Buenos días o buenas tardes,
encantada de saludaros.
Mucho gusto estar aquí con vosotros en esta videoclase sobre intimidad,
sobre el derecho a la intimidad,
la privacidad y la protección de datos.
En relación con el tema 8 de la asignatura que nos ocupa,
de libertades públicas,
en esta videoclase vamos a hablar del derecho a la intimidad,
como digo, del derecho a la privacidad,
y del derecho a la protección de datos,
haciendo especial énfasis en las diferencias conceptuales
de estos tres derechos.
Antes de comenzar la exposición,
quiero hacer una breve pero importante aclaración
en cuanto a que esta videoclase es un complemento de su material
de estudio y de su bibliografía.
En ningún caso.
Sustituye de ningún modo a estos, únicamente es material de estudio
para el examen, aquella bibliografía y aquellos materiales
que ustedes tienen publicados en la plataforma y a su disposición.
Dicho esto, pasamos a analizar este tema.
En primer lugar, hay que comentar
que nuestra Carta Magna reconoce el derecho
a la intimidad en su artículo 18,
en su apartado primero, y del mismo modo
reconoce el derecho a la protección de datos
en el mismo artículo 18, en su apartado 4.
Vamos a hacer referencia, para comenzar,
al derecho fundamental a la intimidad.
Reconocido en el artículo 12 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en el artículo 18,
como digo, apartado 1 de nuestra Constitución,
este derecho fundamental a la intimidad otorga a su titular
una facultad negativa, una facultad de exclusión
y, por lo tanto, impone frente a terceros
el deber de abstención, el deber de exclusión.
De evitar todas aquellas intromisiones
sobre ese ámbito privado, ese ámbito reservado frente a la acción
y el conocimiento de los demás como ámbito necesario
para mantener una calidad mínima de la vida humana
según las pautas de nuestra cultura.
Así lo ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional
en su jurisprudencia.
Y en concreto en diversas sentencias,
como la sentencia 70-2009,
de 23 de marzo, en su fundamento jurídico segundo,
la sentencia también del Tribunal Constitucional 77-09,
también de 23 de marzo,
o también la sentencia en el Tribunal Constitucional
159-2009, de 29 de junio, en su fundamento jurídico tercero.
De este modo, el artículo 12 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos establece textualmente
que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia,
ni de ataques a su honra o su reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra tales injerencias y ataques.
Y en concreto es que sobre este deber de abstención
y de intromisiones sobre ese ámbito propio y reservado,
el Tribunal Constitucional en la aplicada sentencia
70-09 de 23 de marzo.
Reconoce en ese fundamento jurídico segundo
que el derecho fundamental
a la intimidad personal otorga esa facultad negativa,
esa facultad de exclusión que también reconoce el mismo
Tribunal Constitucional en otra sentencia, en la 196 barra
2004 de 15 de noviembre, también en su fundamento jurídico
segundo.
Por lo tanto, estamos ante un derecho fundamental
reconocido por nuestra Constitución, pero no un derecho absoluto
y, por tanto, puede ser legítimamente sacrificado
en presencia de otros intereses constitucionalmente relevantes,
siempre que ese sacrificio esté fundado en una provisión legal
que tenga justificación constitucional y sea proporcionada.
De este modo, la sentencia mencionada,
la sentencia 70-2009, de 23 de marzo,
impone a terceros ese deber de abstención.
De intromisiones,
salvo que estén fundadas en esa previsión legal
que tenga justificación constitucional y sea proporcionada.
Pero también la sentencia 206-2007 de 24 de septiembre
establece que el derecho a la intimidad puede ceder
ante la presencia de otros intereses constitucionalmente relevantes,
siempre que exista ese consentimiento eficaz
o que la injerencia esté fundamentada en una previsión legal
con justificación constitucional
y resulte proporcionada según lo que hemos comentado,
según todas esas matizaciones a las que hemos hecho referencia.
A diferencia de la anterior,
el derecho a la protección de datos como poder de disposición,
como poder de control sobre los datos personales.
Faculta a la persona
pues para decidir por una parte cuáles de esos datos
cuya titularidad ostenta quiere proporcionar a un tercero,
qué datos puede ese tercero recabar o por otra parte
para permitir también al individuo titular de los datos saber
quién posee esos datos personales y con qué finalidad,
con qué fin, para qué.
Por lo tanto, pudiendo oponerse a esa posesión o a ese tratamiento,
a ese uso de esos datos.
La sentencia del Tribunal Constitucional 292-2000,
de 30 de noviembre, en su fundamento jurídico VI,
reconoce que el derecho a la protección de datos personales
es el ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad
y se traduce en ese derecho de control.
Sobre los datos relativos a la persona.
Ese derecho de control sobre los datos cuya titularidad
ostenta ese individuo, ese titular de los datos.
Por lo tanto, la tradicionalmente denominada libertad informática
es un derecho de control sobre el uso de esos mismos datos
que están insertos en ese programa informático,
que están siendo objeto de tratamiento.
Y al hilo de todas estas cuestiones en cuanto a la distinción
entre el derecho a la protección de datos
y el derecho a la intimidad, como reconoce la citada sentencia,
A diferencia del derecho a la intimidad del artículo 18,
apartado 1, con quien comparte ese objetivo
de ofrecer una eficaz protección de la vida personal
y familiar del individuo, el derecho a la protección de datos,
como dice textualmente a la sentencia,
atribuye a su titular un haz de facultades
que consiste en su mayor parte en el poder jurídico
de imponer a terceros la realización o la omisión
de determinados comportamientos cuya concreta regulación
debe establecer la ley aquello que conforme al artículo
18 apartado 4 debe limitar el uso de la informática
bien desarrollando el derecho fundamental a la protección de datos
o bien regulando su ejercicio por lo tanto de este modo.
Mientras la función del derecho fundamental
a la intimidad del artículo 18, apartado primero de la Constitución,
es la de proteger a ese individuo frente a cualquier invasión
que pueda realizarse en aquel ámbito de su vida privada,
de su vida familiar y personal,
que la persona quiere excluir del conocimiento ajeno
y de las intromisiones de terceros en contra de su voluntad,
Sin embargo, el derecho fundamental a la protección de datos, en cambio,
a diferencia de ese derecho a la intimidad,
lo que pretende el derecho a la protección de datos
es garantizar a esa persona ese poder de control
sobre sus propios datos personales, sobre su uso, sobre su destino,
con el propósito de impedir un tráfico ilícito,
un tráfico lesivo para la dignidad y para el derecho
del afectado.
El derecho a la intimidad
permite excluir ciertos datos de una persona del conocimiento ajeno
y por esta razón el poder de resguardar su vida
privada de una publicidad no requerida,
mientras que el derecho a la protección de datos
garantiza a los individuos ese poder de disposición,
ese poder de control sobre los datos personales
cuya titularidad ostenta esos datos personales relativos
a su propia identidad.
Esta delimitación del concepto de intimidad frente a otros derechos
y concretamente frente al derecho a la protección de datos,
como venimos hablando, nos conduce por lo tanto
a diferenciar a todos aquellos supuestos
en que los datos, siendo personales,
sin embargo puedan no pertenecer al ámbito de la intimidad
de la persona.
Por otra parte,
si hacemos referencia a la distinción entre intimidad y privacidad,
entre el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad,
mientras el concepto de intimidad apunta hacia la protección
de la esfera más reservada de las personas,
la privacidad sin embargo se refiere a todas aquellas facetas
de la personalidad.
Que aunque consideradas de modo individual,
de modo aislado, parecen de significado, sin embargo,
enlazadas entre sí todas esas facetas de la personalidad del individuo,
vienen a proyectar un retrato de la personalidad del sujeto
que éste tiene derecho a mantener reservado.
Por último, para finalizar con esta videoclase,
conviene aludir de alguna manera también a la diferencia
entre aquello que podemos considerar personal, íntimo y reservado
y aquello que es comunicado,
como reconoce nuestro Tribunal Constitucional
en algunas partes.
En algunas de sus sentencias, concretamente en la sentencia
114-84 de 29 de noviembre, en su fundamento político séptimo,
mientras el derecho a la intimidad responde a una vertiente material,
El concepto de secreto,
cuando hablamos de ese secreto de las comunicaciones,
digamos que tiene un carácter formal,
obedece a la comunicación propiamente dicha con independencia
de que ese contenido de esa comunicación sea personal,
íntimo o reservado.
De manera que este carácter formal del secreto de las comunicaciones
conduce a que la garantía del derecho del secreto se extienda
a todas las comunicaciones protegidas por ella,
con independencia de que el contenido de lo que es comunicado pertenezca
o no al ámbito de lo íntimo, al ámbito de lo reservado,
y de manera, por lo tanto, que podría vulnerarse ese secreto
de las comunicaciones sin lesionar el derecho a la intimidad
y viceversa, y a la inversa.
Con estas diferencias conceptuales
he querido un poco matizar estos tres derechos
y además aludir al derecho al servicio de las comunicaciones,
pero como decía al comienzo de mi exposición,
Esta videoclase, reitero que es un complemento
de su material de estudio, de su bibliografía,
que en ningún caso sustituye de ningún modo al material de estudio
y a la bibliografía que ustedes tienen publicados en la plataforma
y a su disposición
y que realmente es lo que será objeto de examen.
Todo ese material de estudio y esa bibliografía que tienen
ustedes publicadas en la plataforma.
Muchas gracias por su atención.
Gracias.
Saludos cordiales.