Buenas tardes.
Retomamos las sesiones del Seminario Internacional
y un placer reencontrarme otra vez con todos ustedes, la sesión
y con todos vosotros y vosotras.
Las sesiones de esta tarde van a hacer un recorrido histórico
analizando distintos aspectos del protocolo y del ceremonial,
en la Edad Media, época moderna,
hasta la actualidad.
A mí me ha tocado
ser ahora moderadora de la mesa de esta tarde
y me parece un poco raro ser la moderadora
y empezar yo con la primera ponencia de la tarde,
pero me han dicho que me ajuste al programa,
por lo tanto, yo cumplo órdenes de la organización.
Ya me conocéis, soy Consuelo Juanto,
soy profesora del Departamento de Historia del Derecho
y, en primer lugar, quiero agradecer a la organización
del seminario, al Departamento de Historia del Derecho
, al Grupo Insturec y a la profesora María Dolores Sánchez González
por estar otra vez en este encuentro científico.
Yo voy a centrar mi ponencia en cuestiones históricas
sobre las precedencias en los organismos
de la Administración moderna en España,
principalmente en los consejos
y en los problemas que se suscitan entre sus ministros y oficiales.
De manera introductoria.
Considerar que en el mundo científico del protocolo se suele admitir
que la configuración de este arranca en la Europa del siglo XV,
en la época del Renacimiento,
periodo en el que el ceremonial público y cortesano
va a parecer vinculado a los principios básicos
de la representación diplomática y las precedencias.
En la medida que los estados modernos
van a ir protagonizando un proceso de burocratización,
surgen problemas sobre preeminencias y precedencias entre ellos,
pero también entre sus organismos.
Por lo que a España respecta,
las cuestiones de precedencia se convierten
en conflicto con Francia durante el reinado de Luis XIV,
sobre todo por la rigurosa etiqueta que presidía la Corte de Versalles,
que todos sabemos y todas sabemos que es símbolo
del Estado absoluto y centro del poder y ceremonial en la Europa
de la época.
La historia del protocolo español
está vinculada al origen de los ceremoniales europeos,
concretamente al modelo borgoñés que irrumpe con fuerza
en la corte de Carlos V. Es cierto que antes
ya se ha conocido el protocolo de Castilla de los Reyes Católicos.
El uso borgoñés va a establecer una jerarquización en la corte
y una tipología de palacio que va a estar regulado principalmente
por las ordenanzas de los tal del príncipe
don Carlos de 25 de octubre de 1515, una ordenanza de etiqueta
en la que el principio básico del orden
y del buen gobierno en el palacio va a depender del bien, el honor,
la tranquilidad del príncipe, servidores y súbditos.
En años posteriores, el tránsito de esa manera borgoña
al ceremonial o etiqueta hispana.
Dejando al margen otro tipo de normativa,
que ahora no viene al caso, en ese tránsito
va a regir a partir de 1548 unas nuevas ordenanzas.
Con Felipe II
es cuando podemos considerar que el protocolo
se hace español a través del conocido protocolo austriaco,
que consiste en una serie de disposiciones características
de la capilla real que se deben hacer allí.
Una normativa que va a unificar esa etiqueta borgoña o borgoñona
y la española.
Los sucesores austrias de Felipe II,
Felipe III y Felipe IV no van a entrar,
no van a ser personalmente como realeza,
no se van a involucrar o a implicar en la etiqueta española.
Lo van a dejar
en manos de unos oficiales característicos de este momento,
a los que luego vamos a recurrir otra vez, los válidos.
En concreto, Felipe IV, a través de su válido
el duque de Lerma, va a perfeccionar la etiqueta cortesana.
Y también con el conde duque de Olivares,
que es el que introduce, valga la redundancia,
el introductor de embajadores en la normativa protocolaria.
En segundo lugar, me voy a referir al régimen de los consejos
de la Administración moderna española,
del Estado moderno español,
para poder luego adentrarnos y conocer los problemas
que se plantean en las preeminencias y precedencias
entre los organismos de ese régimen que ha sido bautizado
como polisinodial o también conciliar.
La monarquía española de la Edad Moderna
se va a institucionalizar, creo que es sabido por todos,
pero vamos a recordar que nos sirva de contexto
para lo que luego queremos tratar de la normativa y documentos
referidos a ello.
Se va a organizar la Administración moderna española
y el Estado moderno español en una serie de organismos
que conforman un esquema armónico y solidario en su funcionamiento,
en el funcionamiento de la Administración.
De tal manera que ellos de esa manera
van a hacer que la monarquía cubre una entidad administrativa autónoma
y sea de por sí algo más que la persona del príncipe
reinando aquí o allá con el título
determinado en los distintos territorios y reinos donde es rey.
Y, por lo tanto, va a ser un esquema jurídico más uniforme
y unos poderes más uniformes.
Esta institucionalización moderna
se va a plasmar en este régimen polisinodial,
que está conformado, por lo tanto, por múltiples sinodos
o organismos cologiados,
algunos de ellos heredados de la etapa anterior,
y ahora en época moderna otros que nacen de nueva planta.
Todos ellos van a asesorar al rey en los asuntos de su competencia
y además en ocasiones en ellos también a veces
se encargan de o tienen atribuciones legislativas,
administrativas y judiciales.
Son 15 consejos los que existen en el siglo XVII.
¿Qué podríamos clasificar en las siguientes categorías?
En primer lugar, los que tienen competencia
sobre toda la monarquía, Consejo de Estado,
Guerra e Inquisición.
En segundo lugar, los consejos de gobierno
de los diversos territorios, el de Castilla,
el de Aragón, Indias, Italia, Portugal y Flandes.
El caso especial del Consejo Real de Navarra,
Algo atípico en este organigrama con una excepcionalidad
que le caracteriza porque tiene su sede en Pamplona
y va a ser respetada en todo momento
desde que se incorpora a Castilla con Fernando el Católico.
En tercer lugar, los consejos que operan.
En la administración de la corona de Castilla,
que por eso son
denominados de administración preferentemente castellana,
dos de regular identidad, órdenes y cruzadas,
y un tercero de máxima importancia, pero que aparece en este tercer lugar
o tipología, que es el de Hacienda.
Y en cuarto lugar, los consejos de Cámara,
ocupados sobre todo en las tareas de los nombramientos
de los oficiales, que están referidos a dos consejos,
el de Cámara de Castilla y el de Indias.
Aragón, que es muy importante también,
en este organigrama no tiene consejo de Cámara.
El organismo principal de todos ellos es el Consejo de Estado,
junto con el de Guerra, presididos ambos por el Rey,
y que a veces van a operar conjuntamente
como un Consejo Pleno de Estado y de Guerra.
La preeminencia es exclusiva en estos dos consejos.
¿Por qué?
Porque recae siempre la presidencia en el rey,
que es la suprema dignidad.
¿Qué significa esto?
Que esta preeminencia es real, pero es teórica.
¿Por qué?
Porque la presidencia regia en estos dos consejos no concurren,
es decir,
no tienen problemas de concurrencia en la precedencia o la preeminencia,
no entran en esos problemas de rango porque la tiene el rey allí.
Por otra parte,
y de manera muy específica en otro ámbito,
pero que también ocupa el primer lugar
junto con el de Estado y de Guerra, el Consejo de la Inquisición,
que es preeminente, con competencia sobre todo a la monarquía
en toda esta época moderna, hasta los inicios del siglo XIX,
pero que a veces tiene problemas de concurrencia y de precedencia,
sobre todo con el Consejo de Aragón.
De los consejos que concurren, es decir,
de los consejos que asisten en los actos públicos
de cualquier clase, el principal es el Consejo de Castilla,
que es el consejo por antonomasia.
¿Qué significa esto?
Que en la normativa o en la documentación,
si queremos ver
lo referido a las precedencias del Consejo de Castilla
y leemos a las precedencias de los consejos,
si leemos o hace alusión al Consejo, esto,
tenemos que tenerlo presente,
siempre hace referencia al Consejo de Castilla.
Así que después de este rango preeminente del Consejo de Estado
y de Guerra que hemos visto que no tiene repercusiones prácticas,
es decir,
no hay problemas porque no concurren al ser la presidencia del rey,
la jerarquía de los demás consejos viene a ser la siguiente.
En primer lugar lo ocupa el Consejo Real
o de Castilla.
A continuación, en segundo lugar, el de Aragón y el de Inquisición,
que a veces tienen problemas de precedencia.
En tercer lugar, le sigue por su excepcional importancia
por el inmenso territorio que abarca
y donde se dan muchos problemas allí de protocolo y de ceremonial,
el de Indias.
Algo que a mí me parece que en este ámbito del protocolo,
en lo histórico y en lo actual, deberíamos de atender a América,
me parece a mí.
Luego, ya ven en cuarto lugar los que se sitúan dentro del grupo
de los de con competencia territorial en Europa,
es decir, los consejos de Italia,
Portugal y Flandes, muy interesantes para el mundo protocolario
en la historia.
Que, como son territorios de la monarquía moderna,
forman parte de este organigrama
de la administración del Estado moderno en esta época,
los territorios europeos con sus consejos respectivos
de la monarquía y administración del Estado moderno de la época,
del siglo XVI, XVII y XVIII.
En quinto lugar, los consejos de Cámara de Castilla,
por un lado, y el de Indias,
por otro.
Y en sexto lugar, los demás de una entidad variable,
que son los de órdenes y cruzada,
que también dan mucho juego en el protocolo histórico
y en el ceremonial histórico.
Y uno de muchísima importancia y de mucho relieve que aparece
en este quinto lugar, que es el de Hacienda.
Bien, explicado todo este sistema conciliar o sinodal, institucional,
vamos a ver en este aparato burocrático
especializado del Estado moderno los problemas con sus oficiales.
Los problemas, en primer lugar, con los secretarios.
Los secretarios ocupan el primer lugar en el organigrama
y en la precedencia los secretarios de Estado
o del Consejo de Estado.
Tienen muchísimo protagonismo y poder, sobre todo en el hecho
de que como el rey no puede asistir por diferentes motivos
a las sesiones del Consejo de Estado,
son ellos los que van a representar la invisible fiscalización
del monarca.
En este supremo órgano del Estado y de la monarquía,
que es el de Estado.
Aquí, de esta específica función auxiliar
de los secretarios para lo que nacen,
pasan a un alto nivel como personajes poderosos
que van a controlar todo el centro neurológico
del Estado.
Su cénit institucional de los secretarios de Estado,
del Consejo de Estado, tiene lugar en el siglo XVI,
sobre todo en los años centrales, y después van a concurrir,
van a tener problemas, que es en lo que vamos a desembocar,
con otro tipo de secretarios, que son los secretarios privados,
que no son de Estado.
Pero disfrutan de la confianza del rey
y despachan directamente con él en las entrevistas,
en el boca a boca,
que se dice técnicamente en el sistema burocrático
de este momento, de esta época,
y despachan también por escrito con el monarca.
Forman parte del gabinete del rey,
tienen un gran peso político estos secretarios privados,
pero va a decaer su importancia en el siglo XVII
cuando entra en este escenario institucional
y en los problemas de precedencias y de preeminencias los válidos,
una figura institucional que también van a despachar verbalmente
con el rey, van a disfrutar de su confianza
pero no tienen labores burocráticos.
No atienden a esa faceta burocrática de la administración.
Los secretarios de Estado van a acabar subordinados
a los válidos, a las personas de confianza del rey,
y de tal manera que van a acabar marginados los secretarios de Estado
y se va a producir con esta situación el derrumbe
del Estado burocrático del rey.
De tal manera que en las primeras décadas del siglo XVII
tiene lugar un verdadero colapso de la administración central
que se va a intentar remediar creando otro secretario,
el del despacho universal,
que va a ser el secretario burocrático por excelencia,
que a partir de 1621 se va a escoger ante un secretario experto
para que se ocupe del despacho central.
¿Qué quiere decir esto?
Para que reciba y devuelva todos los papeles que circulan
entre los consejos.
Con el tiempo, se va a convertir, por tanto,
en el secretario del despacho universal,
un personaje sin mucha significación política,
que va a depender de los válidos que hemos visto antes
y de los primeros ministros,
y que, dicho sea de paso, lo más relevante es que trabajan,
como se dice técnicamente en la documentación,
en la covachuela de palacio durante todos los últimos 80 años
del siglo XVII.
En el 18, a partir de Felipe V, esta maquinaria comienza a decaer,
lo que significa que va a perder eficacia
y va a cobrar un gran desprestigio.
En la red de todos esos consejos y secretarías, los asuntos de Estado
se van a resolver con agobiante lentitud,
lo que va a ahogar a la maquinaria
del Estado y de la Administración moderna y.
Va a dar lugar
a que se produzcan durante años conflictos puntillosos
y largas disputas entre los distintos oficiales de los distintos consejos
por los problemas de dignidad y rango.
De tal manera que el sistema acaba por resultar inviable,
se adopta a uno a imitación francesa,
se decide arbitrar.
Una gran reforma en este régimen de los consejos
y de sus oficiales, los secretarios,
y se crea un sistema a semejanza del modelo francés
que van a ser los secretarios de Estado y del despacho,
que van a ser la fase del futuro régimen ministerial.
Que van a dar lugar a través de una junta
determinada característica del siglo XVIII,
van a dar lugar en el XIX al actual Consejo de Ministros,
que ha cumplido ya 200 años, en el que ahora no me puedo detener,
pero dejar sobre la mesa que está necesitado de investigación
también en el mundo del protocolo, precisamente en sus orígenes,
en 1823, en noviembre de 1823, por los problemas entre el presidente
y el propio consejo en su creación y también
los problemas de titularidad y precedencia entre el presidente
y también el consejo.
Dicho todo esto, en tercer lugar,
les voy a presentar un cuerpo normativo o documental
para el estudio
y la investigación de la historia del protocolo y del ceremonial español,
por si fuera de interés de los aquí presentes.
Partiendo de que, como hemos visto, no cabe duda
de que a partir de los austrias es cuando en la actividad política
de estos organismos que hemos visto de poder adquiere una gran relevancia
los ritos y los ceremoniales sinodales.
Esta actividad simbólica,
que desde luego ha sido objeto de estudio por expertos
y especialistas relevantes en esta materia,
como la profesora Sánchez González, los profesores Baltar y Barrios,
entre otros, esta actividad simbólica
atiende a ceremonias estatales y religiosas en los actos públicos
celebrados en las calles de Madrid, Plaza Mayor, Buen Retiro,
en la que participan ministros y oficiales de los consejos,
con ciertos privilegios como órganos de la monarquía en sus actos.
La materia de las prelaciones entre los consejos
va a ser una cuestión de tal trascendencia
y una fuente inagotable de conflictos
que por eso merece la pena detenerse en ello.
Para evitar estos conflictos, Felipe II va a promulgar,
primera norma a tener en cuenta,
la Real Cédula de 24 de noviembre de 1507,
que se aplica dos días después de promulgada
en la solemne entrada de Ana de Austen
en Madrid y se va a convertir en la base del orden normativo
que va a regular las precedencias conciliares en el futuro.
Esta norma la podemos ver en Cabrera de Córdoba,
donde también podemos encontrar su aplicación en su obra Relaciones
sucedidas en la Corte de España desde 1599 hasta 1614.
El mundo del protocolo y del ceremonial,
un paréntesis, es riquísimo en la documentación
y en la normativa propiamente española.
Destacamos también la normativa sobre los privilegios que afectan
a presidentes, consejeros, fiscal y secretarios,
que desde 1611 tiene lugar con el uso de los carruajes y coches,
en la Real Cédula de 10 de noviembre de 1632 también,
sobre el orden suntuario y privilegios
de los consejeros de Estado para lucir determinadas prendas
de vestir y adornos.
Conocemos también una disputa entre el Consejo de Aragón
y el secretario de Cámara y Estado de Castilla
en la ceremonia que se celebra en 1632 del juramento que hacen
las Cortes de Castilla y León
al príncipe heredero Baltasar.
Desde luego no suelen darse
conflictos de preeminencia entre el Consejo de Castilla
y el Consejo de Aragón.
Un investigador profesor de la Universidad del País Vasco,
John Arrieta, ha puesto de relieve que en Aragón
reconoce siempre el mayor rango de Castilla.
Sí que suele darse tensión cuando de forma particular
se tienen que reunir los presidentes de ambos organismos.
Una de las normativas principales del siglo XVII,
del inicio de la segunda mitad,
que va a regir este mundo protocolario
de la administración moderna a lo largo del siglo XVII,
va a ser las etiquetas generales que van a regular la presencia
de los consejeros de Estado en su condición
de sinodales del Consejo de Estado, no en cuerpo de Estado.
Por lo tanto, en lo sucesivo,
la cuestión de la precedencia de los consejos en los actos públicos
va a estar regulada por estas etiquetas,
una normativa fundamental en la materia
por qué determina el régimen de relación de los 13 consejos,
13, no Estado ni Guerra, ya hemos visto por qué,
que concurren en esa calidad y condición en cuerpo de tales.
Además, se incluye en esta orden, la cámara se excluye, perdón,
Se incluye la Cámara de Castilla en el Consejo de Castilla
a efectos ceremoniales y también se prescinde,
hay que decirlo, del de Indias.
Es muy importante
señalar que no afecta esta norma a los consejos de Estado
y de Guerra, ya lo he hecho alusión a ello,
porque como preside el Rey no hay problemas de concurrencia.
Un paréntesis en este momento
de la normativa protocolaria recibe la atención,
hay que hacer un paréntesis para prestar atención
a las juntas que surgieron como órganos pluripersonales
paralelos a los consejos, que también plantean problemas de precedencia.
Según el ritual palatino, las juntas
no concurren con los consejos en las ceremonias y actos públicos,
pero sí hay conflictos entre los presidentes de los consejos
y sus consejeros que asisten a esas juntas.
Nuevamente, me remito a los trabajos de la profesora Sánchez González,
especialista, autoridad, en las juntas ad hoc
y en las juntas ordinarias,
como tribunales ordinarios de la Administración
en este momento.
En el 18 se suceden nuevos usos y costumbres de origen francés
y se van a aplicar nuevas disposiciones
en los asuntos de precedencias.
La normativa decisiva en esta época
va a ser el reglamento de 25 de abril de 1717 de Felipe V,
que puede ser considerado como el precursor más inmediato
de los textos de precedencia que se han de aplicar en el 19.
En cuarto lugar, y ya para ir finalizando,
me voy a referir o voy a presentar una serie de documentos
sobre los que hemos trabajado en la investigación
en estos asuntos, que tienen que ver con las disputas en el seno
de los consejos entre los oficiales sobre las cuestiones de precedencia,
por si alguno de ustedes fuera de interés y.
Investigar y atender a estos documentos.
En un primer bloque encontramos los documentos referentes
a la procedencia de los secretarios de Estado
y de Cámara respecto al fiscal del Consejo de Castilla y en un
segundo bloque, en este cuerpo documental,
el que se refiere a los secretarios del Rey,
en concreto un memorial en su defensa sobre la precedencia a los abogados
de su real fisco y una disposición sobre el tratamiento
de los secretarios ad honorem.
Dos cuerpos documentales, dos soportes,
dos instrumentos que recogen una serie de consultas de finales
del siglo XVI, de 1592 y 1593, del Consejo de Castilla al Rey
sobre esos problemas de precedencia sobre los secretarios y el fiscal.
Que por ajustarme al tiempo que tengo asignado
y respetar el que tienen asignado mis compañeros de mesa
y de departamento, queridos compañeros de departamento,
pues no me voy a detener en ellos y voy a seguir avanzando para darles
también a conocer otro documento en el que hemos trabajado
últimamente en Londres, en la British Library,
sobre los papeles sobre precedencias entre consejeros y ministros
en Egerton 599, legajo 19.
Un memorial, se trata de un memorial de los secretarios de Estado y Cámara
fundando las razones por qué deben preceder al fiscal del Consejo Real.
Un manuscrito que resulta de muchísimo interés
porque recoge la súplica de estos oficiales del Rey para que
se les conceda la real cédula y poder cumplir con su pretensión
de preceder a los fiscales en los asientos,
en cualquier consejo, juntas o otros actos
en que se ofrezca concurrir con ellos,
como lo hicieron los secretarios de Cámara,
y citar a los secretarios de Cámara como aval y argumento.
En este documento observamos cómo este cuerpo
de oficiales que representan a la institución de Estado
y de Cámara aunan sus fuerzas para hacer valer su derecho.
Y observamos también
cómo los secretarios fundamentan su súplica
en el modus operandi habitual, en el régimen de precedencias
de los consejos de la monarquía y que certifican con las cédulas,
con el.
Aval documental otorgado por el rey que relacionan en el memorial.
Otro tipo de memorial que nos ofrece una información muy rica
sobre todo este asunto es el memorial en defensa de los secretarios del rey
sobre la precedencia a los abogados de su real fisco,
memorial escrito por Jerónimo de Ortega y Robles,
caballero de la orden de Santiago, del consejo de su majestad,
y su secretario
y de la junta de los descargos del señor infante don fernando puesto
dice el documento a los pies de su majestad por mano de don
fernando ruiz de contreras de los consejos de guerra indias
y secretario del despacho universal.
Y, finalmente, para concluir, otros asuntos de esta índole
e importantes los encontramos en otros manuscritos
referidos a los secretarios de Estado y a Honoren.
Por ejemplo, tenemos noticia de un ceremonial
del Consejo de Estado para varios de sus actos y funciones
y prerrogativas de los señores consejeros y secretarios,
un legajo que se conserva en la sección correspondiente.
De estado del Archivo Histórico Nacional
de sumo interés.
Y otro documento que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid,
que tiene que ver, es una disposición sobre el tratamiento
de los secretarios Andon o Noren del Rey,
un manuscrito, como digo,
de la Biblioteca Nacional de 1732,
que por su mandado hace escribir con acuerdo del consejo
don Juan de Icaza y Moral, secretario de Cámara del Rey,
y es una disposición que va dirigida a las autoridades locales
de la ciudad de Cádiz con motivo de unos autos
sobre la remoción de depósitos.
De unos bienes en el Depositario General de la Ciudad,
en el que se recuerda el tratamiento de señor del secretario
Azonoren del Rey ante el desacuerdo que con las dichas autoridades
surge por esta distinción del secretario del Rey.
Parece ser que el problema surge porque no acepta en este asunto
el alcalde mayor de Cádiz
el tratamiento ad honorem del secretario de Cámara del Rey
que firma esta disposición por mandado del rey don Juan de Icaza
y Moral.
Muchas gracias.