En esta videoclase comentamos y analizamos la reciente sentencia
del Tribunal Constitucional sobre la moción de censura
en los ayuntamientos, en concreto la sentencia 134-2025.
Este mismo año 2025,
en el mes de junio, el Tribunal Constitucional
ha declarado nulo el párrafo segundo del artículo 197.1
de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la LOREG.
En concreto, ha declarado
inconstitucional la regulación de la moción de censura local
cuando ésta es promovida por concejales no adscritos.
Bien, para comprender esta redacción de este artículo de la ley orgánica
es preciso remontarse al año 2011 y, más concretamente,
al conocido como Pacto Antitransfugismo.
Este pacto consistió en un acuerdo
entre las principales fuerzas políticas españolas con el objetivo
de preservar la voluntad electoral expresada en las urnas
y también la estabilidad de las instituciones frente a prácticas
de transfugismo político.
Como consecuencia del pacto mencionado
y mediante la Ley Orgánica 2.011,
se modificó el artículo 197.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral,
estableciendo el denominado quórum de procedibilidad o quórum reforzado
en la moción de censura local para el caso
en que la misma pudiera triunfar como consecuencia del apoyo
de un concejal no adscrito,
es decir, un concejal que fuera expulsado
de su grupo político de origen o abandonara por sí mismo
este grupo político.
El medio para conseguirlo
fue el denominado quórum de procedibilidad,
por el cual se incrementaba la mayoría exigida
para promover una moción de censura,
es decir, mayoría absoluta, se incrementaba en tantos concejales
adscritos como no adscritos tuviera esa corporación.
Ante un concejal no adscrito se incrementaba en uno
la mayoría necesaria y así progresivamente.
Asimismo, la nueva redacción del artículo
incorporaba un tercer párrafo donde la moción de censura
pudiera ser aprobada cuando fuera apoyada por un concejal
que hubiera abandonado su grupo político de origen,
aunque ni siquiera fuera el mismo grupo político del alcalde.
Ello ocasionó, en primer lugar.
La declaración de inconstitucionalidad
del párrafo tercero, a través de la sentencia 151-2017,
es decir, la no adecuación a nuestra norma suprema del quorum
reforzado en el caso de concejales no adscritos,
pero pertenecientes al grupo del alcalde.
Lo curioso es que el Tribunal Constitucional
entonces no declaró inconstitucional
el párrafo segundo, es decir,
el mismo supuesto para cuando el concejal
sí hubiera pertenecido al grupo político del alcalde.
En cuanto a la sentencia que nos ocupa, la sentencia 134-2025,
la misma tiene origen en una cuestión
de inconstitucionalidad en el Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, que a su vez tuvo base en un conflicto en el municipio
Cantabro de Arredondo.
Para ello, como ya hiciera en 2017,
prueba el Tribunal Constitucional que la moción de censura
forma parte del ius in officium de los concejales,
es decir, aparece vinculada a las facultades integrantes
del derecho fundamental de participación del artículo 23
de la Constitución española.
Al respecto,
recuerda la jurisprudencia constitucional que ese ius
in officium es un derecho de configuración legal.
Es decir, dicha calificación significa
que se habilita al legislador desde la propia Constitución
para delimitar el ámbito del derecho,
eso sí, sin mellar su contenido esencial.
En el ámbito local ha sido fundamentalmente
el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico
de las entidades locales, ROF, quien ha determinado
las facultades integrantes de los concejales.
Entre otras facultades se encuentran las de fiscalización y control
del Gobierno municipal y, más concretamente,
esa capacidad comentada de promover mociones de censura.
¿Queda claro?
Que, siendo la moción de censura
una facultad integrante de ese ius in officium,
el legislador no puede ni vulnerar su contenido esencial
ni establecer limitaciones desproporcionadas.
Pues bien, el Tribunal Constitucional se propuso,
en el Fundamento Jurídico III de la sentencia de 2025,
analizar si tales limitaciones introducidas en la LOREG
respetan los imperativos del principio de igualdad
y se ordenan a un fin legítimo en términos proporcionados.
Al respecto, reconoce el tribunal que,
con la concreta regulación de la moción de censura,
es verdad que el legislador busca proteger
a las instituciones del fenómeno del transfugismo,
que entiende lógicamente perjudicial.
Dicho de otra forma, entiende el legislador,
corroborado o apoyado de alguna forma por el constitucional,
que la estabilidad de las instituciones
y el respeto a la voluntad popular
son bienes jurídicos dignos de protección.
Hasta ahí todo correcto,
pero claro, el conflicto surge aquí entre esos objetivos
y dos principios constitucionales.
En primer lugar,
el carácter personal del acta de concejal,
es decir, el acta pertenece al concejal, no al partido,
a pesar de que ese concejal, entre comillas,
debe su acta a ese partido político
por su inclusión en listas electorales normalmente cerradas
y bloqueadas.
Y, en segundo lugar, también se estableció un conflicto
con la prohibición del mandato imperativo.
Es decir, el concejal tiene libertad de mandato,
tiene libertad incluso para desvincularse,
si quisiera, de la voluntad de sus electores.
Acudiendo ya a los argumentos jurídicos,
el tribunal entiende que la medida introducida en el párrafo segundo
de la ley orgánica comentada vulnera el contenido esencial del derecho
porque no supera el test de proporcionalidad.
Es decir, entiende que, aun persiguiendo intereses legítimos,
entiende que en esa no es la forma de perseguirlos,
pues se vulneran derechos de los concejales.
La forma de aplicar ese principio de proporcionalidad
no se aleja de la escogida ya para la sentencia indicada de 2017.
Se concluye que la medida introducida en el párrafo segundo del artículo
de la ley orgánica electoral es idóneo y es necesaria,
pero no es proporcionada en un sentido estricto.
Sin embargo, creo que no se puede afirmar
con rotundidad que la medida supere el test de necesidad,
toda vez que no queda aprobado que no existan medidas menos lesivas
para lograr ese fin pretendido.
Ellos así, en primer lugar,
porque, como el propio Tribunal Constitucional reconoce,
después la medida convierte en imposible
el ejercicio de la moción de censura en muchos ayuntamientos.
Y, en segundo lugar, también porque el legislador
podría haber optado por medidas menos invasivas,
como modificar la mayoría necesaria
para impulsar las mociones de censura.
Con respecto al principio de proporcionalidad
en sentido estricto, el Tribunal Constitucional
califica la medida como desproporcionada
y la califica así ya que la mayoría reforzada que exige el precepto
no es una mayoría determinada.
Sino que depende en cada caso
del número de concejales tan asugas que apoyen la moción,
y esto provoca para el tribunal que el ejercicio
de un derecho del concejal dependa de circunstancias ajenas
a la voluntad de ellos, como el número y origen
de los firmantes de la propia moción.
Pero los dos argumentos que más peso adquieren en la argumentación
del Tribunal Constitucional son los siguientes.
Por un lado, reconoce el tribunal que el citado incremento del quórum
para promover la moción de censura convertiría en imposible
el ejercicio de la moción en numerosos ayuntamientos
y en determinadas circunstancias,
como las del municipio de origen de esta cuestión, el de Arredondo.
Por ejemplo, en ayuntamientos donde existan solo dos grupos políticos,
con diferencia de un solo concejal entre ellos.
El segundo argumento de peso utilizado es que, en muchos casos,
la medida también impediría el ejercicio del derecho al voto
en las mociones de censura por parte de concejales
no adscritos y del resto de concejales,
ya que el agravamiento de ese quórum de procedibilidad.
Impediría el mero trámite de la moción.
Vuelve a dar a entender el tribunal que necesita de alguna forma
conocer los motivos que llevan al concejal al abandono o expulsión
de un grupo político para determinar si la restricción
de su derecho es asumible o no.
Pues, si las razones del concejal son comprensibles,
tienen algún tipo de justificación, no cabría cercenar,
por tanto, su derecho, como tampoco corresponde
ni está justificado la total equiparación entre concejal
no adscrito y transfuga,
ya que son cuestiones, evidentemente, distintas,
atendiendo a cuestiones de carácter subjetivo que, por otra parte,
es muy complicado introducir en la ley orgánica.
Por último, y dejando atrás las consideraciones más jurídicas,
es preciso indicar que esta anulación del quórum
reforzado ha tenido como consecuencia la presentación
y el éxito de numerosas mociones de censura en ayuntamientos españoles
desde finales de julio de 2025.
Especialmente, y como es lógico,
en municipios españoles, medianos y pequeños,
donde existían ya concejales no adscritos que venían mostrando
su oposición a la ONU.
Este hecho.
Es más frecuente en municipios de un control partidista más difuso,
como los indicados municipios medianos y pequeños,
donde la dirección de los partidos y el cabeza de lista
mantienen una capacidad de control menos férrea
sobre sus cargos públicos.
Por ello, se pueden deducir algunas consecuencias,
fundamentalmente tres consecuencias, para la forma de gobierno local
y, muy especialmente, como digo, municipios medianos y pequeños.
La primera es evidente y es una mayor inestabilidad,
e imprevisibilidad
para los gobiernos locales.
Una segunda consecuencia sería la validación,
de alguna forma, del transfugismo político
como método para alcanzar una alcaldía.
Es decir, ahora un candidato puede llegar a la alcaldía
apoyado en concejales transfugas y prometiéndoles beneficios
a cambio de su apoyo.
En tercer lugar, también, y como consecuencia de la sentencia,
se colocan los partidos en una posición probablemente
más débil frente a sus cargos públicos locales,
provocando mayor indisciplina en los mismos.
Ello provocaría que los partidos puedan primar.
A la hora de confeccionar sus listas,
valores como la lealtad y la confianza a la hora
de seleccionar candidatos y no tanto otros atributos,
precisamente por miedo a que su conversión entre las ugas
pueda dificultar la gobernabilidad e incluso provocar la destitución
del alcance.
Para terminar,
creo que esta sentencia acierta considerando desproporcionado
este quórum reforzado de procedibilidad para concejales
no adscritos, aunque no es del todo fina su argumentación.
Creo también que el legislador tiene que optar
por aumentar la mayoría necesaria para que una moción de censura
prospere en caso de existir concejales no adscritos,
cuya mayoría pudiera ser de en torno a tres quintos.
Ello protegerá a las instituciones democráticas
de un fenómeno que entiendo resulta pernicioso por desvirtuar la voluntad
expresada en las urnas como es el fenómeno del transfugismo.