Programa 13, recapitulando 2 de nuestra serie
Introducción al Derecho Procesal.
Recordemos que estudiábamos la jurisdicción en Recapitulando 1
con nuestros jueces y juezas, magistrados y magistradas.
Y ahora nos corresponde el estudio,
el análisis de los dos siguientes conceptos.
Acción y proceso acción el derecho a la tutela judicial efectiva
y en su reverso el derecho a defensa y proceso
con sus principios clases actos procesales
y comunicaciones el derecho de acción los derechos de acción y defensa
se encuentran expresamente regulados en el artículo 24
1 de la constitución española todas las personas tienen derecho
a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos
sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
Asimismo, todos tienen derecho a la defensa y asistencia del letrado
y la acción procesal o derecho a la tutela judicial efectiva
conlleva que ese derecho de acceder a la justicia,
derecho de acceso.
Interponer la pretensión a través de la demanda,
de la querella, del recurso,
así como a disfrutar de un proceso legal
en el que tras garantizarse la práctica de las alegaciones,
pruebas e impugnaciones de las que las partes,
en el caso de actoras, quieran valerse,
se obtenga una resolución legal siempre anclada en el derecho,
siempre motivada, congruente, argumentada razonablemente.
Es decir, que se atenga a las reglas de la congruencia que rigen
los distintos tipos de procesos judiciales
por razón de su naturaleza y estable,
con fuerza de cosa juzgada, así como ejecutiva,
que pueda llevarse a la práctica,
pues todo ello compone el derecho a la tutela judicial
efectiva y en su reverso de defensa.
Todos estos derechos derivados del derecho a acción o derecho
a tutela judicial efectiva han sido o serán detalladamente analizados
a lo largo de distintos programas, pero vamos a enumerarlos.
El primero es el derecho de acceso a la justicia.
Segundo, derecho a un proceso con todas las garantías.
Derecho a la obtención de una sentencia de fondo,
motivada, congruente, fundada en derecho.
Estable el derecho a la opción de medidas cautelares
cuando concurran los presupuestos legalmente estipulados el derecho
a la inmodificabilidad de las sentencias
con su fuerza de cosa juzgada tanto formal
como material y el derecho a la ejecución de las sentencias
como complemento del derecho a la tutela judicial efectiva
debe reseñarse el denominado derecho a la justicia gratuita
y es que el artículo 119 de la constitución española.
Reconoce que la justicia será gratuita
cuando así lo disponga la ley
y en todo caso respecto de quienes acrediten insuficiencia de medios
para litigar.
Se reconocerá este derecho a la asistencia jurídica gratuita
a aquellas personas que careciendo de patrimonio suficiente
cuenten con unos recursos e ingresos económicos
brutos computables anualmente por todos los conceptos
y por unidad familiar que no superen los siguientes umbrales.
Dos veces el indicador público de renta efectos múltiples vigente
en el momento de efectuar la solicitud
cuando se trate de personas no integradas
en ninguna unidad familiar, dos veces y media en el indicador público
de renta efectos públicos vigente en el momento
de efectuar la solicitud cuando se trata de personas
integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar
con menos de cuatro miembros y el triple de dicho indicador
cuando se trata de unidades familiares
integradas por cuatro o más miembros
o que tengan reconocida la condición de familia numerosa
de acuerdo con la normativa vigente.
El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende
las siguientes prestaciones.
En primer lugar, el asesoramiento y orientación gratuitos al proceso.
Cuando se trata, además, de víctimas de violencia de género,
de terrorismo, de trata de seres humanos,
así como de menores de edad, personas con discapacidad intelectual
o enfermedad mental, la asistencia jurídica gratuita
comprenderá el asesoramiento y orientación gratuitos
en todo momento, inmediato a la interposición
de la denuncia o querella.
También comprende el derecho a la asistencia jurídica gratuita,
la asistencia de abogado al detenido,
preso, imputado, investigado, que no hubiera sido designado
para cualquier diligencia policial, la defensa y representación gratuitas
por abogado y procurador en el procedimiento judicial,
la inserción gratuita de anuncios edictos en el curso del proceso,
que preceptivamente deban publicarse en estos periódicos oficiales,
exención del pago de tasas judiciales,
así como el pago de depósitos necesarios
para la interposición de recursos judiciales.
Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo
del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales
o en su defecto a cargo de funcionarios, organismos
o servicios técnicos dependientes de las administraciones públicas,
obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos
y actas notariales, reducción del 80% en los derechos arancelarios,
reducción.
La asistencia jurídica gratuita del profesional de la abogacía
en cualquiera de los medios adecuados de resolución de controversias.
El derecho de defensa y sus proyecciones en el artículo
24.2 de la Constitución española se establece arreglón
seguido de ese apartado primero donde reconocía el derecho
a la tutela judicial efectiva de todas las personas
sin que en ningún caso pueda nadie sufrir indefensión pues
se reconoce en el apartado segundo que asimismo todos tienen derecho
al juez ordinario predeterminado por la ley
a la defensa y asistencia letrada a ser informados de la acusación
formulada contra ellos a un proceso público
sin dilaciones indebidas
y con todas las garantías a utilizar los medios de prueba pertinentes
para su defensa a no declarar contra sí mismos
a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
El proceso es el instrumento público
del Estado puesto al servicio de los ciudadanos
para solventar sus asuntos ante la jurisdicción en todos
y cada uno de los órdenes jurisdiccionales
en los que puedan ver comprometidos conflictos de subida cotidiana
penal, civil, administrativo, contencioso administrativo y laboral
o social, también incluso militar.
Ya hemos tenido ocasión de distinguir el proceso
de los restantes medios de resolución de controversias.
Vamos a recordar que el proceso y el arbitraje
son mecanismos heterocompositivos porque un tercero situado supra
partes imponía la respuesta.
Pero existen otros medios de resolución de controversias
como los medios autocompositivos,
caracterizados por una resolución armoniosa y.
Y en pie de igualdad
de los conflictos entre las propias partes,
gracias a la hábil intervención de un tercero situado,
como digo, en pie de igualdad con ellas,
que va ofreciendo soluciones mediante una mediación,
conciliación, oferta vinculante, experto independiente,
etc. El derecho a la tutela judicial efectiva o de acción
es el derecho iniciático del proceso frente a la acción derecho de acción
surge la reacción derecho de defensa
y ese tránsito procedimental cronológico
que discurre desde que se instaura el derecho de acción
con su imprescindible derecho de defensa
como dos caras de una misma moneda que son hasta la sentencia firme
eso conforma todo el procedimiento donde surgen
múltiples derechos posibilidades cargas y obligaciones procesales.
Los derechos esenciales de los justiciables
son los contenidos en estos apartados primero
y segundo del artículo 24 de la Constitución.
Las posibilidades procesales son las oportunidades de llevar a cabo,
tras la debida solicitud al juez o a la jueza,
magistrado o magistrada, las actuaciones procesales
que puedan mejorar el derecho pretendido
durante el tránsito procedimental hacia la convicción judicial,
pues diligencias preliminares, pruebas, medidas cautelares,
entre otras.
Las cargas procesales son, sin embargo,
esas imposiciones legales o judiciales realizadas frente.
A justiciables que, de no atender a esta reclamación,
se verán expuestos a los posibles efectos desfavorables
de las sentencias, por ejemplo, determinadas pruebas obligatorias,
como es el supuesto de la prueba de ADN
en los procesos de filiación o la relativa a la entrevista
con la propia persona con discapacidad en su proceso
de provisión de apoyos.
Las obligaciones procesales son imposiciones legales o judiciales.
La Constitución española establece que es obligado cumplir
las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales,
así como prestar la colaboración requerida por ellos en el curso
del proceso y, naturalmente, en la ejecución de lo resuelto.
Para constituir válidamente un proceso, resulta imprescindible
que se cumplan todos y cada uno de los denominados
presupuestos procesales.
Se trata de requisitos habilitantes del proceso.
Sin ellos, el proceso no puede instaurarse
y, caso de haberse iniciado, no puede proseguir.
Algunos son subsanables, otros no.
Casi todos lo son, salvo la prescripción, la caducidad,
la dispendencia o la cosa juzgada.
La ausencia y no subsanación de aquellos que fuesen subsanables
en tiempo y forma de los presupuestos procesales ocasiona una resolución
que suspende el proceso y lo archiva,
eso sí, sin fuerza de cosa juzgada.
Son presupuestos procesales los siguientes.
Primero, los presupuestos procesales de la jurisdicción,
la jurisdicción y la competencia,
recordemos, objetiva, funcional y territorial.
Son presupuestos procesales de las partes,
la capacidad para ser parte, la capacidad procesal,
la capacidad de postulación y el itis consorcio pasivo necesario.
Son presupuestos procesales del objeto procesal,
el medio adecuado de resolución de controversias
en la justicia civil dispositiva que obliga al intento del acuerdo
antes de someterse a juicio, el procedimiento adecuado,
la litispendencia y la cosa juzgada.
Además de los presupuestos procesales,
deben cumplirse presupuestos no procesales,
habilitantes de la pretensión, presupuestos materiales,
como es la legitimación de las partes
y la perfecta delimitación del objeto del proceso.
Mediante la pretensión declarativa
del actor se solicita la declaración de un derecho, por ejemplo,
de un derecho de propiedad con efectos ex tunc,
esto es, desde el momento en el que se adquirió esa propiedad,
no desde el momento en el que se dicta la sentencia.
De manera que la sentencia declarativa
va al origen de la relación jurídica,
al momento de la firma del contrato.
Mediante la pretensión constitutiva se solicita la constitución
de una nueva situación jurídica a partir de un determinado momento,
por ejemplo, la separación o divorcio tras la crisis conyugal.
Cuando llega la sentencia con efectos ex tunc,
la sentencia tendrá efecto, como digo,
desde el momento en el que se dicta la sentencia,
no desde el momento en el que se contrajo matrimonio.
Y por último, mediante la sentencia que da respuesta
a una pretensión de condena, se solicita una condena a hondar,
a un hacer o a un no hacer una cosa determinada, En el primer caso,
por ejemplo, al pago de una deuda, en el segundo a la entrega
de una casa o en el tercero a la no intromisión en un fondo
o un terreno ajeno.
La sentencia fruto de una pretensión de condena
será a su vez de condena y por tanto susceptible de ejecución
que puede ser a su vez provisional o definitiva.
La legitimación, como digo, se refiere
a la vinculación de uno o varios de los sujetos entre ellos
y para con el objeto del proceso,
pero no es un presupuesto procesal sino material,
puesto que va al fondo del asunto y debe el juez pronunciarse
sobre el mismo en la sentencia.
Con todos estos requisitos cumplidos,
podrá por fin interponerse la demanda e iniciarse el proceso.
La demanda es el acto iniciático, el acto de postulación
que principia, que pone comienzo al proceso.
El actor o demandante plantea el conflicto
ante el órgano judicial frente al demandado,
precisamente en su escrito de demanda acompañado de una pretensión que,
como acabo de indicar, puede ser declarativa,
constitutiva o de condena en la que solicita,
debidamente amparado en la ley y, en su caso,
en la jurisprudencia que la complementa,
lo que le convenga a su derecho.
Frente a esa demanda, el demandado podrá afrontar múltiples posiciones
que se van a analizar en detalle a lo largo
de los programas que se han analizado ya.
Como allanarse, transigir,
someterse a algún medio adecuado de resolución de controversias,
entre otros.
Pero lo habitual en el marco de un proceso
será que asuma una posición defensiva mediante la reacción
y a interposición también ante el tribunal con jurisdicción
y competencia y frente al actor en su contestación
a la demanda conforme a la alegación de hechos impeditivos,
extintivos o o excluyentes que amparan su pretensión exculpatoria
y la petición de su absolución
como libre ejercicio de su derecho de defensa.
El demandado podrá, a su vez,
aprovechar este período procesal para contestar a la demanda,
para afrontar de manera conjunta a la defensa también otro ataque,
como a través de la reconvención,
cuando considere que el actor del proceso.
Pendiente y en el marco de esa litispendencia
merece además un reproche procesal o sustantiva en defensa
de sus derechos sustantivos o de sus intereses legítimos.
Cada uno de esos escritos, demanda, contestación a la demanda,
reconvención, habrá de acompañarse de una serie
de documentos tanto procesales como materiales,
entre otros el poder en favor del procurador,
documentos acreditativos de la especial vinculación
entre los sujetos comprometidos en el litigio,
así como respecto al objeto,
justificación documental de la representación del litigante
que se atribuye, dictamen con el valor económico
del objeto litigioso, por ejemplo, certificaciones registrales,
dictámenes periciales, informes elaborados por profesionales
de la investigación privada legalmente habilitado
sobre hechos relevantes respecto de sus respectivas pretensiones,
documentos públicos e incluso documentos privados.
Estos relevantes escritos
de los distintos actos de postulación,
que como digo son la demanda, la contestación a la demanda
y la reconvención, habrán de interponerse siempre
dentro de los plazos legalmente estipulados
y revestir unas formalidades, estructura y sistemática adecuadas
para que el proceso pueda instaurarse válidamente.
En la contestación a la demanda,
el demandado habrá de afrontar esa pretensión defensiva,
tanto material, mediante la negación o admisión
de los hechos aducidos por el actor, como en su caso procesal,
mediante la denuncia de esas excepciones procesales,
erigidas algunas en auténticos presupuestos procesales,
Como lo son las que me acabo de referir,
todas ellas habrán de integrarse en la contestación a la demanda,
salvo una.
La falta de jurisdicción o de competencia
debió haberse interpuesto siempre antes de contestar
a la demanda a través de la figura de la declinatoria en los diez
primeros días para contestar a la demanda,
pero naturalmente sin contestarla, puesto que quien contesta
a la demanda se adhiere tácitamente al juez
al que le está contestando y en ese caso
no podría luego formular,
después de haberse adherido tácitamente, una declinatoria.
La función del proceso es,
lógicamente y conforme a la teoría abstracta de la pretensión
a la que yo me he referido en los programas anteriores,
la obtención de una respuesta judicial jurídica.
Lo primero es jurídica, amparada siempre en derecho,
motivada, explicada con base en argumentos razonables,
congruente, que dé respuesta positiva o negativa,
pero dé respuesta a todas y cada una de las pretensiones formuladas
por las partes.
Estable que tenga fuerza de cosa juzgada y práctica
esto es ejecutable los principios del proceso son los siguientes
el primero el de contradicción este principio
y conviene expresarlo con toda contundencia
es un principio medular
de todo el proceso judicial no sólo civil sino de cualquier orden
jurisdiccional cualquiera que sea civil penal contencioso
administrativo laboral por supuesto militar.
El principio de contradicción presupone
que en todo proceso judicial ha de haber dos partes en conflicto,
en contradicción, en controversia.
Así se le denomina principio contradictorio
de un proceso contradictorio.
Si las partes manifestasen posiciones pacíficas,
armoniosas o consensuales, entonces directamente no habría proceso,
con las escasas excepciones de algunos procesos civiles
donde deben reconocerse judicialmente derechos civiles.
Solicitados de mutuo acuerdo,
como puede ser un divorcio, una separación de mutuo acuerdo,
pero con escasas excepciones todo proceso contencioso
será a su vez conflictivo.
El principio de publicidad que se erige
en un auténtico termómetro democrático de nuestro ordenamiento,
de nuestro moderno proceso civil, está íntimamente conectado
con el de oralidad.
Su fundamento es evidente,
ha de encontrarse en el control público
de las más relevantes actuaciones judiciales,
las sesiones previas a las sentencias judiciales,
frente a este control social también se alzan otros derechos
como es lógico de las personas al honor a la privacidad
la intimidad a la propia imagen entre otros de ahí
que el tribunal debe establecer de forma
motivada y siempre caso por caso algunas limitaciones o matizaciones
especialmente en procesos que afectan a menores personas con discapacidad
el respeto de los cuales esa intimidad debe reforzarse
el principio de inmediación.
Supone que el único tribunal
autorizado para dictar una sentencia con fundamento en la prueba
practicada en un determinado proceso es precisamente ese tribunal
que la ha presenciado de manera directa,
activa e inmediata.
La labor judicial del enjuiciamiento ha de venir precedida.
Para dotarla de una mayor probabilidad
de acierto en justicia de la respuesta material
que llega a alcanzarse de otro examen proactivo,
dinámico e innovador de la prueba con base
en cuyo resultado precisamente se amparará
la sentencia que luego se dicte de condena o de absolución.
El principio de concentración supone que todas las sesiones,
pero esencialmente las de prueba,
deban practicarse en el proceso de forma de ser posible
en unidad de acto y de no ser posible de forma concentrada,
es decir, en un periodo de tiempo muy breve.
Ello es debido a que la unidad de tiempo y espacio
donde se celebran las pruebas permitirá definitivamente
fijar la respuesta a un juicio favorable o adverso
pero que favorezca la memoria, la concentración,
la conexión, el entendimiento y al término la valoración conjunta
de todas estas pruebas por parte del juez o jueza llamado a conocer
de las mismas.
El principio de igualdad de armas es una manifestación del principio
de igualdad en el ámbito procesal y conlleva la imperiosa exigencia
de que las partes dispongan de idénticos medios
de ataque y defensa respecto de sus heterogéneas
pretensiones o posiciones en el proceso correspondiéndoles
como es lógico simétricas facultades
y cargas tanto de alegación como de prueba e impugnación.
El principio dispositivo rige nuestro proceso civil,
que se encuentra presidido, como digo,
de principio a fin por este principio,
con la sola excepción dentro de su ámbito.
Objetivo de esos procesos especiales de naturaleza indisponible
donde se ven afectados derechos, bienes o intereses
de menores o personas con discapacidad que están pidiendo
o ya han pedido
y, por tanto, están disfrutando de un apoyo judicial,
también de los ausentes.
Los procesos civiles dispositivos,
es decir, los que no afectan a menores,
personas con discapacidad o ausentes,
se caracterizan en exencia por cuatro atributos.
Son procesos civiles afectantes generalmente a derechos de propiedad
y tan solo podrán iniciarse a instancia de parte.
No cabe un proceso si alguien no lo inicia.
También las partes podrán realizar en el marco del proceso
todo tipo de actos de disposición de la pretensión.
Renuncia, el actor, allanamiento, el demandado, desistimiento del actor
pero sin fuerza de cosa juzgada.
Recordemos que se renuncia al objeto pero se desiste del proceso.
Por tanto, la diferencia entre la renuncia
y el desistimiento reside en la fuerza de cosa
juzgada del renunciante.
Frente a la no fuerza de cosa juzgada de quien desiste
y luego puede volver a entablar el proceso,
allanamiento por parte del demandado a la pretensión del actor o
pretensiones que puede ser total o parcial,
a su vez abandono del procedimiento por una satisfacción extraprocesal
del objeto del proceso, transacción, en fin,
hay algunas posibilidades de poner término al proceso
a través de actos de disposición de la pretensión dentro del marco
de la jurisdicción civil dispositiva en la que rige a su vez,
como digo, el principio dispositivo.
La tercera manifestación es que el juez habrá de ser congruente
con las pretensiones de las partes, no puede dar más
de lo pedido por el actor, incurriría en una incongruencia suprapetita,
ni menos de lo resistido por el demandado,
incurriría en una incongruencia infrapetita,
tampoco puede dar cosa distinta.
De la pedida por el actor o resistida por el demandado incurriría
en una incongruencia extrapetita
o tampoco puede dejar de dar respuesta
a alguna de las pretensiones formuladas por las partes
en cuyo caso incurriría en una incongruencia omisiva.
Si los particulares estuviesen de acuerdo
en solventar este tipo de disputas a través de cualesquiera mecanismos
de resolución de controversias o mecanismos para procesales
a los que aludiré al término de este programa,
entonces al margen de la jurisdicción podrán ventilarlas.
El principio acusatorio rige en la jurisdicción penal,
no en la civil, y se caracteriza por tres relevantes proyecciones.
En primer lugar, en la fase de instrucción,
nemo iurdex sine accusatore,
con la distribución de las funciones de acusación e instrucción
a dos altos cargos u órganos del Estado distintos.
La acusación corresponde al fiscal quien acusa,
no instruye.
La acusación corresponde al fiscal a investigación
a la sección de instrucción de los tribunales de instancia.
El otorgamiento de estas dos funciones,
de la acusación,
quien acusa no juicia, quien acusa no instruye a distintos órganos,
altos órganos del Estado, pues responde a poderosas razones
que serán analizadas en la serie de derecho procesal
penal de evitación de la contaminación
y de reubicación en un mismo órgano, alto órgano del Estado, de funciones
que pueden comprometerse recíprocamente,
que pueden contaminar el resultado de su actuación.
Inmediatamente después,
en la segunda manifestación del principio acusatorio,
se refiere a la atribución de las fases de instrucción
y enjuiciamiento del proceso penal a dos juzgadores
o juzgadoras distintas.
Quien instruye no falla.
De manera que la instrucción corresponde
a la sección de instrucción de los tribunales de instancia
y el enjuiciamiento al tribunal que se encomiende
con arreglo a los criterios de la competencia.
Este segundo enunciado
también afecta al de quien instruye no debe fallar a poderosas razones
de que no deba quedar en sospecha la posible falta de imparcialidad
de aquel juez o magistrado que ha estado instruyendo una causa
y que en su fuero interno y de manera inconsciente
pueda estar premeditado o pueda estar de alguna manera orientado
hacia una condena que en definitiva ventilara otro juez
y por tanto no quedará comprometido por aquella investigación previa
que ha realizado.
En la fase final del proceso,
la sentencia debe tener una congruencia penal
que ha de respetar la homogeneidad del bien jurídico protegido.
Se refiere a la conexión, a la adecuación
o a la vinculación que debe existir también entre la acusación
y el enjuiciamiento para evitar que el debate contradictorio
no haya sido respetuoso con las dos partes,
que no se hayan introducido adecuadamente los tipos penales.
Hay distintas clases de proceso,
aun cuando todo conflicto planteado ante los tribunales
merece una respuesta judicial,
lo cierto es que esta respuesta del Estado tan sólo se produce
cuando las controversias se instrumentan a través
del procedimiento adecuado.
Por tanto, siendo adecuado un procedimiento,
tan sólo se podrá utilizar éste no admitiéndose ningún otro
que no sea el correcto, la adecuada
o la selección de cual sea en cada caso el procedimiento
adecuado reviste, por tanto, una relevancia capital,
porque si se encauza un procedimiento.
Se encauza un proceso por un procedimiento distinto a aquel
que legalmente está estipulado para ese concreto conflicto,
entonces podría sufrir la tutela judicial efectiva
un déficit crucial al no llegar a instaurarse válidamente
el proceso.
En ese caso, si además ese proceso es susceptible de un periodo,
un tránsito de caducidad o prescripción,
podría incluso llegar a perderse para siempre
y nada menos que por causa de haber seleccionado de manera incorrecta
el procedimiento adecuado.
Los tipos de procesos que hay son ordinarios,
especiales y sumarios.
Los procesos ordinarios, como su nombre indica,
son aquellos por los que se puede canalizar cualquier pretensión
que no se encuentre específicamente comprendida
entre la de los procesos especiales.
Los ordinarios se caracterizan por una amplitud objetiva,
a través de ellos puede conocerse prácticamente cualquier objeto,
cognición plena,
con grandes posibilidades de alegación,
prueba e impugnación y totalidad de efectos de la cosa juzgada,
dimanantes de la sentencia que se dictan en su seno.
Los procesos especiales son, sin embargo, aquellos que presentan,
bien por razón de su objeto
o de los sujetos involucrados en el mismo,
bien por razón del interés público inherente a su resolución,
alguna especificidad digna
de especial consideración procedimental.
Son aquellos que, en definitiva, no deben sustanciarse
por los trámites generales o universales, incluso impersonales,
sino por otros singulares, específicos,
que atiendan específicamente, como digo,
a esas especiales características objetivas o subjetivas.
Los tres atributos de los procesos especiales
son una cognición relativamente amplia,
unos efectos de cosa juzgada plena,
pero afectados por un fuerte factor temporal,
de maneras que si las circunstancias concurrentes
al tiempo en el que se ha dictado la sentencia se modulan,
en este tipo de procesos es muy probable
que puedan.
Realizarse revisiones de esas sentencias
y adaptarse a las nuevas circunstancias
que concurren al tiempo en el que se solicita la revisión
y por último, naturalmente, tienen plenas garantías procesales.
Los procesos sumarios finalmente son aquellos que presentan
la característica de su inmediatez, son urgentes, son fugaces,
han de resolverse de manera muy acelerada la creación
de estos procesos surge como consecuencia de la necesidad
precisamente de resolver
ciertos tipos de conflictos de manera muy rápida,
porque el transcurso del tiempo que pueda transcurrir
entre el momento del inicio y el término del proceso puede hacer
que se pierda ese objeto.
Los procesos sumarios,
todavía denominados entre muchos sectores
de la práctica forense como interdictos,
son en suma esos procesos en los que la eficacia
depende precisamente de la inmediatez de la respuesta.
El justiciable que se decide acudir a este tipo de procesos
sabe que obtendrá una respuesta rápida,
si bien a costa de los atributos que adornan a los ordinarios
y que, sin embargo, no adornan.
A los sumarios.
Son en concreto la restricción de los mecanismos de ataque
y defensa, la cognición por tanto limitada,
la ausencia de cosa juzgada material y en su lógica correspondencia,
puesto que han sido procesos muy rápidos,
una minoración de las garantías procesales
porque han de ventilarse en un tiempo muy escaso.
Por razón del orden jurisdiccional
comprometido cabe ahora distinguir los procesos civiles,
que son los procesos regulados en la ley de enjuiciamiento civil.
Hay dos ordinarios,
el propiamente ordinario y el verbe aval,
que deben.
Seleccionarse prioritariamente por razón de la materia,
pero en su defecto por razón de la cuantía
correspondiendo al ordinario,
aquellos cuya cuantía litigiosa es superior a 15.000 euros
y al verbal, aquellos cuya cuantía litigiosa es inferior
a 15.000 euros.
Los procesos penales se dividen en dos partes,
instrucción y enjuiciamiento,
que corresponden, como he dicho,
a órganos jurisdiccionales distintos.
La primera se denomina sumario en el ordinario y diligencias previas
en el abreviado.
Pero ambos tienen por finalidad preparar el juicio oral
mediante la concreción de cuál sea el hecho delictivo
que deba atribuirse a un determinado investigado.
Esta primera fase discurre ante el Tribunal de Instancias
Sección de Instrucción quien puede practicar pruebas anticipadas
o preconstituidas, adoptar medidas cautelares
y autorizar todo tipo.
De actos limitativos de derechos fundamentales esenciales
como la entrada de registro, intervención de las comunicaciones
o la misma prisión provisional.
La fase intermedia cierra ese primer período donde se concreta
el hecho delictivo de averiguación también del autor
y da paso a la fase de enjuiciamiento.
Si no prospera la investigación queda archivado
y la fase de enjuiciamiento no comienza.
En caso contrario, cuando ha sido exitosa.
La instrucción en la fase intermedia se determina a la apertura
de la fase de enjuiciamiento que se destina ahora ya
ante otro tribunal, concretamente el Tribunal de Instancias,
Sección de lo Penal,
una vez formalizadas las respectivas pretensiones,
acusadora y defensiva,
a la práctica de la prueba que se celebrará
bajo los principios de contradicción, inmediación,
concentración y publicidad con plena igualdad de armas.
Los procesos contenciosos administrativos
son los que se destinan a la resolución de conflictos
que se suscitan entre los ciudadanos y la administración pública.
Los laborales son los que se destinan a la resolución de conflictos
suscitados entre trabajadores y empresarios o entre todos ellos
con la seguridad social.
Y por último, los procesos constitucionales.
Son aquellos que se pueden plantear ante el Tribunal Constitucional
a los que yo me he referido precisamente en recapitulando uno,
recurso de amparo, conflictos de competencia,
recurso de inconstitucionalidad y cuestión de inconstitucionalidad.
Bien, la estructura del proceso corresponde,
se distingue una triple trilogía, es decir,
una trilogía procedimental.
Una tutela declarativa para referirse a las declaraciones
frente a una tutela de declaración que puede ser a su vez
absorbida por una pretensión declarativa, constitutiva
o de condena.
Luego una tutela cautelar para la gestión
de las medidas cautelares y al término una ejecutiva
para hacer ejecutar lo juzgado.
La tutela cautelar es una herramienta procesal
puesta a disposición de los actores, acusadores, procesales,
quienes la deben solicitar al tiempo de presentación de sus pretensiones
o con alguna antelación ante el tribunal con jurisdicción
y competencia con la finalidad de dar practicidad y realidad
a una ejecución que de otro modo,
si no se hubiese adaptado a la medida cautelar,
podría perderse.
Bien, la tutela ejecutiva, por su parte,
sirve para.
Dotar de efectividad práctica
la resolución judicial una vez ha concluido el proceso,
bien sea a través de una ejecución provisional,
cuando frente a la resolución todavía cabe recurso,
o definitiva, firme y a su vez firme a través de una ejecución forzosa.
Pero volviendo a la tutela declarativa,
que es la que nos importa en esta fase.
La primera fase se denomina de alegaciones
y se destina a la concreción del conflicto, gracias a la exposición
por las partes de sus distintas versiones fácticas
que servirán para fijar con toda claridad y precisión
el específico objeto litigioso
sobre el que se va a desarrollar después el debate contradictorio
en cada concreto proceso.
Esta fase de alegaciones se encuentra integrada por la demanda,
la contestación a la demanda y la reconvención.
Una vez contestada la demanda
o precluido el plazo para ello sin éxito,
entonces el demandado que no hubiere contestado,
que no se hubiese personado, será declarado en rebeldía.
De otro modo, contestará a la demanda
la audiencia previa se rige por el principio de oralidad,
es la siguiente fase.
Y consiste esencialmente en la celebración física
y en algunos casos telemática de alguna comparecencia
ante el tribunal con asistencia de las partes
y sus representantes en caso necesario,
así como de sus defensores.
La audiencia principal o juicio ya tiene por objeto
la práctica de la prueba.
Concretamente, las pruebas legalmente reconocidas
o reguladas son las siguientes.
Declaración de las partes, prueba testifical,
informes orales o contradictorios de peritos,
reconocimiento judicial en su caso,
reproducción de las palabras, imagen y sonidos
tras la práctica de la prueba y siempre en el propio juicio
se formularán conclusiones que son las que preceden al dictado
de la sentencia.
Frente a la sentencia cabe el recurso.
El derecho a los recursos es una manifestación,
una proyección del derecho a la tutela judicial efectiva.
Si bien la formulación y número de recursos
que quepan en nuestro país frente a las sentencias que se dictan,
son una cuestión de legalidad ordinaria.
El tiempo, espacio y ordenación procedimental.
Las actuaciones judiciales
deben celebrarse siempre en la oficina judicial,
salvo aquellas que por su naturaleza resulte imposible practicar
ahí y deben practicarse en otro lugar.
Las actuaciones deben realizarse fuera del partido judicial,
donde reside la sede del tribunal que conozca de la causa,
en casos excepcionales
y cuando proceda por videoconferencia,
cuando sea posible, factible y exista un auxilio judicial.
Los tribunales podrán constituirse en cualquier lugar del territorio,
eso sí, y las actuaciones judiciales habrán de practicarse en los días
y horas hábiles.
Son días inhábiles, afectos procesales,
los sábados, domingos, los que median entre el 24 de diciembre
y el 36 de enero del año siguiente,
ambos inclusive, los días de fiesta nacional,
los festivos, afectos laborales de cada comunidad autónoma,
localidad también serán incluidos.
Inhabil el mes de agosto.
Se entiende por horas hábiles las que median desde las 8
de la mañana hasta las 8 de la tarde,
salvo que la ley para una actuación concreta
disponga otra cosa.
Para los actos de comunicación y ejecución
también se consideran horas hábiles las que discurren desde las 8
hasta las 10 de la noche.
La lengua oficial del Estado español es el castellano,
sin perjuicio de que también podrá utilizarse la lengua oficial
de la comunidad autónoma en algunas de las comunidades
autónomas donde tengan lugar actuaciones judiciales
que tengan una lengua propia de la comunidad autónoma.
Las actos procesales de comunicación serán notificaciones,
cuando tengan por objeto dar noticia de una resolución o actuación,
emplazamientos, para personarse y actuar dentro de un plazo,
citaciones, cuando determinen lugar, fecha y hora para comparecer
y actuar, requerimientos para ordenar conforme hay una conducta
o una actividad, mandamientos para ordenar
el liberamiento de certificaciones o testimonios y práctica
de cualquier actuación cuya actuación corresponda a los registros
de la propiedad, mercantiles, de buques,
de venta a plazo de bienes muebles, de notarios,
de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y oficios
para las comunicaciones con autoridades no judiciales
y funcionarios distintos de los que acabo de referir.
Los actos procesales serán nulos de pleno derecho
en los siguientes casos
cuando se produzcan por o ante un tribunal que carece
de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional,
cuando se realicen con intimidación o con violencia,
cuando se prescinda absolutamente de las normas esenciales
del procedimiento siempre que por esa causa
se haya producido indefensión,
cuando se realicen sin la intervención de abogado
en los casos en los que la ley establezca que éste sea obligatorio
cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención
del letrado de la Administración de Justicia,
cuando se resuelvan mediante diligencias de ordenación
o decreto cuestiones
que conforme a la ley hayan de ser resueltas mediante providencia,
autosentencia y en otros casos en los que legalmente se establezca.
Las resoluciones de los letrados de la Administración de Justicia
se denominan diligencias y decretos.
Se dictará diligencia de ordenación cuando la resolución tenga por objeto
dar a los autos el curso que la ley establezca.
Se dictará decreto
cuando se admita a trámite la demanda,
cuando se ponga a término el proceso legislativo.
Del que el secretario letrado de la Administración de Justicia
tuviera competencia exclusiva
y, en cualquier clase de procedimiento,
cuando fuese necesario o conveniente razonar lo resuelto,
y se dictarán diligencias de constancia,
comunicación o ejecución a los efectos
de reflejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal.
Por último, la resolución final del proceso es la sentencia.
La sentencia es la respuesta del Estado emitida a través de sus jueces
y magistrados a los conflictos planteados por los particulares
en el marco de los procesos judiciales.
Las sentencias, como he dicho ya,
son exclusivamente judiciales.
Esto es, sólo pueden ser dictadas por jueces y magistrados.
En ella se contendrá, de un lado, la voluntad estatal,
la de otorgar o denegar la tutela judicial
solicitada y, en cualquier caso,
pacificar la relación jurídica conflictiva,
dotar de satisfacción jurídica a los particulares que precisan
ese reconocimiento judicial
y, de otro, una exposición detallada de los motivos, de las razones,
de los argumentos en los que se sustenta esa concreta decisión
que pone término al proceso y no otra.
En paralelo al derecho jurisdiccional,
al proceso judicial,
surgen mecanismos de resolución de controversias tales
como la conciliación, la jurisdicción voluntaria,
el arbitraje y, de manera más reciente,
los medios adecuados de resolución de controversias.
Llegan a conformar todo un ecosistema de derecho paraprocesal
porque discurre en paralelo, o de derecho para jurisdiccional
porque discurre en paralelo al proceso,
en paralelo a la jurisdicción.
La conciliación es un método autocompositivo de resolución
de conflictos en virtud del cual las partes debidamente asistidas
y convenientemente asesoradas llegan a un entendimiento o a un acuerdo,
si se prefiere a una transacción, en el que con una recíproca resignación
de sus posiciones ponen fin al conflicto sin necesidad de iniciar
la conciliación preprocesal, que es la previa del proceso,
o de proseguir en la procesal, que es la que se establece.
Realiza dentro del propio proceso.
Existen muchas fórmulas de conciliación.
La ley de jurisdicción voluntaria regula la conciliación
ante el letrado de la Administración de Justicia,
la del notariado la conciliación ante el notario, la ley hipotecaria,
la conciliación ante el registrador y todo ello con un procedimiento
ágil, sencillo, económico y, por supuesto, garantista.
La jurisdicción voluntaria también realiza una decidida apuesta
de desjudicialización o de externalización de la justicia
porque deriva un gran número de expedientes,
algunos incluso con cierta conflictividad,
a profesionales distintos de los jueces y magistrados,
como es el caso de los letrados de la Administración de Justicia,
notarios y registradores.
Todos estos mecanismos,
de manera especialmente intensa la mediación y el arbitraje,
permiten la resolución de las controversias
fuera del marco del proceso jurisdiccional.
Muchas gracias.