Programa 22, recapitulando, uno de nuestro derecho procesal penal.
En derecho procesal penal hemos analizado
en todos los anteriores programas los procesos penales ordinarios.
El proceso penal ordinario,
el proceso penal abreviado y el juicio por delitos leves.
También los procesos penales especiales.
Proceso penal de menores, juicios rápidos,
proceso ante el jurado, proceso por aceptación de decreto,
proceso por injurias y calumnias, proceso por delitos
cometidos por medios o soportes mecánicos de difusión
y el enjuiciamiento de diputados y senadores.
Hemos estudiado todas las fases del procedimiento penal,
la fase de instrucción, la fase intermedia,
la fase de audiencia preliminar en el abreviado,
el juicio oral con sus sentencias y sus recursos.
En estos dos programas, recapitulando 1 y 2,
vamos a concluir en balance todo este contenido.
Y comenzamos en este momento con el concepto de proceso penal,
que es el instrumento público del Estado.
Público de la jurisdicción integrado por nuestros jueces
y magistrados independientes y inamovibles responsables
tan sólo sometidos al imperio de la ley,
regulado en nuestra vigente legislación procesal,
en este caso la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
y puesto al servicio tanto de ciertas instituciones públicas
del Estado, el Ministerio Fiscal,
como de particulares, acusación particular,
popular o privada, para otorgar puntual respuesta jurídica,
motivada, congruente, estable y eficaz.
A los distintos conflictos sociales, en esencia a los delitos
integrados en el Código Penal mediante el ejercicio del ius
puniendi del Estado con una triple finalidad,
el restablecimiento de la libertad amenazada del inocente,
la absolución,
o el castigo del culpable mediante la condena.
En segundo lugar, la reparación en lo posible de la víctima
y, en tercer lugar, la reeducación, reinserción o resocialización,
también en lo posible, del autor del hecho delictivo.
El proceso penal, al igual, por cierto,
que el proceso inserto en la legislación reguladora
del resto de órdenes jurisdiccionales de nuestra única jurisdicción,
civil, contencioso administrativo, social o laboral
es un instrumento público del Estado y por tanto es a su naturaleza
pública, eminentemente pública.
La función del proceso penal es sobre todo preventiva o protectora,
así como retributiva o represiva y resocializadora.
Las fuentes del derecho procesal penal,
al igual que las del resto de ramas del ordenamiento jurídico procesal,
vienen integradas en la Constitución.
En los pactos internacionales de derechos humanos,
en las leyes de enjuiciamiento,
en este caso en la ley de enjuiciamiento criminal
y en otras leyes especiales.
Los principios informadores de la jurisdicción penal
son los siguientes.
El principio de exclusividad comporta que el ejercicio
de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos,
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,
tan solo corresponde a los tribunales predeterminados por las leyes.
Esto en un sentido positivo, pero en un sentido negativo,
comporta que estos tribunales no ejercerán más funciones
que las de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado
y las que expresamente le sean atribuidas por ley en garantía
de cualquier derecho.
Pero también se rige la jurisdicción penal por el principio de unidad.
La jurisdicción penal ordinaria es única,
siendo ejercida por jueces y magistrados de lo penal integrantes
del Poder Judicial.
El principio acusatorio despliega tres relevantes proyecciones
en el proceso penal.
La primera en la fase de instrucción,
con la distribución de funciones de acusación e instrucción
a dos altos órganos del Estado distintos,
la acusación al Ministerio Fiscal, la investigación
a la sección de instrucción de los Tribunales de Instancia,
pero también el procedimiento con la atribución
de las fases de instrucción y enjuiciamiento del proceso penal
a dos secciones distintas de los Tribunales,
La investigación a la sección de instrucción
de los tribunales de instancia y el enjuiciamiento al tribunal
que se encomiende con arreglo a las normas de jurisdicción
y procedimiento el conocimiento de esa causa.
Y también la fase final del proceso con la congruencia penal,
el debido respeto a la homogeneidad del bien jurídico protegido.
Por el delito que formó parte del debate contradictorio
en la fase final del proceso penal.
Son principios vertebradores del proceso penal
los siguientes, es que la génesis,
desarrollo y consolidación de nuestra moderna justicia penal
asienta sus raíces más profundas en principios muy consagrados.
El primero.
Es el de legalidad, todo estar amparado
en la ley, compatible, eso sí, con cierta oportunidad,
como se verá.
También la igualdad de armas procesales o idéntico tratamiento
a las partes procesales, acusadora y acusada,
en el marco del proceso.
La imparcialidad asociada a la independencia de nuestros jueces
y magistrados.
La publicidad conectada con la oralidad
y con la transparencia de las actuaciones judiciales.
La inmediación relacionada con la imprescindible presencia judicial
en las fases importantes del proceso,
esencialmente en la práctica de la prueba.
La libre valoración probatoria referida a esa libertad enjuiciadora
respecto a la práctica totalidad de mecanismos probatorios,
mecanismos de averiguación de la única realidad de los hechos.
La presunción de inocencia o imposibilidad
de condenar sin una prueba de cargo suficientemente acreditativa
de la culpabilidad.
La doble instancia o control dual
de las resoluciones judiciales ante la inevitable falibilidad humana
y el no vis in idem.
O imposibilidad
de enjuiciar dos veces a una misma persona física o jurídica
con ocasión de unos mismos hechos.
La estructura del proceso penal es la siguiente.
La primera fase es la de investigación o instrucción
denominada de diligencias previas
en el abreviado sumario en el ordinario.
Las funciones nucleares de esta fase de instrucción,
todas ellas orientadas a cuatro objetivos,
son las siguientes.
La averiguación del hecho delictivo, del hecho con relevancia penal,
así como las circunstancias moduladoras de su tipificación,
de su calificación.
En segundo lugar, la determinación e identificación,
en su caso, localización y llamamiento
al presunto autor de este hecho delictivo.
En tercer lugar, el aseguramiento de las personas,
las medidas cautelares personales
y, por último, el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias,
esto es, las medidas cautelares civiles o reales.
La segunda fase es la intermedia
y tiene como finalidad ofrecer una resolución judicial favorable
a la apertura del juicio oral o bien otra que descarte
por el momento la continuación con un sobreseguimiento
que puede ser provisional o con otra resolución,
un sobreseguimiento libre o definitivo que pone término
al proceso en ese momento.
La tercera fase, que existe tan sólo en el abreviado
pero no en el ordinario, es una audiencia preliminar
con las siguientes finalidades.
Posibilidad de lograr en este momento
la conformidad del acusado o acusados,
la fijación de la competencia del órgano judicial
cuando resulte dudosa, la detección de la posible vulneración
de algún derecho fundamental, la existencia de artículos
de previo pronunciamiento que son esos déficits procesales
que podrían impedir la válida prosecución del proceso
hasta el término, las causas de suspensión del juicio oral,
nulidad de actuaciones,
así como el contenido, finalidad o nulidad
de alguna de las pruebas propuestas.
Y la cuarta fase es el propio juicio oral,
también denominado un juiciamiento o plenario.
Comienza con el sostenimiento de la acusación penal,
prosigue con la celebración del juicio,
que permitirá, tras la práctica de la prueba,
dejar perfectamente fijado tanto el objeto procesal penal
como sus destinatarios y concluye con la emisión
de una sentencia que será,
como es lógico, susceptible de ser impugnada conforme al sistema general
de recursos y por los cauces legalmente establecidos.
Dentro de los procesos penales ordinarios teníamos tres.
Vamos a ver que el proceso penal ordinario por delitos graves
tiene una aplicación supletoria o bisatractiva respecto
del resto de procesos penales ordinarios y especiales
cuando no tengan definida alguna fase del procedimiento.
Es el adecuado, digo el proceso penal ordinario,
para el enjuiciamiento de las causas por delito que tengan señalada
por la ley una pena privativa de libertad superior a nueve años.
Con dos excepciones,
los delitos que deban enjuiciarse por el Tribunal del Jurado
y y aquellos otros cometidos por personas mayores de 14 años
y menores de 18 que deben ser derivados al proceso penal
de menores regulado en la Ley Orgánica
5-2000 de Responsabilidad Penal de estos menores.
El proceso penal ordinario, que insisto,
es el que está previsto para el enjuiciamiento de delitos
sancionados con pena privativa de libertad superior a 9 años,
tiene tres fases.
La fase de instrucción o sumario ordinario
ante el tribunal de instancia sección de instrucción
tras el conocimiento de la noticia criminal
como consecuencia de la denuncia de la querella
o de la iniciación de oficio la fase intermedia
ante la audiencia provincial para la determinación del archivo
o prosecución del procedimiento y la fase de enjuiciamiento
ante la audiencia provincial o en su caso
ante la audiencia nacional para la práctica de la prueba
y el enjuiciamiento con su condena o absolución por el hecho delictivo.
El proceso penal abreviado es el segundo de los procesos ordinarios
del ecosistema procesal penal.
Es el adecuado para el enjuiciamiento de los delitos castigados
con pena privativa de libertad no superior a nueve años,
o bien cualesquiera otra pena de distinta naturaleza,
bien sean únicas, conjuntas o alternativas,
cualquiera que sea su cuantía o duración.
Este proceso penal abreviado tiene cuatro fases
y no tres.
Las cuatro fases son las siguientes.
Fase de instrucción o diligencias previas
ante el Tribunal de Instancia, sección de instrucción,
tras el conocimiento de la noticia criminal
como consecuencia de la denuncia, querella o iniciación de oficio.
La segunda fase es la intermedia ante el Tribunal de Instancia,
sección de instrucción,
para la determinación del archivo o prosecución del procedimiento.
Bien sea por otro cauce procedimental, por ejemplo,
reenvío al sumario ordinario, al proceso penal del menores,
al proceso al tribunal del jurado, etc.,
o bien por este mismo proceso con auto de transformación
del procedimiento penal abreviado.
Bien, la tercera fase es la fase de audiencia preliminar,
que ya discurre ante el tribunal del enjuiciamiento,
y es que el juez o jueza, también el tribunal,
examinará las pruebas propuestas y resolverá,
admitiendo las que considere pertinentes, rechazando las demás,
prevendrá lo necesario para la práctica de la prueba
adecuada anticipar y resolver sobre el resto de cuestiones
planteadas de forma oral con el contenido
al que me he referido hace unos instantes.
Y la última fase es la de enjuiciamiento.
Corresponde, como es lógico,
al Tribunal del Enjuiciamiento para la práctica de pruebas
y enjuiciamiento con condena o solución por hecho delictivo,
que ya corresponderá al Tribunal de Instancias Sección
de lo Penal para esos tipos delictivos
que tengan asociada una pena privativa
de libertad inferior a cinco años o a la Audiencia Provincial
para esos hechos delictivos que tengan asociada una pena privativa
de libertad superior a cinco años.
Años.
Pasamos al último de los procesos penales
ordinarios que es el proceso penal por delitos leves
para lesiones o maltrato de obra, hurto, hurto fragante,
amenazas, coacciones o injurias.
Y es que cuando la policía judicial tenga noticia
de un hecho que presente los caracteres
de alguno de los delitos a los que me acabo de referir,
cuyo enjuiciamiento corresponda al tribunal de instancia,
sección de instrucción, de violencia sobre la mujer
o de violencia contra la infancia
y la adolescencia al que se debe entregar el atestado
o a otro del mismo partido judicial, procederá de forma inmediata a citar
ante el propio Tribunal de Guardia a los ofendidos
o perjudicados, al denunciante, al denunciado y a los testigos
que puedan dar razón de los hechos y con dos fases
concluir el proceso.
Una fase inicial consistente en que una vez recibido el atestado,
si el juez o jueza adopta alguna de las siguientes resoluciones,
acuerda el sobreseguimiento del proceso y el archivo
cuando lo solicita el Ministerio Fiscal
o acuerda la inmediata celebración del juicio en el caso
de que haya comparecido las personas citadas
o de que aún no habiendo comparecido,
este tribunal reputa necesaria su presencia.
Y la segunda fase, la última, es la fase del juiciamiento.
A través de un juicio público,
dando principio con la lectura de la querella o denuncia,
si las hubiere, siguiendo el examen de los testigos convocados
y practicándose las demás pruebas que proponga el querellante
denunciando el fiscal si existiere,
siempre que el juez o jueza los considere admisibles.
Y en este momento concluye este proceso penal
por delitos leves.
Y pasamos a los procesos penales especiales.
El primero es el proceso penal.
De menores
para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años
y menores de 18 por la comisión de hechos tipificados
como delito.
Tiene dos fases,
una fase de instrucción que discurre ante el Ministerio Fiscal
y una fase de audiencia ante el Tribunal de Instancias
Sección de Menores.
Tiene como particularidades especiales o singularidades
este proceso penal de menores las siguientes.
En primer lugar, la posibilidad de desistimiento
de la incoación del expediente por corrección
en el ámbito educativo y familiar, de manera que el Ministerio Fiscal
podrá desistir de la incoación del expediente cuando los hechos
denunciados constituyan delitos menos graves,
por supuesto sin violencia ni intimidación sobre las personas.
También cabe,
y es una segunda manifestación del principio de oportunidad,
el sobreseguimiento del expediente por conciliación o reparación
entre el menor y la víctima.
Este desistimiento en la continuación del expediente solo será posible
cuando el hecho imputado al menor constituya un delito menos grave.
Y, en tercer lugar,
la propuesta de sobreseguimiento a instancias del equipo técnico.
De suerte que el equipo técnico puede proponer en su informe
la conveniencia de no continuar con la tramitación del expediente
en interés del menor por haber sido expresado suficientemente
el reproche al mismo a través de los trámites ya practicados
o por considerar de cualquier modo inadecuada para el interés del menor
cualquier intervención dado el tiempo transcurrido desde la comisión
de los hechos.
Pasamos al procedimiento para el enjuiciamiento rápido
de determinados delitos, los denominados juicios rápidos.
Se aplicará la instrucción del enjuiciamiento de delitos
castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años
o con cualesquiera otras penas,
bien sean únicas, conjuntas o alternativas,
cuya duración no exceda de diez, cualquiera que sea su cuantía,
siempre que el proceso penal 5.
En virtud de un atestado judicial
y que la policía judicial haya detenido a una persona
y la haya puesto ya a disposición del Tribunal de Guardia o que,
aun sin detenerla,
la haya citado para comparecer ante el Tribunal de Guardia
por tener la calidad de denunciado en el atestado policial
y además concurra a alguna de las siguientes circunstancias
que se trate de delitos flagrantes.
Que se trate de algunos de los siguientes delitos
que aquí se enumeran, lesiones, coacciones, amenazas,
violencia física, psíquica habitual,
cometidos contra las personas, hurto o robo,
hurto o robo de vehículos, seguridad del tráfico,
daño, salud pública, relativos a propiedad industrial
o intelectual y allanamiento demorado, así como usurpación.
También que se trate
de delitos cuya instrucción se presuma sencilla,
puesto que será muy rápida.
Tienen tres fases.
La primera discurre a actuaciones previas
a la instrucción ante la Policía Judicial.
La segunda son las diligencias urgentes
ante el propio Tribunal de Guardia y, por último, el juicio oral
ante el Tribunal de Instancia, sección de lo penal.
Pasamos al proceso ante el Tribunal del Jurado,
que será competente para el conocimiento y fallo
de causas por los delitos tipificados en el Código Penal correspondientes
al homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro,
allanamiento de morada, infidelidad en la custodia de documentos,
cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos,
fraudes y exacciones ilegales,
negociaciones prohibidas a funcionarios, infidelidad
en la custodia de presos.
Tiene tres fases.
La primera fase es la instructora o de incoación,
la segunda audiencia preliminar
y, por último, la fase de juicio oral.
El magistrado presidente dictará sentencia
en la que recogerá el veredicto del jurado e impondrá en su caso
la pena y medida de seguridad que corresponda.
También resolverá en su caso, como es lógico,
sobre la responsabilidad civil del penado o tercero,
respecto a los cuales se hubiera efectuado esta reclamación.
Esto es, siempre que se hubiera acumulado o no se hubiese reservado
o renunciado a ella previamente.
Continuamos con el proceso por aceptación de decreto
dictado por el Ministerio Fiscal
que tiene por objeto una acción penal ejercitada para la imposición
de una pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad
y, en su caso, privación del derecho de conducir vehículos a motor
y ciclomotores.
Además, puede también tener por objeto la acción civil
dirigida a la obtención de la restitución de la cosa
y la indemnización del perjuicio.
Y pasamos al procedimiento por delito de injuria
y calumnia contra particulares.
En este caso hay un requisito de procedibilidad consistente
en que no se admitiría querella por injuria o calumnias
inferidas por particulares y no se presenta certificación
de haber celebrado el querellante, acto de conciliación
con el querellado o al menos de haber lo intentado sin efecto.
Ha de constatarse que este proceso
rige las reglas de la jurisdicción civil,
por tanto, el comienzo del proceso será siempre a instancia de parte,
caben los actos de disposición del objeto del proceso,
cabe el perdón del ofendido, no interviene el Ministerio Fiscal
y rige la congruencia civil,
porque este es un proceso por el único delito
privado existente en nuestro país, el delito de injurias y calumnias.
Pasamos a las partes.
En primer lugar, la jurisdicción y competencia,
partes acusadoras, partes acusadas.
La jurisdicción internacional ha de identificarse con la potestad
del enjuiciamiento atribuida a nuestros tribunales españoles
ante la presencia de algún elemento internacional,
sea objeto, sujeto, territorio o instituciones estatales,
por parte que están regulados en los convenios y tratados
internacionales de los que España forma parte internacionalmente.
De manera además prioritaria frente a nuestra normativa interna.
La jurisdicción interna ha de relacionarse por contraste
con la atribuida a nuestros tribunales españoles
por parte de nuestra propia ley orgánica
del Poder Judicial y conforme a diversos parámetros,
por ejemplo, para determinar la jurisdicción territorial
ha de detectar se cuál sea la personalidad activa
o pasiva del sujeto que ha sufrido el daño o que lo ha causado,
la territorialidad, esto es, el lugar de comisión del hecho delictivo,
la institucionalidad o, para conocer el ámbito de actuación,
ordinario militar, la jurisdicción comprometida,
la naturaleza del conflicto, si han participado militares,
en tiempo militar, en territorio militar,
con un delito sancionado en la legislación militar o no.
Y, al fin, para determinar el orden jurisdiccional,
ha de visibilizarse y detectarse cuál es la materia sustantiva
controvertida.
Para el conocimiento y fallo en materia de competencia
y pasando ya a la competencia del delito leve,
corresponderá a la sección de instrucción
de los tribunales de instancia.
Para la instrucción de las causas penales,
dentro de los procesos penales ordinarios y especiales,
a la sección de instrucción del tribunal de instancia.
Para el conocimiento y falla de los delitos
a los que la ley señala pena privativa de libertad,
de duración no superior a cinco años la sección
de lo penal del tribunal de instancia y para el conocimiento y fallo
en los demás casos a la audiencia provincial
de la circunscripción donde el delito se ha cometido
o a la audiencia provincial correspondiente a la circunscripción
del tribunal de violencia sobre la mujer
o en su caso a la sala de lo penal de la audiencia nacional
estos son los criterios de atribución de la competencia.
Existen una serie de fueros territoriales
en materia de competencia territorial.
El principal
es el Fórum Comisi Delicti o Lugar de Comisión del Hecho Delictivo
.
Para la instrucción de las causas será competente
la sección de instrucción del Tribunal de Instancia del partido
en el que el delito en efecto se hubiese cometido,
pero en su defecto, es decir,
si no consta el lugar en el que se ha cometido el delito,
serán jueces y tribunales competentes en su caso
para conocer de la causa o juicio el del término municipal partido
o circunscripción en que se hayan descubierto
pruebas materiales del delito.
En su defecto, el del término municipal partido o circunscripción
en que el presunto reo haya sido aprehendido.
En tercer lugar,
el de la residencia del presunto reo.
En cuarto lugar, el de cualquier lugar
en el que se encuentre alguien que hubiese tenido noticia del delito.
Tan pronto, eso sí, como conste el lugar
en el que se hubiera cometido el delito, el juez o tribunal
que esté conociendo la causa acordará la inhibición en favor
del competente,
poniendo en su caso a los detenidos a disposición del mismo
y acordando remitir en la misma resolución
las diligencias y efectos oportunos.
En el caso de que se trate de alguno de los delitos cuya instrucción
o conocimiento corresponda al juez o jueza de violencia
contra la mujer, la competencia territorial
vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima
sin perjuicio de la adopción del orden de protección
o medidas urgentes
que pudiera adoptar el juez del lugar de comisión de derecho.
Pasamos a las partes acusadoras.
La primera es el Ministerio Fiscal por razón de su profesión,
en procesos por delitos públicos y semipúblicos,
previa instancia del ofendido.
El acusador popular es el no ofendido ni perjudicado
por el delito, siempre en un delito público.
El acusador particular es el ofendido
o perjudicado por el delito, en procesos por delito público
o semipúblico.
El acusador privado es el ofendido o perjudicado por el delito,
siempre por un delito privado.
Y el actor civil es el perjudicado por el delito.
Las partes acusadas son el investigado
o encausado, que es el presunto autor del hecho delictivo,
y el responsable civil, que es quien en su caso deba responder
de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia
de la comisión de derecho delictivo.
El objeto del proceso penal está integrado por una pretensión penal
y también por otra civil.
El famoso artículo 100 de la ley de juiciamiento criminal
así lo dice de todo delito, nace la acción penal
para el castigo del culpable y puede nacer también
la civil para la restitución de la cosa,
la reparación del daño o la indemnización
de los perjuicios con se causados como consecuencia del hecho punible.
El objeto procesal penal, por tanto, ha de identificarse
con la pretensión penal sancionadora frente a una conducta delictiva
y civil resarcitoria del daño causado.
El proceso penal se inicia con la denuncia,
querella o iniciación de oficio y esta pretensión inicial
que empieza en la instrucción luego se reflejará en el escrito
de acusación y finalizará con las conclusiones definitivas.
La determinación del objeto
y de la prueba, por tanto, sobre ese objeto procesal
queda determinado en los escritos de acusación
en el proceso penal abreviado, en el propio escrito de acusación
y en el ordinario, en el denominado escrito de calificación provisional.
Son cuestiones prejudiciales, esas cuestiones fácticas
incorporadas al tipo penal que requieren un enjuiciamiento propio,
previo e independiente respecto del objeto procesal principal,
en este caso penal,
para dar respuesta completa al petitum de un determinado proceso.
Pueden ser homogéneas
cuando de ellas conoce el mismo orden jurisdiccional,
en este caso el penal.
Pueden ser heterogéneas cuando son de distinto orden jurisdiccional,
en este caso civil, administrativo o laboral,
pero también puede conocer de ellas el penal.
¿Por qué la jurisdicción penal es preferente?
Son devolutivas, la regla general,
de ellas conoce el tribunal ejecutivo.
Y es que como regla general las cuestiones perjudiciales
son siempre no devolutivas y pueden ser devolutivas
cuando ellas conocen un orden jurisdiccional distinto del penal.
El proceso penal puede instaurarse,
como he dicho, de distintas formas, a través de denuncia,
querella o a través de ofrecimiento de acciones,
también a través de un atestado que tiene el valor de denuncia.
La denuncia es una declaración de conocimiento, oral o escrita,
que de forma obligatoria
debe efectuar ante cualquier órgano judicial, fiscal o policial,
la persona, víctima o perjudicado, también un tercero,
que ha percibido por sus sentidos la perpetración
de un delito público,
provocando con ello la incoación de un proceso penal.
El ofrecimiento de acciones constituye un mecanismo procesal
de llamamiento a los ofendidos o perjudicados por el hecho delictivo
para su voluntaria incorporación al proceso ya iniciado como partes
plenamente independientes, autónomas, en paridad de armas
con el Ministerio Fiscal.
Tanto en el sostenimiento de su pretensión punitiva
como resarcitoria.
Y, por último, el atestado es el acto escrito,
excepcionalmente oral, ya de la Policía Judicial,
con valor de denuncia, como he dicho,
donde constan todas y cada una de las diligencias urgentes
de prevención efectuadas por sus funcionarios
una vez han tenido conocimiento de la perpetración
de un delito público.
Estas diligencias de prevención se orientan tanto a la averiguación
del hecho y de resultar preciso al aseguramiento del cuerpo del delito
como a la localización
y, en su caso, detención de su presunto autor.
Comienza el proceso penal con los actos de imputación
que dan comienzo a la fase de instrucción.
Los actos de imputación son las actuaciones procesales
efectuadas por la parte acusadora, pública, popular o particular,
como por el juez o jueza y su personal colaborador.
Ministerio Fiscal o Policía Judicial
e incluso por terceros al mismo inicio de la instrucción
y durante todo su desarrollo tendentes a la fijación
de un lado del objeto litigioso y a la determinación,
así como de ser posible y es lo deseable,
a la identificación de otro de su presunto autor.
Los actos de imputación de la parte acusadora
son la denuncia y querella.
Los actos de imputación de terceros son la declaración de un testigo,
de un co-investigado que, por cierto,
gozan de distinto valor.
Entre tanto, la declaración de un testigo obligado.
A comparecer y decir la verdad,
puede en su día erigirse en suficiente prueba de cargo
para desvirtuar la presunción de inocencia
en una sentencia de condena.
Sin embargo, la declaración de un co-investigado
no será apta para desvirtuar la presunción de condena
porque el co-investigado, al igual que el investigado,
puede acogerse a su derecho a no declarar
a una o alguna de las preguntas que se le formulan,
a guardar silencio, a no confesarse culpable y, por supuesto,
a no declarar contra sí mismo, así como a la última palabra.
El derecho de defensa es el derecho de todo investigado
a incorporarse al proceso penal desde el mismo momento
de atribución del hecho delictivo,
así como a mantener se en él durante todo su recorrido
hasta la sentencia, con plena disposición
de todas las manifestaciones de alegación, prueba e impugnación,
por lo que conforman conjuntamente al resto de derechos que bajo su amparo
se proyectan para hacer valer la pretensión exculpatoria
y, por tanto, defender su libertad amenazada.
El surgimiento del derecho de defensa
se asocia cronológicamente al exacto momento en el que se produce
la primera atribución delictiva y concluye con la resolución judicial
firme de la conclusión del proceso penal.
Esta atribución delictiva, como ya hemos visto,
puede ser del juez o jueza, admisión, traslado a la denuncia,
la querella, iniciación de oficio,
adopción de medidas cautelares civiles o penales,
un auto de imputación del Ministerio Fiscal
a través de sus diligencias informativas o de la Policía Judicial
con una detención preventiva.
La Constitución española es muy clara a la hora de garantizar
la asistencia de abogado al detenido en las primeras declaraciones
policiales o judiciales.
La fase de instrucción
puede discurrir en ausencia del investigado, claro que sí,
de hecho esta fase se orienta en algunas ocasiones precisamente
a la determinación, identificación y localización
de quién sea el presunto autor de un hecho delictivo,
pero una vez llegado a término este periodo procedimental
destinado sencillamente a la fijación del objeto del proceso
y del sujeto pasivo de ese proceso,
éste ya no podrá continuar en ausencia del investigado.
Por tanto, la presencia del acusado deviene imprescindible
en la fase de enjuiciamiento.
El proceso penal, a diferencia del civil,
no podrá celebrarse en ausencia del acusado, con una sola excepción,
la establecida para el abreviado por delito asociado con pena
de privativa de libertad inferior a dos años.
Con esta sola excepción,
que sí podrá continuar en ausencia del acusado.
En el resto de casos, si la pena privativa
de libertad asociada al delito es superior a dos años,
no podrá continuar en ausencia del acusado.
Las funciones de la fase de investigación,
todas ellas orientadas a un fin común,
la preparación del juicio oral,
son las siguientes.
Primero, la averiguación del hecho delictivo.
Con relevancia penal,
así como las circunstancias de modulación de la calificación.
En segundo lugar, la determinación e identificación,
así como localización y llamamiento del presunto autor de ese hecho,
el aseguramiento de las personas, medidas cautelares personales
y el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias,
medidas cautelares reales o civiles.
La ley establece un plazo de 12 meses
para el desarrollo de la investigación judicial,
si bien podrá ser susceptible de tantas prórrogas
cuantas el tribunal estime necesarias previa resolución
motivada.
La instrucción es idéntica en su contenido, concepto, funciones
y efectos para todos y cada uno de los procesos penales,
pero puede ser objeto de una metódica clasificación
en función de dos criterios.
Objetivo el primero,
según cuál sea el procedimiento adecuado en función
del concreto objeto litigioso, y subjetivo el otro,
en función de quién sea el órgano de persecución,
bien el juez, bien el ministerio fiscal
o la policía judicial que desarrolle la investigación en cada momento.
Así, la fase de instrucción del proceso ordinario se denomina sumario
y comienza, como he dicho,
cuando surge la primera sospecha, formalizada en cualquier modo,
denuncia, querella, iniciación de oficio
ante cualquier órgano de persecución penal,
tribunales de instancias, sección de instrucción,
ministerio fiscal o policía judicial
de la comisión de un hecho delictivo por una actuación grave
de las que lleva asociada por el Código Penal
una pena privativa de libertad superior a nueve años.
Pero la fase de instrucción del procedimiento abreviado
se denomina diligencias previas, también comienza de la misma forma
y ante idéntica manifestación de realización de un hecho delictivo,
si bien cuando lleva asociada una pena privativa
de libertad que no exceda de nueve años.
La fase de instrucción en los juicios rápidos
se denomina diligencias urgentes.
La fase de instrucción del procedimiento ante el tribunal
del jurado se denomina instrucción complementaria
del tribunal del jurado.
La segunda, las disquisiciones a las que me he referido,
efectuada en función
de quién sea el concreto órgano de persecución penal
encargado de asumir esta labor investigadora,
responde a la siguiente clasificación.
Existen unas diligencias informativas
del Ministerio Fiscal que no han dudado de durar más de seis meses,
las diligencias judiciales de prevención
o diligencias investigativas.
O primeras diligencias efectuadas por un juez que carece
de jurisdicción o competencia, si bien obligado a transmitir
inmediatamente al que sí que ostente jurisdicción y competencia
para que continúe conociendo del asunto tan pronto como sea posible,
las diligencias policiales de prevención,
las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal en el proceso penal
de menores, las diligencias de investigación
practicadas también por los jueces delegados y comisionados.
Bien, los actos de investigación,
frecuentemente denominados actos instructorios
o diligencias sumariales,
son los actos de averiguación del hecho punible
y de su presunto autor liderados por el Tribunal de Instancias,
sección de instrucción
durante la fase de instrucción del proceso penal,
y están orientados, insisto, bien al archivo, es decir,
a concluir este proceso penal en ese momento,
o bien a la preparación del juicio oral.
Respecto a los actos de investigación,
cabe detectar lo siguiente, es la declaración del investigado,
es un acto de investigación bidireccional,
participa de una doble proyección, tanto investigadora como defensiva.
Hay que recordar que son derechos fundamentales
no declarar contra sí mismos, no contestar algunas preguntas,
no confesarse culpable de la declaración del investigado.
Del investigado será inmediata,
dentro del marco de las 24 primeras horas,
prorrogable por otras 48, si media justa causa,
cuando el investigado se encuentra además detenido.
El investigado tiene derecho a entrevistarse reservadamente,
incluso antes de que se le reciba declaración por la propia policía,
el fiscal o la autoridad judicial.
La declaración de la víctima, bueno, pues el LAG
instruirá al ofendido perjudicado por el delito
de los derechos que le asisten.
Pudiendo mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular querella.
En el acto de la declaración, ante el tribunal,
el letrado tiene que instruir al ofendido mayor de edad
y con plena capacidad procesal,
así como a quien deba asistirle si estuviera provisto
de apoyos por causa de su menor edad
o de su discapacidad del derecho que le asiste
a mostrarse parte en la causa y renunciar o no a la restitución
de la causa, reparación del daño e indemnización del perjuicio.
La declaración testifical corresponde a quienes hubieren tenido
conocimiento, testigos directos de manera directa o indirectos
por mediación de otros o de referencia
del hecho delictivo.
El denominado careo, cara a cara, es un acto de investigación decretado
por el Tribunal de Instancia, sección de instrucción,
cuando la versión ofrecida por los distintos investigados
o por los distintos testigos, también entre los investigados
y testigos, difiere para detectar precisamente
esas incoherencias o contradicciones .
El informe pericial es el solicitado a expertos
de las más variadas ramas profesionales quienes han de ilustrar
con sus conocimientos científicos, artísticos o técnicos
precisamente el contenido del objeto o sujetos del proceso.
La inspección ocular consiste en la recogida y conservación
de vestigios o pruebas, materiales de delito,
así como de su inspección directa en el propio lugar y estado
en el que se encuentren.
La determinación e identificación del investigado difieren.
Entre tanto, la determinación dentro de una pluralidad de sujetos
ha de determinarse cuál sea en efecto el presunto autor
mediante técnicas tales como el reconocimiento fotográfico
o el propio reconocimiento en ruedas.
Sin embargo, la identificación aspira a algo mucho mayor, que es
a la perfecta individualización de este investigado con su nombre,
edad, filiación, antecedentes, etcétera.
El reconocimiento en rueda
comporta una muestra real para su visualización
ante quienes hubieran presenciado el hecho delictivo víctimas
testigos de una serie de personas con unos rasgos físicos similares
al objeto de determinar con la mayor precisión posible
cuál de ellas sea, conforme a ese identificador,
el presunto autor del hecho delictivo.
La videovigilancia constituye un acto de investigación policial
mediante la utilización de videocámaras.
Por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos
de gran fiabilidad, gracias al cual se puede visionar
en el mismo inicio de la investigación con imagen
y sonido la propia actuación delictiva.
Tenemos al confidente arrepentido y agente encubierto.
El confidente es una persona generalmente delincuente
que ilustra a la policía acerca de unos hechos delictivos
respecto a los cuales no tuvo participación alguna con la finalidad
de obtener alguna ventaja o recompensa en su actividad.
El arrepentido se refiere a una persona, también delincuente,
que esta vez integra una organización o asociación
relacionada con el tráfico de drogas o bien organización,
grupo o elemento terrorista que se arrepiente de esta participación
en la señalada organización y ofrece información una vez
abandonada esa actividad delictiva.
Delictiva también a cambio de una reducción
de la condena al agente encubierto, físico o telemático o informático
es la persona siempre miembro
de la policía judicial ahora que se infiltra presencial
o digitalmente bajo un perfil falso en una organización criminal
con la exclusiva finalidad de obtener una información.
Tanto de los miembros que la integran
como de las actividades que dentro están desarrollando.
La circulación
y entrega vigilada de drogas u otros efectos constituye un acto
de la policía orientado al seguimiento de los delitos referidos
mediante la controlada permisividad de la circulación
y entrega sin interceptación,
precisamente para tratar de alcanzar por este medio el descubrimiento,
el enjuiciamiento y el desmantelamiento
de toda una cadena delictiva de este tipo de delincuencia.
Las inspecciones e intervenciones corporales
son actos de investigación practicados
por distintos profesionales de muy variadas ramas
del conocimiento científico-técnico orientadas tanto al esclarecimiento
de los hechos como a la individualización y localización
de su autor.
La inspección corporal siempre es más liviana,
es una exploración superficial, del cuerpo o de las pertenencias
de la persona investigada mediante un tocamiento externo,
el registro de objetos encontrados.
Es el denominado cacheo, un examen de aire expirado,
un control de alcoholemia, sustancias estupefacientes.
Sin embargo, no es especialmente invasivo.
Sin embargo, la intervención corporal sí lo es,
porque consiste en una investigación de la exploración interna del cuerpo
de una persona efectuada ante la sospecha
de una comisión delictiva.
Son ya exploraciones radiológicas,
tactos en diversas cavidades corporales, bucal, anal o vaginal,
observaciones ginecológicas, estudios ecográficos,
exámenes de sangre, saliva, semen, orina o cualquier otro resto
biológico con un contenido celular, etcétera.
La radical invasión en estos relevantes derechos fundamentales
de la persona conlleva que precisen autorización.
Judicial previa y expresa en el caso de la intervención corporal.
Esta intervención no precisaría autorización tan solo entre supuestos
cuando se somete voluntariamente
el investigado en caso de extrema urgencia
o cuando las muestras, fluidos, huellas o vestigios
sean sorprendidos espontáneamente y por tanto no resulte necesario
realizar una compulsión sobre el cuerpo de la persona.
La entrada y registro constituye otro acto de investigación,
virtud del cual el juez o jueza puede autorizar el acceso
a un lugar cerrado contra la voluntad de sus ocupantes
y a registrarlo con la finalidad de obtener la certeza, fiabilidad
y al término una nueva realidad de los hechos.
El fundamento es el desarrollo o fin de la investigación.
La finalidad inmediata,
averiguación de la obiquidad física del sospechoso investigador,
localización de vestigios, materiales,
señales que permitan clarificar la realidad de los acontecidos
y su posible relación o vinculación con el objeto.
El domicilio debe identificarse, como es lógico, con todo lugar,
cerrado o privado, donde escurre con carácter habitual
la vida íntima, familiar, privacidad de las personas.
Por tanto, según el Tribunal Supremo,
caben cualquier lugar donde se pueda llevar a cabo esta vida,
por ejemplo, hoteles, hostales, moteles,
apartamentos de verano, camarotes, embarcaciones, caravanas, rulos,
residencias de estudiantes religiosos, militares,
chabolas, etc. Como excepciones a autorización judicial previa
a la entrada de registro son el consentimiento del titular
o el delito flagrante.
Pasamos a la detección y apertura de correspondencia escrita
o telegráfica que conjulga el secreto de las comunicaciones
y en especial de las postales telegráficas telefónicas
salvo resolución judicial.
También podrá acordar el juez una autorización para la intervención
en estas correspondencias en el caso de delitos dolosos
castigados con un límite de al menos tres años de prisión,
delitos en el seno de una organización o grupo criminal
y delitos de terrorismo.
Muchas gracias.