En esta videoclase explicaremos el artículo 13
de la Constitución Española
y los principales tratados internacionales
en materia de extranjería.
La extranjería es la cualidad y condición
de una persona definida desde la negación.
La legislación española,
en particular la Ley Orgánica 4-2000 de 11 de enero
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social, considera extranjeros
a los que carezcan de la nacionalidad española.
Artículo 1.
Los ordenamientos jurídicos de los estados tienen
como destinatarios directos a las personas que son nacionales
de los mismos.
Si la nacionalidad designa la pertenencia o vinculación jurídica
entre una persona y una determinada comunidad nacional,
la extranjería identifica a los no nacionales,
ya sean nacionales de un estado extranjero
o carezcan de nacionalidad apátridas.
No obstante, los Estados han de determinar la posición jurídica
de los extranjeros que conviven dentro de sus fronteras nacionales,
regulando los elementos fundamentales de su situación jurídica en el país,
su entrada, las actividades que pueden desarrollar
o incluso que familiares pueden traer.
De ello depende la capacidad jurídica efectiva de los extranjeros,
el desenvolvimiento de su vida personal, social y profesional,
la convivencia democrática
y el respeto de los derechos humanos inalienables.
La legislación de inmigración se conecta con la política interior
y de seguridad, con los conflictos étnicos y tribales,
con la distribución internacional de la riqueza,
con el ciclo económico capitalista y con la demanda de mano de obra
para satisfacer las necesidades del mercado.
En un mundo internacionalizado y globalizado,
el concepto de nacionalidad y el establecimiento de fronteras
sigue rigiendo únicamente para las personas,
no para las mercancías ni para los capitales.
Sabemos que el trato otorgado a los extranjeros
no es equiparable en todos los países,
ni siquiera dentro de las fronteras de un mismo país.
Las legislaciones dependen de la situación política,
económica y social de los Estados en un momento histórico concreto.
La caracterización de un sistema legal
de extranjería puede abarcar desde la exclusión,
la reciprocidad convencional o diplomática,
hasta la pura equiparación con el nacional.
Independientemente del régimen que se adopte,
existen posiciones jurídicas de privilegio hacia determinados
extranjeros atribuidas por el derecho internacional.
Miembros de las delegaciones diplomáticas y consulares,
jefes de Estado y representantes diplomáticos
o por el derecho interno, nacionales de países
con los que un Estado se encuentra especialmente vinculado,
conforme al artículo 11.3 de la Constitución Española.
Desde la firma del Tratado de Adhesión de España
a las Comunidades Europeas, actual Unión Europea,
el derecho de extranjería se articula en dos regímenes
parcialmente diferenciados, para los ciudadanos europeos
y para el resto.
No obstante, la situación ha evolucionado positivamente,
es decir, que el no nacional como titular
de derechos ha tendido a equipararse al nacional.
La Constitución contempla tres aspectos fundamentales
que articulan la posición jurídica de los extranjeros en España,
la forma en la que gozan de los derechos y libertades
reconocidos a los nacionales, la extradición y el asilo.
La normativa básica de ordenación del régimen jurídico aplicable
a los extranjeros se encuentra en el artículo 13
de la Constitución española.
Los extranjeros gozarán en España de los derechos
y las libertades públicas que garantiza el presente título
en los términos que establezcan los tratados y la ley,
apartado primero del artículo 13 de la Constitución.
No se plantea la exclusión de derechos
y, habiendo descartado el principio de reciprocidad,
su reconocimiento se basa en la asimilación a los nacionales,
matizada por lo que dispongan los tratados y la ley.
La legislación respetará en todo caso las disposiciones constitucionales,
en especial los efectos derivados de la consideración de la dignidad
de la persona y de los derechos inviolables que le son inherentes.
Artículo 10 de la Constitución.
Como precisa el Tribunal Constitucional
en sentencia 236-2007, de 7 de noviembre,
existen derechos del título primero que corresponden a los extranjeros
por mandato constitucional.
No resulta posible un tratamiento desigual respecto a los españoles
porque son imprescindibles para la garantía de la dignidad
de la persona.
Como son el derecho a la vida, a la integridad física y moral,
a la intimidad y a la libertad ideológica,
pero también el derecho a la tutela judicial efectiva
y el derecho instrumental a la asistencia jurídica gratuita,
el derecho a la libertad y la seguridad
y a la no discriminación, entre otros.
En cambio, la Constitución
reconoce otros derechos directamente a los extranjeros,
como los de reunión y asociación.
Conforme al artículo 13.1,
el legislador podría establecer restricciones y limitaciones
en cuanto al régimen jurídico de derechos
como el derecho al trabajo, a la salud,
a percibir una prestación de desempleo
y de residencia y desplazamiento en España,
pero sin que pueda afectar al contenido delimitado
para cada derecho por los tratados internacionales.
Sin embargo, el artículo 13.2 de la Constitución
reserva exclusivamente a los españoles
la titularidad de los derechos reconocidos en el artículo 23,
salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad,
pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo
y pasivo en las elecciones municipales.
La excepción a la excepción.
Este artículo ha sido objeto de una de las tres reformas constitucionales
hasta la fecha, para la adopción del Tratado de Maastricht en 1992
y el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos europeos
en todo el territorio de la Unión Europea.
Las razones de la tradicional limitación del goce
de los derechos políticos a los nacionales
se remontan al mismo concepto de Estado,
como organización cerrada sobre la base territorial
de la población que lo integra.
El apartado tercero del artículo 13 de la Constitución
consagra el principio de legalidad en cuanto a las fuentes
de la extradición, solo se concederá en cumplimiento
de un tratado de la ley,
atendiendo el principio de reciprocidad.
Quedan excluidos los delitos políticos no considerándose
como tales los actos de terrorismo.
Recordar que la extradición es un procedimiento
por el que un Estado solicita de otro la entrega de una persona
para que pueda ser juzgado en su territorio
o para el cumplimiento de una pena privativa de libertad pendiente.
Entre los 27
Estados de la Unión Europea rige la Orden Europea de Detención
y Entrega.
Por el artículo 13.4 de la Constitución,
el derecho de asilo de los ciudadanos de otros países
y de los apátridas queda confinado a la ley,
de la que dependerá su contenido, su amplitud y su existencia.
Aunque España es parte de la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y del Protocolo
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967,
la remisión global a la ley
de un instrumento humanitario básico es denigrante.
Actualmente,
la admisión de extranjeros es una competencia discrecional
y exclusiva del Estado soberano del territorio,
que regula mediante disposiciones administrativas relativas
a pasaportes, visados y autorizaciones.
El proceso europeo de integración
ha condicionado la definición del Estatuto de los Extranjeros
por la aparición de una política europea
en materia de visados, asilo e inmigración y otras políticas
relacionadas con la libre circulación de personas.
En el marco del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea
es destacable el Reglamento 2024-1348 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 14 de mayo de 2024,
por el que se establece un procedimiento común
en materia de protección internacional en la Unión Europea.
La Directiva 2024-1346 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 14 de mayo de 2024,
por la que se establecen normas para la acogida
de los solicitantes de protección internacional,
y el Reglamento 2024-1347 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 14 de mayo de 2024,
sobre normas relativas a los requisitos
para el reconocimiento de nacionales de terceros países
o apátridas como beneficiarios de protección internacional,
a un estatuto uniforme para los refugiados o personas
que puedan acogerse a la protección subsidiaria
y al contenido de la protección concedida.
La Unión Europea también ha establecido una política
común de visados para los viajeros que transiten por el espacio Schengen
o tengan la intención de permanecer en él
durante un corto periodo de tiempo.
El asilo y el refugio son mecanismos de protección internacional
de los derechos del individuo que ha podido
ser víctima de violaciones de derechos humanos
o de aquel que puede llegar a ser lo por diversos motivos.
La persecución de determinadas personas
basadas en motivaciones políticas o sociales en sentido amplio
reclama de los Estados
un compromiso de acogida de aquellas que llegan a su territorio con temor
a las consecuencias que en su país de origen pueden sufrir,
cuya libertad.
Vida se encuentran amenazadas en el estado de procedencia.
El asilo es un derecho humano, previsto en el artículo 14
de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
que toda persona tiene derecho a buscar y disfrutar
en cualquier país en caso de persecución.
Comporta el derecho
a no ser expulsado del estado territorial
y el derecho de protección.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
enumera los motivos de persecución, raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas
y su protección contempla el derecho a no ser devuelto al país
donde sufre persecución.
La determinación de la condición de refugiado
es fundamental para el reconocimiento de su estatuto personal
y el acceso a sus derechos.
Los migrantes no siempre se trasladan por una amenaza directa
de persecución o graves violaciones de derechos humanos,
sino por otras razones,
como la búsqueda de mejores oportunidades de empleo,
educación o reunificación familiar.
Algunos lo hacen debido a los efectos adversos del cambio climático,
desastres naturales u otros factores ambientales,
hambrunas.
La llegada de personas de nacionalidad extranjera.
Y condición migrante
plantea su necesaria integración en el país de acogida
como vía para la convivencia y prevención de situaciones
de violencia y marginalidad al tratarse de colectivos vulnerables.
Lo fundamental es que se reconozcan sus derechos
para una igualdad de oportunidades con el resto de miembros
de la sociedad de destino,
independientemente de cuál sea su procedencia.