En esta videoclase explicaremos el artículo 11
de la Constitución española y los principales tratados internacionales
en materia de nacionalidad.
La nación española, en uso de su soberanía,
proclama su voluntad de promulgar una Constitución.
Esta aseveración que encontramos en el preámbulo
viene precisada en su artículo 2.
La nación española es el fundamento de la Constitución,
una unidad indisoluble, patria común e indivisible
de todos los españoles.
La idea de patria refuerza el apego a la tierra
y con ella el fortalecimiento de unos determinados vínculos jurídicos
e históricos de pertenencia.
Para la realización de los fines que la nación española
persigue y declara en el preámbulo,
esta nación se constituye en un Estado social y democrático
de derecho, España, en virtud de la Constitución,
artículo 1.1.
Es decir, que el pueblo español,
porque en él reside la soberanía nacional,
acuerda constituirse en esta específica forma de Estado,
artículo 1.2.
Nación, España o pueblo español
refieren en distintos momentos del proceso constituyente
al mismo conjunto de personas que integran una comunidad política
con un propósito pacífico de convivencia.
Ciudadanos iguales en derechos, miembros de esa comunidad.
Por tanto, es la nacionalidad el vínculo político y jurídico
que une a cada persona con su Estado.
El estatus de nacional es una situación jurídica fundamental,
es el presupuesto subjetivo para el ejercicio
de los derechos fundamentales.
Permite a una persona reclamar una serie de derechos
y a su vez le impone el cumplimiento de una serie de obligaciones.
Garantiza la identidad y el reconocimiento del individuo
dentro de una comunidad nacional organizada en estado,
que a su vez,
cuando se encuentra en el extranjero,
le permite acceder a la protección diplomática
de la nacionalidad.
Además, como característica común y de unión de las personas,
la nacionalidad adquiere un carácter de exclusividad.
Que vinculará la pertenencia de un individuo principalmente
a una determinada comunidad nacional.
Esa identidad nacional
es la que dificulta el reconocimiento entre seres humanos
de distintas nacionalidades.
De ahí la distinción,
en el ámbito de los derechos y deberes fundamentales,
título 1 de la Constitución,
de los españoles y de los extranjeros.
El artículo 11.1 de la Constitución
remite a lo establecido por ley en materia de adquisición,
conservación y pérdida de la nacionalidad española,
en particular al título 1 del libro I del Código Civil,
artículos 17 a 28.
Conforme al artículo 11.2 de la Constitución,
ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
La nacionalidad de origen se atribuye por ley
sin que intervenga la voluntad de la persona,
al ser descendiente biológico o adoptivo
de padre o madre de nacionalidad española
con independencia del lugar de nacimiento.
Prevalece el ius sanguinis, la filiación,
sobre el ius soli, nacimiento, como criterio de atribución
del derecho a la nacionalidad del Estado.
La adquisición de la nacionalidad española de origen
entonces se vincula a la de los ascendientes.
No obstante,
excepcionalmente se reconocerá por el nacimiento en España
cuando alguno de los progenitores extranjeros también hubiera nacido
en España, cuando ambos carezcan de nacionalidad
o la legislación de ninguno atribuye al hijo una nacionalidad, apatridia,
y cuando se desconocen los progenitores,
artículo 17 del Código Civil.
La posesión de Estado durante 10 años con buena fe
y basada en título inscrito en el registro civil
consolida la nacionalidad, artículo 18 del Código Civil.
El Estado también puede conceder la nacionalidad
a quienes la soliciten, nacionalidad derivativa,
y acrediten el cumplimiento de una serie de requisitos,
por opción, por residencia o por carta de naturaleza.
La opción puede ejercerse por quien se halle
en alguno de estos tres supuestos.
Personas que estén
o hayan estado sujetas a la patria potesta de un español.
Personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español
y nacido en España, y también mayores de edad
cuya filiación o nacimiento en España se hubiera determinado entonces.
Se adquiere la nacionalidad por residencia legal,
continuada e inmediatamente anterior a la petición, con plazos distintos
según la nacionalidad previa y las circunstancias personales
previstas en el artículo 22 del Código Civil.
El intestado deberá acreditar, además, buena conducta cívica
y suficiente grado de integración en la sociedad española.
Cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales,
la nacionalidad podrá ser otorgada discrecionalmente por el Gobierno
por carta de naturaleza, artículo 21.1 del Código Civil.
En virtud del artículo 23 del Código Civil,
es requisito para la validez de la adquisición
de la nacionalidad española por opción,
por carta de naturaleza o por residencia,
la renuncia a la nacionalidad anterior,
salvo los naturales de países iberoamericanos,
Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial,
Portugal y los sefardíes originarios de España.
Los supuestos de pérdida de la nacionalidad
están muy limitados y, salvo expresa renuncia,
podrá evitarse si el interesado,
mediante declaración al encargado del registro civil,
manifiesta su voluntad de conservarla.
¿Podrán perder la nacionalidad española
los mayores de edad residentes habituales en el extranjero
que adquieran voluntariamente o utilicen exclusivamente
la que tuvieran atribuida antes de la emancipación?
Los españoles emancipados residentes habituales
en el extranjero que renuncien expresamente,
siempre que dispongan de otra nacionalidad,
o aquellos nacidos y residentes en el extranjero que la ostenten
por filiación,
es decir, por ser hijos de padre o madre españoles,
también nacidos en el extranjero,
cuando las leyes del país de residencia
les atribuyan la nacionalidad.
Artículo 24 del Código Civil.
Los españoles que no los sean de origen podrán perderla
si utilizan exclusivamente
durante tres años la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar
o, contraviniendo la prohibición expresa del gobierno,
si entrasen voluntariamente al servicio de las armas
o ejerciesen un cargo político en un estado extranjero.
Artículo 25 del Código Civil.
Por último, el artículo 11.3 de la Constitución española
prevé la concertación de tratados de doble nacionalidad
con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido
o tengan una particular vinculación con España,
como hemos visto Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.
Aunque estos países no reconociesen a sus ciudadanos
un derecho recíproco, los españoles podrían naturalizarse
sin perder su nacionalidad de origen.
El Estado podrá adoptar el modelo de los convenios
de doble nacionalidad que ya ha suscrito con diferentes
países latinoamericanos,
por el que una nacionalidad será plenamente eficaz
cuando concurran varias, o bien permitir la coexistencia
con una o varias nacionalidades siempre que pertenezcan a países
contemplados en el ámbito de aplicación de la norma.
Desde el 2022,
con la entrada en vigor del convenio de nacionalidad
entre el Reino de España y la República Francesa,
Francia se convierte en el primer país
no hispanófono ni lusófono con el que España
firma un acuerdo bilateral de este tipo.
Como consecuencia, España y Francia ya no exigirán a sus nacionales
renunciar a su nacionalidad de origen cuando adquieran
la de la otra parte.
No obstante, queda pendiente este mismo reconocimiento
con el resto de países miembros de la Unión Política
y Jurídica de Europa,
a pesar de compartir con ellos un proyecto de integración
sustentado en unos mismos valores y en una ciudadanía común
desde 1992,
gracias a la entrada en vigor del Tratado de Maastricht.
La ciudadanía europea reconoce un nuevo estatus jurídico
para todos los nacionales
de los Estados miembros de la Unión Europea,
que se añade a la ciudadanía nacional,
artículo 9 del Tratado de la Unión Europea.
Esta condición confiere nuevos deberes
y nuevos derechos a circular y residir libremente en la Unión,
a la no discriminación por razón de nacionalidad,
A ser elector y elegible en las elecciones municipales
y al Parlamento Europeo,
independientemente del lugar de la Unión Europea en el que residan.
A acogerse a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares
de cualquier Estado miembro en el territorio de un tercer país
en el que no esté representado el Estado miembro de nacionalidad.
Derecho a formular peticiones al Parlamento Europeo,
recurrir al Defensor del Pueblo Europeo
y dirigirse a las instituciones y órganos consultivos de la Unión
en una de las lenguas cooficiales recibiendo contestación
en la misma lengua y a ejercer su iniciativa ciudadana.
Ver artículos
18 a 25 del Decreto de Funcionamiento de la Unión Europea y artículos
39 a 46 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La importancia del derecho a una nacionalidad
se manifiesta sobre todo en la legislación internacional.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
la Convención sobre los Derechos del Niño
o la Convención sobre la Reducción de los Casos de Apatridia,
entre otras, establecen límites a los Estados,
protegiendo el derecho de las personas a ostentar
una nacionalidad, a no ser privadas arbitrariamente de la que posean,
a no privarlas arbitrariamente de la posibilidad
de cambiar de nacionalidad y a la no discriminación por razón de ella.
La nacionalidad no es sólo una concesión
del Estado que determina quiénes son sus nacionales,
es el derecho que permite tener derechos.