Programa 12, recapitulando uno de la serie
Introducción al Derecho Procesal.
En esta disciplina nosotros analizábamos,
como recordarán, la jurisdicción,
la acción y el proceso.
La jurisdicción conformada por nuestros jueces y juezas
magistrados y magistradas del Poder Judicial.
La acción, el derecho a la tutela judicial efectiva
y, en su reverso, el derecho de defensa.
Y el proceso con sus principios, clases, actos,
comunicaciones procesales y resoluciones judiciales.
Bien, dentro del concepto caracteres,
fuente, regulación, tiempo y espacio del derecho procesal,
cabe recordar que el derecho procesal es la rama del ordenamiento jurídico
público destinado al estudio de estos tres
grandes conceptos.
La jurisdicción, que se identifica en primer lugar con el poder judicial
por tratarse del tercer poder del Estado, considerado el más alto
dado que fiscaliza al resto, es un poder autónomo
y ajeno jurídico.
A cualesquiera interferencias con otros poderes ejecutivo
y legislativo.
También se identifica la jurisdicción con la potestad jurisdiccional,
pues a los jueces corresponde,
en régimen de unidad y exclusividad además,
el ejercicio de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Se identifica finalmente con la propia función jurisdiccional,
atribuida en exclusiva a los jueces y magistrados
y ejercida a través del único instrumento
legalmente establecido para la resolución
de los conflictos, que es el proceso judicial.
Además de la jurisdicción estudiamos analizamos en esta disciplina
los derechos fundamentales de naturaleza procesal
en especial el derecho de acción o derecho
a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la constitución
española y en su reverso como he dicho el derecho de defensa
que corresponde a la paz a la palabra la parte pasiva
de la relación jurídica, esto es, al demandado,
denunciado, querellado, recurrido,
frente a quien ha ejercido el derecho de acción, que era, en su caso,
el actor o demandante, denunciante, querellante o recurrente
en este mismo orden establecido.
Finalmente, analizamos el proceso como instrumento
de la jurisdicción para la resolución de los conflictos que se suscitan
entre los ciudadanos.
Es el instrumento a través del cual el particular
afectado por un concreto conflicto, que puede ser público o privado,
canaliza su pretensión ante los jueces y magistrados,
y esto es el proceso.
El proceso se encuentra arreglado en nuestras distintas leyes
de procedimiento.
La elección de una ley procesal
u otra diferirá en función de la naturaleza del conflicto.
Si el conflicto es intersubjetivo y privado,
de naturaleza civil o mercantil,
el particular habrá de canalizarlo a través de la jurisdicción civil.
Si el conflicto es social y público, de contenido criminal
ante la jurisdicción penal.
Si el conflicto se suscita entre trabajadores y empresarios
o, en su caso, con la Seguridad Social,
entonces el conflicto se ventilará ante la jurisdicción social
y finalmente si el conflicto se mantiene
entre la administración pública ante la jurisdicción
Los caracteres del derecho procesal son los siguientes.
Tiene una dimensión eminentemente pública,
un ámbito estatal, una naturaleza fundamentalmente imperativa,
aunque con tramos o fases dispositivas,
una relativa autonomía,
puesto que es el instrumento gracias al cual.
El derecho objetivo puede ejercerse en toda su amplitud
y, además, instrumentalidad, puesto que, como acabo de indicar,
es un instrumento al servicio de un fin,
la impartición de justicia.
Las fuentes del derecho procesal son la ley,
los principios generales del derecho y la jurisprudencia.
La regulación del derecho procesal se contiene
en distintas leyes orgánicas unas, ordinarias otras.
La ley orgánica del Poder Judicial, como veremos,
es la que integra toda la organización
y régimen de autogobierno del Poder Judicial.
La ley orgánica del Tribunal Constitucional.
También regula todo lo relativo a este alto tribunal
que no forma parte del Poder Judicial,
como veremos.
Las distintas leyes de procedimiento
de los órdenes jurisdiccionales son en el orden civil
la Ley de Enjuiciamiento Civil 1-2000 de 7 de enero,
la Ley 15-2015 de Jurisdicción Voluntaria
de 2 de julio en el ámbito penal.
Tenemos la ley de enjuiciamiento criminal
por un lado de 1882 con múltiples reformas
y la ley orgánica 5 barra 2000 reguladora de la responsabilidad
penal del menor entre otras en el ámbito contencioso administrativo
tenemos la ley 29 1998 reguladora de la jurisdicción
contencioso administrativa con su complementaria ley 39
barra 2015 de procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas y por último en el ámbito social
o laboral la Ley 36-2011, reguladora de la jurisdicción social.
La eficacia del derecho procesal en el tiempo
y en el espacio es algo que se analizará a lo largo
de todo el programa, pero debemos indicar en este momento
que las leyes entran en vigor a los 20 días
de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado,
sin perjuicio de que en algunos casos
se establecen otras distintas ya marcadas
en el propio régimen transitorio de la ley que se acaba de aprobar.
Si bien,
ninguna de ellas debe ser retroactiva con efectos desfavorables,
puesto que el artículo 9.3
de la Constitución lo prohíbe con alcance general,
el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras
no favorables o restrictivas de derechos individuales.
Por lo que respecta al espacio,
el derecho procesal es siempre de ámbito nacional
porque razones de unidad, de coherencia y de seguridad jurídica
imponen que los procesos celebrados en España
sean iguales tanto en su tramitación
como en su finalidad para los distintos justiciables
con independencia del lugar de nuestra geografía
donde se celebren.
Por tanto,
los procesos civiles que se rigen en el territorio nacional
se regirán únicamente por las normas procesales españolas
sin perjuicio de lo establecido en los tratados y convenios
internacionales de los que españa forma parte la jurisdicción
integrada en exclusiva por nuestros jueces y tribunales
tiene por misión solucionar los conflictos
mediante la aplicación del derecho derecho
que puede ser civil mercantil laboral penal administrativo
y todo ello al caso concreto caso por caso
la jurisdicción se equipara en una de sus acepciones
con el poder judicial.
Jueces y juezas integrados en los tribunales,
a los que se les encomienda la elevada tarea de resolver
las controversias jurídicas, intersubjetivas y sociales.
Existen otras fórmulas de resolución de controversias distintas
al proceso judicial.
Por ejemplo, la autotutela, la imposición de la solución
por parte del más fuerte al más débil, el famoso ojo por ojo,
diente por diente, ley de talión inconcebible
en un Estado democrático como el nuestro.
Otra fórmula es la autocomposición.
Las propias partes solucionan por sí mismas el conflicto
intersubjetivo a través de un acuerdo de voluntades.
Un pacta sunt servanda,
una recíproca concesión de voluntades,
un medio adecuado de resolución de controversias perfectamente factible
y que se analizará.
Y por último, la heterocomposición, un tercero situado supra partes
que impone la solución a quienes imploran una solución
desde la base.
Es el caso del arbitraje y del proceso judicial.
Las funciones de la jurisdicción son esencialmente tres.
La función general, lógicamente,
es la resolución de conflictos intersubjetivos y sociales
mediante la aplicación del derecho objetivo al caso concreto,
derecho civil, mercantil, penal, administrativo o laboral.
Pero las funciones específicas de la jurisdicción son la protección
de los derechos subjetivos, el control judicial normativo
y la complementación del ordenamiento jurídico.
El fundamento de la jurisdicción reside esencialmente
en la realización de un valor superior
del ordenamiento jurídico, la justicia,
que se alcanza gracias al reconocimiento de los derechos
subjetivos y al control de las normas jurídicas.
También se ampara este fundamento
en elementales razones de seguridad jurídica
y en el imprescindible sustento del orden público
y el mantenimiento de la paz social.
Los criterios de atribución de la jurisdicción son variados.
En primer lugar, por lo que respecta a la jurisdicción
propiamente dicha por contraste a otras fórmulas complementarias
o alternativas de resolución de controversias, la jurisdicción
y otros medios adecuados de resolución de conflictos.
Que no se identifiquen con la respuesta judicial
por un órgano del Estado tras la celebración
de todo un procedimiento público legalmente articulado.
Esta es la primera distinción,
jurisdicción por contraste al arbitraje
o por contraste a los MASC.
En segundo lugar, la jurisdicción ordinaria
por contraste a la jurisdicción militar, que es la única
especializada reconocida en nuestra Constitución.
La jurisdicción de un determinado orden jurisdiccional
por contraste al resto por tanto cuando se encuentra prioritariamente
comprometido el orden civil no debe conocer cualquier otro orden
salvo el penal que siempre es preferente
como veremos la jurisdicción contenciosa por contraste
a la jurisdicción voluntaria y finalmente.
La jurisdicción internacional por contraste
a la jurisdicción interna.
Estos son criterios de atribución.
La competencia dentro de la jurisdicción,
una vez depurada la jurisdicción española,
la concreción del exacto órgano jurisdiccional que ya está llamado
a conocer del concreto conflicto que sea suscitado
en un orden jurisdiccional concreto, sea civil, penal,
contencioso administrativo, laboral o militar,
las reglas de atribución de la competencia
son las que determinan a qué tribunal dentro de cada orden
corresponde en concreto el enjuiciamiento de cada caso.
Y esto ahora por razón tanto del objeto, competencia objetiva,
como de los sujetos, también competencia objetiva,
como de la función que está llamado a desempeñar en cada fase
del procedimiento, competencia funcional,
como del territorio o lugar donde se produce el enjuiciamiento,
insisto, competencia territorial.
Cuando la resolución de un conflicto precisa,
a su vez, la resolución de una cuestión previa,
con antelación además en el tiempo,
y además del sentido judicial positivo o negativo
de esa primera respuesta judicial
haya de partirse por una especie de fuerza de cosa
juzgada prejudicial positiva, En la siguiente resolución,
que también ha de ser judicial,
entonces nos encontramos ante una cuestión prejudicial
que podrá ser homogénea cuando la cuestión previa
y la principal corresponden al mismo orden jurisdiccional
o será heterogénea cuando la previa y la principal
corresponden a órdenes jurisdiccionales distintos.
A su vez, estas cuestiones prejudiciales pueden ser devolutivas
cuando han de devolverse a otro orden jurisdiccional
o no devolutivas cuando el mismo orden jurisdiccional
puede conocer de la cuestión principal
y también de la prejudicial.
Bien, bajo la denominación cuestiones de competencia
se regulan en la ley orgánica del Poder Judicial esos conflictos
suscitados entre jueces y tribunales del mismo orden jurisdiccional.
Las cuestiones de competencia
entre tribunales del mismo orden jurisdiccional
se resolverán, como es lógico,
por el superior jerárquico superior común
conforme a las normas establecidas en las leyes procesales,
pero no podrán suscitarse cuestiones de competencia entre jueces
y tribunales subordinados entre sí,
porque en ese caso el juez o tribunal superior
fijará en todo caso y sin ulterior recurso
su propia competencia, eso sí, oídas las partes
y el Ministerio Fiscal.
Por último,
tras la exacta determinación de cuál sea la jurisdicción
y cuál sea la competencia a la vista de las reglas que hemos analizado
de competencia objetiva, funcional y territorial,
de cada tribunal concretamente llamado a conocer
de un específico conflicto que son presupuestos procesales ambos tanto
la jurisdicción como la competencia de extrema relevancia
todavía queda por establecer en esas circunscripciones
la mayoría donde existen más de un juez
o más de un tribunal del mismo grado siendo
todos ellos competentes por razón del objeto de la función
y también del territorio cuál de ellos es
el que debe conocer exactamente de un determinado conflicto
y para esto ha de acudirse a las normas de reparto
de los asuntos,
que están determinadas con antelación al inicio del proceso
y además son de público conocimiento.
La competencia constituye con la jurisdicción
un auténtico presupuesto procesal
porque puede ser tanto examinado de oficio por el juez
como a instancia de parte denunciado por las partes,
como he dicho, sobre todo por la parte pasiva,
que es a quien perjudica la determinación
de la competencia que permite instaurar válidamente el proceso,
y lo harían a través de la figura de la declinatoria.
Los principios informadores de la jurisdicción
son la estatalidad,
la unidad y la exclusividad y sus atributos esenciales,
la independencia, inamovilidad, responsabilidad y sumisión exclusiva
a la ley.
El principio de exclusividad
comporta que el ejercicio de la función jurisdiccional,
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,
corresponde exclusivamente a los jueces,
a las juezas y a los tribunales predeterminados en las leyes.
El principio de unidad comporta que la unidad jurisdiccional
es la base de la organización y el funcionamiento
de los tribunales.
La ley regula el ejercicio de la jurisdicción militar,
pero en el ámbito estrictamente castrense
y en los supuestos de estado de sitio,
de acuerdo con los principios de la Constitución,
quedando absolutamente prohibidos por la Constitución
los tribunales de excepción.
Bien, respecto a los atributos de la jurisdicción,
hemos de advertir que el primero de ellos es la independencia.
Los jueces y magistrados
que se consideren inquietados o perturbados en su independencia
lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial,
dando cuenta de los hechos al tribunal competente
para seguir el procedimiento adecuado sin perjuicio de practicar
por sí mismos las diligencias.
Estrictamente indispensables
para asegurar la acción de la justicia
y restaurar el orden jurídico.
Como medidas de prevención
de la posible falta de independencia,
asociada además a la falta de imparcialidad,
existen una serie de causas de abstención y recusación de jueces
y magistrados.
La inamovilidad es la siguiente característica,
atributo esencial de la jurisdicción.
Los jueces y magistrados no podrán ser separados,
suspendidos, trasladados, ni jubilados,
sino por alguna de las causas
y con las garantías que están previstas en la ley.
La responsabilidad es el siguiente atributo,
la responsabilidad penal se concreta en delitos
tipificados en nuestro código penal como el cohecho,
el tráfico de influencias o la prevaricación,
ese juez o magistrado que a sabiendas dicta una sentencia
o resolución injusta, a sabiendas de que es injusta.
También cabe la responsabilidad disciplinaria.
Los jueces y magistrados están sujetos a esta responsabilidad
en los casos y con las garantías legalmente determinadas
y la responsabilidad del Estado por el funcionamiento anormal
de la Administración de Justicia.
Y es que los daños causados por error judicial,
así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal
de la Administración de Justicia,
darán derecho, como es lógico,
a una indemnización a cargo del Estado conforme a la ley.
El derecho al juez legal está establecido,
regulado en el artículo 24.2 de la Constitución española
y comporta que todos tenemos derecho al juez ordinario
predeterminado por la ley a la defensa,
a la asistencia del letrado,
a ser informados de la acusación formulada contra nosotros
a un proceso público sin delaciones indebidas
y con todas las garantías a utilizar los medios de prueba pertinentes
para la defensa, a no declarar contra sí mismos,
a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La organización judicial del Estado territorial.
Que era integrada por los siguientes órganos.
En la cúspide el Tribunal Supremo,
a continuación la Audiencia Nacional,
el Tribunal Central de Instancia, los Tribunales Superiores de Justicia
de las distintas comunidades autónomas,
las Audiencias Provinciales, los Tribunales de Instancia
y en la base los Jueces y Juezas de Paz.
Fuera del Poder Judicial.
Quedan reconocidos como tribunales, órganos de enjuiciamiento,
cualquier posible jurisdicción, excepto la legalmente reconocida,
que es la jurisdicción militar.
Por tanto, dentro del Poder Judicial,
pero con una jurisdicción especializada,
podemos entender que está la jurisdicción militar.
Y ya fuera del Poder Judicial,
como tribunales foráneos al Poder Judicial,
están por un lado el Tribunal Constitucional,
que se analiza en el Tribunal de Cuentas,
que es el supremo órgano, fiscalizador de las cuentas
de la gestión económica del estado así como del sector público
los tribunales consuetudinarios y tradicionales
y también los tribunales supranacionales tribunal de justicia
de la unión europea y tribunal europeo
de derechos humanos los tribunales de instancia
podrán estar conformados a su vez por distintas secciones
sección de familia infancia y capacidad sección
de lo mercantil sección de violencia sobre la mujer sección de violencia
contra la infancia adolescencia sección de lo penal sección
de menores sección.
De vigilancia penitenciaria, sección de lo contencioso administrativo
y sección de lo social.
Las audiencias provinciales tendrán su sede en cada provincia
y de la que tomarán su nombre y extenderán su jurisdicción
a toda ella.
El Tribunal Central de Distancia,
con sede en Madrid y jurisdicción en todo el territorio nacional,
contará con las siguientes secciones.
Sección de instrucción, sección de lo penal,
sección de menores, sección de vigilancia penitenciaria
y sección de lo contencioso administrativo.
Los Tribunales Superiores de Justicia estarán integrados
por las siguientes alas, de lo civil y penal,
de lo contencioso administrativo y de lo social.
Los Tribunales Superiores de Justicia
culminan la organización judicial de la comunidad autónoma
sobre cuyo territorio extienden también toda su jurisdicción
sin perjuicio de la que corresponda al Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo está integrado por las siguientes salas,
la primera de lo civil,
segunda de lo penal, tercera de lo contencioso administrativo,
cuarta de lo laboral y quinta de lo militar,
que se regirá por su legislación específica
y supletoriamente por la ley
y por el ordenamiento común al resto de salas del Tribunal Supremo.
A los jueces y juezas de paz les corresponde el conocimiento
en primera instancia de los asuntos civiles
cuya cuantía no exceda de 150 euros y también los expedientes
de conciliación civil de cuantía inferior a 10.000 euros.
Bien, por lo que respecta a la extensión y límites
de la jurisdicción internacional, cabe establecer que bajo este título
se engloban y estudian supuestos de atribución de la jurisdicción
a los distintos tribunales, en nuestro caso a los españoles,
para conocer sobre aquellos asuntos conflictivos
donde se encuentra comprometido algún elemento,
sea personal, territorial o institucional,
del Estado.
Los criterios de atribución de la competencia,
fueros se denominan, o foros,
se encuentran regulados en el Reglamento Constitucional.
Bruselas, UNOVIS y son esencialmente los siguientes,
son en primer lugar los fueros legales imperativos o exclusivos,
en su defecto los fueros de sumisión voluntaria, expresa o tácita,
a los que se conoce como de prórroga de competencia,
en tercer lugar el fuero del domicilio del demandado
y por último los fueros específicos por razón de la materia.
La extensión y límites de la jurisdicción interna española
viene referida a nuestros tribunales,
los de nuestra geografía española
y están regulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Quedan determinados por razón de la persona,
de la materia, del territorio y de un modo muy similar
al reglamento de Bruselas 1bis, al establecer en primer lugar
fueros exclusivos,
luego los relativos a la sumisión expresa
o tacita y por último los fueros especiales.
Bien, como criterios de atribución de la jurisdicción
en todos los órdenes jurisdiccionales, hemos de establecer
que, en primer lugar, en el orden jurisdiccional civil,
corresponde con carácter exclusivo a los tribunales españoles
el conocimiento de las siguientes materias,
derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles
cuando se encuentren en España,
constitución, validez, nulidades, disolución de sociedades
cuando tengan su domicilio en territorio español,
validez, nulidad de inscripciones practicadas en un registro español,
inscripción o validez de patentes, marcas, diseños, dibujos, modelos,
otros derechos sometidos a depósito o registro
que se encuentren en un depósito o registro español,
reconocimiento o ejecución en territorio español de sentencias
y demás resoluciones judiciales, arbitrales y acuerdos de mediación
dictados en el extranjero
pero que vienen a reconocerse en España.
En el orden jurisdiccional penal, los criterios de atribución
de esta jurisdicción cristalizan fundamentalmente en dos fueros.
Primero, el de la territorialidad, forum comisi delictil,
lugar de comisión de derecho delictivo
y el de la personalidad nacionalidad del acusado.
En el orden jurisdiccional contencioso administrativo,
la jurisdicción española actuará cuando la pretensión que se deduzca
se refiere a disposiciones de carácter general
o actos de las administraciones públicas españolas.
Asimismo, cuando son actos de poderes públicos españoles,
de acuerdo con la disposición de las leyes
y, por último, en el orden jurisdiccional social,
nuestros jueces, juezas, tribunales serán competentes
en materia de derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo,
cuando los servicios se hayan prestado en España
o el contrato se haya celebrado en territorio español,
también en materia de control de legalidad.
De los convenios colectivos de trabajo
celebrados en España y pretensiones derivadas de conflictos colectivos
de trabajo promovidos en territorio español
y en materia de pretensiones de seguridad social
frente a entidades españolas o que tengan domicilio,
agencia, delegación o cualquier otra representación en España.
Bajo la nomenclatura conflictos de jurisdicción
se analizan los conflictos entre la jurisdicción
y la administración,
así como los conflictos entre la jurisdicción ordinaria
y la única jurisdicción especial o especializada reconocida
en nuestra legislación, que es la militar.
Los conflictos de competencia y los conflictos entre los distintos
órdenes jurisdiccionales serán resueltos por una sala especial
de conflictos del Tribunal Supremo.
Bien, respecto de la cooperación judicial internacional,
esos instrumentos de cooperación que operan en la Unión Europea,
además de nuestra jurisdicción interna internacional,
tenemos distintos tribunales internacionales.
En primer lugar, el Tribunal o Corte Internacional de Justicia,
ubicado en la Haya, Países Bajos,
que es el órgano encargado por excelencia internacional.
Dentro de las Naciones Unidas, la mayor organización internacional
hasta el momento existente, que tiene por finalidad esencial
resolver las controversias jurídicas suscitadas entre los distintos países
y emitir decisiones u opiniones consultivas para Naciones Unidas
y sus distintas organizaciones.
Tenemos también nuestro Tribunal Europeo de Derechos Humanos
ubicado en Estrasburgo, en Francia,
y es el tribunal destinado a enjuiciar
bajo determinadas circunstancias las posibles violaciones de derechos
contenidos en el convenio europeo para la protección
de los derechos humanos y las libertades públicas
así como los protocolos que de los estados parte
de este convenio el tribunal de justicia de la unión europea
el tejúe ubicado en luxemburgo es el siguiente tribunal
tiene una doble función en primer lugar
garantizar que los países miembros y las instituciones europeas
cumplen la legislación de la unión europea
y en segundo lugar garantizar que esta legislación.
Se interpreta y se aplica de la misma forma en todos
y cada uno de los estados miembros.
Dentro de las profesiones de la jurisdicción,
en primer y casi exclusivo lugar,
están los jueces y magistrados.
La carrera judicial consta de tres categorías,
magistrado del Tribunal Supremo, magistrado y juez.
La función jurisdiccional concretada en el enjuiciamiento
corresponderá con carácter exclusivo y excluyente
a las siguientes categorías de jueces y magistrados.
A los jueces y magistrados profesionales
que forman la carrera judicial, sin pertenecer a la carrera judicial
y con inamovilidad temporal a los magistrados suplentes,
a los jueces sustitutos, a los jueces de paz
y a los sustitutos de todos ellos.
Los jueces y magistrados profesionales
que conforman la carrera judicial son aquellos que se han sometido
para poder incorporarse al poder judicial
a alguna de las siguientes modalidades en su ingreso.
En primer lugar, la oposición libre
y en segundo lugar, el concurso oposición
por la categoría de magistrado del Tribunal Supremo o por acceso
a la categoría de magistrado de los Tribunales Superiores de Justicia.
Los jueces y magistrados que no pertenecen a la carrera judicial
son aquellos que ingresan de otro modo
porque aun cuando la inmensa mayoría de jueces y magistrados
son profesionales que forman parte de la carrera judicial
la ley orgánica del poder judicial prevé la posibilidad de que ciertos
otros jueces o magistrados no pertenecientes en su origen
a la carrera judicial también ingresen
en nuestros tribunales con carácter provisional
en atención a circunstancias excepcionales se trata.
De jueces y magistrados que no pertenecen a la carrera judicial,
magistrados suplentes, jueces sustitutos,
jueces de apoyo y jueces de paz.
Los profesionales colaboradores de la jurisdicción
son, en primer lugar, los letrados de la Administración de Justicia,
funcionarios públicos que constituyen un cuerpo superior único
de carácter nacional al servicio de la Administración de Justicia,
dependiente del Ministerio de Justicia
y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad,
ostentando la dirección de la Oficina Judicial.
Los funcionarios del cuerpo de letrados
de la Administración de Justicia serán seleccionados
mediante una convocatoria del Ministerio de Justicia a través
del sistema de oposición, que es el de ingreso ordinario
o de concurso oposición libre, que tendrá ya el carácter decepcional
y en el que las pruebas de conocimiento
tendrán un contenido análogo al de la oposición libre.
Estos letrados asumen funciones muy variadas,
tanto de dirección de la Oficina Judicial
como de dación de fe pública,
certificación, impulso, ordenación tramitación procesal,
archivo, depósito, gestión de tributos
e incluso de estadística judicial.
La Policía Judicial depende de los jueces,
de los tribunales, del Ministerio Fiscal en sus funciones
de averiguación del delito y descubrimiento
y aseguramiento del delincuente en los términos que la ley
establezca.
La función de Policía Judicial comprende el auxilio a los tribunales
y al Ministerio Fiscal en la averiguación, como digo,
de estos delitos en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes.
Esta función competirá,
cuando fueran requeridos para prestarla,
a todos los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
tanto si dependen del Gobierno central
como de las comunidades autónomas o de las entidades locales
dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
Por otro lado, existen una serie de funcionarios al servicio
de la Administración de Justicia, los denominados cuerpos generales,
el cuerpo de gestión procesal, y administrativa,
el cuerpo de tramitación procesal y administrativa,
el cuerpo de auxilio judicial y también existen
unos cuerpos especiales como el cuerpo de médicos forenses,
el cuerpo de facultativos del Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses, el cuerpo de técnicos especialistas
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
y el cuerpo de ayudantes de laboratorio
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Profesionales colaboradores
de la jurisdicción que no integran la jurisdicción propiamente dicha
pero que colaboran y coadyuvan al éxito de la administración diaria
de la justicia son los abogados, los procuradores,
los graduados sociales y el ministerio fiscal.
Los abogados corresponden al licenciado, graduado
o egresado en derecho que ejerza profesionalmente la dirección.
Y defensa de las partes en toda clase de procesos,
también su asesoramiento, su consejo jurídico,
la relevancia de la asistencia letrada en la práctica totalidad
de procesos de todos los órdenes jurisdiccionales,
es tal que ha sido elevada la categoría de derecho fundamental.
De hecho, el artículo 24.2 de la Constitución
establece que todos tienen derecho a la asistencia letrada por tratarse
de una proyección razonable del derecho a la tutela judicial efectiva
y en su reverso del derecho de defensa.
Los procuradores constituyen otro cuerpo,
corresponde exclusivamente a ellos la representación de las partes
en todo tipo de procesos,
salvo cuando la ley autorice otra cosa
y dentro de las limitaciones que las leyes dispongan,
los procuradores podrán realizar actos de comunicación a las partes
en el proceso, así como actos de cooperación,
auxilio, colaboración con la Administración de Justicia.
Por delegación del juez, jueza o tribunal
podrán también realizar actuaciones propias del proceso de ejecución
con algunos límites relativos a desahucios de viviendas familiares
que se analizarán en el programa correspondiente.
Los graduados sociales, en los procedimientos laborales
y de seguridad social, la representación técnica
podrá ser ostentada por un graduado social
debidamente colegiado al que le serán de aplicación las obligaciones
inherentes a su función
de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico
y particularmente en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Ministerio Público, Ministerio Fiscal,
es una institución autónoma del Estado que tiene por misión,
por un lado, vigilar, inspeccionar, controlar o, si se prefiere,
velar por el correcto funcionamiento de los tribunales
y de las restantes instituciones del Estado
y, de otro, promover la acción de la justicia en defensa
de la legalidad de los derechos de los ciudadanos
con especial intensidad
respecto a los colectivos más débiles o vulnerables,
de los más desfavorecidos de la sociedad
y, por supuesto, del interés público
tutelado por la ley.
Son órganos del Ministerio Fiscal los que constan
en el Estado, que hemos analizado en su momento,
y la propia Constitución española
predica del Ministerio Fiscal su actuación
conforme a los principios de unidad, actuación y dependencia jerárquica,
con sujeción en todo caso a los principios de legalidad
e imparcialidad.
El Tribunal Constitucional, por su parte,
es un órgano foráneo al Poder Judicial,
se compone de 12 miembros nombrados por el Rey,
De ellos, cuatro a propuesta del Congreso,
por mayoría de tres quintos, cuatro a propuesta del Senado,
con idéntica mayoría, dos a propuesta del Congreso y dos
a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Los miembros del Tribunal Constitucional
deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales,
profesores de universidad, funcionarios públicos,
abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia
con más de 15 años de ejercicio profesional.
Los miembros del Tribunal Constitucional
son designados por un período de nueve años
y se irán renovando por terceras partes cada tres.
El Tribunal Constitucional
tiene jurisdicción en todo el territorio nacional
y es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad
contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley,
del recurso de amparo por violación de derechos fundamentales
y libertades reconocidos en el artículo 53.2
de la Constitución española y de los conflictos de competencia
entre el Estado y las comunidades autónomas
o de los de éstas entre sí, así como de otras materias
que la Constitución o las leyes orgánicas
le establezcan respecto de su particular conocimiento.
Está integrado, como he dicho,
el Tribunal Constitucional por 12 miembros
con el título de magistrado del Tribunal Constitucional.
Actúa en pleno, en sala o en sección.
El pleno está integrado por todos los magistrados,
lo preside el presidente y en su defecto el vicepresidente,
a falta de ambos, el magistrado más antiguo en el cargo
y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.
El Tribunal Constitucional consta de dos salas.
Bien, la declaración de inconstitucionalidad
podrá promoverse mediante el recurso de inconstitucionalidad
o la cuestión de inconstitucionalidad promovida por jueces y magistrados.
El recurso de inconstitucionalidad contra leyes,
disposiciones normativas o actos con fuerza de ley podrá promoverse
a partir de la publicación oficial de estas leyes
y están legitimados para el ejercicio de este recurso
de inconstitucionalidad el presidente del gobierno, defensor del pueblo,
50 diputados, 50 senadores.
La cuestión de inconstitucionalidad corresponde, sin embargo,
al juez o tribunal que de oficio e instancia de parte
considera que una norma con rango de ley aplicable al caso
y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria
a la Constitución,
deba plantear al Tribunal Constitucional esta duda
o cuestión de inconstitucionalidad,
entretanto suspender el proceso y quedar ante la expectativa
de que sea el propio Tribunal Constitucional
quien determine la nulidad o validez por contradicción
con el contenido de la Constitución
de esta norma que se acaba de aprobar.
El recurso de amparo constitucional corresponde en los derechos
y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29
de la Constitución española son susceptibles
de amparo constitucional sin perjuicio de la tutela general
encomendada a todos los tribunales de justicia.
Igual protección será de aplicación a la objeción de conciencia
reconocida en el artículo 30 de la Constitución.
El recurso de amparo
protege frente a las violaciones de derechos y libertades públicas
originadas por las disposiciones, actos jurídicos,
omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado,
las comunidades autónomas y los demás entes públicos
de carácter territorial.
Corporativo o institucional,
así como de sus funcionarios o agentes.
Las violaciones de derechos y libertades susceptibles
de amparo constitucional
que tengan su origen directo en un acto o omisión,
insisto, del órgano judicial podrán dar lugar a este recurso,
pero deben cumplirse primero los requisitos siguientes.
Primero, que se hayan agotado todos los medios de impugnación
previstos por las normas procesales para el caso concreto
dentro de la vía judicial.
Segundo, que la violación o derecho sea imputable de modo inmediato
y directo a un acto o omisión del órgano judicial con independencia
de los hechos que dieron lugar al proceso en que se produjeron
y que se haya denunciado formalmente,
como es lógico en el proceso, si hubo oportunidad para ello,
la vulneración de ese derecho constitucional
tan pronto como se hubiera conocido.
Bien, el Tribunal del Jurado.
Debe regularse porque el artículo 125 de la Constitución
establece que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular
y participar activamente en la administración de justicia
mediante la institución del jurado en la forma
y con respecto a los procesos penales que la ley determine.
Bien, la ley 5.1995, perdón, de 22 de mayo,
regula el Tribunal del Jurado.
Es una institución para la participación
de los ciudadanos en la administración de justicia
que tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos
atribuidos a su conocimiento y fallo por esta ley orgánica
o por otra ley respecto de los contenidos
que afectan a la siguiente rúbrica, son delitos contra las personas,
contra los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos,
perdón, cometidos por ellos, por los funcionarios públicos
en el ejercicio de sus cargos, delitos contra el honor,
contra libertad y seguridad.
El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados
y de un magistrado integrado en la audiencia provincial
que lo presidirá.
Si por razón del aforamiento del acusado el juicio del jurado
debe celebrarse en el ámbito del Tribunal Supremo
o de un Tribunal Superior de Justicia,
entonces el magistrado presidente del Tribunal del Jurado lo será
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
o de la sala de lo civil y penal de ese Tribunal Superior de Justicia
respectivamente.
Los jurados emitirán un veredicto declarando aprobado
o no el hecho justiciable
en el que el magistrado presidente haya determinado como tal,
así como aquellos hechos que decidan incluir en su veredicto
y no impliquen una variación sustancial de aquel.
También proclamarán la culpabilidad o inculpabilidad
de cada acusado por su participación en el hecho o hechos delictivos
respecto de los cuales el magistrado presidente
hubiese admitido la acusación.
El magistrado presidente, además de otras funciones
que se le atribuyen en la propia ley orgánica del jurado,
dictará sentencia en la que recoge el veredicto del jurado
e impondrá en su caso la pena o medida de seguridad
que corresponda.
Muchas gracias.