Buenas tardes,
bienvenidos todos y buenos días
para los que están conectados online.
Estamos en la mesa número 5, educación y educación social
con personas privadas de la libertad en América Latina.
Primero voy a pasar a presentarme,
me llamo Estrella Carrasco Fernández,
soy licenciada en Derecho.
Y estuve como subdirectora de la Unidad Externa de Madres,
Jaime Garralda, de aquí de Madrid, dependiente del CIS Victoria Ken,
del 2011 al 2017, e inspectora junta
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de 2017
al 2020.
Ahora procederé a presentar a los ponentes de esta mesa.
Recordándoles, por favor,
que tienen diez minutos de intervención.
A ver si podemos ser un poquito puntuales.
Me parece a mí que va a ser un poquito difícil, pero bueno,
lo intentaremos.
En primer lugar, van a tener una participación conjunta
Jairo Alberto Martínez Hidárraga y Claudia María López Ortiz,
Universidad Libre, seccional Pereira, Colombia.
Y Monserrat Pantoja Zarza, Scuni.
Intervienen los tres juntos.
Por otra parte, Marcela Altamirano, Coordinadora
del Programa de Inclusión a la Educación Universitaria,
Capacitación y Construcción de Trayectorias
Educativas y Laborales de la Universidad Nacional Guillermo
Brown, UNAP.
Directora de Proyección Social, Área
Estatal de la Secretaría de Desarrollo,
Seguridad Social y Derechos Humanos de la Municipalidad de
Almirante Brown, Argentina.
Capítulo Argentina, INNGFS.
Por otro lado, Diego Silva Baleiro,
Instituto Académico de Educación Social y AIS Uruguay.
Seguidamente, Franco Ruz, Volver a Casa,
Chile, Capítulo Chile, INN GFS.
Y después, conjuntamente también, Ingrid Victoria Sarmiento Aponte,
de Filosofía Dinamizadora Nacional, Proyecto Libertad Educativa,
Aleteya UNAT, y Luis Alberto Triana Llano,
Máster en Filosofía, Monitor Proyecto Libertad Educativa Aleteya UNAD.
Persona exprivada de la libertad.
Intervienen juntos.
Bienvenidos a todos.
¿Están ya conectados?
Empezamos por Jairo, Claudia y Monserrat.
Gracias.
Bueno, buenas.
Sí.
¿Esto es Kuni?
Sí.
Eso es.
Tampoco, no lo reconoces.
Ahora sí.
Ese no es.
Ahora, nada, medio no ayudéis.
Dejadlo que ya lo ponéis.
Ah, vale.
Pues lo tenéis que compartir.
Bueno, pues vamos empezando.
Buenos días a todas las personas que nos están viendo desde América.
Buenas tardes a todos los que estáis aquí
y a los que nos están viendo por el canal de la UNED
en el resto de España.
Quiero comenzar dándoles las gracias a Francis,
no puede ser de otra manera, por invitarnos en esta mesa
y también a Estrella Castro por moderarla,
al igual que el resto de compañeros con el que compartimos espacio.
Para mí es un privilegio muy especial
estar en la Mesa de Educación y Educación Social
con personas primas de libertad en América Latina.
Lo es mucho, y más en concreto en esta comunicación,
como parte de un equipo multidisciplinar
que representa la realidad de Colombia en este Congreso.
Por si todavía alguno no se ha dado cuenta.
No tengo acento colombiano, soy española.
Por lo tanto, es un doble privilegio poder participar
por llevar más de 25 años trabajando en el contexto latinoamericano
en diferentes cuestiones
y por diferentes motivos profesionales.
Quiero seguir agradeciendo brevemente estos meses de trabajo
en la Universidad Libre Seccional de Pereira, en el corazón
del eje cafetero colombiano, a mis compañeros de camino,
Claudia María López, acá conmigo y a Jairo Alberto Martínez
por todo lo compartido en esta investigación
que realmente ha tenido un enfoque multidisciplinar
y tiene mucha riqueza.
Los tres compartíamos una misma motivación y preocupación
de enriquecer nuestras miradas de la realidad de las personas
privadas de libertad, en este caso en Pereira,
desde un trabajo social en el caso de Claudia,
desde el ámbito jurídico en el caso de Jairo
y en mi caso como socióloga.
En este caso nuestro, venga el caso en redundancia,
nuestro objeto de estudio
fue el establecimiento penitenciario y carcelario de hombres de Pereira,
más conocido y a partir de ahora como la 40,
al cual agradecemos todas las facilidades para poder
llevar a cabo esta investigación.
En mi caso
como socióloga e investigadora de temas socioeducativos
y de educación social, mi interés ha estado centrado
en el cumplimiento del derecho a la educación en contextos penitenciarios
y en la aplicación del enfoque de género desde las reglas Bangkok.
Sí, no se sorprendan.
Incluso cuando trabajamos en una cárcel de hombres
es necesario tener en cuenta este marco internacional.
No se limita exclusivamente a las mujeres privadas de libertad,
sino que interpela la necesidad de formación y sensibilización
del personal penitenciario en perspectiva de género,
diversidad y derechos humanos.
Algo que en Colombia,
como en muchos otros países de América o en España,
sigue siendo un verdadero reto.
La actualización profesional
y la especialización del personal que trabaja con personas
privadas de libertad en materia de temas socioeducativos.
No solamente en Colombia,
sino que aquí nos podríamos meter, creo que muchos,
por lo que llevamos oyendo esta mañana.
Perdón, perdón, que no hemos pasado.
Perdón, perdón, aquí.
Sí, no más.
Acá, sí.
La educación social especializada en contextos penitenciarios
sigue constituyendo hoy uno de los ejes más relevantes
en la reflexión contemporánea sobre derechos humanos,
justicia restaurativa y pedagogía transformadora.
En el marco de las sociedades iberoamericanas
nos encontramos con profundas desigualdades.
Los sistemas penitenciarios se han convertido
en espacios donde confluyen las fallas estructurales
del propio estado de derecho de los países,
pero también las oportunidades para construir ciudadanía
mediante procesos formativos con sentido humano
y de comunidad.
En el caso de Colombia,
el derecho a la educación de las personas privadas
de la libertad se encuentra recogido en la Constitución en su artículo 67
y en la ley 65 del Código Penitenciario Carcelario.
Sin embargo, la brecha entre el reconocimiento normativo
y la práctica cotidiana persiste.
Según el Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario de Colombia, el INPEC,
en 2025 el país tenía 103.704 personas privadas de libertad
distribuidas en sus 125 centros penitenciarios,
con una tasa de hacinamiento.
Superior al 55%.
En este contexto, la educación se presenta
no sólo como una obligación estatal,
sino como una herramienta de resocialización, inclusión
e incluso de restitución simbólica de derechos vulnerados
a lo largo de la trayectoria de exclusión que precede
a la privación de libertad.
En el ámbito latinoamericano, organismos como la UNESCO,
el propio Consejo de Europa en el año 90,
las reglas Mandela en el 2015,
han establecido marcos que reconocen la educación penitenciaria
como un derecho humano fundamental, equivalentes en calidad
a la educación ofrecidas en el medio libre.
La educación en prisión debe, por tanto,
proporcionar el derecho integral de la persona,
fortalecer su capacidad crítica, estimular el pensamiento reflexivo
y generar condiciones para una inserción social
y laboral digna.
Este enfoque coincide con la tradición
de la pedagogía social, entendida como un campo interdisciplinar
que articula la educación, la acción social
y la investigación en torno a procesos de emancipación
y construcción de ciudadanía.
Sin embargo, los estudios recientes
evidencian que el modelo colombiano de educación penitenciaria
se mantiene fragmentado, se mantiene intermitente
y poco articulado con políticas educativas nacionales
como regionales poco asimiladas.
La discontinuidad de convenios con instituciones educativas,
la falta de financiación estable, la escasa acreditación oficial
y la débil articulación interinstitucional
limitan su impacto.
Estas deficiencias comprometen la finalidad resocializadora
de la pena y generan desmotivación entre los internos,
que perciben la educación más como un privilegio precario
que como un derecho garantizado.
El presente trabajo que les presentamos hoy analiza de manera
crítica el modelo educativo penitenciario colombiano,
tomando como caso de estudio la 40.
En la 40, en la actualidad, fecha de marzo,
del 2025 había 1029 personas presas privadas de libertad hombres
y la capacidad real de esa cárcel
es de 649 el nivel de hacinamiento supera el 58% a través de un enfoque
interdisciplinar se integran los aportes de la educación social
y de la pedagogía y la investigación socio jurídica
para comprender las tensiones entre los discursos normativos
las prácticas institucionales y las experiencias educativas
vividas por las personas privadas de libertad.
La investigación propone una lectura humanizadora,
estos son los objetivos que ahora les leeré,
lo que hemos trabajado en breve, ahora nos cuenta más cosas Claudia,
se concibe la cárcel como un espacio de intervención
y de pedagogía comunitaria
en el que la formación puede generar procesos de subjetivación positivos,
de reconstrucción de vínculos sociales
y fortalecimientos de capacidad para la vida en libertad.
Desde el enfoque socio jurídico
se problematiza la efectividad de las normas,
la responsabilidad del Estado en la garantía de derechos
y la necesidad de diseñar políticas públicas sostenibles
e interinstitucionales que articulen la educación,
trabajo y justicia restaurativa.
La experiencia de la 40 se inscribe además en un barco iberoamericano
donde la transformación pedagógica en contextos de encierro
se vinculan cada vez más con los principios
de la educación para todos, la educación a lo largo de la vida
y la inclusión social.
Nuestros tres propósitos han sido analizar la percepción y expectativa
de los internos frente a los procesos de educación
en el establecimiento penitenciario y carcelario de Pereira,
examinar las limitaciones estructurales del modelo educativo.
Penitenciario colombiano
a la luz de la normativa nacional e internacional
y por último en el estudio se hacen propuestas y lineamientos
de articulación interdisciplinar con la pedagogía social
e investigación socio jurídica para consolidar un modelo
educativo penitenciario con un enfoque de derechos humanos
y con esto paso la palabra a Claudia que nos contará
cómo hicimos este trabajo.
Bueno, muy buenas tardes aquí.
Buenos días en América Latina.
Muchas gracias, Monserrat.
Realmente, sí, te has convertido en una voz más de este proceso
y de este propósito, que en un contexto rápido,
Monserrat llega a Colombia como parte de su trabajo de tesis doctoral
a hacer una estancia investigativa.
Y allí entonces, no obstante, su trabajo de alguna manera
se sitúa mucho en el ámbito femenino,
pues también miramos qué compartimos desde las lógicas
de nuestra facultad, en este caso una facultad de ciencias jurídicas
y socio jurídicas,
por eso quizás se menciona tanto, donde están anclados programas
como grados de trabajo social y de derecho,
y es desde allí donde emerge la reflexión.
Toda vez que para,
digamos que para la universidad, el ámbito penitenciario
y para la región siempre ha sido de especial interés.
Entonces, llegamos al establecimiento,
llegamos al establecimiento penitenciario
y allí pues básicamente lo que queremos es hacer
una aproximación interdisciplinar, gracias a Laura,
con quien estuvimos compartiendo ese mismo día espacio.
Y hacemos entonces, a lo largo de los últimos seis meses,
más o menos desde el mes de marzo,
venimos haciendo aproximaciones al contexto educativo
del establecimiento, toda vez que él pasa por dinámicas
que exigen una revisión.
Muy a fondo de la normativa y también obviamente digamos
que del propósito que tiene la educación en un espacio como estos
que desafortunadamente hoy más que nunca se ve fragmentado
y no cumple como con lo que estuviéramos esperando
y es por eso el análisis.
Entonces, hemos aplicado dos técnicas dentro de una investigación
descriptiva analítica que tiene como propósito también
en una aproximación a la hermenéutica crítica,
pues plantear básicamente lo que está ocurriendo
y siempre cruzando las dos áreas.
Cruzando las dos vertientes de las propuestas
de la pedagogía social con las propuestas de dignidad humana
y derechos humanos, como lo plantea el enfoque socio-jurídico.
Y es allí entonces como hemos trabajado específicamente
una observación participante a lo largo de seis meses
con unos registros permanentes y un grupo focal,
que fue el espacio básico desde el cual emergieron las voces,
que son las que hoy queremos tratar de compartir rápidamente,
ya en estos cinco minutos que nos quedan,
reconociendo que básicamente en esa complejidad
y en esa mirada de esos dos procesos,
emergen específicamente tres grandes categorías.
Las trayectorias de exclusión, que ya lo planteaba Monserrat,
son previas a la internalización o prisionalización.
El control institucional, obviamente,
donde la educación se ofrece como una de alguna manera más
como una medida de control y una medida,
qué sé yo de aprovechamiento, entre comillas, del tiempo libre,
de procesos de redención de pena y obviamente la búsqueda de sentido
de la educación que nos entregan los privados de libertad
en ese entonces.
Aquí les voy a compartir esta lámina muy rápidamente.
Trabajamos ese grupo de discusión para analizar ese primer objetivo
que planteamos de conocer las expectativas de los internos
frente a los procesos de privación de libertad.
Bueno, habría que reconocer muchísimo la demografía que acompaña
a estos internos, personas de distintos lugares de Colombia,
con edades entre los 20 y 40 años de edad,
cuyas aproximaciones a la educación
antes de estar en prisión eran muy diversas.
E hicimos allí un muestreo institucional,
voluntario, entre comillas,
pero con una aproximación ética importante
para que ellos nos pudieran compartir sus experiencias.
Y es allí entonces como básicamente el grupo transcurre
alrededor de tres grandes también intencionalidades.
Conocer las motivaciones
que se tienen para estudiar estando en prisiones,
en esa condición de esa prisión, los obstáculos institucionales.
Perdón, que ellos observan y estructurales
que tiene la educación y las expectativas que todavía
existen frente a la educación dentro de la privación de libertad
y a futuro para los procesos de reinserción.
Es allí entonces como en ese, de alguna manera
en ese sentido que es básicamente lo que queremos expresar las voces,
estamos haciendo ya la.
La construcción del informe,
pero básicamente lo que queríamos allí era triangular específicamente
desde ese grupo de discusión,
pues qué es lo que para ellos viene siendo en este momento la educación,
lo decía Monserrat, tenemos particularidades
con los modelos
y toda vez que los modelos dependen de convenios
o de alguna manera así de ejercicios institucionales,
que se hacen para poder que la educación llegue.
Y si los convenios no se firman, la educación no llega,
entonces se hacen, discúlpenme la expresión,
unos remedios educativos,
que son los que los estudiantes vienen sintiendo que están viviendo.
Y quizá la educación antes de la prisión
no tenía el sentido que tiene ahorita.
Voces desde la educación me da valor ante mi familia,
es decir, soy quien soy porque estudio para mi familia.
Fue algo muy presente a lo largo de la voz.
La educación me ayuda a crecer
y es como lo único que me permite cambiar.
Emergieron entonces allí cuatro grandes categorías
que interpretamos a la luz de los significados
y las valoraciones que tiene la educación para ello,
las expectativas en torno a la participación
en educarse, esos obstáculos del modelo educativo
y las proyecciones hacia una reinserción social.
Cada una de estas categorías advierte una tensión entre las necesidades
de transformación de los internos y las limitaciones institucionales
tan inmensas que condicionan esa experiencia
y que hacen que no termine siendo, por lo menos en este momento,
ante la situación que encontramos,
pues una experiencia poderosa intramuros.
De alguna manera,
había una voz que también nos llama la atención,
es cuando se emerge que el proyecto de vida se suspende.
Quizá la educación antes no tenía la posibilidad
de ser el proyecto de vida.
En prisión se convierte en un proyecto de vida
porque permite obviamente una carta de presentación ante la familia
y una posibilidad real en el mundo,
pero el hecho de que funcione tan intermitente,
pues de alguna manera está develando que no tiene la posibilidad
de ser el proyecto de vida.
Ahí en esas aspiraciones todos manifestaron la importancia
de un título para la familia, para los hijos,
de ser modelo frente a los hijos,
frente al tema escolar que antes no se tenía
y específicamente cómo manejar
el estigma del delito, que ustedes lo saben,
en el caso colombiano es un tema de muchísima incidencia.
Sobre todo en nuestros territorios y esa,
digamos que esa intención también coincide
en ese cruce que estamos haciendo con la pedagogía social con Freire,
donde aprender es obviamente reapropiarse la posibilidad
de un futuro y pensar un futuro diferente
cuando se estuviera en otras condiciones.
Encontramos obviamente que la educación social
para el caso del grupo,
de los resultados y de la observación,
pues significa una vía posible de humanización.
Aquí encontramos obviamente también muy orientados planteamientos
de Caribe.
Encontramos también que el modelo disciplinario
y el enfoque de derechos también tienen una discusión
importante sobre.
Toda vez que en Colombia,
lo que decía ahorita Monserrat, la lógica educativa
está mucho más transversalizada,
es por lo disciplinario y lo utilitarista,
más que realmente, o como un mecanismo de control,
más que obviamente como un tema de derechos humanos
específicamente.
Y vemos también la necesidad de esa articulación socio-jurídica
con la pedagogía en términos
de reproducir todo ello hacia nuevas políticas,
hacia procesos investigativos permanentes,
obviamente como rutas, digamos que indispensables,
que permitan obviamente a futuro no solamente reconocer la importancia
de la norma, una norma coherente a lo que está pasando,
sino también una propuesta de empleabilidad y de cohesión social
mucho más situada.
Quizás los dos elementos más importantes
de la discusión terminan siendo que la educación social
en prisión demanda investigación aplicada.
Para el caso
nuestro demanda currículos mucho más interdisciplinares,
demanda prácticas profesionales también más amplias
que trasciendan obviamente la asistencia
para que se conviertan en pedagogías mucho más sociales,
mucho más, nosotros también hay que reconocerlo,
en el caso colombiano y más en el caso del eje cafetero
no tenemos aproximación a la pedagogía social.
Quizás la hemos aprendido un poco y de manera acompañante más bien
con los procesos que de tiempo atrás compartimos
con los grupos de investigación de ustedes.
Y en ese orden entonces sí necesitamos
que ese sentido de vida pueda estar mucho más acompañado
de las propuestas de la pedagogía social
que la misma educación.
Básica que tiene.
Estos hallazgos nos permiten reconocer que los internos a su vez
valoran esos espacios muchísimo, es decir,
la participación fue muy amplia, fue muy abierta,
fue muy espontánea y ya no se tiene miedo a asumir los datos biográficos
como producto obviamente
y como punto de partida para proyectar futuro
y educarse.
Y el segundo
tiene que ver con lo que también habíamos planteado,
la necesidad de que la articulación socio-jurídica
no sólo vaya por la aplicación de la norma,
sino que esa mirada socio-jurídica permite obviamente una garantía
progresiva en términos de dignidad y de derechos.
Y sabemos que Colombia en temas de poscondena
y en temas obviamente de educación penitenciaria
requiere mayores esfuerzos y mayor articulación
entre el sistema tradicional,
obviamente lo que se ofrece en formación para el empleo,
que tiene el SENA y en este caso obviamente tratar
de no tener solo prácticas de voluntad
como los convenios, sino derechos efectivos
para los privados de libertad que en este momento sentimos,
reconocen en la educación una real aproximación.
Monserrat, creo que terminas tú con nuestras conclusiones.
Sí, como conclusiones.
Como conclusiones,
tenemos que la educación en prisión es un derecho fundamental,
como hemos visto, y Colombia requeriría una ley nacional
penitenciaria que establezca una financiación estable,
una coordinación institucional
y que no dependa simplemente del partido político que salga
ni a nivel nacional.
Ni a nivel regional.
El modelo educativo
debe transformarse desde la pedagogía social,
comentaba ahora Claudia.
Esta realidad en Colombia es una realidad incipiente,
pero no única.
En algunas regiones, en Barranquilla y en otras partes del país,
se está trabajando en ello y con todo en la relación
y el trabajo con la UNED se sigue avanzando.
En relación a la cooperación iberoamericana,
Vemos que se ofrece un horizonte de innovación y apoyo técnico,
y aquí estamos representando a diferentes países.
Colombia puede y debe aprender de modelos de otros.
No tiene que tener complejos de aprender de modelos de otros
y debe ayudar a ese camino.
El Estado colombiano debe articular, esto nos lo acaba de contar.
Claudia, no voy a incidir porque el tiempo ya es escaso,
en diferentes políticas de los diferentes órganos públicos
y se requiere una política de seguimiento pospenitenciario
y en eso la facultad,
como antes presentaba Isabel, Claudia, que es socio jurídica,
hay un gran compromiso por los profesionales de trabajar,
de no simplemente el papel del abogado
una vez que cumple la pena,
ya nos olvidamos de la persona privada de libertad,
entra a prisión, ya excede a nuestras competencias,
sino el ir trabajando otras líneas.
De formación continua también con otros profesionales.
Y por último, unido a eso,
la investigación socio-jurídica que debe estar siempre presente
y en la rendición de cuentas al Estado colombiano.
Y hasta aquí nuestra presentación.
Muchas gracias.