El tema elegido es inclusión y protección jurídica
de la discapacidad.
El programa de doctorado es políticas sociales,
servicios sociales y estado de bienestar.
Los directores son Francisco Gómez y Jesús Fernández.
En una introducción, la discapacidad ya no se concibe únicamente
como una cuestión asistencial,
sino como una cuestión de derechos humanos,
de autonomía personal, de participación en la vida social.
En España, el reconocimiento de este paradigma
ha dado lugar a importantes reformas normativas
y sociales que intentan asegurar que las personas con discapacidad
puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
En el 2025, Nos encontramos en una fase de transición.
Se han promovido reformas profundas,
pero aún persisten retos que exigen un enfoque renovado.
En los problemas de investigación, este trabajo parte
de la identificación de tres grandes problemas.
Primero, la brecha entre el reconocimiento normativo
y su aplicación efectiva.
Aunque en los últimos años se han aprobado reformas significativas
como la modificación del artículo 49 de la Ley 2 de 2025,
aún estamos lejos de conseguir el pleno reconocimiento.
Un segundo es la persistencia de modelos existenciales.
Un ejemplo es la reforma del texto constitucional respecto
al artículo 49.
Que ya pasó a denominarse a personas con discapacidad
y se hincapié en la autonomía.
Un tercero es la desigualdad territorial.
Las comunidades autónomas presentan bastantes diferencias en servicios,
soportes y políticas de inclusión.
Los objetivos.
Tenemos objetivos generales.
Analizar las transformaciones del sistema jurídico
español en materia de discapacidad desde una perspectiva
de los derechos humanos, valorando los avances consecutivos
y los retos aún pendientes en su aplicación práctica
en este año, en el 2025.
Objetivos específicos.
Examinar la evolución normativa y doctrinal.
Por otra parte,
evaluar el impacto de estas reformas en ámbitos concretos
como el empleo, participación, vida independiente,
coordinación institucional.
Un último punto es identificar los modelos de desafío emergente
como accesibilidad tecnológica, desigualdades territoriales,
servicios de apoyos y políticas públicas eficaces.
En cuanto a la metodología, para abordar esta investigación
se emplea una metodología cualitativa,
con un enfoque jurídico, socio jurídico,
articulada en tres grandes bloques.
En una primera revisión normativa, legislativa y doctrinal,
se van a analizar las principales normas nacionales
y la evolución doctrinal en España.
Un segundo punto es analizar las políticas públicas,
programas y casos prácticos.
Se estudian los programas autonómicos,
servicios de apoyo, programas de accesibilidad,
buenas prácticas y desigualdades entre las comunidades.
Para ello me valgo de entrevistas y revisiones documentales,
se recogen testimonios de personas con discapacidad, profesionales,
asociaciones, entidades y así mismo se revisan informes,
memorias y datos disponibles hasta este año.
En cuanto a avance y resultados,
tenemos transformaciones normativas significativas,
como ya lo ha mencionado el artículo 49
de la Constitución.
Reconoce la autonomía y la igualdad del ejercicio de capacidad jurídica,
la aprobación de la Ley 2.025 del 21 de abril.
Entre los retos persistentes nos encontramos
recursos insuficientes, desigualdades autonómicas,
el riesgo de inclusión en la tecnología.
En conclusión, en resumen, en el año 2025 el marco jurídico
español para la discapacidad ha dado pasos importantes
hacia una plena inclusión,
reconocimiento de la capacidad jurídica, la autonomía personal
y la participación social.
El verdadero reto consiste en convertir este marco formal
en igualdad real.
Para ello se requieren no solo reformas legales,
sino también recursos adecuados, culturas de derecho y atención
a las transformaciones tecnológicas.
El camino ya no pasa únicamente por reconocer derechos,
sino asegurar que ninguna persona con discapacidad quede excluida
de ejercerlos plenamente.
Bueno, pues gracias.