no surtirán efecto las pruebas obtenidas directa
o indirectamente violentando derechos fundamentales,
pero la prueba indiciaria
indirecta por indicios o por presunciones sí está admitida.
Sí está admitida porque viene a inferirse
de otra plenamente practicada de forma garantista.
Sin embargo, ahora pasamos a las pruebas ilícitas
y prohibidas.
Las que se realizan con vulneración de una norma ordinaria
no serán objeto de valoración judicial y sanción judicial
individualizada.
La vulneración de un derecho fundamental
en la práctica de una prueba provocará
no sólo la nulidad de la propia actuación probatoria,
sino también de todas las que le siguen
cuando resulten inextendibles.
Es el denominado fruto del árbol envenenado.
Una vez terminado el relevante periodo probatorio
y dentro de la vista, el Tribunal hará de nuevo partícipes
de la vista a todas las partes personadas por el orden habitual,
siempre primero Ministerio Fiscal, Acusación o Acusaciones y Defensas,
para que procedan a la vista del resultado probatorio a mantener
y, en tal supuesto,
ratificar las calificaciones provisionales o, en otro caso,
a alterarlas con las modificaciones que estimen oportunas.
Las calificaciones definitivas se plantearán por escrito bien
oralmente con incorporación a un registro
tras la captación electrónica de la imagen
y el sonido y se entregarán al presidente del tribunal.
La formulación.
De estas conclusiones podrá ser, por así autorizarlo,
la Ley de Ajustamiento Criminal de forma única o alternativa.
Una vez presentadas las calificaciones definitivas
y con antelación en todo momento a los informes finales,
el tribunal podrá hacer uso de su facultad de sugerencia
de la tesis, consistente en proponer a las partes acusadoras un cambio,
una modificación en la calificación jurídica
sin prejuzgar el fondo del asunto en uso
de su conocimiento del derecho y uranovid curia
y sobre los hechos que no se encuentren bajo su punto de vista
correctamente calificados.
El planteamiento de esta tesis se incorpora al artículo 733
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que viene a determinar
que sin prejuzgar el fondo del asunto, el tribunal jurídico
sugiera a las partes una modificación de la calificación jurídica
de esos hechos que permita el día de mañana
dictar una sentencia con la calificación jurídica sugerida
y que, gracias a este planteamiento, la tesis pudo luego ser probada.
Una vez presentadas las calificaciones definitivas
y en su caso planteada la tesis, que es una facultad,
insisto, no una obligación del tribunal,
entonces procederá que los distintos protagonistas
del proceso penal presenten por fin sus informes finales.
Hagan uso del derecho a la última palabra
antes de que el caso quede visto para sentencia.
El orden legalmente establecido es el de siempre.
Primero el fiscal, después la acusación penal,
a continuación la civil y por último la defensa penal.
La conclusión de la fase de enjuiciamiento
conduce al tribunal del proceso penal inexorablemente a dictar sentencia.
La sentencia penal, ya lo sabemos,
es la respuesta final del Estado emitida a través de sus jueces
y magistrados a los conflictos ahora sociales
planteados tanto por el Ministerio Fiscal
como por los acusadores personados, populares, particulares
o privados en el marco de los procesos judiciales.
Estas sentencias judiciales, penales,
generan los efectos de la acosa juzgada material
y puede ser la acosa juzgada puede predicarse
no sólo de las sentencias penales firmes
sino también de los autos de sobreseimiento libres
a los que me acabo de referir.
Ese sobreseimiento tan sólo cabía,
voy a recordarlo, por alguno de los siguientes motivos.
Cuando no existían indicios racionales de criminalidad
de haberse perpetrado el hecho de delictivo
cuando el hecho delictivo no era constitutivo delito
o cuando aparecían exentos de responsabilidad criminal
como autores, cómplices o encubridores.
Hay una peculiaridad de la cosa
juzgada penal por contraste a la civil
y es que tiene una doble que no triple identidad subjetiva.
Por tanto, afecta a los mismos hechos y afecta al mismo sujeto pasivo,
pero no al activo.
Esto es, con independencia de quién haya sido el acusador,
público, popular, particular o privado,
lo cierto es que los hechos,
siendo los mismos y afectando al mismo sujeto pasivo,
pasan todos ellos en autoridad de causa juzgada con independencia
de quién haya sido el acusador.
Y con esto pasamos al término de la disciplina
con los recursos que pueden ser devolutivos,
de los que conoce el mismo juez o tribunal que ha conocido
de la resolución que ahora se impugna,
o en este caso son los de reforma y súplica,
o los devolutivos de los que conoce un órgano judicial.
Judicial distinto a aquel que ha dictado
la resolución que ahora se impugna y son los de apelación,
queja y casación.
También cabe la clasificación de ordinarios,
pueden interponerse por cualquier motivo,
reforma, súplica, apelación y de queja
y los recursos extraordinarios que tan solo caben por motivos tasados
frente a resoluciones concretas
como es el caso de la casación y de la apelación
contra las sentencias específicas del tribunal del jurado.
Caben los medios de restricción de la cosa juzgada,
como es lógico y se puede solicitar la revisión
de las sentencias firmes en casos muy dramáticos,
concretamente cuando haya sido condenado una persona
en sentencia firme
que, habiéndose valorado como prueba,
un documento o testimonio, declarados después falsos,
la confesión del acusado, arrancada con violencia,
coacción o cualquier hecho punible, ejecutado por un tercero,
siempre que tales extremos resulten declarados por sentencia firme
en un proceso penal seguido al efecto.
Cuando haya recaído aquella sentencia penal firme
condenando por delito de prevaricación
a alguno de los magistrados o jueces intervinientes
en virtud de alguna resolución recaída en el proceso
en el que recayese la sentencia cuya revisión se pretende,
sin la que el fallo hubiera sido distinto.
También cuando sobre el mismo hecho y encausado
hayan recaído ya dos sentencias firmes, habiendo cosa juzgada,
cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos
o elementos de prueba que de haber sido aportados hubieran determinado
la absolución o una condena menos grave y por último cuando resulta
una cuestión prejudicial por un tribunal penal
se dicte con posterioridad sentencia firme
por el tribunal no penal competente para la resolución
de la cuestión que resulte contradictoria con la sentencia penal
por último cabe un medio de rescisión de la cosa
juzgada denominado anulación en cualquier momento
en el que comparezca o sea habido el que hubiere
sido condenado en ausencia le será notificada la sentencia
dictada en primera instancia a una apelación
a efectos de cumplimiento de la pena aún no prescrita.
Al notificársele esta sentencia se le hará saber su derecho
a interponer este recurso con indicación del plazo para ello
y del órgano competente
cuando efectivamente esa rebeldía no fue contumacia sino sencillamente
una rebeldía involuntaria.
Y con esto ponemos término al derecho procesal penal.
Muchas gracias.