Muy buenos días.
Hoy vamos a ver en esta sesión
una de las figuras más curiosas que sirven para visibilizar
la oposición política en el estado constitucional,
como es el jefe o la jefatura de la oposición.
Todos conocemos más o menos lo que es el jefe de la oposición,
pero a veces lo que desconocemos es cuál es el sustrato jurídico
normativo que existe.
A partir de esta cuestión
vamos a empezar desde una pequeña introducción,
luego analizaremos cómo está configurada la oposición política
y si el jefe de la oposición es la oposición española
y luego analizaremos la jefatura de la oposición en derecho
comparado.
Una perspectiva muy sugestiva
porque podremos ver dos aspectos interesantes.
Primero, lo que son los modelos continentales europeos,
luego los países de la Commonwealth
y por último el modelo estadounidense.
En ese sentido,
lo primero que tenemos que tener en cuenta es
que la configuración constitucional de la oposición política en España
ha establecido siempre un estatuto propio y claro
que sirviese en doble vertiente para delimitar su marco de actuación
y para definir su contenido.
La alternancia política encuentra su sentido en la cabal expectativa
que la oposición ejerce al desgastar al gobierno.
Existe oposición porque existe gobierno,
lo que exige que por su situación de alternativa
posea un ámbito preciso y reconocible de actuación
para impulsar la función en la consolidación del papel basilar
que ejerce para la consolidación y fortalecimiento
del Estado de Derecho,
ya que visibiliza la posible alternativa.
Nuestra constitución, pese a su historia política previa,
se ha encontrado huera de un significante
de la oposición política,
algo muy común en los ordenamientos constitucionales
de otros estados europeos,
donde, salvo en el notable caso de Portugal,
donde se encuentra, como veremos,
muy reconocida jurídicamente la figura,
y en menor medida en Francia,
no hay referencias a su estatus político constitucional.
Por tanto, España no es en ese sentido más.
Que la traslación de lo que existe entre otros países.
Existe,
no obstante, una clara excepción en los países de la Commonwealth,
donde goza de una importante institucionalización que se extiende
de forma ostensible a su concreto líder.
Asumiendo la distinción clásica entre oposición política
y oposición parlamentaria, dos cuestiones que no pueden mezclarse,
porque la oposición política es un concepto genérico
que no se incardina
en ninguna institución, mientras que la oposición parlamentaria
es la que se ejerce en y desde el Parlamento,
podemos encuadrar o definir la oposición parlamentaria
como una actividad, como dice Berrottini,
dirigida a controlar la acción del gobierno,
condicionando e influyendo en la orientación del mismo,
en base a una diversa trayectoria programática
y en vista a una futura sustitución del equipo gobernante
llegaba a cabo por grupos parlamentarios minoritarios
colocados fuera de la mayoría del gobierno,
es decir, oposición-organización.
Es por lo tanto.
Una actividad que ejerce de contrapeso necesario
y que, como tal, busca convencer al cuerpo electoral,
los que están llamados desde el principio democrático
a cambiar el gobierno, de la necesidad de dicho cambio,
por lo que la expresión de su mayor eficacia
es el desgaste al gobierno para que la siguiente
convocatoria electoral del Ejecutivo sea sustituida
por la oposición en la función gubernamental.
Por tanto, es una función constitucional
ya que se encuentra garantizada, dado que, en sustancia,
podemos decir, como antes señalaba,
que existe oposición porque existe gobierno.
Desde un punto de vista jurídico-constitucional,
la oposición política en España no se encuentra plenamente
ni expresamente recogida en nuestra Constitución, a diferencia de,
como decía antes, otras menciones expresas
en otros textos constitucionales de nuestro entorno.
Proviniendo de un régimen autocrático
resultó extraña la ausencia de mención de la oposición
en la Carta Magna.
¿Por qué?
Porque evidentemente después de 39 años de dictadura
una mención de la oposición hubiese sido algo lógico, consustancial.
Pero claro, ahora que se cumplen 50 años de la transición
tenemos que rememorar y hacer ver.
Y entender algo crucial de aquel proceso político,
y es que el concepto mismo de oposición
resultaba entonces refractario a la realidad política,
ya que el papel real de la oposición al franquismo
en la demolición del régimen fue muy residual,
habiendo solo sido encauzada desde dentro del sistema
por los sectores aperturistas del movimiento nacional
desde la dictadura a la democracia.
Se pueden entrever aproximaciones al concepto de oposición
en los artículos 1.1 y 6,
donde el valor superior del pluralismo político
permite entender que cualquier presupuesto teórico
y fáctico que determina la existencia de múltiples
y enfrentadas opciones políticas en conflicto conlleva
como correlato lógico la dialéctica gobierno-oposición,
lo que se ha trasladado a la justicia constitucional,
donde en virtud del artículo 162.1,
a determinadas minorías de la oposición,
aquellas que alcancen, por ejemplo, a la justicia constitucional,
los 50 diputados o senadores,
se les permite interponer un recurso de inconstitucionalidad.
Sea como fuere,
las referencias a la oposición en nuestra norma suprema
son, por tanto, indirectas y residuales,
de tal suerte que no existe propiamente un estatuto jurídico
constitucional de la oposición política en España.
Tanto normativamente como desde una perspectiva jurisprudencial,
los derechos y deberes son otorgados,
reconocidos y amparados
a los parlamentarios que ejercen funciones representativas,
pero nunca a la oposición como colectivo,
sea hasta un partido político o un grupo parlamentario.
De tal forma que desde un punto de vista estrictamente jurídico,
la oposición es una categoría no normativa,
sino eminentemente política, no conllevando específicos derechos
y deberes.
Centrándonos en la personalización en el liderazgo de la oposición,
la primera mención que en España existe al líder o jefe
de la oposición surge en el año 1982,
cuando tras las elecciones generales del 28 de octubre de ese año,
en las que triunfó con 202 escaños el Partido Socialista,
la mesa del Congreso de los Diputados
decide, después de su constitución,
otorgar mediante un acuerdo de la mesa de 28 de diciembre,
la consideración, que no el nombramiento formal,
de jefe de la oposición a don Manuel Fraga y Ibarne,
cuyo partido, Alianza Popular, del cual era líder,
había obtenido la segunda posición por número de votos y escaños.
Dicho acuerdo,
de carácter muy particular y contenido además no público,
sorprendentemente establecía una condicionalidad para otorgar
la tal consideración de jefe de la oposición,
desde un punto de vista parlamentario.
En primer lugar, que la mesa,
y cito textualmente, la mesa considera
que la determinación de la persona que ha de cumplir la función de jefe
de la oposición debe atender a criterios de preeminencia numérica
de efectivos parlamentarios,
que no debe existir un nombramiento de carácter formal.
Que no ha lugar a plantear cuestiones de compatibilidad
o no y que debe carecer de una retribución económica
propiamente dicha,
aun cuando haya de consignarse casos de representación,
disponibilidad de un vehículo,
así como las atenciones que tiene cada miembro de la mesa,
incluso por lo que se refiere a la escolta.
La conciliación de jefe de la oposición por la Cámara
era un mero título de carácter honorífico sin nombramiento formal
y que en consecuencia no debía de ser provisto de retribución alguna,
aunque podría disponer de vehículo y gastos de seguridad.
A este acuerdo le siguió uno más concreto, de 8 de febrero de 1983,
que fijaba la dotación de medios personales
y materiales para el jefe de la oposición en tanto presidente
del grupo parlamentario mayoritario de la misma.
Las dificultades de articulación.
De dicho acuerdo conllevaron que la legislatura posterior
fuese suspendida por otro acuerdo en 1987.
Con todo, lo que resulta sorprendente es que el nuevo reglamento
del Congreso de los Diputados,
como tampoco es homólogo del Senado, hiciese mención alguna a esta figura
que la propia mesa acaba de reconocer por un acuerdo.
Pero sorprende más que, desde su aprobación,
las sucesivas modificaciones de dichos reglamentos
no hayan incluido referencias al jefe de la oposición,
pese a la natural consolidación de la figura en el ámbito político
y parlamentario, especialmente visible
con ocasión de las sesiones de control del Gobierno
y también con los debates sobre el Estado de la Nación.
¿Cuál es la posición jurídico-constitucional del líder
de la oposición?
Pues hay que señalar que, salvo alguna norma reglamentaria,
es sustancialmente inexistente.
De hecho, el único aspecto
en el que se contiene es el Real Decreto 2099 de 1983,
por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias
en el Estado,
que otorgaría a carta de naturaleza pseudo-jurídica
su existencia práctica.
En su artículo décimo situaba en decimoquinto lugar al jefe
de la oposición justo entre los presidentes
de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas
y el alcalde de Madrid en relación con los actos oficiales
organizados por la corona,
el gobierno y la administración del Estado.
Pasando a decimosexto lugar en su artículo doce para los actos
organizados en el concreto territorio de una comunidad autónoma.
Una posición, por otro lado, también lógica,
pese a ese número, pero naturalmente también deslucida
porque no ocupa ningún cargo institucional,
sino que su cargo es más bien un conjunto de funciones
que sirven para mostrar la alternativa política.
Fuera de esa escueta y simbólica normativa,
no existen expresas menciones a la figura o función del jefe
de la oposición en España.
Sin embargo, sí existe, en solo un caso,
el caso catalán en el derecho comparado,
que reguló por primera vez, mediante el decreto 256-2004,
el cap de la oposición a Cataluña,
definiendo su cargo, adquisición y pérdida
de la condición, atribuciones, retribuciones e incompatibilidades.
El objetivo era la creación de la figura del jefe de la oposición
y la regulación de sus relaciones con el gobierno de la Generalitat,
dándole el decorum y la dignidad inherente.
Esta normativa reglamentaria definía a su concreto titular
como el presidente del grupo parlamentario
de la oposición con más escaños en el Parlamento.
Se producía un nombramiento formal,
pero curiosamente no por parte de quien tendría que hacerlo,
que era el presidente del Parlamento de Cataluña,
sino por el presidente de la Generalitat,
lo cual situaba como una suerte de subordinado.
Además, en cuanto a las atribuciones,
la fundamental era la de ser informado o consultado
de los asuntos de mayor importancia para el territorio,
es decir, para Cataluña, la proyección exterior,
el régimen de autogobierno.
En relación con las retribuciones, se las equiparaba
con las de un consejero de la Generalitat
y lo relativo al tratamiento protocolario
se le situaba en medio antes o después del presidente
de la Generalitat.
Poco después, una ley del 2008,
la Ley 13-2008, derogaría en su disposición derogatoria
tercera el decreto del 2004, siendo sustituido
por una disposición transitoria segunda,
que modificaba importantes aspectos del decreto del 2004.
En primer lugar trasladaba la denominación del jefe
de la oposición autonómica al presidente del Parlamento,
quien declaraba la condición mediante resolución,
además de que sus retribuciones serían determinadas
por el propio Parlamento.
Además, sus atribuciones también fueron modificadas,
siendo circunscritas sustancialmente al deber de consulta.
Aunque, con todo y pese a esta denominación parlamentaria
y sus prerrogativas,
no hay ninguna especial consideración política de la figura.
Al igual que su homólogo nacional rara vez
mantiene una fluida interrupción con el jefe de gobierno autónomo.
Sin embargo, ¿qué ocurre en el derecho comparado?
¿Qué ocurre en otros países?
Como señalaba al comienzo de esta exposición,
circunscribiéndolo a los tres modelos, continental, Commonwealth
y modelo norteamericano, centrándonos en los modelos continentales,
lo que tenemos que señalar en primer lugar
es que los países del entorno europeo han adoptado,
con independencia del concreto régimen político
constitucional, parlamentario o semipresidencial,
un esquema similar
en cuanto a las relaciones gobierno-oposición.
Por ejemplo, Alemania y Austria.
El jefe de la oposición es conocido pero no reconocido.
Es decir, por ejemplo, en Alemania,
fruto del modelo de liderazgo de partidos
y un clarísimo bipartidismo,
es fácilmente reconocible en su titularidad,
ya que la representación parlamentaria no se encuentra tan
fragmentada como en otras latitudes, por ejemplo en España.
Por lo que el líder del segundo partido
con mayor representación en el Bundestag
es considerado como jefe de la oposición.
En Austria, por su parte,
el líder del segundo partido en el Nationalrat
es unanimemente considerado como jefe de la oposición,
también sin expresión normativa.
En ambos casos, Alemania y Austria, y fruto de su cultura política,
no existe ni mención ni reconocimiento a dicha función
o cargo.
Es más,
es una denominación que utilizan los medios de comunicación.
En el caso de países de la órbita mediterránea,
comenzando por Italia, la fuerte atomización parlamentaria
del país no ha sido obstáculo para la definición
de un claro eje diferenciador entre el gobierno y la oposición,
en gran medida por la intensa cultura de pactos y coaliciones previas
a las elecciones.
Que sea el frecuente transfugismo
que siempre distorsiona la cultura política del país,
no está para definir la jefatura de la oposición en la persona
del líder del partido mediterráneo de la minoría gubernamental.
Tampoco en el caso de Italia
no existe ninguna regulación jurídica,
ni siquiera en el ámbito de las presidencias protocolarias,
ya que estas, en una posición muy inferior
a la del resto de actores políticos e institucionales,
corresponden a los presidentes de los grupos parlamentarios,
que no necesariamente coinciden con los líderes de los partidos.
En el caso de Portugal es el modelo donde más.
Expreso reconocimiento constitucional y legal
ha tenido la figura poco común para los países de nuestro entorno.
Así lo establece el artículo 114.2 de la Constitución,
donde señala que ha reconocido a las minorías
el derecho de oposición democrática en los términos de la Constitución
y la ley, incluyendo además en su artículo 288i
un expreso mandato para que cualquier reforma constitucional
respete el pluralismo de expresión y la organización política
y la oposición democrática.
Este mandato constitucional ha sido desarrollado
por la Ley 2498 sobre el Estatuto del Derecho de Oposición,
que garantiza el derecho de oposición política
al expresar que está asegurado a las minorías.
Con un contenido definido como actividades de acompañamiento,
fiscalización y crítica de las orientaciones políticas
del gobierno.
Y en todo caso, y en lo relativo al concreto estatuto del jefe
de la oposición, el jefe de la oposición portuguesa
frente al primer ministro, que es el líder
de la minoría mayoritaria de la Asamblea,
posee un reconocimiento expreso en la ley 40-2006,
que es la ley de precedencias del protocolo del Estado portugués,
que lo sitúa en octavo lugar definiéndole como presidente
o secretario general del mayor partido de la oposición.
Francia, por su parte, he visto un caso muy particular
de la naturaleza del modelo político,
el semipresidencialismo francés,
donde el carácter híbrido del modelo afecta de forma determinante
a la oposición, ya que no existe un líder claro
de esta, sino que manifiesta
con ocasión de las candidaturas a las elecciones presidenciales,
donde las primarias sirven para forjar liderazgos
en la figura de los candidatos a la presidencia de la República.
Se puede afirmar, por lo tanto,
que la oposición mayoritaria como tal es heterogénea,
tiene varios líderes dependiendo del foro político
en el que se ejerza la función
y con independencia también del concreto líder del partido
que asuma su máxima representación.
Ello explica que no existe un estatuto personal propio,
aunque sí un amplio desarrollo normativo y constitucional
de la oposición política en su conjunto
consagrado en la reforma de 2008 que la constitucionaliza.
En dicha reforma,
la Constitución francesa se dota de un modelo embrionario
de estatuto de la oposición al reforzar al Parlamento que reconoce
específicos derechos a los grupos parlamentarios
de la oposición y a los minoritarios.
En síntesis, en Europa continental los modelos en los que se despliega
su función en jefe de la oposición no se encuentran precisados gozando
de una acusada informalidad
para desarrollar las actividades propias de su cargo,
aunque la oposición política en sí disfruta en muchos países.
De un claro reconocimiento legal y constitucional,
sin mención expresa a su líder.
En los países de la órbita anglosajona
de la Commonwealth, la institucionalización,
por el contrario del jefe de la oposición,
goza de una consolidada tradición, percibida en primer lugar
en la denominación de las esferas de acción política
que determinan las relaciones gobierno-oposición en dichos
regímenes parlamentarios.
En el caso del Reino Unido, la oposición,
desde una costumbre que se remonta a la primera mitad del siglo XIX,
se articula bajo la fórmula de His Majesty,
Most Loyal Opposition, His Majesty o Her Majesty en función
de si el titular de la corona es hombre o mujer,
siendo su líder el del partido que no tiene atribuida
la responsabilidad de gobierno, ya que el sistema electoral
británico de carácter mayoritario, salvo raras excepciones,
produce sólidas y estables mayorías gubernamentales de partido único
al existir los grandes partidos, el conservador y el laborista.
El líder de la oposición en Reino Unido
tuvo su primer reconocimiento jurídico mediante la Ministers of
the Crown Act de 1937,
que estableció su definición y una asignación adicional
a la de miembro de la Cámara.
Posteriormente, esta norma sería derogada
por la Ministerial Salarist Consolidation Act de 1965,
siendo la vigente la Ministerial and Other Salarist Act de 1975,
normas que fijarían una retribución especial propia
similar a la de un ministro del gabinete,
a la que se suman otras de carácter funcional
no reguladas normativamente
como la provisión de un vehículo oficial.
A estas asignaciones se suman las previstas por el short money
para el conjunto de la oposición y también de modo específico
para el líder de la oposición y que sirven para financiar
su oficina y con ella el desempeño y proyección de sus funciones.
Se utiliza esto básicamente porque se entiende
que hay una natural asimetría entre gobierno y oposición.
Por lo tanto,
financiar una mínima estructura para el jefe de la oposición permite
que los ciudadanos visibilicen de modo más claro dicha alternativa.
Por otro lado, en una sentada convención parlamentaria
es nombrado miembro del Private Council
al Consejo Privado,
lo que conlleva el acceso bajo determinadas condiciones
y en especiales circunstancias a información confidencial
en el ámbito de la seguridad nacional.
Un aspecto que también en virtud de la Intelligence Services Act de 1994
exige que la nominación por el primer ministro
de los nueve miembros de la Intelligence and
Security Committee del Parlamento, creado para fiscalizar la labor
de los servicios de inteligencia,
se produzca tras consultar con el líder de la oposición.
Su líder en todo caso no es nombrado o designado formalmente como tal,
sino que se vincula a dicho cargo de modo automático
con el ejercicio del líder del segundo mayor partido,
el House of Commons,
que no forme parte del gobierno.
El aspecto en ese sentido más conocido
y que exportarían el resto de los modelos parlamentarios
de la órbita anglosajona es la personalización
de la dialéctica entre el primer ministro y el líder de la oposición
en los Prime Minister Questions, siendo su traslación en España
las sesiones de control gobierno que se producen
los miércoles a las 1 de la mañana en el Congreso de los Diputados
y los martes a las 4 en el Senado.
La institucionalización de la función y su concreto tribunal en Reino Unido
es pues total, con pleno reconocimiento
jurídico-político y prerrogativas propias asociadas,
lo cual permite en todo caso y en todo momento saber
quién es la alternativa política más clara.
Este modelo es el que replican,
además adaptado a las particularidades
y idiosincrasias de su régimen político-constitucional,
la inmensa mayoría de los países de la Commonwealth.
El caso de Canadá, por ejemplo, es muy sorprendente porque su líder,
que también se denomina His Majesty's Most Loyal Opposition,
tiene atribuida desde los años 50, el siglo pasado,
incluso una residencia oficial.
El líder de la oposición en Canadá tiene una residencia oficial
muy próxima a la del primer ministro.
Por tanto, eso también simboliza y visibiliza
para la ciudadanía canadiense quién es el jefe de la oposición.
En Australia y Nueva Zelanda,
que también replican el modelo británico.
La condición en el caso australiano
del líder de la oposición en la Cámara de Representantes
conlleva un salario especial distinto a la condición de parlamentario,
mientras que en el caso neozelandés la retribución es similar
a la de un miembro del ambiente.
A lo que se suma una cuestión importante
y es el hecho de que su líder debe ser informado en cuestiones relativas
a la seguridad nacional por el propio servicio
de inteligencia del país.
Tiene la obligación el director de los servicios de inteligencia
del país despachar una vez al mes en privado con el líder
de la oposición.
En conjunto de este amplio elenco de modelos y países se infiere
la clara impronta de la tradición del parlamentarismo británico
y cómo éste ha modelado e institucionalizado las relaciones
entre el gobierno y la oposición.
De claro dinamismo y en la que figura del jefe
de la oposición disfruta de un natural reconocimiento
y un marco muy preciso de actuación en aras
a visibilizar dicha alternativa
porque potencialmente se puede constituir en alternativa.
En el caso de los Estados Unidos de América
no podemos perder de vista
el hecho de que nos encontramos ante un modelo presidencial
y por tanto las relaciones entre el gobierno
y la oposición son muy particulares.
Existen no un único líder de la oposición sino dos,
fruto de que su bicameralismo con una House of Representatives
y un Senate del Congreso de ambas cámaras,
Es muy particular porque, salvo en raros momentos
y en momentos muy puntuales,
ningún partido ha detentado la mayoría a la vez
en las dos cámaras.
En ese sentido,
una de las interesantes y peculiaridades, paradojas,
de este ejercicio de la oposición en la nación norteamericana
es que normalmente el líder de la oposición
no suele ser el candidato de su partido a la presidencia
de los Estados Unidos.
De hecho, tampoco es el candidato derrotado en las elecciones,
sino quien ejerce habitualmente la función del látigo parlamentario
de la minoría mayoritaria en la Cámara.
Por tanto, la oposición a los Estados Unidos
es fundamentalmente parlamentaria, ya que la alternativa general
y cotidiana se ejercía en la Cámara de Representantes
y en el Senado por los líderes de la mayoría y la mayoría,
mientras que la alternativa personal solo
se activa puntualmente durante la larga campaña electoral
que concluye con las elecciones presidenciales,
cuando concretos candidatos
se presentan frente al presidente del ejercicio.
Por tanto, tanto en la Cámara de Representantes
como en el Senado existen dos actores clave que aglutinan
la representatividad de su partido,
como son el Minority Leader y el Minority Whip,
siendo el Minority Leader quien ostenta
la máxima representación de su partido frente a la mayoría,
mientras que el Minority Leader.
WIP es, tanto en la mayoría como en la minoría,
quien asiste al líder respectivo
en la coordinación del grupo parlamentario
y busca apoyos en las negociaciones para la obtención de votos
en el trámite legislativo,
dado el fuerte individualismo presente en dicho modelo.
Ejercitan una función indispensable que visibiliza
las diversas alternativas políticas republicanas o demócratas que existen
y no necesariamente las personas que las ejercen.
Cada una de las cámaras existe una visible confrontación
entre mayoría y minoría que no es ni fundamentalmente la traslación
de la defensa o el ataque de la gestión presidencial.
En síntesis, y voy concluyendo,
del análisis expuesto resulta posible inferir la importancia capital
que posee la institucionalización de la oposición y su líder.
Y como dicha institucionalización
posee un sentido clave en los regímenes parlamentarios,
ya que diluye el posible populismo que los sistemas presidenciales opaca
desde el gobierno cualquier atisbo de discrepancia política.
De ahí que los sistemas fuertemente fragmentados
y en consecuencia muy polarizados, la dinamización
y protección jurídico-política del liderazgo de la oposición
resulta un aspecto clave para fortalecer
el Estado de Derecho.
La figura del jefe de la oposición en España,
otorgada informalmente al líder del partido mayoritario de las Cortes,
no incardinado en la mayoría gubernamental,
ha adolecido siempre de una clara institucionalidad,
más allá de la posición protocolaria expresada en el Real Decreto
2.099.1983, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Presidencias
del Estado en España.
En la actualidad,
la jefatura de la oposición es una función sin cargo,
que desprende un halo de informalidad e indefinición que desluce
la posición de quien puede estar llamado a presidir el Ejecutivo
al ofrecer la imagen atemperada de un actor político
que se sitúa en clara preeminencia con respecto al resto de los líderes
de los partidos que no hayan sido investidos o formen parte
de una mayoría gubernamental.
En otros países goza, por el contrario,
de un explícito reconocimiento jurídico-constitucional,
como en la inmensa mayoría de los países de la Commonwealth
y destacadamente en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido,
donde posee una virtualidad única que la sitúa
como una suerte de alternancia en expectativa,
que visibiliza y simboliza la minoría parlamentaria que con su ideología
y programa propio de gobierno expresa la voluntad.
De ofrecer una respuesta distinta a la acción política
gubernamental gracias al peso específico
que posee como segundo partido con mayor número de votos y escaños.
Este modelo, en nuestra opinión,
serviría para reforzar la oposición política en España,
lotarla de un estatus y de un estatuto acorde
con la función constitucional que representa.
En los países no anglosajones, por el contrario,
y salvo en el caso de Portugal, no existe un estatuto de líder
de la oposición en la consideración de que sus derechos y deberes
se predican de la oposición en su conjunto,
no singularmente del concreto líder.
Muchísimas gracias por su atención.
Como ven, en el correo quedo a su disposición
para cualquier consulta y espero que esta sesión
les haya resultado de interés o utilidad.
Muchas gracias.