Programa 12, recapitulando 1,
Derecho Procesal Civil en su parte general.
En el proceso civil hemos estudiado a lo largo
de los anteriores programas los principios juicio ordinario,
juicio verbal,
presupuestos procesales, sujetos del proceso y objeto del proceso.
Hoy vamos a hacer un balance de todo ello.
Los principios del proceso civil, recordemos,
son los de contradicción,
dos posiciones contrapuestas a ausencia de armonía,
igualdad de armas, diseño del proceso con idénticos derechos procesales
para cada una de las partes en conflicto.
Y el juez debe autorizarlo,
siempre que haya sido previamente solicitado y probado por las partes,
actos de disposición del objeto del proceso,
a los que luego apelaré, renuncia, desistimiento, allanamiento,
transacción, etc.,
y congruencia civil.
No cabe dar más de lo pedido por el actor,
menos de lo resistido por el demandado, cosa distinta,
ni dejar de dar respuesta a alguna de las pretensiones.
También cabe el principio no dispositivo, indisponible,
en ese ecosistema civil donde hay materias
que trascienden al interés general o al interés de las partes,
o bien en aquellos procesos donde se suscitan bienes,
derechos o intereses de personas especialmente vulnerables.
En esos casos donde no rige el principio dispositivo,
debemos anclar los principios opuestos.
No hay proceder actiu de que ses oficio,
es decir, el juez no debe proceder de oficio,
pero sí el Ministerio Fiscal tiene un papel nuclear a la hora
de ejercer determinadas acciones.
También la posible introducción de oficio de medidas cautelares
y de pruebas.
Por supuesto, la no disposición del objeto del proceso.
Mediante pretensiones que son innegociables
porque afectan a menores o a personas con discapacidad
y nada no sujeción a las reglas de la congruencia
porque el juez debe estar a la verdad material de los hechos
y no tanto a las formalidades presentadas o practicadas
por las partes.
Bien, el principio de aportación en los conflictos privados supone
que la exclusiva introducción de los hechos al proceso corresponde
a las partes y no al juez.
El derecho, sin embargo,
sí puede ser introducido por el juez gracias a las máximas de AMI,
Factum et Davop, TBIUS o Iurano-Bitcuria,
exclusiva proposición y práctica de la prueba para las partes,
pero posibilidad de anclar
o de reforzar esos argumentos procesales y sustantivos
a través del derecho originario facilitado por el magistrado.
Bien, el principio de investigación comporta
que las controversias que trascienden al interés de las partes
o que incorporan a personas vulnerables en el conflicto, bueno,
pues se permite la introducción de los hechos al proceso por parte
del propio juez de manera excepcional y también su posible proposición
de prueba.
El principio de justicia.
Rogada, generalizado en los conflictos privados,
supone que los tribunales civiles decidirán los asuntos
en virtud de las aportaciones de los hechos,
de las pruebas y de las pretensiones de las partes,
excepto cuando la ley disponga otra cosa.
El principio de iniciativa privada de la actividad probatoria,
generalizado en la práctica totalidad de conflictos privados,
con excepciones en las que se.
Afecta a controversias que trascienden al interés particular
de las partes
o que afectan a personas vulnerables pero en el resto
las pruebas se practicarán siempre a instancia de parte sin embargo
el tribunal podrá acordar de oficio que se practiquen algunas pruebas
o que se aporten algunos documentos o medios o instrumentos probatorios
cuando se establezca específicamente la ley los poderes del juez civil
son la posible inadmisión de la demanda la posible detección
de oficio de toda suerte de óbices procesales jurisdicción
competencia más capacidad.
Procedimiento adecuado, la dispendencia, cosa juzgada,
la posible inadmisión de medidas cautelares,
de diligencias preliminares,
de pruebas y la posible imposición de pruebas legalmente exigidas
para procesos concretos.
El principio de valoración libre de la prueba comporta
que el juez valora la prueba conforme a sus máximas
de experiencia, a las reglas de la sana crítica,
a su buen saber y entender todas las pruebas,
excepto la documental pública y la privada.
No impugnada se rigen por el principio
de libertad probatoria.
Sin embargo,
rige el principio de prueba tasada en las pruebas que acabo de indicar,
la documental pública o privada no impugnada,
puesto que la ley establece para este tipo de pruebas
una dotación de efectos plenos.
Los principios del procedimiento civil
son el principio de escritura
en determinados actos de postulación,
como la demanda, contestación a la demanda,
reconvención, la prueba escrita y la sentencia en la mayor parte
de casos, aunque también hay sentencias orales
ahora en el juicio verbal.
El principio de oralidad que afecta a las fases de audiencia previa
y audiencia principal para la práctica de la prueba,
el principio de inmediación, presencia física inmediata,
sin intermediarios del juez en la práctica
de determinados actos procesales,
en esencia la prueba y la valoración de la misma,
el principio de concentración imprescindible,
celebración concentrada,
las actuaciones sin interrupciones temporales
o con periodos cronológicos inmediatos,
muy breves para evitar la pérdida de la memoria,
el principio de publicidad para las partes, publicidad relativa
o para la sociedad, publicidad absoluta,
supervisión, transparencia, democratización de la justicia,
las pruebas se practicarán contradictoriamente en vista pública
y con publicidad.
Vamos a recordar la trilogía procedimental,
procesos ordinarios,
aquellos por los que se puede canalizar cualquier pretensión
que no se encuentre específicamente comprendida
entre los procesos especiales,
aquellos que por su objeto, por sus sujetos,
en su caso por interés público inherente a la resolución,
presenta alguna especialidad digna de consideración
y por último los sumarios,
aquellos que revelan la característica esencial
de su inmediatez, de su urgencia, de su fugacidad, de su celeridad,
que tienen por tanto limitadas los medios de legación y de prueba
y cuyas resoluciones operan sin fuerza de cosa juzgada.
Los tipos de procesos declarativos
ordinarios civiles son dos,
proceso ordinario y juicio verbal.
El proceso ordinario será prioritariamente seleccionado
por razón de la materia.
Concretamente de la materia regulada en el artículo 249
de la línea de juiciamiento civil y en su defecto,
pero tan sólo en su defecto por razón de la cuantía.
Por tanto, en defecto de la materia acudimos a la cuantía,
se decidirán en el juicio ordinario,
aquellos objetos litigiosos cuya cuantía exceda de 15.000 euros
y también aquellas cuyo interés económico
resulte imposible de calcular ni siquiera de manera relativa.
Las fases del proceso ordinario son cuatro.
La primera, la fase de alegaciones,
incorpora la demanda, contestación a la demanda
y, en su caso, reconvención.
La segunda es la fase de audiencia previa.
La tercera, la audiencia principal o juicio.
Y, por último, la sentencia.
El juicio verbal también será prioritariamente seleccionado
por razón de la materia establecida en el listado
cerrado de materias del artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y en su defecto por razón de la cuantía,
para aquellos asuntos
cuya cuantía litigiosa no exceda de 15.000 euros.
Bien, las fases del juicio verbal son dos.
La primera es la fase de alegaciones,
la segunda la vista.
Bueno, y en tercer lugar, si consideramos fase
la sentencia, en una tercera fase se dictaría la sentencia.
Son presupuestos procesales
y son los requisitos que deben cumplirse al inicio del proceso
a riesgo de que, de no cumplirse, sea inadmitida la demanda
o de detectarse después y no subsanarse,
sea archivado el proceso mediante un auto de archivo
o un auto de sobreseimiento que tienen la particularidad
de que no opera respecto de ellos la fuerza de cosa juzgada.
¿Cuáles son estos presupuestos procesales?
Los que afectan al órgano jurisdiccional
serán la jurisdicción y competencia, tanto objetiva como funcional
y territorial.
De las partes, afectan a la capacidad
para ser partes y de actuación procesal,
de postulación procesal y litisconsorcio necesario.
Los presupuestos procesales que afectan al objeto.
Pueden clasificarse en los siguientes,
pago de tasas judiciales,
caducidad de la acción, litigio y expendencia,
cosa juzgada, medios adecuados de resolución
de controversias, arbitraje y pendiente compromiso,
existencia de actos de disposición del derecho subjetivo o material,
cauciones y requerimientos al deudor exigidos en casos especiales.
Comenzamos con la jurisdicción
y con sus criterios de determinación nacional e internacional.
Primero se determina la jurisdicción nacional
regulada en nuestro Reglamento del Parlamento Europeo
y Consejo 2012, comúnmente apelado como Reglamento Bruselas bis 1,
en el cual se regula
cuál es nuestra jurisdicción nacional en materia civil y mercantil
dentro del ámbito de la Unión Europea,
además del reconocimiento y ejecución
de resoluciones judiciales.
Por lo que se refiere a la regulación nacional,
nuestros tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones
que se suscitan en territorio español con arreglo
a lo establecido en los tratados y convenios internacionales
en los que España forma parte en las normas de la Unión Europea
y también en las leyes españolas.
No obstante, no conocerán de las pretensiones
formuladas respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad,
de jurisdicción o de ejecución también conforme a la legislación
española o a las normas de derecho internacional público.
Los criterios de determinación en función del orden jurisdiccional
difieren.
En el orden jurisdiccional civil
corresponde conocer todos los asuntos de naturaleza civil y mercantil,
teniendo además visa atractiva.
Quiere esto decir que los jueces y juezas,
así como los tribunales, conocerán además de las materias
que les son propias de todas aquellas que no están atribuidas
a otro orden jurisdiccional civil.
Luego, la jurisdicción civil
tiene una visa atractiva respecto al resto de órdenes jurisdiccionales.
Son criterios de determinación también la detección
de que sea la jurisdicción quien debe conocer y no el arbitraje
o que debe ser la propia los propios tribunales
de la administración de justicia quienes deben conocer
y no la administración la falta de jurisdicción
puede ser detectada de oficio los tribunales civiles españoles
se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan
cuando concurran ellos a alguna circunstancia
legalmente prevista que determine la ausencia de su jurisdicción
pero también podrá ser detectada instancia de parte.
El demandado podrá denunciar mediante declinatoria
la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicción
por pertenecer el asunto precisamente a otro orden jurisdiccional
o por haberse sometido con carácter previo
al inicio del proceso a mediación o arbitraje
esa controversia.
Para determinar cuál sea el tribunal civil que tenga la competencia
en cada caso tenemos que atribuir a las reglas de la competencia
y por tanto así corresponderá a cada proceso conforme a unas normas
establecidas previamente en normas con rango de ley
y anteriores a la actuación de todas las actuaciones.
Son tres los criterios de atribución de la competencia objetiva,
funcional y territorial.
La competencia objetiva corresponde por razón del objeto litigioso,
pero también de los sujetos comprometidos en ese proceso.
La competencia funcional en función de la fase procedimental
en la que se encuentra la controversia en cada momento.
Si nos encontramos en fase de declaración,
en fase de recurso, en fase de ejecución,
en fase cautelar, etc. Y por razón del territorio
corresponderá la competencia territorial.
La declinatoria es el instrumento a través del cual el demandado
y los que puedan ser parte legítima en el juicio promo
debido pueden denunciar la falta de jurisdicción
o la falta de competencia del tribunal.
Y lo hacen ante aquel ante el que se ha interpuesto la demanda
por corresponder el conocimiento a otro tribunal en definitiva
la declinatoria se propone ante el mismo tribunal
que está conociendo del proceso y al que se considera que carece
de jurisdicción o de competencia para que decline su competencia
y la transfiera a aquel otro tribunal que es el que realmente goza
de jurisdicción y competencia y no está conociendo de ese asunto
precisamente por un defecto o por un obice
o por un déficit de jurisdicción o de competencia.
Las partes procesales legítimas son consideradas
aquellas que comparecen y actúan en juicio como titulares
de la relación jurídica u objeto litigioso.
Las partes procesales habrán de acreditar,
para constituir válidamente el proceso,
el debido cumplimiento de un trípode identificador
de sus respectivas capacidades.
Primero, capacidad para ser parte, aptitud para ser titular
de derechos, de cargas y de obligaciones procesales.
En segundo lugar, capacidad procesal,
aptitud para comparecer por sí mismas e intervenir
e interactuar de modo activo en el proceso, en caso contrario,
deberían ser debidamente representadas.
Y en tercer lugar, capacidad de postulación,
imprescindible intervención en la mayor parte de procesos
de nuestro ecosistema civil, de abogado,
asistencia letrada y de procurador,
representación procesal.
La capacidad para ser parte podrán ser parte en los procesos civiles,
las personas físicas, el concebido no nacido en las titurus
para todos los efectos que le sean favorables,
las personas jurídicas, masas patrimoniales,
patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular
o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición
y administración, las entidades sin personalidad jurídica
a las que la ley reconozca capacidad
para ser parte, el Ministerio Fiscal respecto de esos procesos
en los que haya de intervenir como parte,
los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso,
cuando los individuos que lo compongan estén determinados
o sean fácilmente determinables, las entidades habilitadas
conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio
de la acción de cesación en defensa de intereses colectivos
y de intereses difusos de los consumidores y usuarios.
La capacidad procesal corresponde a quienes estén
en el pleno y gozoso ejercicio de sus derechos civiles,
es decir, a las personas físicas, mayores de edad,
así como a los menores emancipados,
siempre que tanto aquellos como éstes no hubieren sido provistos
de apoyos judiciales precisamente para el ejercicio de la capacidad
jurídica en condiciones de igualdad con los demás,
en cuyo caso se estará al alcance y contenido de las mismas.
Por tanto, para comparecer válidamente en juicio
todas las personas por los menores de edad
no emancipados deben comparecer mediante representación
mediante representación, asistencia o autorización,
quienes legalmente les representen.
En el caso de las personas con medidas de apoyo,
también quienes hayan designado en la sentencia judicial
como, en este caso, curadores, asistenciales o representativos
de estas personas por las personas jurídicas,
quienes legalmente las representen, por los masas patrimoniales
o patrimonios jurídicos, separados quienes conforme a él los administren
por las entidades sin personalidad que comparecen en juicio
por medio de personas a quienes la ley en cada caso atribuye
esa representación en un juicio por las entidades sin personalidad
comparecerán las personas que de hecho de derecho en virtud de partos
actúan en su nombre frente a terceros y las limitaciones de la capacidad
de quienes estén sometidos a concurso se regirán ya por lo establecido
en la ley concursal.
Respecto a la capacidad de postulación,
cabe advertir que es la aptitud de las partes para postularse,
para manifestarse, para formular sus respectivas pretensiones
actoras o defensivas ante el órgano jurisdiccional,
mediante una comunicación que sea directa, ágil, fluida,
que sea especializada, eficaz, que sea eficiente,
de tal manera que esto sólo podrá garantizarse con el concurso
o la colaboración o apoyo de dos colaboradores de la justicia
tan cualificados como lo son los siguientes profesionales
del derecho, el abogado y el procurador.
Es incompatible el ejercicio simultáneo
de ambas profesiones, por tanto, quien sea abogado
no debe ser procurador en la misma causa.
Respecto a la intervención del abogado,
cabe establecer que la relación jurídica que mantienen el abogado
y la parte es la de un contrato de arrendamiento de servicios,
porque el profesional del derecho se obliga a prestar al litigante
un servicio por un precio cierto.
La Ley de Juiciamiento Civil prevé que, en caso de incumplimiento
del pago de estos honorarios, se establezca un procedimiento,
se pueda encauzar un procedimiento ágil,
sencillo y acelerado para el cobro de esos honorarios impagados.
Por lo que respecta a la intervención del Procurador, ha de advertirse
que la relación que vincula al litigante
con su Procurador es la de una representación técnico-jurídica
y se asienta en un contrato de mandato.
Por tanto, la Ley prevé que,
en caso de incumplimiento del pago del procedimiento de apremio,
ante el propio Tribunal que estuviese conociendo del asunto.
La detección es oficio y instancia de parte de la falta de capacidad
para ser parte y de la falta de capacidad procesal
puede detectarse así, ex oficio por parte del propio juez
ante el apercibimiento del letrado o letrada
de la Administración de Justicia,
quien será el que dé cabal cuenta de este obice procesal
para inadmitir la demanda mediante auto ya por el juez.
Porque esto supone un óbice procesal que impide el inicio del proceso,
pero naturalmente admite subsanación y de no subsanarse,
carece de efectos materiales de la cosa juzgada,
pudiendo volver a entablarse ese proceso en el futuro.
Siempre, eso sí, que ya se haya subsanado este óbice.
También en instancia de parte podrá el demandado en la contestación
a la demanda establecer o el propio actor
luego en la audiencia
determinar respecto de su demandado este obstáculo
a la válida prosecución del proceso.
Si el déficit u omisión de la capacidad de postulación
no corregido, o en su caso no subsanado,
afecta al demandante, el juez le declara en rebeldía,
sin que las actuaciones que hubiesen llevado a cabo quede constanciado
en autos.
Si el déficit u omisión de la capacidad de postulación
no corregido, o en su caso no subsanado, afecta al demandante,
entonces el juez dicta auto, poniendo fin al proceso
porque entiende que ya no tiene interés
en mantener ese derecho a la tutela judicial efectiva.
En los procesos en los que participen personas con discapacidad
y personas mayores de 65 años o demás que lo soliciten
y en todo caso con una edad más avanzada a partir de 80 años
o más se realizarán las adaptaciones y ajustes necesarios
para garantizar su participación en los procesos en condiciones
de igualdad y es que las personas con discapacidad
así como las personas mayores que se sientan vulnerables
tienen un derecho a entender y a ser comprendidas dentro de ese proceso
por eso se han establecido algunos mecanismos para dotarlas
de las debidas garantías en el proceso.
La pluralidad de partes se refiere a la posibilidad de integración
en cada una de las posiciones parciales de las partes,
pretensión o resistencia, actora o demandada,
o en ambas, de un número plural de litigantes o contrincantes,
es decir, de un número superior a uno.
Elitis consorcio consiste en que los litigantes
que habrán de ser partes procesales, es decir, titulares de la relación
jurídico-procesal debatida en el juicio,
La intervención procesal difiere, son litigantes que ya no son parte
sino terceros, terceros personas con interés legítimo
a que la sentencia extiende sus efectos
de un modo indirecto o reflejo.
Por último, la sucesión procesal es una mutación o migración subjetiva
del proceso pendiente como consecuencia de la transmisión
inter vivos o mortis causa del objeto litigioso.
Por lo que respecta al litisconsorcio,
los litigantes que integran el litisconsorcio gozan
de idénticos derechos, posibilidades y cargas procesales
porque todos ellos son titulares, o se prefiere cotitulares,
de la relación jurídico-procesal sometida a juicio.
Caben diversos tipos.
Litisconsorcio activo, pluralidad de actores
frente a un demandado.
Litisconsorcio pasivo,
un solo actor frente a varios demandados.
Litisconsorcio mixto,
pluralidad de actores frente a pluralidad de demandados.
También cabe que sea voluntario cuando surge libre espontáneamente
o necesario cuando lo impone la ley
y por tanto suele resultar imprescindible
por razón de la naturaleza inextindible del objeto litigioso
si es un objeto voluntario.
Litigioso pertenece a varios conjuntamente
y de forma indivisible,
lógicamente ha de litigarse contra todos ellos conjuntamente.
También cabe un consorcio casi necesario que permite
a los litigantes por voluntad propia su actuación separada o conjunta.
De suerte que la ley no impone una incorporación forzosa,
si bien los efectos de la sentencia que lleguen.
Que lleguen a dictarse en su momento
de si se desplegaran sobre todos ellos hayan litigado o no.
La legitimación no es un presupuesto procesal sino sustantivo,
es un presupuesto material.
Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan
y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica
u objeto litigioso.
Existe una gran distinción entre la capacidad con su trípode
identificador al que me he referido antes,
capacidad para ser parte, capacidad procesal,
capacidad de postulación y la legitimación.
Porque la capacidad tanto para ser parte como procesal
y de postulación constituyen presupuestos procesales.
Su ausencia produce.
Una resolución procesal sin fuerza de cosa juzgada.
Pero la legitimación es un presupuesto material
o de fondo.
Su ausencia produce una sentencia con todos los efectos materiales
de la cosa juzgada.
El fundamento de la legitimación reside en la tutela judicial efectiva
y en la prohibición de indefensión.
De suerte que su ausencia debe detectarse tanto de oficio
como a instancia de parte.
Ahora pasamos al objeto litigioso,
al objeto del proceso, que condiciona la admisión de la demanda
y resuelve y es el verdadero punto de inflexión
o el punto central del proceso judicial.
Son presupuestos que afectan al objeto procesal
la caducidad de la acción, el pago de las tasas judiciales,
la litispendencia, la acosa juzgada,
el arbitraje pendiente de compromiso,
los medios adecuados de resolución de controversias en vía
no jurisdiccional, los medios dispositivos
de finalización del objeto del proceso y el procedimiento adecuado.
La litispendencia es el proceso pendiente
entre las mismas partes por el mismo objeto.
Cabe una litispendencia propia
cuando el objeto procesal es idéntico o impropia
cuando el objeto procesal trae causa de otro que se está enjuiciando
pero no es exactamente el mismo.
La despendencia, con todos sus efectos procesales,
se produce desde la misma interposición
de la demanda, si después es admitida su vigencia,
se contrae a toda la duración cronológica el proceso de principio
a fin, con sentencia definitiva y firme fuerza de cosa juzgada.
Es la antesala de la cosa juzgada,
es el momento anterior a la cosa juzgada.
La cosa juzgada, las sentencias.
Firmes, sean estimatorias o desestimatorias,
excluirá conforme a la ley, como se sabe, un ulterior proceso
cuyo objeto sea idéntico a aquel en el que aquella se produjo.
Puede ser una cosa juzgada negativa, no vis in idem, no dos veces
la misma cosa, no dos veces entablar un proceso entre las mismas partes
por el mismo objeto, o positiva,
y es que lo resuelto con fuerza de cosa juzgada,
una sentencia firme que haya puesto fin a un proceso,
vinculará al tribunal de un proceso posterior
cuando en este aparezca como antecedente lógico
de lo que sea su objeto siempre que los litigantes de ambos procesos
sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a todos ellos
por disposición legal.
El arbitraje
y el pendiente compromiso son medios,
como sabemos, heterocompositivos, de resolución de controversias,
dispositivas a los que las partes se someten de manera previa,
expresa y voluntaria con anterioridad al surgimiento del conflicto.
Por tanto,
una vez sometidos al arbitraje a través de un pendiente compromiso,
no cabe luego acudir a la jurisdicción.
Los medios adecuados de resolución de controversias en vía
no jurisdiccional son requisitos previos
a los procesos judiciales, civiles y mercantiles,
dispositivos cuyo cumplimiento condiciona la misma admisión
de la demanda.
Son los denominados MASC.
Entre ellos, cabe establecer los que regula la Ley 1.025.
La mediación,
la conciliación ante notario, conciliación ante registrador,
conciliación ante letrada de la Administración de Justicia,
conciliación privada, oferta vinculante confidencial,
opinión de persona independiente, experta, independiente
y proceso de derecho colaborativo.
Los medios de disposición.
Del proceso, los actos de disposición del proceso
o medios de finalización anormal del proceso son los siguientes,
la renuncia que corresponde al actor con fuerza de cosa juzgada,
el desistimiento que corresponde también al actor sin efectos
de cosa juzgada, el allanamiento del demandado a la pretensión del actor
que puede ser total o parcial,
si es total pone término al proceso, la transacción judicial o recíproca
concesión de voluntades, la conciliación intraprocesal
y la satisfacción extraprocesal del objeto litigioso.
También son actos de disposición que no evitan la posibilidad
de interponer un ulterior proceso, el desistimiento,
como he dicho, y la interrupción de la suspensión
o la suspensión del proceso.
El procedimiento adecuado es el cauce procedimental oportuno y solo
hay uno a través del cual se deba descubrir la controversia
y dilucidarse un resultado.
Son procesos ordinarios,
el propiamente ordinario del juicio verbal,
por razón, como he dicho,
prioritariamente de la materia en su defecto de la cuantía,
procesos especiales y procesos sumarios
que se analizarán en el derecho procesal civil,
parte especial.
El objeto litigioso son las pretensiones declarativas,
constitutivas o de condena.
Se podrán presentar ante los tribunales
la condena a una determinada prestación,
la declaración de la existencia de derechos y situaciones jurídicas,
la constitución, modificación o extinción
de determinadas situaciones jurídicas,
la ejecución, la adopción de medidas cautelares
y cualesquiera otra clase de tutelas que esté prevista por la ley.
La pretensión debe ser siempre clara y precisa,
a riesgo de incurrir en otro caso en un defecto en el modo
de proponer la demanda.
Pueden ser pretensiones de cognición del demandante,
declarativas, constitutivas o de condena,
o del demandado, pretensiones de defensa reactivas
amparadas en hechos impeditivos, extintivos o excluyentes.
Pueden ser pretensiones de ejecución, de petición,
de realización forzosa de un título ejecutivo,
a la condena de un dar, de un hacer o un nacer,
pretensiones cautelares donde se pide la adopción de medidas cautelares
en el marco de los procesos con la finalidad
de garantizar la futura tutela con efectos ejecutivos
de la sentencia.
Como digo, las pretensiones del demandante pueden ser declarativas,
constitutivas o de condena.
Las declarativas son las que piden la declaración de la existencia
o no existencia de una relación jurídica con efectos ex tunc,
esto es, desde el momento en el que se realizó el contrato.
A través de las pretensiones constitutivas
se pretende la constitución de una nueva situación jurídica
con efectos ex nunc, que es desde el momento
en el que se dicta la sentencia.
Algunas, además, son susceptibles de ser registradas luego
o inscritas en registros públicos.
Las pretensiones de condena son aquellas en las que se pide
al juez o tribunal el dar a cero
o no hacer alguna cosa determinada.
Son las únicas que luego arrastran un título ejecutivo.
Por tanto, las pretensiones deben concretar ese petitum
y liquidarlo.
No caben solicitudes de condena a cantidades ilimitadas.
Sí cabrían con una sencilla operación aritmética, pero no a cantidades
no liquidadas y respecto de las cuales no sea sencillo
realizar una operación aritmética y luego liquidar.
La integración del objeto procesal a las cuestiones prejudiciales
son cuestiones de las que se ha de conocer con carácter previo
a la pretensión principal,
porque la respuesta a esta cuestión prejudicial
condiciona el sentido que pueda adoptar
la cuestión judicial posterior.
Pongo un ejemplo, la reclamación de la paternidad prejudicial
respecto de la solicitud precisamente por ese concepto de alimentos
a esa persona.
Pueden ser homogéneas o heterogéneas en función del de si debe conocer
el mismo o distinto orden jurisdiccional y devolutivas
o no devolutivas en función
de si deben devolverse a otro orden jurisdiccional
o deben mantenerse en el mismo orden jurisdiccional.
La ampliación del objeto procesal
puede afrontarse a través de tres vías.
En primer lugar, a través de la ampliación.
De la demanda
y es que antes de la contestación a la demanda esta demanda
puede ampliarse para acumular nuevas acciones ya ejercitadas
o para dirigirlas frente a nuevos demandados.
A través de la reconvención
también se puede ampliar el objeto litigioso,
es la interposición de una nueva y distinta pretensión
durante el proceso pendiente por parte del demandado originario
ahora convertido en actor reconvencional frente
al demandante inicial ahora convertido o transmutado
o transformado en demandado reconvenido.
La acumulación de acciones y de procesos
también son formas de ampliación del objeto procesal.
La acumulación de acciones es una agrupación originaria
y justapuesta subsidiaria de pretensiones
y la acumulación de procesos es la anexión sobrevenida una vez
ya iniciado el proceso de dos o más de estos procesos.
El fundamento es la economía procesal,
la seguridad jurídica,
la evitación de resoluciones judiciales contradictorias,
resoluciones que puedan llegar a ser incoherentes
o incompatibles entre sí.
Por último, los actos de disposición del objeto del proceso.
Tan solo caben en materias que sean plenamente dispositivas,
nunca en las indisponibles.
Son actos que permiten a las partes, tanto al actor
como al demandado ambas, disponer del objeto litigioso.
Corresponden al actor,
y ya lo he dicho, la renuncia y el desistimiento,
con la divergencia de que la renuncia opera con fuerza de cosa juzgada
y el desistimiento sin fuerza de cosa juzgada.
Corresponde al demandado el allanamiento,
que puede ser total o parcial.
Si es total, por determinar el proceso,
el parcial permitirá que se mantenga respecto de lo no allanado.
Y por último, corresponden a ambas partes
la transacción o acuerdo o recíproca concesión de voluntades,
la satisfacción extraprocesal del objeto del proceso,
la interrupción o la suspensión del proceso judicial.
Muchas gracias.