Programa 13,
recapitulando dos de derecho procesal civil en su parte general.
Hemos analizado, recapitulando uno,
los principios y clases de procesos civiles de la jurisdicción civil.
Ahora nos corresponde analizar los actos previos y coetáneos
a la interposición de la pretensión, la fase de alegaciones,
la fase de audiencia previa, la fase de audiencia principal.
Sentencia, costas, cosa juzgada, recursos y medios de rescisión
de la cosa juzgada.
Comenzamos con los actos previos y coetáneos al proceso.
Y es que, aunque el proceso judicial se instaura formalmente
en el momento de interposición de la demanda,
fecha que marca, como sabemos, el inicio de la litispendencia,
lo cierto es que la preparación técnica de su procedimiento,
orientada bien a su posterior celebración exitosa
o bien, de ser posible, a su evitación,
puede comenzar un tiempo antes.
Estos actos previos coetáneos o posteriores al inicio
del proceso que vamos a abordar en este momento
son una serie de herramientas que van dirigidas bien
a la exitosa preparación del proceso,
es el caso de las diligencias previas para la obtención
de una información relevante acerca del objeto o sujetos procesales
de las medidas cautelares para el aseguramiento del objeto
de ese proceso la prueba anticipada para la conservación
cuando por circunstancias diversas de otra forma pueda perderse
o bien son actos destinados a su habituación en ocasiones
las propias diligencias previas a la vista de la información
obtenida en su práctica pues sirven para descartar
ese proceso por falta de viabilidad a los ojos de quien las ha pedido.
Son herramientas procesales las diligencias previas
o preliminares solicitadas por el futuro demandante frente
al tribunal con jurisdicción y competencia
para conocer de una determinada controversia
y destinadas a recabar puntual información
acerca del sujeto u objetos de esta controversia.
Las diligencias preliminares existentes en nuestra legislación
procesal civil son
las contempladas en el artículo 256.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Si la persona citada
y requerida para el requerimiento de la diligencia preliminar.
No formula oposición y tampoco responde,
el tribunal acordará, cuando resulte proporcionado,
alguna de las siguientes medidas en relación con hechos relativos
a la capacidad de representación o legitimación
que se le hubiera solicitado.
Si no da respuesta, el tribunal podrá entender
que se tienen correspondidas afirmativamente las preguntas
que el solicitante hubiere de formularle
y los hechos correspondientes que se considerarán admitidos.
Si se hubiesen solicitado la exhibición de ciertos títulos,
de documentos y el tribunal aprecie que existen indicios suficientes
de que pueden hallarse en un lugar determinado,
incluso podrá ordenarse la entrada de registro
en dicho lugar procediéndose, si se encuentran,
a ocupar esos documentos y a ponerlos a disposición judicial.
Si se trata de la exhibición de una cosa,
o se conoce o se presume fundadamente el lugar en el que se encuentre,
también se podrá proceder de modo semejante al anterior,
con una entrada de registro nada menos.
Si se hubiere pedido la exhibición de documentos contables,
se podrán tener, por cierto, a los efectos del juicio posterior,
las cuentas y datos que presenta el solicitante.
Y tratándose de diligencias previas para el proceso para la defensa
de los intereses colectivos de consumidores y usuarios al objeto
de concretar los integrantes del grupo de afectados
cuando no estando determinados sean fácilmente determinables,
bueno, pues ante la negativa del requerido o de cualquier persona
que pueda prestar colaboración en la determinación
de los integrantes de ese grupo,
entonces el tribunal ordenará que se acuerden las medidas
de intervención necesarias incluida la entrada y registro
para encontrar esos documentos o datos precisos
sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que luego incurran
quienes han desobedecido a la autoridad judicial.
Además de estas diligencias previas, recordemos que eran actos previos
o podrían ser actos previos a la interposición de la demanda
la prueba anticipada de las medidas cautelares.
Vamos ahora con la prueba anticipada que consiste en la celebración
de la prueba en un momento anterior al que con carácter general
le correspondería, que sería la audiencia principal
o juicio del ordinario y la vista del verbal.
Se celebra cuando existe la fundada previsión
de esperar al momento procesal oportuno,
que ese momento procesal oportuno ya hemos indicado
cuál es, entonces esta prueba podría perderse.
La finalidad de su anticipación es clara,
es asegurarla para el esclarecimiento de unos hechos pasados,
contradictorios, desconcertantes, desconocidos,
que de otro modo quedarían en la penumbra para siempre.
Ante la razonable sospecha o un temor fundado
de que la prueba pueda perderse durante el tiempo
en el que previsiblemente va a durar el proceso,
bien por causa de las personas, una enfermedad física grave,
un deterioro cognitivo de un testigo,
de una parte, o por el estado de las cosas,
el previsible deterioro del estado de un objeto,
los efectos de realizar una pericial sobre este objeto, por ejemplo,
cualquiera de las partes, tanto actor o demandado,
aquel a quien crea que realmente le van a revertir un sentido positivo
ese esclarecimiento de los hechos,
podrá solicitar su práctica en un momento
e incluso en un lugar distinto al legalmente establecido
con carácter general
para los procesos que no se vean afectados por estas causas exógenas
al procedimiento.
Las medidas cautelares,
tercera herramienta que se puede adoptar antes de interponer
la demanda, son herramientas procesales
puestas a disposición de los actores procesales
quienes habrán de solicitarlas antes
o al propio tiempo de la presentación de su demanda principal
o reconvencional, principio dispositivo,
ante el tribunal con jurisdicción y competencia
para conocer después del asunto principal
y esto con la finalidad de garantizar la efectividad, la practicidad,
la realización, la ejecución de la tutela que en su día
se dispense tras el íntegro itinerario cronológico
de la instancia y sus probables recursos,
tanto ordinarios como extraordinarios,
y por supuesto también, en su caso,
de los medios de rescisión de la cosa juzgada.
Los principios informadores de las medidas cautelares
son el de justicia rogada.
Por tanto, tan sólo cabe,
si lo solicita el demandante o demandantes,
de congruencia.
La medida cautelar adoptada no podrá ser distinta y más gravosa
que la solicitada.
Principio de legalidad con un amplio margen de innovación,
eso sí, porque las medidas cautelares más habituales son las nominadas,
pero este listado no es cerrado, luego caben medidas innominadas,
no reguladas expresamente.
El principio de necesidad,
estas medidas deben ser realmente necesarias y oportunas,
coherentes, adecuadas para garantizar la concreta tutela judicial
que se solicita y el principio de proporcionalidad.
Las medidas cautelares adoptadas en cada proceso judicial
habrán de ser proporcionadas a la concreta y específica tutela
pretendida, ni deficitarias,
que no cubran el aseguramiento del objeto, ni excesivas,
que lo sobredimensionen,
que sean desmesuradas respecto de su contenido.
De este concepto de medidas cautelares
deben desprenderse a su vez otras características.
Son instrumentales, provisionales y temporales.
Un instrumento como el proceso,
duran el tiempo que dura el proceso y sirven como un instrumento
para anticipar la tutela judicial efectiva.
Además deben ser adecuadas, flexibles y variables,
sea a lo largo de la tramitación.
Se puede adoptar una que sea menos gravosa
e igualmente eficaz, así lo hará el juez.
Las medidas cautelares integran, como he dicho,
un listado abierto de medidas nominadas.
Son las reguladas en el artículo 727 de la Ley de Juiciamiento Civil,
pero también caben otras nominadas.
Vamos a ver
cuáles son en primer lugar el embargo preventivo de bienes
también la intervención administración judicial
de bienes productivos el depósito de cosa mueble
la formación de inventarios de bienes la anotación preventiva de la demanda
o de un inicio de solución de controversias de arbitraje
de litigios extranjeros otras anotaciones registrales
la orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad.
La de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta
o la prohibición temporal de interrumpir
o de cesar en la realización de una prestación
que se viene llevando a cabo,
el depósito temporal de ejemplares de obras u objetos
que se reputen producidos con inflación de normas
sobre la competencia intelectual e industrial,
así como el depósito del material empleado para su producción.
La suspensión de acuerdos sociales
impugnados cuando el demandante o demandante
representen al menos el 1 o el 5% del capital social
según que la sociedad en demandado hubiera o no emitido valores
que en el momento de su impugnación estuvieran admitidos a negociación
en un mercado secundario oficial
y aquellas otras medidas que para la protección de ciertos derechos
prevean expresamente las leyes o se estimen necesarias
de ahí lo denominado de otras medidas cautelares
para asegurar la efectividad de la tutela judicial efectiva.
Los presupuestos de las medidas cautelares son tres,
peligro por la mora procesal, periculum in mora o peligro
por que el tiempo que transcurre desde que se interpone la demanda
hasta que se obtiene la sentencia se pueda perder de otro modo
el objeto del proceso.
La apariencia de buen derecho
o fumus boni iuris es una apariencia de que quien pide tiene derecho
efectivamente a aquello que está solicitando esa medida,
esa anticipación de la tutela.
Y por último la prestación de caución,
una caución adecuada a la medida cautelar
solicitada y al daño que puede ocasionar frente a esta caución,
cabe que el demandado ofrezca una contracaución
y de esta manera compense ese riesgo con la paralización
de la medida cautelar que el actor está pidiendo contra él.
El procedimiento de estas medidas ha de estar informado, como he dicho,
por el principio de justicia rogada o instancia de parte
en todos los procesos declarativos dispositivos,
no en los indisponibles, y comienza con una solicitud
que puede ser anterior, coetánea o posterior a la demanda.
Si la solicitud de la medida cautelar se interpone con la demanda,
entonces se solicitarán conjuntamente demanda principal y cautelar.
Pero si es antes de la interposición de la demanda,
entonces una vez transcurridos 20 días,
habrá de acreditar razones de urgencia o de necesidad,
y una vez transcurridos 20 días,
si no se llega a interponer la demanda,
entonces esa medida cautelar habrá de decaer.
Pasamos a los actos de alegación, demanda, contestación a la demanda
y reconvención.
Vamos a recordar que el principio dispositivo
informa todo el proceso civil,
salvo aquellas partes del ecosistema civil
donde aparecen derechos, bienes o intereses
de menores personas con discapacidad o ausentes,
en cuyo caso no rige el principio dispositivo.
La interposición de la demanda en tiempo y forma corresponde
al actor
o al demandante debidamente asesorado por su abogado,
debidamente representado por su procurador
ante el tribunal con jurisdicción y competencia frente al demandado.
El fundamento de la demanda
es la concreción del objeto litigioso con tres elementos.
Los sujetos, quién es el actor,
quién el demandado, pudiendo ser varios en ambas partes procesales.
El petitum o pretensión,
que puede ser, como he dicho, declarativa, constitutiva
o de condena,
y ha de quedar perfectamente fijada en la demanda.
Y, por último, la causa petendi o calificación jurídica,
cómo calificar esos hechos y la solicitud de ese derecho.
La itespendencia comienza
en el momento en el que se admite la demanda,
pero con efectos retroactivos al tiempo en el que se interpuso.
La itespendencia, por tanto, con todos sus efectos procesales,
se produce desde la interposición de la demanda,
si después es admitida.
Pasamos a la contestación a la demanda
y es que el letrado de la Administración de Justicia,
una vez examinada la demanda,
decretará decreto admitiendo la misma y dará traslado de ella al demandado
para que conteste en el plazo de 20 días.
El letrado de la Administración de Justicia,
sin embargo, dará cuenta al tribunal
para que resuelva sobre la admisión en algunos casos
porque él no está autorizado para inadmitir una demanda,
pero sí el juez, de manera que cuando sospecha,
duda acerca de la existencia de algunos óbices,
como los que voy a detallar a continuación,
daría cuenta al juez
para que sea el juez o jueza quien, a través de un auto,
inadmita en su caso esa demanda.
Y estos son los casos siguientes, cuando estima la falta
de jurisdicción o competencia del tribunal,
cuando la demanda adolece de efectos formales
o no se viene subsanado por el actor en el plazo concedido
para ello por el propio letrado de la Administración de Justicia.
En el caso de que no comparezca, no conteste
o no depure los óbices procesales el demandado,
entonces se le declara en rebeldía y el proceso continúa su curso.
Si comparece, puede allanarse,
es decir, aceptar la totalidad del objeto litigioso
en una parte.
Si acepta la totalidad, el proceso culmina.
Si acepta una parte, continúa por lo no allanado.
También puede contestar o puede contestar y reconvenir.
Vamos con el segundo caso, con el caso de la contestación
a la demanda.
En la contestación a la demanda debe incorporar óbices procesales,
esos que provocan una resolución procesal sin fuerza de cosa juzgada.
Son subsanables casi todos,
salvo la caducidad, la detispendencia y la cosa juzgada,
y provocan la inadmisión de la demanda o caso
de haber comenzado el auto de archivo
que impedirá la prosecución del procedimiento.
También caben óbices materiales, como es lógico,
y que se incorporan a la contestación a la demanda.
Provocan una resolución material o de fondo,
porque los óbices materiales van al fondo del proceso,
van al fondo del objeto litigioso,
es decir, van al contenido de la sentencia.
Provocarían, en este caso,
una desestimación de la pretensión actora,
no una inadmisión de una parte del proceso,
sino la desestimación de la pretensión.
Son los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes
que corresponde decretar al demandado.
Los hechos impeditivos
son los que impiden el nacimiento de la relación jurídica
y provocan la nulidad de raíz con efectos extum, por ejemplo,
la existencia de un vicio de la voluntad en un contrato.
Los hechos extintivos son los que reconocen
el hecho constitutivo pero extinguen su efecto
por una causa de extinción de las obligaciones de las contenidas
en el artículo 1156 del Código Civil.
Por ejemplo, el pago, el cumplimiento,
la condonación de la deuda.
En estos casos,
si ha reconocido la existencia del contrato,
pero si ya lo ha pagado,
entonces constituye un hecho extintivo
que impide que deba volver a pagar lo que ya ha pagado.
Y, por último, los hechos excluyentes,
que son los que reconocen también los hechos constitutivos,
pero se acogen a una oportunidad legislativa que por razones
de seguridad jurídica debe cumplirse.
La obligación de, por ejemplo, la caducidad.
Este es el caso de un contrato que, en efecto,
ha existido, no ha tenido vicios,
pero no se ha cumplido y ha caducado.
En este caso, el hecho excluyente excluye la responsabilidad,
la pretensión que se solicitaba.
Bien, la reconvención corre a cargo del demandado,
como es lógico, y es que al contestar a la demanda,
este demandado podrá, por medio de reconvención,
si lo estima oportuno,
formular una nueva pretensión o pretensiones.
Que él crea que le corresponde en frente al demandante.
Solo se admitirá la reconvención, como es lógico,
si existe conexión entre las pretensiones
y las que sean objeto de la pretensión principal.
Y no se admitirá la reconvención
cuando el tribunal carezca de competencia objetiva
por razón de la materia o de la cuantía
o cuando la acción que se ejercite deba ventilarse por un juicio
de diferente tipo o naturaleza.
Pasamos a la audiencia previa
y concluimos esa fase de alegaciones.
Recordemos que una vez concluida la fase de alegaciones
queda prohibida la mutatio libelli,
es decir, la posibilidad de modificar el objeto
del proceso con la sola excepción de los hechos nuevos
o de nueva noticia.
Hechos nuevos que son los acontecidos por primera vez
una vez transcurrido este periodo o de nueva noticia que son
los antiguos pero de los que tenemos conocimiento por primera vez
una vez transcurrido este periodo.
Pasamos entonces a la audiencia previa.
Y es que contestada la demanda
o precluido el plazo para contestarla sin éxito,
esto es, sin que el demandado lo hubiera contestado,
comienza esta segunda fase del proceso ordinario
denominada audiencia previa.
Esta fase no existe en el juicio verbal.
Recordemos que en el juicio verbal
se pasa de la fase de alegaciones directamente a la vista,
pero sí existe en el proceso ordinario.
La audiencia previa se rige por el principio de oralidad.
Consisterá esencialmente en la celebración física,
en algunos casos telemática, de una comparecencia
ante el propio juez o jueza con asistencia de las partes,
de sus representantes en caso necesario
y de sus defensores.
La audiencia previa sirve para la consecución
de las siguientes finalidades.
Para la comprobación de la persistencia del conflicto,
de la controversia.
Segundo, para la depuración de los óbices procesales,
presupuestos o excepciones
que obstaculizan el correcto mantenimiento del proceso judicial.
La tercera finalidad es la formulación de alegaciones
complementarias, aclaratorias o rectificaciones en su caso.
La cuarta finalidad
es la definitiva fijación de los hechos controvertidos,
la posible conformidad y sentencia inmediata.
Y la quinta finalidad es la proposición de la práctica
de la prueba que luego podrá ser admitida o no por el juez
en función de su legalidad, pertinencia y utilidad.
Bien, y pasamos a la audiencia principal
o juicio equiparable a la vista del juicio verbal.
Esta audiencia principal o juicio
se denomina respecto del ordinario y es la vista del juicio verbal
la que integra el mismo contenido.
El juicio tendrá por objeto la práctica
de las pruebas siguientes, declaración de las partes,
testifical, informes orales y contradictorios de perito,
reconocimiento judicial en su caso, reproducción.
De las palabras, imágenes y sonidos tras la práctica de la prueba
y siempre en el propio juicio se formularán las conclusiones
sobre esta prueba.
Así, una vez practicadas las pruebas,
las partes formulan oralmente sus conclusiones sobre los hechos
controvertidos exponiendo de forma ordenada, clara y concisa a su juicio
los hechos relevantes deben considerarse admitidos,
es decir, cuáles son los hechos probados de todos los hechos
narrados, cuáles son los probados y por
tanto ciertos,
frente a los no probados y por tanto tal vez inciertos.
A tal fin será un resumen de cada una de las pruebas
practicadas y podrán asimismo alegar lo que resulte de la cargada
de la prueba sobre los hechos que reputen dudosos.
La sentencia ha de dictarse en los 20 días siguientes
a la culminación del juicio.
Dentro de este plazo el tribunal todavía podrá practicar
o solicitar.
La práctica mediante auto
o autorizarla de diligencias finales en los tres casos siguientes,
cuando por causas ajenas a la parte que las hubiera propuesto
no se hubiese podido practicar alguna de las pruebas admitidas,
también cuando se refieran a hechos nuevos
o de nueva noticia a los que me he referido antes
y también cuando deban practicarse de nuevo pruebas
sobre hechos relevantes oportunamente alegados
debido a que los actos de prueba anteriores
no hubieren resultado conducentes a causa de circunstancias
ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia
de las partes siempre que existan motivos fundados.
Para creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir
una certeza que hasta ahora no se tiene sobre esos hechos.
La prueba tiene como objeto, como es lógico,
los hechos que guardan relación con la tutela que se pretende obtener
en el proceso, siendo en realidad su médula espinal,
porque el proceso celebrado sin prueba
ante una manifiesta discordancia de los hechos deviene inconsistente.
La prueba es, por tanto, la actividad procesal con categoría
de derecho fundamental, dada su trascendencia,
encauzada a demostrar ante el juez o jueza legal,
predeterminado o predeterminada por la ley, la veracidad o falsedad
de las alegaciones fácticas controvertidas
sobre las que se sustentan las respectivas pretensiones,
actora o defensiva, de las partes,
bajo los principios de publicidad, oralidad, concentración
e inmediación.
Las imprescindibles atributos de la pertinencia,
utilidad, legalidad y licitud son los siguientes.
Pertinencia se refiere a la más sencilla y directa relación
entre el objeto del proceso y el objeto de la prueba.
Esto es, lo que va a aprobarse realmente se prueba
sobre el objeto de ese proceso y no sobre algo que nada tiene
que ver con el mismo.
Utilidad se refiere a la aportación.
Conforme a votos razonables, convincentes y fiables
de una información valiosa para esclarecer los hechos,
además de guardar relación con el objeto,
tema que correspondía a la pertinencia,
aporta una información y, por tanto, es útil.
Legalidad supone que su preparación práctica y conservación
se hará conforme a los protocolos legalmente establecidos,
de suerte que la práctica de la prueba,
realizada con vulneración de la legalidad ordinaria,
sería una prueba prohibida y la prueba practicada con infracción
de derechos fundamentales una prueba ilícita.
La licitud de la prueba, por tanto, se refiere al respeto,
la licitud al respeto a los derechos fundamentales.
La prueba del proceso civil dispositivo
se rige por el principio de aportación o justicia rogada
y esto significa que corresponde exclusivamente a las partes
y no al juez.
Sin embargo, En los procesos de naturaleza civil indisponibles
regidos por el principio de investigación,
el juez sí puede introducir hechos al proceso, sugerir, imponer,
ensayar incluso de oficio determinados mecanismos probatorios,
pero recordemos que estos son los casos que afectan
a sectores vulnerables de la población como menores,
personas con discapacidad o personas ausentes.
La carga de la prueba formal o subjetiva
servirá para determinar positivamente a qué parte,
sea la actora o demandada,
corresponde en cada caso practicar la prueba.
Y la carga de la prueba material o objetiva
tendrá por finalidad concretar también en cada caso
a quién perjudicará la ausencia o insuficiencia probatoria.
La regla nuclear
de la carga de la prueba formal nos indicará, por tanto,
a quién corresponde probar cada pretensión.
Entre tanto, al actor o demandante le corresponde, como es lógico,
probar los hechos en los que fundamenta su pretensión
actora.
Al demandado le corresponderá hacer lo propio
respecto de esos hechos impeditivos, extintivos o excluyentes
a los que ya me he referido en base a su pretensión defensiva.
Esta regla general, sin embargo,
encuentra una excepción a la que se denomina desplazamiento
de la carga de la prueba y es que cuando realmente
le resulta absolutamente imposible, sería una probatio diabólica
a una de las partes probar los hechos constitutivos
de su pretensión, sean inculpatorios o exculpatorios,
entonces se desplaza la carga de la prueba hacia la otra.
Los medios de prueba se encuentran regulados en el artículo 299,
son los que he referido antes, interrogatorio de las partes.
Este interrogatorio es un medio de prueba consistente
en la toma de declaración sobre hechos o circunstancias
relacionadas con el objeto litigioso
que debe ser solicitado por una de las partes frente a la otra,
es decir,
frente a un colitigante sujeto distinto a la relación jurídica
controvertida titular del derecho en virtud del cual se acciona
o frente a los miembros del Estado, comunidad autónoma,
entidad local u otro organismo público.
Esto es un interrogatorio que acabe contra cualquier parte
que pueda aportar una información valiosa
en relación con el objeto y sujetos de ese proceso.
La prueba documental es pura
y simplemente la contenida en documentos.
Ahora bien, estos documentos pueden ser físicos o electrónicos,
pueden ser públicos o privados.
La prueba pericial es la efectuada por peritos profesionales
especialmente cualificados
en todas las ramas de las ciencias, del arte,
de la técnica, de la profesión,
para colmar de esa vertiente científica, artística,
técnica o práctica el conocimiento del tribunal en todas las ramas
del conocimiento, incluido cuando sea preciso
del conocimiento jurídico.
Y es que en un buen número de casos, como es lógico,
el tribunal precisará en el marco del procedimiento
para efectuar un examen exhaustivo,
profundo, riguroso del objeto litigioso,
un conocimiento que va más allá del análisis jurídico y afecta
a otras ramas del conocimiento científico en general.
La prueba testifical es la declaración efectuada a instancia
de las partes procesales, actora o demandada,
por las personas, ahora denominadas testigos,
que de cualquier forma tengan noticia directa por sus sentidos,
precisamente de los hechos
controvertidos que constituyen el objeto litigioso.
El reconocimiento judicial comporta la percepción personal
directa e inmediata del tribunal respecto de algún sujeto,
objeto o lugar relacionado con el objeto
del proceso.
La fortaleza de esta prueba del reconocimiento judicial
reside precisamente en esta reforzada inmediación
porque será el propio tribunal
quien puede examinar en primera persona
y sin ningún intermediario el objeto litigioso.
También las partes podrán proponer
como medio de prueba la reproducción ante el tribunal de las palabras,
imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación,
grabación u otros semejantes.
Al proponer esta prueba la parte deberá acompañar en su caso
la transcripción escrita, las palabras contenidas
y en ese soporte
de que se trate y que resulten específicamente relevantes
para el caso.
Por último, los instrumentos que permiten archivar, conocer,
reproducir palabras, datos, cifras, operaciones matemáticas
llevadas a cabo con fines contables
o de otra clase que, por ser relevantes para el proceso,
hayan sido admitidos como prueba,
también serán examinados por el tribunal,
por los medios que la parte proponga, aporte al tribunal
y que este tribunal pueda utilizar
de modo que las demás partes del proceso
puedan con idéntico conocimiento
que el tribunal alegar y proponer lo que a su derecho
convenga en sentido contrario.
Y llegamos a la fase final del proceso civil,
la sentencia y la cosa juzgada.
La sentencia es la respuesta del Estado emitida a través de los jueces
y juezas magistrados y magistradas a los conflictos planteados
por los particulares en el marco de los procesos judiciales.
Las sentencias son exclusivamente judiciales
y en ellas se contendrá, de un lado, la voluntad estatal,
la de otorgar o denegar la solicitada
y, en cualquier caso, la de pacificar la relación jurídica conflictiva
hasta el momento declarar el derecho precisado de reconocimiento judicial
y de otro una exposición motivada, detallada de los argumentos,
las razones por las que se ha adoptado esa resolución,
esa decisión en lugar de otra.
La cosa juzgada, predicable de todas las sentencias,
ha de identificarse con los efectos demanantes
de estas sentencias definitivas o firmes.
La cosa juzgada formal.
Despliega sus efectos ad intra,
es decir, dentro del marco del propio proceso.
Por tanto,
esto comporta que no podrá volver a interponerse un segundo proceso
entre las mismas partes por el mismo objeto.
Sin embargo, la fuerza de cosa juzgada material
despliega sus efectos sobre otros procesos,
sobre el marco de otros procesos.
Esto significa que tiene dos proyecciones.
La cosa juzgada formal se predica de las resoluciones definitivas
contra las que todavía cabe recurso.
La fuerza de cosa juzgada material contra las resoluciones definitivas
que además son firmes contra las que ya, por tanto,
no cabe recurso alguno.
Luego, tiene dos proyecciones la fuerza de cosa juzgada material,
la positiva, ejecutoriedad, las sentencias definitivas y firmes
deben ser ejecutadas, a través de la ejecución provisional
o ejecución forzosa, respectivamente,
y además la prejudicialidad.
Cuando hablábamos de las cuestiones prejudiciales
nos referíamos a que cuando en un objeto judicial
un objeto debe ser conocido,
algo que forma parte de ese objeto con carácter anterior,
entonces existe una prejudicialidad que debe ser positiva.
Es decir, que los jueces no parten de un minuto cero en el mundo,
sino de unas resoluciones anteriores en el tiempo,
a veces dictadas por otros jueces o tribunales
que no pueden desconocer.
Y a ello me refiero con la prejudicialidad positiva.
Y la proyección negativa se refiere al no vis in idem.
No cabe entre dos partes por un mismo objeto entablar,
lógicamente, un segundo proceso idéntico.
Los tribunales podrán variar el contenido de sus resoluciones
después de firmadas, si es que no eran claras,
si es que no eran fácilmente comprensibles.
Luego, en este caso, no hablamos de recursos,
sino de la posibilidad de aclarar algún concepto oscuro,
de rectificar algún error material del que adolezcan,
pero no de revertir el contenido,
sino sencillamente de clarificarlo cuando resulta oscuro.
Las costas, bueno, pues algo.
Son los honorarios que se deben pagar, son los gastos del proceso,
deben distinguirse las costas de los costes,
los costes son del Estado, las costas son de los particulares.
Se integran en el concepto de costes los honorarios de la defensa
y la representación técnica cuando sean presentivos,
la inserción de anuncios o edictos,
depósitos necesarios para la presentación de recursos,
derechos de peritos y demás abonos que deban realizarse,
copias, certificaciones, notas, testimonios, documentos,
tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional,
derechos arancelarios que deban abonarse en el marco del proceso.
La condena en costas en los procesos declarativos,
la condena en primera instancia sin poner a la parte que haya visto
completamente rechazadas todas sus pretensiones,
salvo que el tribunal aprecie y así lo razone que el caso
presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
Bien, la condena parcial consiste en que si fuera parcial
la estimación o desestimación de las pretensiones,
entonces cada parte abonará las costas causadas a su instancia
y las comunes serán pagadas por mitad,
a no ser que una de ellas hubiese litigado con temeridad
frente a la otra.
Las multas por infracción de la buena fe procesal
o por uso abusivo de la justicia como servicio público
tienen una regla general y es que los intervenientes
en todo tipo de proceso deben ajustarse a las reglas
de la buena fe, de tal suerte que los tribunales rechazarán
fundadamente las peticiones de incidentes que se manifiesten
con un manifiesto de abuso de derecho o que entrañen un fraude de ley
o un fraude procesal.
Si los tribunales estiman que alguna de las partes
ha actuado conculcando estas reglas de la buena fe
o con un abuso del servicio público o justicia,
entonces.
Podrán imponer la empieza separada mediante auto,
motivado y respetando siempre el principio de proporcionalidad,
una multa sin que en ningún caso pueda suponer esta multa
superar la cuantía de la tercera parte del litigio.
Y llegamos al final de esta disciplina
con los recursos contra las resoluciones
de los tribunales y letrados de la Administración de Justicia
que afecten desfavorablemente a las partes,
pueden interponer los recursos previstos en la ley.
El derecho a los recursos se encuentra implícito
en el derecho a la tutela judicial efectiva,
si bien el derecho a los recursos es un derecho de configuración legal,
no es un derecho fundamental.
Con la única excepción del proceso penal,
donde resulta absolutamente imprescindible
una doble instancia penal, el legislador en el resto de órdenes
puede regular tantos tipos de recursos en cada tiempo y lugar
como estime convenientes a su juicio.
La clasificación de los recursos es la siguiente, en primer lugar,
se distinguen los recursos por contraste
a los medios de restricción de la cosa juzgada,
y es que los recursos caben contra resoluciones sin fuerza
de cosa juzgada,
a diferencia de los medios de restricción de la cosa juzgada,
que como su nombre indica,
atacan resoluciones con fuerza de cosa juzgada.
Los recursos ordinarios son aquellos que caben
ante cualquier resolución impugnable y por cualquier motivo,
los extraordinarios frente a determinadas resoluciones
y por causas o motivos concretos.
Los recursos plenos, normalmente los ordinarios,
tienen una cognición plena.
Los recursos limitados, normalmente los extraordinarios,
tienen limitados los medios de impugnación.
Los recursos devolutivos son aquellos de los que conoce un órgano judicial
distinto y superior al que dictó la resolución impugnada.
Los no devolutivos, aquellos de los que conoce
el mismo tribunal que dictó la resolución impugnada.
Y por último, cabe distinguir los recursos del tribunal
de los recursos de los letrados de la Administración de Justicia.
El recurso de reposición cabe contra las exigencias de ordenación,
decretos no definitivos,
contra las providencias y autos no definitivos
y no tendrá efectos suspensivos respecto a la resolución recurrida.
El recurso típico
y más utilizado estadísticamente en la jurisdicción civil
es el recurso de apelación.
En virtud de este recurso podrá perseguirse con arreglo
de los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones
formuladas ante el Tribunal de Instancia
que se revoque un auto, una sentencia y que en su lugar
se dicte otro favorable al recurrente
mediante un nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo
ante aquel y conforme a la prueba que en los casos previstos, que son casos
limitados porque en España no tenemos una apelación plena
sino restringida, se practique ante el Tribunal de Apelación.
Los límites de la apelación son los siguientes,
prohibición de la mutatio libeli,
y es que pendiente apelatio ni il in novetur,
esto significa que no cabe innovar nada nuevo
una vez que está pendiente el recurso de apelación.
También el segundo límite es tanto un devolutum cuanto un apelatum,
es una especie de congruencia en la segunda instancia,
de suerte que el autosentencia que pone término a este recurso,
lógicamente, no podrá dispensar una cantidad superior
a la reclamada.
El tercer límite es la prohibición de la reforma to imperius
y es que la resolución que sea objeto de este recurso
no podrá perjudicar todavía más al agravado de lo que estaba agravado
o de lo que estaba lesionado con el contenido
de la sentencia anterior.
Son resoluciones recurribles en apelación,
las sentencias dictadas en toda clase de juicio,
autos definitivos y aquellos otros que la ley
expresamente señale.
La competencia corresponde a los tribunales de instancia
cuando las resoluciones se habían dictado
por los jueces o jueces de paz y a las audiencias provinciales
cuando son recurribles en apelación las sentencias dictadas
por el tribunal de instancia a sección que corresponda.
En apelación, como he dicho,
solo caben unas pruebas tasadas y estas pruebas
son las indebidamente denegadas en la primera instancia,
las que no hubieran podido practicarse ni tan siquiera
como diligencias finales,
pese a haber sido admitidas y propuestas,
las que se refieren a hechos de relevancia
para la decisión del proceso,
pero que han ocurrido después del comienzo del plazo
para dictar sentencia en primera instancia.
O antes de dichos términos, siempre que en este caso
la parte justifique que ha tenido cabal conocimiento
una vez concluido el período en el que se dictaba la sentencia
y en el cuarto caso y último es el demandado declarado
en rebeldía que por cualquier causa que no le sea imputable
se hubiese personado en los autos después del momento
establecido para proponer y practicar en su caso
la práctica de la prueba en la primera instancia,
con lo cual la práctica de la prueba en la segunda instancia
o apelación tan sólo cabe en estos cuatro casos muy concretos.
Y pasamos a los recursos extraordinarios.
Son recursos extraordinarios esos
que tienen los atributos correspondientes
a que de ellos siempre debe conocer un órgano judicial distinto
y superior al que ha emitido la resolución y además
que caben contra resoluciones legalmente estipuladas
y por causas concretas.
El recurso extraordinario por excelencia es el de casación.
Serán recurribles en casación las sentencias que ponen fin
a la segunda instancia de las audiencias provinciales.
Los autos y sentencias dictadas llevan apelación en procesos
sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras,
así como las sentencias dictadas en las audiencias provinciales
contra los recursos que agotan la vida administrativa
en materia de propiedad industrial en la oficina de patentes y marcas.
Las resoluciones recurribles
en casación lo son por infracción de norma procesal o sustantiva,
siempre que intervienen.
Concurra un interés casacional o un interés notorio,
pero también podrá proponerse en todo caso este recurso
de casación contra sentencias para tutela judicial civil
de los derechos fundamentales susceptibles de amparo,
y esto aunque no concurra a interés casacional.
El recurso de casación presenta interés casacional.
En los tres supuestos siguientes.
Hay un cuarto supuesto,
pero ya no se refiere al interés casacional,
sino al interés notorio.
Los tres supuestos de interés casacional
son jurisprudencia consolidada y contrariada,
esto es, la resolución recurrida se opone a una doctrina
jurisprudencial constante del Tribunal Supremo,
jurisprudencia convulsa, poco pacífica,
cuando la resolución recurrida resuelva puntos
o cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria
de las audiencias provinciales,
jurisprudencia inexistente sería la tercera causa
o o ausencia de jurisprudencia,
esto es cuando la resolución recurrida implique
que deban interpretarse por primera vez
o aplicarse normas sobre las que no exista
ninguna doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo hasta el momento
y jurisprudencia y en el último caso el interés notorio
se trata de cuando existe una jurisprudencia uniforme,
cuando la resolución impugnada se haya dictado en un proceso
en el que la cuestión litigiosa sea realmente de interés general
para la interpretación legal uniforme de nuestra legislación estatal.
Se entenderá que existe este interés general
cuando la cuestión afecte potencial
o efectivamente a un gran número de situaciones bien en sí mismas
o por trascender al caso objeto del proceso.
Hemos de recordar en este momento y antes de pasar
al recurso de queja que hay una casación autonómica
que se interpone ante los Tribunales Superiores de Justicia
de cada comunidad autónoma y debe presentarse
por los mismos motivos como interés casacional
si bien afectado a la jurisprudencia consolidada
y contrariada, convulsa poco pacífica o inexistente ausencia
de jurisprudencia dentro de ese marco territorial de la comunidad autónoma
y a cargo de esos TSJs.
El recurso extraordinario de queja ha sido diseñado precisamente
para que el mismo.
El mismo tribunal que editó la resolución
que se pretende impugnar, admisión o no admisión,
prima facie del recurso de casación, no tenga la última palabra.
Por tanto, es una queja frente a la admisión de la casación.
Y, por último, pasamos a los medios de rescisión
de la cosa juzgada.
El primero es la anulidad de actuaciones,
que se denomina incidente excepcional de anulidad de actuaciones
y constituye, como su nombre indica, un incidente de carácter excepcional
que ha de ser interpuesto en el marco del propio proceso una vez concluso,
ante el mismo órgano judicial que dictó la resolución firme
y susceptible de ser anulada por causas legalmente estipuladas.
En la rebeldía consiste el recurso, no es un recurso,
es un medio extraordinario, un medio de rescisión a la cosa juzgada,
consiste esencialmente en la incomparacencia del demandado
ante el tribunal al tiempo de su primer requerimiento.
Esta audiencia al rebelde constituye un procedimiento autónomo
en virtud del cual un demandado rebelde involuntario.
Solicita al tribunal, al tiempo de acreditar este último extremo,
la involuntariedad de su rebeldía, un nuevo enjuiciamiento
del conflicto que le llevó a la sentencia firme perjudicial,
en buena medida por no haber tenido la oportunidad de defenderse.
Y el último es la revisión.
La revisión tan sólo cabe por cinco motivos expresamente
regulados en el artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que son aparición extemporánea por causa imputable a la fuerza mayor
o a la parte beneficiada de documentos decisivos
para el enjuiciamiento, El segundo motivo,
una prueba documental falsa.
El tercer motivo, una prueba pericial o testifical falsa.
El cuarto motivo, cohecho, violencia o maquinación fraudulenta.
Y el quinto y último motivo de revisión,
de ahí lo extraordinario de su aceptación,
es la declaración por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
de resolución dictada con violación de alguno de los derechos
reconocidos en el Convenio Europeo para la protección
de los derechos humanos y libertades públicas,
así como de sus respectivos protocolos.
Muchas gracias.