Buenos días, mi nombre es Raquel Rodríguez,
soy estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid
y es un placer dirigirme a ustedes en estas segundas Jornadas
Internacionales de Innovación
promovidas por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia para presentar el análisis
del proyecto de decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid por el que se regula el procedimiento para la realización
del practicum de los futuros docentes y profesionales
de la educación en esta región.
Este nuevo marco normativo tiene un propósito claro,
garantizar una formación práctica de calidad
y coherente con las exigencias del sistema educativo actual,
alineada con el espacio europeo de educación superior.
Contexto y necesidad del decreto.
La Ley Orgánica de Educación establece que la formación
del profesorado es un factor esencial
para la calidad del sistema educativo.
En este sentido,
el practicum es una pieza clave en la formación inicial
porque permite al estudiante entrar en contacto
con la realidad de las aulas, comprender su complejidad
y desarrollar las competencias profesionales necesarias
para ejercer la docencia.
Hasta ahora, este proceso se regulaba mediante órdenes
del consejero de Educación, Ciencia y Universidades con vigencia
limitada a cada curso escolar.
El nuevo proyecto de decreto refuerza la seguridad jurídica,
homogeneidad y transparencia del proceso,
estableciendo un procedimiento común para todos los grados de magisterio,
pedagogía y psicología, así como para el máster de formación
del profesorado de secundaria, bachillerato, formación profesional,
enseñanza de idiomas y la formación pedagógica y didáctica equivalente
a efectos de docencia.
El proyecto de decreto se estructura en una parte expositiva
y una parte dispositiva y consta de 26 artículos
distribuidos en cinco capítulos, una disposición adicional,
una disposición transitoria y dos disposiciones finales.
Ha de subrayarse a este respecto una cuestión sustancial.
Se trata de un proyecto de decreto cuya tramitación está en curso,
consistiendo en un texto vivo que aún puede mutar en el proceso
de tramitación normativa.
Al tratarse de información sometida a publicidad activa,
se encuentra publicada en el Portal de Transparencia de la
Comunidad de Madrid en la pestaña Normativa y planificación
y, dentro de ella, en Normativa en tramitación.
Por ello, el análisis efectuado a lo largo del vídeo queda supeditado
a la evolución de la norma según su tránsito
en las distintas instancias, que deben conocer de él,
entre ellas, Abogacía General de la Comunidad de
Madrid y la Comisión Jurídica Asesora .
Entre las disposiciones generales,
el decreto regula el periodo de prácticas formativas
que los estudiantes universitarios realizan en centros educativos
no universitarios de la Comunidad de Madrid.
Afecta tanto a centros públicos
y concertados como a centros privados,
así como al personal docente que participa en la tutorización
y las universidades públicas
y privadas que suscriben convenios con la Administración Educativa.
El objetivo del proyecto de decreto es claro,
ofrecer una experiencia formativa integral
que combine el aprendizaje académico con la práctica profesional real,
siempre bajo la tutela de profesores en ejercicio activo.
Asimismo, el decreto se apoya en tres grandes principios.
Primero, la transparencia.
Según este principio,
cada universidad será responsable de asignar las plazas de prácticas
a sus alumnos mediante las plataformas digitales
habilitadas por la Consejería de Educación,
evitando así la delegación de esta labor en el estudiantado.
Segundo, la coordinación.
Se refuerza la cooperación entre todas las partes implicadas,
universidades, centros educativos y administración,
para lograr la máxima eficacia en la gestión del practicum.
Y tercero, la gratuidad.
Ni los alumnos, ni los centros,
ni los tutores recibirán o abonarán cantidad alguna
por participar en las prácticas,
ya que tienen carácter estrictamente formativo
y no remunerado.
En cuanto a las partes intervinientes, el decreto define
de manera precisa todas las figuras que intervienen en el practicum.
Entre ellas se encuentran, por un lado,
los centros educativos no universitarios de formación
en prácticas, que deberán estar reconocidos oficialmente
por la Dirección General con competencia en materia de formación
del profesorado.
Estos centros podrán ser públicos, concertados o privados,
y su reconocimiento tendrá vigencia anual,
prorrogable si se mantienen las condiciones requeridas.
Por otro lado, el tutor de prácticas del centro educativo
que acompaña al estudiante en su día a día le orienta
en la planificación didáctica,
en la evaluación del alumnado y en la integración
en la vida del centro.
Cada tutor podrá atender como norma general
a un máximo de dos estudiantes por curso y su labor será reconocida
como actividad de innovación docente.
El texto prevé igualmente situaciones de excepcionalidad.
El decreto también establece la figura del coordinador
de prácticas del centro educativo,
que será el director, existiendo la posibilidad
de delegar en el equipo directivo tales tareas.
Esencialmente, su función es servir de enlace entre la universidad
y el centro, garantizar la buena comunicación
y supervisar la gestión de las prácticas.
En el ámbito universitario,
además de hacerse una alusión expresa a las universidades,
el texto también distingue entre el tutor de prácticas
de la universidad, responsable del seguimiento académico
y de la evaluación del estudiante,
y el responsable de coordinación de prácticas,
que vela por el cumplimiento de los objetivos formativos
y promueve proyectos conjuntos de innovación educativa.
Trata igualmente los requisitos del alumnado de practicum en lo relativo
a que éstos deben cursar titulaciones que estén orientadas al ejercicio
de la docencia y sean consideradas dentro de la formación inicial
del profesorado
prevista en la Ley Orgánica 2-2006 de 3 de mayo de Educación.
No contempla la realización de otras prácticas formativas
vinculadas a actividades educativas.
Finalmente, el texto habla sobre la dirección general competente
en materia de formación del profesorado,
así como sobre las relaciones de coordinación
entre todas las partes.
Para lograr esa efectiva coordinación,
así como para garantizar el correcto funcionamiento
del sistema, el decreto crea dos órganos colegiados.
En primer lugar, la comisión de seguimiento,
que supervisará la implantación del practicum,
resolverá incidencias y propondrá mejoras.
Y en segundo lugar, la Comisión Rectora,
encargada de establecer las directrices generales,
aprobar el calendario anual y designar los centros de prácticas.
Ambas comisiones contarán con representantes de la Administración,
de la Inspección Educativa y de los centros escolares
y de las universidades.
El desarrollo del practicum se articula
mediante convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid
y las universidades interesadas.
Estos convenios especificarán las condiciones de colaboración,
los compromisos de las partes y los aspectos administrativos necesarios
para la correcta realización de las prácticas.
Cada curso, la dirección general competente en materia de formación
del profesorado abrirá una convocatoria de centros
de formación en prácticas, publicará la relación de centros
reconocidos y gestionará la asignación de plazas.
Las universidades serán responsables de asignar a sus estudiantes
en los centros disponibles,
evitando cualquier conflicto de interés o relación laboral previa
con el centro.
Las prácticas se desarrollarán conforme al calendario
aprobado por la comisión rectora
y los estudiantes deberán cumplir con las normas de asistencia,
puntualidad y confidencialidad propia de los centros educativos.
La universidad garantizará la cobertura de responsabilidad civil
durante todo el periodo de prácticas
y velará por el cumplimiento de la legislación de protección
de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Al finalizar el periodo,
tanto los tutores como los estudiantes
deberán realizar una valoración a través de los medios digitales
habilitados y la comisión de seguimiento
elaborará informes periódicos para evaluar el grado de cumplimiento
y proponer acciones de mejora.
Tal como establece la parte expositiva,
el proyecto de decreto respeta todos los principios
de buena regulación, necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Además se han emitido los informes preceptivos
del Consejo Escolar, la Abogacía General
y la Secretaría General Técnica de la Consejería Proponente.
Su aplicación está prevista a partir del curso escolar 2026-2027
con una disposición transitoria
que mantiene la regulación vigente durante este curso 25-26,
asegurando así una transición ordenada.
A modo de conclusión, indicar que este proyecto de decreto
pretende consolidar a nivel regional desde una perspectiva normativa
la formación inicial del profesorado de la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias.