Bienvenidos a esta videoclase sobre el gobierno local en España,
las elecciones locales, la autonomía y las competencias municipales.
En esta clase se va a analizar de forma completa
cómo funciona la democracia local en España,
hablando del sistema electoral municipal,
la elección de concejales y alcaldes, las estructuras locales,
que además del municipio comprendería las diputaciones locales,
las islas,
los cabildos y los consejos insulares, así como las comarcas,
mancomunidades y consorcio en aquellas autonomías que hayan
optado por esto y las entidades locales menores.
Por lo tanto, se aborda tanto el marco constitucional
como la lógica del Estado autonómico.
Para entender esto desde una perspectiva constitucional,
tenemos que remitirnos al artículo 137 de la Constitución,
que nos dice que España se organiza territorialmente
en municipios, provincias y comunidades autónomas,
dotadas de autonomía para la gestión de sus intereses.
Así, el artículo 140
garantiza la autonomía local, declarando su existencia
como una institución esencial para la gestión de sus intereses.
Y el artículo 141
define la provincia y reconoce la singularidad
de los órganos insulares en los dos archipiélagos,
Baleares y Canarias.
La autonomía local es importante,
y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional
reiteradas veces,
ya que implica competencias reales suficientes y propias.
Por lo tanto,
es un elemento estructural del Estado español descentralizado
y supone que los municipios deben disponer
de las potestades normativas organizativas
y también los recursos financieros
para tomar decisiones públicas relevantes,
sin injerencias externas.
No soberanía, pero sí un espacio propio de poder político
constitucionalmente protegido.
Y veremos por qué son tan importantes esto.
Porque las entidades locales representan el nivel institucional
más próximo de los ciudadanos.
Su proximidad permite identificar necesidades reales,
adaptar las políticas públicas a un contexto local muy diferente,
pues si pensamos en la España rural y en la España urbana,
y garantizar una prestación.
Eficaz de los servicios públicos.
Por lo tanto, son un pilar fundamental
para el pluralismo territorial y un espacio,
como veremos, privilegiado para la participación
democrática donde todos los ciudadanos pueden participar.
Veremos que los ayuntamientos gestionan algunas de las políticas
públicas que más influyen en nuestra vida diaria
y vemos que abarcan servicios básicos hasta estratégicos para el desarrollo
y la cohesión social de nuestro territorio.
Así tenemos algunas de las que se detallan
en la Ley de Régimen de Bases Locales
y todos los ayuntamientos tendrían una obligación urbanística,
de planificación y disciplina urbanística,
de alumbrado público, de cementerio,
de recogida de residuos y de limpieza viaria,
de abastecimiento de agua y de alcantarillado,
de pavimentación de nuestras calles,
de mantenimiento de nuestros parques, jardines
y la protección de zonas verdes y funciones importantísimas
en cultura como la instalación de bibliotecas,
instalaciones deportivas y culturales,
También en materia de seguridad y convivencia,
dependiendo del tamaño del municipio, con policía local
y ordenación del tráfico, servicios de protección civil,
prevención y actuación ante emergencias,
la regulación de las actividades comerciales y recreativas
del municipio, como fiestas o las licencias de actividad.
También importantes en nuestra vidaría
y en municipios más grandes como el transporte urbano colectivo,
el aparcamiento en las zonas reguladas y el tráfico,
la movilidad sostenible con carriles bicis,
todo lo que pueda haber en las ordenanzas
sobre movilidad eléctrica como los patinetes,
la ordenación de la circulación, la planificación del transporte local
y luego en cooperación con las comunidades autónomas.
También habría competencias de educación en la conservación
de los colegios y centros de infantil o guarderías,
en servicios sociales, en salud pública local
con algunos ayuntamientos que disponen de consultorio médico
y cooperan con la comunidad autónoma,
con programas de empleo y desarrollo económico
y también la protección del consumidor.
Estas serían algunas de las competencias que han asumido
habitualmente los ayuntamientos por delegación.
Y de colaboración y transversales en igualdad y políticas
contra la violencia de género,
donde el Ayuntamiento tiene un papel muy importante
en la cultura, el deporte y la promoción turística,
en la protección del medioambiente y en la participación ciudadana
con procesos deliberativos.
En cuanto a la normativa principal que rige las competencias locales,
estaría la ley orgánica del régimen electoral,
que regula el sistema electoral y cómo se elige al alcalde
y a los concejales y las entidades supraprovinciales,
como veremos.
También la ley del régimen base local establece
la organización institucional de los municipios y la provincia
y los principios del régimen local.
Y, además, deberíamos acudir a la legislación autonómica,
que desarrolla pues entidades como veremos,
como son las comarcas, las mancomunidades, los consorcios,
completando así un sistema territorial multinivel,
que como veremos será hacia arriba y hacia abajo, por encima
y por debajo del municipio.
El sufragio municipal tiene unas peculiaridades
frente a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas
y al Congreso y al Senado, ya que permite la participación
de los ciudadanos extranjeros,
además de todos los españoles mayores de edad.
Esto es en virtud de la modificación constitucional de 1992,
que fue la primera que modificó el artículo 13.2.
Permitiendo que pudieran votar los ciudadanos de otros países
de la Unión Europea,
así como aquellos ciudadanos de países que tuvieran
un convenio de carácter retroactivo bilateral con España.
Este nivel electoral
es el más abierto a residentes extranjeros,
lo que refuerza el poder local como inclusivo.
Y la presentación de candidaturas puede presentarse habitualmente
en los partidos políticos, las federaciones y las coaliciones,
pero también permite que se presenten ciudadanos
en agrupaciones electorales
que reúnan un número suficiente de firmas.
Al igual que sucede en otros ámbitos,
como las asambleas autonómicas o el Congreso de los Diputados,
las listas son cerradas y bloqueadas,
lo que refuerza el papel de los partidos políticos
en la selección de los concejales.
Y existe además la obligación legal de paridad entre las candidaturas.
La circunscripción en este caso es el municipio
y el sistema es proporcional siguiendo el método de ONT.
La barrera mínima, el porcentaje mínimo
para acceder al reparto en este caso es del 5% y el número de concejales
depende de la población del municipio.
Siguiendo una escala definida en la LOREG,
y aquí tendríamos un poco el número de concejales.
Vemos que los municipios de hasta 100 habitantes,
hasta las reformas operadas en 2011,
eran regidos por el sistema de consejo abierto,
del que haremos una breve mención próximamente.
Ahora mismo puede estar regido por el consejo abierto
o por un número de tres concejales
que tendrían la peculiaridad de ser elegidos por listas abiertas.
A continuación,
de 101 a 250 habitantes ya serían cinco concejales
y habría un máximo, siguiendo esta escala,
de hasta 57 en la actualidad que tendría la ciudad de Madrid
como ciudad más grande de España.
Así que vemos que el número varía mucho de los tres
a los 57 concejales dependiendo el tamaño de la población.
El método es el de ONT,
como en la mayoría de sistemas de asignación de escaños en España.
El método consiste en dividir los votos de cada lista
entre 1, 2 y 3 hasta completar el número de escaños.
Se asignan los concejales según los mayores cocientes
obtenidos.
Además, es un sistema proporcional
y beneficia ligeramente a las listas más votadas,
reduciendo la fragmentación y favoreciendo la gobernabilidad.
Y en cuanto a la elección del alcalde,
es elegido en el pleno municipal, en el primer pleno,
después de unas elecciones.
Si un candidato obtiene la mayoría absoluta de votos de los concejales,
queda investido,
aunque no fuera el de la lista más votada.
Si no obtiene la mayoría absoluta, será alcalde el cabeza de lista
más votadas en las elecciones.
Este mecanismo garantiza que siempre haya un alcalde
en la sección constitutiva.
Y en lo que se refiere al control político municipal,
pues asemeja a los tradicionales en nuestra arquitectura constitucional.
Así contamos con la moción de censura,
que requiere un candidato alternativa,
por lo tanto sería una moción de censura constructiva,
y la cuestión de confianza,
que puede plantear el alcalde y que tiene especial importancia
en el caso municipal en la aprobación de los presupuestos.
Ambos instrumentos permiten mantener un equilibrio entre gobernabilidad
y responsabilidad política.
Y sobre el Consejo Abierto
hay que decir que es uno de los mecanismos de participación directa
que reconoce nuestra Constitución.
Viene reconocido en el artículo
140 de nuestra Carta Magna y es una asamblea de vecinos
que ejerce directamente las funciones del pleno municipal
y elige al alcalde, que tendría que ejecutar esas decisiones.
Se aplica a los municipios de muy pequeña población
o por tradición histórica y constituye una institución central
del autogobierno rural.
Es tradicional de algunas zonas de España.
Y en nuestra España plural y rica
en tradiciones también existen las entidades locales menores,
que dependiendo de la zona de España tienen distintos nombres,
como juntas vecinales o pedanías.
Poseen autogobierno propio
y eligen directamente a un alcalde pedáneo.
Son relevantes en territorios como Castileón, Cantabria y Navarra,
preservando estructuras históricas de participación vecinal.
Estas tienen un rango inferior al ayuntamiento.
Y puede haber municipios
donde existan territorios con entidades locales menores
y otros no.
Todo depende de esa tradición histórica para su elaboración.
Y otra institución importante
en las entidades locales son las diputaciones provinciales,
que son órganos de gobierno de cada provincia,
de la provincia.
Que son encargados de garantizar servicios supramunicipales
y apoyar a los municipios con menos recursos.
Su papel es fundamental en la prestación homogénea
de servicios públicos y en la cooperación territorial.
Hay que decir que solo existen en las comunidades autónomas
que tienen varias provincias,
no existen en las comunidades autónomas uniprovinciales,
porque están adscritas estas competencias
en la comunidad autónoma.
Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no existe,
pero son importantes en territorios, porque en muchas provincias,
como sucede en Castilla y León.
Y la elección de las diputaciones, a diferencia de los ayuntamientos,
no son directas.
Los diputados provinciales son elegidos por los concejales electos
en cada partido judicial.
Entonces se reconoce un número por cada partido judicial
y votarían simplemente los concejales.
Así la provincia como entidad local
queda así representada de forma indirecta pero proporcional
tanto a los partidos políticos a través de esos concejales adscritos
como a los distintos partidos judiciales que serían territorios
de división de la provincia.
Y la insularidad, ese fenómeno que afecta a Canarias y a Baleares,
existe en los cabildos y los consejos insulares.
Los cabildos en Canarias
y los consejos insulares en Baleares.
Tienen competencias municipales y provinciales
adaptadas a esa realidad insular y está reconocido en el artículo
141.4 de nuestra Constitución.
En este caso, los miembros de los cabildos y consejos insulares
sí son elegidos mediante un sistema de democracia universal,
votada por los ciudadanos.
Habría una peculiaridad más,
que sería Formentera, que es un caso singular al ser un municipio
ida ejerciendo funciones municipales e insulares simultáneamente.
Y otras realidades que existen en nuestra rica realidad local
serían las comarcas, que son entidades supramunicipales creadas
por las comunidades autónomas.
Gestionan servicios comunes, ordenación territorial y políticas
de ambos intermunicipales.
Tienen una gran tradición histórica en algunos de nuestros territorios
y son especialmente relevantes en Aragón, en Cataluña,
donde hay una comarca especialmente importante
por sus peculiaridades políticas, lingüísticas y geográficas,
que sería el Valle de Arán,
y en Castilla y León, donde solo existe oficialmente
la comarca del Bierzo, pero tiene una gran importancia política.
Estas dos comarcas están reconocidas en ambos estatutos de autonomía.
Las elecciones comarcales
pueden ser elegidas directamente por los ciudadanos
o indirectamente por los concejales en los municipios que lo integran.
Esto depende de las distintas leyes autonómicas y muestra
la flexibilidad organizativa de nuestro Estado autonómico.
Y las mancomunidades son asociaciones voluntarias de municipios
para gestionar conjuntamente servicios públicos
como agua, basura o transporte.
No existe elección directa
y los representantes son designados por los ayuntamientos miembros.
Buscan economías de escala para prestar mejor
los servicios públicos que pueden compartir varios municipios,
sobre todo en esa realidad de una España rural con municipios
muy pequeños y con escasos recursos financieros.
A las mancomunidades,
pero con participación de otros organismos,
como pueden ser las comunidades autónomas
o el Estado, serían los consorcios locales,
que son especialmente importantes, por ejemplo,
para la gestión del transporte público o para la gestión
de emergencias.
La representación en este caso también es institucional,
no es electa, y aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid,
es de especial importancia el consorcio de transporte,
para gestionar todo el sistema de transportes
de la Comunidad Autónoma de Madrid,
incluso que con cooperación con las comunidades autónomas
de Castilla y León y Castilla-La Mancha,
por esa realidad que afecta la necesidad de transportes
a todos los municipios próximos a Madrid.
Por lo tanto, es.
La realidad de España es un gobierno local multinivel
que combina municipios, provincias, islas, comarcas,
no comunidades e entidades menores.
Cada una cumple una función distinta
articulando un modelo de gobernanza multinivel y existen todavía debates
sobre cómo se tiene que articular la democracia local en España.
Algunos de los temas que están presentes.
Pendientes es resolver si se establece o no
un sistema de elección directa de los alcaldes,
la reforma o supresión de las diputaciones,
la comarcalización de España
para prestar mejores servicios públicos,
sobre todo en esa realidad de la España
veaciada, e impulsos a mecanismos de participación ciudadana,
como pueden ser los presupuestos participativos
o los referéndums locales.
Por lo tanto, la conclusión de esta videoclase
es que la democracia local
constituye un pilar esencial del sistema constitucional español.
El modelo combina representación directa e indirecta
y múltiples niveles de cooperación.
El futuro del régimen local
parece pasar por reforzar la participación de los ciudadanos
y mejorar la eficiencia territorial.