Buenos días, buenas tardes o buenas noches,
dependiendo de cuándo puedan ver esta videoclase
de un tema que es el demanio marítimo, las costas,
las playas, donde en España al menos muchos de nosotros tenemos la suerte
de veranear, de disfrutar,
y en la que poco a poco vemos cómo ese demanio marítimo terrestre
está permanentemente acechado.
¿Por qué?
Por dos elementos, la presión urbanística,
urbanístico-turística, al menos en nuestro litoral,
y luego por un fenómeno que, vuelvo a repetir,
en la primera lección describimos,
ven entonces el sentido de esa primera lección introductoria
por el cambio climático.
¿Cuáles son los antecedentes remotos del demanio marítimo?
Y de nuevo, volvemos a la descripción del bien.
¿Qué es demanio marítimo?
¿Qué es la costa?
¿Qué es objeto de regulación jurídica del demanio?
De la costa es decir es el mar es la playa
son las dos cosas pues de nuevo
comenzamos como como hacíamos en la lección de aguas
con el derecho romano que considera público el uso de las orillas del mar
y también públicas las cosas que no tienen dueño
entre las que se cuentan como decía en las partidas
el agua del mar y la arena del fondo.
Son las partidas las que dice, fíjense de qué manera tan bonita,
que todas las criaturas pueden usar el mar y su ribera,
pescando o navegando, o haciendo lo que a su interés convenga,
porque estas cosas pertenecen comunalmente a todas las criaturas.
Esa ley de aguas, y de nuevo,
como no engañamos en la primera lección introductoria de 1866,
la que por primera vez regula por razones de seguridad
conjuntamente las aguas marítimas y las continentales.
Y ya define jurídicamente la playa
como el espacio que alternativamente cubren y descubren las aguas
en el movimiento de la marea.
Es posteriormente, y aquí sí que hay ley tecnocrática,
entre comillas,
del periodo franquista de costas del año 69, en el que se definen,
en el que primero acecha la presión turística
y supuso un intento de armonización de la legislación preexistente,
aunque realmente no contemplaba
ni un sistema de planificación costera
ni tampoco un régimen sancionador claro.
¿Qué es lo que ocurre?
Constitución de 1978 y nuestro artículo 132,
como también han estudiado en las lecciones de bienes,
demanializa expresamente las costas.
Y dice el artículo 132,
son bienes de dominio público estatal los que determine la ley.
Es decir,
ahí hay un saco, una cláusula de determinación legislativa.
Eso ya lo habíamos visto o lo habéis visto en Administrativo 3.
Y en todo caso, para que vean la importancia que le dan,
la zona marítimo terrestre, las playas,
el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica
y la plataforma continental.
Entonces, como ven,
es muy interesante cómo la Constitución de 1978.
Solo demanializa expresamente todo aquello que tiene relación
con la zona marítimo-terrestre.
Es decir, no habla de las aguas,
no habla de los montes o de la protección de la naturaleza,
porque precisamente ya en el 78 se ve esa presión mayor.
Sin embargo,
bueno, constitucionalización, por lo tanto, año 78,
pero no tenemos ley de costas postconstitucional hasta el año 78,
en el que, y esta ley fue la más progresista
en este sentido desde la perspectiva de la demanialización.
¿Por qué?
Porque en su exposición de motivos precisamente habla del peligro,
es decir, de la urgencia, del incremento de la población,
de la intensificación y masificación de los usos turísticos,
agrícolas, industriales, pesqueros, y habla, en efecto,
de un proceso de depredación y privatización del dominio público
marítimo terrestre.
La sentencia del Tribunal Constitucional de julio
del año 91
confirma la adecuación de la ley de costas a la Constitución,
salvo en aspectos muy concretos en cuanto a la distribución
de competencias.
¿Cuál fue el objetivo principal de la ley de costas?
Tuvo por objeto primero la protección,
la utilización y policía del dominio público marítimo terrestre
y especialmente de la Riviera del Mar
con un enfoque fuertemente publicador.
Es decir, a diferencia del modelo de aguas
en el que vemos que tiene un enfoque muy publicador pero.
Mantiene cierta dualidad,
la ley pretendió la demanialización de la costa española
sin inversión pública, hablo del coste de los deslindes,
y entre comillas disfrazando de técnica concesional.
Lo que realmente era una expropiación sin indemnización,
es lo que los norteamericanos llaman un regulatory taking,
es decir, a través de la regulación
se está produciendo una expropiación,
porque hay un aumento de la demanualización,
de la declaración del dominio público de una franja muy importante.
Entonces, ¿esto por qué?
Porque como consecuencia del diagnóstico llevado a cabo
de la situación, ¿Y el resultado cuál fue?
El que casi ha entrado en los años 90,
sobre todo en el Mediterráneo, la urbanización era ya masiva
y consolidada.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Que este enfoque publicador.
Choca con la situación real.
Es decir, la situación real de la costa
es que ya hay una invasión.
Entonces, esa declaración de dominio público
va a afectar a amplias zonas de costa que ya están urbanizadas
y edificadas.
¿Qué hacer con ello?
Este fue el problema,
es decir, fue una ley muy progresista y visionaria en ese sentido,
pero claro, a diferencia, por ejemplo,
del modelo francés en el que esa publicación
parte por la compra de esos terrenos o la expropiación de esos terrenos
para su preservación, aquí hay una demanialización a través
del instrumento de la concesión a coste cero.
Esta fue, por lo tanto, y esto es muy interesante,
una ley técnicamente muy alabada por lo que suponía como visión
de la protección del litoral,
pero en la práctica generó una enorme inseguridad jurídica
porque esa demanialización producida en el texto de la ley.
Aunque, claro, es una demanialización ex
lege.
No requiere de un deslinde para ser así.
Pero claro, ¿qué es lo que ocurre?
Que había zonas de dudosa interpretación
que requerían de ese deslinde.
Y el proceso de deslinde ha sido muy lento,
con la consecuencia de la generación de una enorme inseguridad jurídica
para muchos propietarios de viviendas
o de casas que no sabían si tenían una propiedad en dominio público
o si estaba en terreno privado, con la consecuencia
también de los efectos urbanísticos que tiene esa demanialización,
de quedar fuera de ordenación o no dentro de un plan,
y también sus efectos de conservación y de posible traslación o venta
o no de esos bienes.
¿Por qué cuento todo esto?
Y se cuenta en el capítulo.
Porque esa es la ley 2.2013.
De sostenibilidad del litoral, es decir, a pesar de incluir,
y volvemos a repetir, esa visión de la sostenibilidad,
tiene un leitmotiv.
Y su leitmotiv no es otro que solucionar
el que las concesiones establecidas en la ley del 88,
no por 60 o 75 años,
como el régimen general concesional de los bienes de dominio público,
sino por 30 años, expiraban en 2018.
Entonces, claro, el gobierno se encuentra con la patata caliente,
perdónenme la expresión, de qué hacemos con todo esto.
Entonces, la reacción es precisamente hacer una rearticulación
o una reinterpretación
para equilibrar los intereses jurídicos y económicos
y de esa manera ampliar los plazos de las concesiones.
De tal manera que la reforma supone una prórroga de las mismas
hasta un plazo de 75 años,
solucionando ese vencimiento de las concesiones y evitando,
en muchos casos, por ejemplo, la desaparición de empresas
en sentido amplio establecidas en ese régimen jurídico
del dominio público, viviendas, etc.,
e intentar lograr cierto equilibrio de intereses.
Por otra parte, es decir, por lo tanto,
leitmotiv de esa ley es esa reacción,
pero también intenta, aunque ahí también hubo críticas
porque hubo un proyecto de ley anterior que era más incisivo
en cuanto a las auténticas medidas de protección del litoral,
pero sí que intenta llevar a cabo medidas de protección con litoral,
por ejemplo, la prohibición de nuevas edificaciones,
la denominada cláusula anti-algarrobico,
perdón, no sé si conocen ese famoso hotel el Algarrobico,
en el que se faculta al delegado del gobierno para suspender
actuaciones urbanísticas ilegales,
la diferenciación de tramos urbanos entre playas de tramos naturales,
incrementando la protección de estas , y playas en tramos urbanos,
que era lo que decíamos, es decir,
en los que.
La realidad turística del paseo marítimo,
la edificación que todos tenemos en nuestro imaginario veraniego,
podríamos decir, no contradiga.
La propia regulación de las costas.
Y también una garantía de información a los ciudadanos sobre la propiedad,
confiando que nadie pueda adquirir una vivienda en la costa
y descubrir posteriormente su condición de manial,
de tal manera que además se adscriba
o se incluya dentro del registro de la propiedad.
Dicho esto, en cuanto a la evolución de la legislación
o los distintos tramos,
¿cuáles son las dependencias que incluye el demanio marítimo?
Pues vamos a tener en primer lugar la ribera del mar y las rías,
que incluye la zona marítimo terrestre y las playas,
el mar territorial y las aguas interiores con su lecho
y el subsuelo y los recursos naturales
de la zona económica y la plataforma continental.
Por lo tanto, y aquí la ley de costas
y el reglamento general de costas enumera y describe
físicamente que estos bienes constituyen el dominio público
y los encontramos en los artículos 3, 4 y 5
y en los 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del reglamento de costas.
¿Qué es la zona marítimo terrestre?
Pues es la zona o el espacio comprendido entre la línea
de baja mar escorada o máxima vive conexión y el límite máximo
hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales
conocidos.
Y aquí clave, de acuerdo con los criterios técnicos
que se establezcan reglamentariamente o cuando lo supere
el de la línea de pleamar máxima o viva y conexional.
¿Por qué digolo de los criterios técnicos?
Porque la anterior legislación hablaba simplemente
de los mayores temporales conocidos.
Entonces, esto suponía también un problema
en cuanto a si había existido un gran temporal conocido,
si este era suficiente criterio.
Como para establecer esa línea de demarcación del dominio público
marítimo terrestre.
Hay algunas exclusiones en cuanto a la inclusión
dentro del dominio público marítimo terrestre y aquí de nuevo
se plantea la constitucionalidad o no,
porque faculta al legislador a determinar qué bienes
han de formar parte de ese dominio público marítimo terrestre.
Es decir, tenemos un artículo 132 genérico.
Y la sentencia del Tribunal Constitucional
avala la posibilidad de que la legislación pormenorice
y introduzca conceptos que determinen claramente
qué es ese dominio público.
Bien, y aquí tenemos la definición de otra serie de elementos
a los que hace referencia la legislación de costas,
como son las playas, que serán las zonas de depósito,
materiales sueltos, como arenas, graves, guijarros.
Incluyendo escarpes, vermas y dunas, me parece fascinante este,
casi como el lenguaje taurino, estas denominaciones,
incluirán hasta el límite que resulte necesario para qué,
y esto es muy interesante,
cómo se introducen estos criterios de sostenibilidad, ¿vale?
, para garantizar la estabilidad de la playa
y la defensa de la costa.
Es decir, ya no es solo un criterio numérico,
hasta aquí, 100 metros o no,
sino que yo determino que hay playa hasta que hay elementos
que garantizan la estabilidad de la costa,
como pueden ser esas dunas que mantienen
o que fijan la arena, etcétera, etcétera.
Ven el cambio, las aguas, el mar territorial
con el hecho del subcelo, también los recursos naturales
o las islas que van a ser en algún caso.
Que aquellas que están formadas por causas naturales
serán en algunos casos de dominio público
salvo las que sean de propiedad privada.
Existen otros bienes del dominio público marítimo terrestre
en la que la ley de costas en su artículo 4
añade algunos accidentes geográficos.
En los que podemos incluir, por ejemplo,
los terrenos ganados al mar,
los invadidos por el mar, acantilados verticales,
islotes que se den en aguas interiores en el mar territorial,
terrenos incorporados por concesionarios,
obras e instalaciones construidas por el Estado,
obras de iluminación de costas y señalización marítima,
puertos instalacionales y eso ya estará en la parte
de infraestructuras de los puertos.
Y una vez descrito, por lo tanto,
entramos en el régimen de utilización,
cuáles son las afecciones y servidumbres.
Entonces vamos a ver cómo tenemos,
como dentro del dominio público marítimo terrestre,
está integrado, hay una servidumbre de protección
que recae con carácter general sobre una zona de 100 metros,
medida de tierra dentro desde el límite,
y una zona de influencia.
En estas zonas de servidumbre y zona de influencia
se establece una limitación en cuanto a los usos
o aprovechamientos que se puedan dar en cada una de ellas.
Por otra parte, y como decíamos,
cuando hablamos en el Administrativo 3 del régimen jurídico general
de los bienes de dominio público, este sí tiene su traslado también
en el demanio marítimo terrestre.
Entonces se da también la indisponibilidad
de recuperación posesoria del demanio.
Entonces hay una serie de reglas de protección comunes
a cualquier bien de dominio público
y que se traduce en una titularidad monopolística
del bien, en la nulidad de cualquier acto contrario
a esa titularidad
y en la necesidad o la posibilidad de establecimiento de instrumentos
de recuperación posesoria directa por parte de la Administración
sin que medie la intervención judicial.
En cuanto al deslinde, que es una de las claves,
como decíamos,
que no es constitutiva del dominio público marítimo terrestre,
es declarativa,
pero sí que es uno de los elementos o procedimientos clave
que marcan la posibilidad de intervención jurídica
administrativa sobre el territorio.
Es una técnica que legitima formal y materialmente el carácter de manial
de los bienes.
Es competencia de la Administración del Estado
y procedimentalmente se inicia de oficio
a petición de cualquier persona interesada,
pero también a instancia de parte por parte
de las comunidades autónomas, como ocurrió en la Ley del 88.
El deslinde tiene efectos, una vez aprobada,
declara la posesión y la titularidad dominical
a efectos a favor del Estado, dando lugar al amojonamiento
sin que las inscripciones del registro de propiedad
puedan prevalecer en ningún caso frente a la nocturnalidad demanial
de esos bienes deslindados.
¿Qué es lo que ocurre, como decíamos antes,
cuando estábamos hablando de las aguas, de los vertidos,
de la recuperación de las aguas?
¿Qué está ocurriendo en la actualidad
en cuanto a la evolución del bien?
Hay una regresión grave del dominio público marítimo terrestre
como consecuencia del cambio climático
y esto jurídicamente está teniendo consecuencias.
¿Y qué consecuencias tiene?
Pues, por ejemplo, la necesidad o la posibilidad de establecimiento
de una declaración de situación de regresión grave
que permita, por lo tanto,
que se verifique ese retroceso en la línea de la orilla
o en la longitud y el intervalo temporal
que se establezca reglamentariamente y, por lo tanto, establecer medidas.
Hay un procedimiento de declaración
de esa situación de regresión por orden ministerial
y hay una serie de limitaciones en las que no podrá otorgarse,
por ejemplo, ningún nuevo título de ocupación
cuando hay una situación de regresión
y, en cuanto a las construcciones existentes,
también un régimen transitorio de protección.
En cuanto a la potestad sancionadora en materia de costas,
volvemos.
El mismo régimen, tipificación de las sanciones,
que también se produce en la ley de costas,
en los artículos 90-91
y también en el reglamento de la ley de costas,
hay distintas infracciones y un procedimiento sancionador
paralelo.
Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser?
La ocupación o utilización del debido título administrativo.
En el dominio público marítimo terrestre,
la ejecución no autorizada de obras e instalaciones,
la interrupción de accesos públicos al mar y de las servidumbres
de tránsito y la realización en dichas de construcciones
no autorizadas.
Se establece también un procedimiento sancionador
que estará tipificado y tramitado por la Administración de Costas.
En cuanto a los usos y aprovechamiento
del demanio marítimo, de nuevo volvemos a las categorías generales,
usos comunes y usos especiales.
Y de nuevo, igual que comentamos,
cada vez son más los usos especiales y menos los usos generales.
Precisamente por esa visión cada vez más del factor de regresión
y de una mayor protección del dominio público marítimo terrestre.
¿Qué técnicas de control tenemos del uso del demanio?
Pues primero, las autorizaciones.
Como decíamos, ese cambio del modo de licencia
al modo de la autorización que viene de la mano de la directiva Bolstein,
lo que pretende es permitir
actividades que no requieran obras e instalaciones
ni desnaturalizar el principio del uso público en las playas,
pero.
Y en los que haya especiales circunstancias
de intensidad, peligrosidad o rentabilidad.
Y el régimen de concesión, en el que el título requerido supone
una utilización privativa del dominio público
como obras e instalaciones desmontables.
Autorizaciones, las hamacas.
Concesiones, los chiringuitos.
Y transmisibilidad de las mismas.
Cabe la transmisión en la concesión
y esto es lo que se introdujo en la ley de 2013
también para garantizar cierta estabilidad
y seguridad jurídica.
Como medidas de sostenibilidad del litoral, respondiendo,
como decíamos, a toda esta corriente
en la que insistimos de intervención pública sobre el territorio,
vemos cómo esta ley pretende, primero,
una filosofía de compatibilidad,
de protección de la costa con la posibilidad
de una actividad económica en la misma
y la protección también jurídica de los titulares.
Como digo, esto proviene por la situación de urgencia
de resulta que en el año 2018
expiraban todas esas concesiones.
¿Qué hacíamos con ellas?
Segundo, la necesidad de introducir medidas
en las que se sea consciente del fenómeno del cambio climático
y elaborar una estrategia de adaptación
de la costa al cambio climático.
Ser consciente también de los tramos de regresión
y la posibilidad de declarar regresión en ciertos tramos
de la costa y la evaluación de los efectos del cambio climático
y las medidas que motiven a los concesionarios a presentar
proyectos de regeneración y de lucha contra el cambio climático.
Y ya por último, vemos también.
Como hemos hecho también a lo largo del manual
y como iniciamos, una visión de la protección
de las costas que proviene también de la influencia y la incidencia
de tratados internacionales, como es, entre otras,
la denominada gestión integrada de las zonas costeras,
la GIZ, la necesidad de una planificación
marítima espacial entendida como un proceso público,
para asignar una distribución espacial y temporal
a las actividades humanas en zonas marinas,
y luego todos los acuerdos internacionales
que España ha firmado,
como protocolos y acuerdos de protección de las costas
bajo el paraguas de la sostenibilidad,
la dimensión ambiental y ecosistémica de las mismas.
Nada más.
Muchísimas gracias.