Buenos días, buenas tardes o buenas noches,
dependiendo de cuándo puedan ver o escuchar esta videoclase
en la que vamos a hablar de las aguas y del régimen jurídico del agua.
Como decíamos en las clases anteriores,
el punto de partida es definir qué es agua.
Yo creo que todos lo tenemos muy claro,
pero desde una perspectiva jurídica quizás nos quedemos bastante
sorprendidos de lo que es el agua y qué es objeto
de regulación hídrica.
Bien, ¿el agua es un recurso natural de máxima importancia?
Claro que sí, es necesario para la vida,
las actividades económicas.
Y a lo largo de la historia su régimen jurídico
ha evolucionado en función de qué.
Y esta es también una de las claves,
una de las claves al menos también en nuestro modelo legislativo,
en función de su escasez o de su abundancia
y del desarrollo económico y el conocimiento científico.
Nosotros tenemos casi como un país que ha sufrido muchas sequías,
no somos Inglaterra ni Escocia, es algo evidente,
necesidad de agua, necesidad de almacenamiento.
Entonces vamos a ver aquí cómo hay una especial sensibilidad
a la hora de definir ese régimen jurídico.
Bien, ¿cuál ha sido la evolución del derecho sobre las aguas?
Volvemos también, como ven,
la misma cronología que hemos ido viendo en los distintos capítulos
de otras materias.
Primero hay un inicio en el derecho romano
en el que los romanos consideraban que el agua podía
ser usada por todos.
Incluyendo aquí el agua corriente, el aqua profluense en la categoría
como de cosa común, res commune somnium,
o en la de cosa pública,
es decir, res publicae in uso público.
Es en la Edad Media y en el Antiguo Régimen
cuando se produce ya un proceso,
un inicio de proceso de privatización del agua.
Basado, como ven, no de manialización.
Vemos aquí ya como hay un quiebre, una diferencia de régimen jurídico,
algo diferente a otras legislaciones,
como vamos a ver, por ejemplo, en las costas,
en lo que se produce es una de manialización
y no una privatización de esas redes comunes ómnium.
Entonces vemos por lo tanto que esa privatización
se produce en función de las facultades de los propietarios
para impedir el acceso a esta y también
en la patrimonialización de la misma por el poder del rey y los señores.
Posteriormente, en el siglo XIX,
con todas las reformas que hemos visto
que se producen a mediados del siglo XIX en las Cortes de Cádiz,
llevan a cabo una abolición de los señoríos jurisdiccionales
y de los privilegios que se basaban en ellos.
Y dentro de ellos, en el año 46, se produce un giro muy importante
porque consagra el carácter público de las aguas corrientes.
Este carácter público tiene su traducción
o se incorpora plenamente la Ley de Aguas
del año 66
y de 1877 en el que se aprueba la ley y el reglamento que fue sustituida
por la ley de 13 de junio de 1879.
Llegamos, desde esa perspectiva histórica,
como ven, de nuevo a ese gran bloque tecnocrático posterior,
aquí hay un salto, no hay una ley de aguas en el periodo franquista,
sino que se mantiene hasta el año 85.
¿Y la legislación del año 85
qué es lo que establece?
Pues son cuatro principios básicos.
Primero, la unidad del ciclo hidrológico
en la que la nueva ley parte de la consideración
del ciclo hidrológico que integra tanto a las aguas superficiales
como a las subterráneas renovables.
Segundo, la necesidad de la unidad de gestión
como atribución de competencias más importantes de gestión
a las denominadas confederaciones hidrográficas.
Tercero, la introducción del concepto de planificación hidrológica
como sujeción de toda actuación sobre el dominio público hidráulico
a la planificación hidrológica.
Y cuarto,
un sistema o una preocupación al menos por el régimen jurídico
o el control de la calidad de las aguas.
Bien, ¿cómo se produce por lo tanto la demanalización de las aguas?
O cuáles son esos bienes
que integran el dominio público hidráulico.
Vamos a ver cómo aquí la ley del año 85 distingue,
por una parte, aquellas que mantienen el dominio público hidráulico,
que serán las aguas continentales superficiales
como subterráneas renovables,
con independencia de su tiempo de renovación,
los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas,
es decir, los ríos,
los lechos de los lagos y las lagunas,
de los embalses superficiales,
los acuíferos, a sus efectos de disposición
de la afección de los recursos hidráulicos
y las aguas procedentes de la desalación del agua del mar.
Por otra parte, hay una serie de bienes relacionados
con el agua que conservan su carácter privado, que serán los cauces
por los que sólo ocasionalmente discurran aguas pluviales
en tanto atraviesan desde su origen.
Únicamente fincas de dominio particular,
segundo, las charcas situadas en predios de propiedad
privada siempre que se destinen al servicio exclusivo de tales predios
y las zonas inundables por las crecidas extraordinarias
que conserven la calificación jurídica y la titularidad dominical
que tuvieron.
Bien, por otra parte,
hay un régimen transitorio fundamental de la Ley del 85
en cuanto a los derechos de propiedad preexistentes,
en los que hay opciones para los propietarios de aguas
privadas.
Uno, convertir sus derechos en aprovechamientos temporales
de aguas privadas por un plazo máximo de 50 años,
transcurridos los cuales tendrían derecho preferente
para la obtención de la correspondiente concesión.
O dos, mantener la titularidad que tenían,
es decir, la propiedad del agua en la misma forma
que hasta entonces.
Por lo tanto, aquí hay,
a diferencia del régimen de las costas, un cierto retranqueo,
es decir, como comentábamos en las primeras lecciones,
esas leyes de los años 80 y 90 fueron leyes muy progresistas
en el sentido de una visión muy pro dominio público,
pero aquí hay cierto retranqueo,
ciertas dos posibilidades.
Es cierto que la sentencia del Tribunal Constitucional del año 88
establece la constitucionalidad de la demanialización
y, por lo tanto, no produce efectos expropiatorios
algunos sobre los caudales de las aguas continentales
ya apropiados por particulares en el momento de su entrada
en vigor.
Por otra parte, y al igual que hablábamos en otros temas
como el urbanismo, ¿cuáles son.
Las competencias autonómicas,
porque claro que el problema de las aguas
es que cuando estamos hablando de un río,
naturalmente no existe una división que se ajuste
a la división competencial territorial.
Entonces, vemos que la división competencial
es algo más compleja y sobre todo al final se traduce en el dejar.
La mayor parte de las competencias
en las denominadas cuencas hidrográficas
para establecer una unidad en cuanto a la visión
de la gestión indivisible del recurso acuífero.
Entonces, vamos a tener, por lo tanto,
competencias estatales sobre cuencas que son intercomunitarias.
Las comunidades autónomas van a tener competencias
sobre las cuencas intracomunitarias y la cuenca hidrográfica establece,
como decíamos, una unidad de gestión divisible.
En cuanto a la administración del agua,
tenemos también distintos ámbitos
e instituciones con competencias en materia de gestión,
como puede ser el gobierno en la aprobación de la ley
y el Plan Hidrológico Nacional y la aprobación definitiva
de los planes hidrológicos de Cuenca,
las obras hidráulicas de interés general
y la adopción de medidas en circunstancias excepcionales,
sequías, grandes inundaciones, como hemos visto,
y demás.
El Consejo Nacional del Agua,
que es un órgano superior de consulta y participación,
las conferencias hidrográficas, entendidas como organismos autónomos
encargados de la gestión del agua y las comunidades de usuarios
como corporaciones de derecho público que agrupan a los usuarios del agua.
En cuanto a los principios de gestión del agua, ¿cuáles son estos?
Primero, como decíamos antes, la unidad de gestión,
es decir, el tratamiento integral de la economía del agua,
basado en reglas clave también del derecho administrativo,
como son la desconcentración, la descentralización,
la coordinación y la eficacia y participación de los usuarios,
el respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica
y la compatibilidad de la gestión pública del agua.
Con la ordenación del territorio,
la conservación y protección del medio ambiente
y la restauración de la naturaleza.
Vemos también aquí esta visión, claro, como la ley es del año 85,
todavía no hay una visión tan de sostenibilidad,
porque esto es más de leyes posteriores,
como se producirá en la ley de costas,
pero sí al menos un intento de armonización
y compatibilización con los distintos intereses.
Por otra parte,
en cuanto a los organismos de cuenca, ¿qué funciones tienen?
Son los encargados de la elaboración del plan hidrológico,
de su seguimiento y de su revisión,
de la administración y control del dominio público como tal,
por lo tanto, de las autorizaciones y las concesiones,
de la administración y el control de los aprovechamientos,
de llevar a cabo el proyecto, construcción y explotación
de las obras y todas aquellas funciones
derivadas de los convenios con otras entidades comunitarias.
¿Cómo se organiza?
Pues a través de una serie de órganos de gobierno,
como son la Junta de Gobierno y su presidente,
con órganos de gestión en régimen de participación,
como son las Asambleas de Usuarios, la Comisión de Desembalse,
la Junta de Explotación y la Junta de Obras.
Tiene también, como habíamos dicho antes,
órganos de participación y planificación,
como el Consejo del Agua
y el órgano de cooperación, que es el Comité de Autoridades Competentes.
Bien.
Con respecto a la planificación hidrológica, como decíamos,
siempre ha sido un tema de enorme tensión política,
y esto lo hemos visto con las políticas de trasvases
y demás, y vemos cómo jurídicamente está organizado
a través de los denominados planes hidrológicos de cuenca,
cuyo ámbito territorial es la demarcación hidrográfica,
el Plan Hidrológico Nacional que coordina los planes de cuenca
y en los que existe una obligación de revisión periódica
de este ciclo cada seis años.
¿Qué contienen los planes hidrológicos?
Pues contienen en primer lugar cinco elementos básicos.
Uno, la descripción general de esa demarcación hidrográfica.
Dos, los usos, presiones e incidencias antróficas,
es decir, esa vinculación con la compatibilidad de usos,
asignación y reserva de recursos, el establecimiento de zonas
protegidas y redes de control y su identificación, la necesidad,
como ven aquí, ya se introducen los criterios ambientales,
de los objetivos ambientales de esos planes hidrológicos
y el análisis económico y el programa de medidas
de implementación de los mismos del plan hidrológico.
En cuanto a la utilización del dominio público hidráulico,
¿qué es lo que vamos a tener?
Pues las categorías generales
de cualquier bien de dominio público,
pero aplicadas al agua.
Entonces tendremos, por una parte, usos comunes generales,
como serán beber, bañarse, y otros usos domésticos,
como abrivar el ganado, usos comunes especiales,
como pueden ser la navegación, la flotación o las barcas de paso,
Usos privativos por concesión,
que van a ser el resto de aprovechamientos,
que cada vez son más.
Y usos privativos por disposición legal,
como pueden ser las aguas pluviales y pequeños aprovechamientos.
Desglosamos un poquito el régimen jurídico
o el procedimiento en cuanto a estos usos privativos
por concesión.
Pues será el procedimiento de cualquier otra concesión.
¿Y qué incluyen?
Cuatro pasos clave.
Primero, una solicitud,
que será la presentación del proyecto de aprovechamiento.
La competencia, es decir,
la tramitación de competencia de proyectos,
una evaluación del mismo según el orden de preferencia
y criterios técnicos
y un otorgamiento de la concesión por un plazo máximo de 75 años.
De tal manera que el agua va a quedar adscrita a los usos
indicados en ese título concesional
sin que pueda ser aplicado a otros distintos.
¿Cuáles son el orden de preferencia de usos?
Pues con carácter general ha sido el primer lugar,
el primero el abastecimiento de la población que incluye
las industrias de poco consumo, los regadíos y usos agrarios,
usos energéticos industriales y otros usos
como pueden ser acuicultura, usos recreativos,
navegación y transportes.
Es cierto que los planes hidrológicos en algunos casos
permiten pueden adaptar o alterar este orden,
pero respetando en todo caso la supremacía,
sobre todo del abastecimiento de la población
y la prioridad del almacenamiento hidráulico
de energía frente al resto de usos industriales.
Una de las peculiaridades del régimen jurídico
de las aguas es la manera en la que los usuarios
participan en la gestión del agua y es a través de las comunidades
de usuarios.
¿Cuál es su naturaleza jurídica?
Son corporaciones de derecho público
que están adscritas al organismo de cuenca
que velarán por el cumplimiento de sus estatutos y ordenanzas.
Comprende, normalmente, orgánicamente,
una Junta General, una Asamblea constituida por los usuarios,
una Junta de Gobierno y uno o varios jurados.
¿Y de qué se encargan?
Pues de elaborar y aprobar los estatutos,
disponen de potestad reglamentaria,
para que vean cómo son corporaciones de derecho público
que ejercen funciones públicas por delegación.
Ahí su naturaleza jurídica tan peculiar.
Y pueden, además, ejecutar por sí mismos
y con cargo al usuario los acuerdos incumplidos.
Y, además, son beneficiarias de la expropiación forzosa.
En cuanto al sistema de protección de las aguas,
como decíamos en las distintas clasificaciones
que hemos ido viendo,
régimen jurídico, planificación, usos-aprovechamientos,
distintas formas orgánicas de control de las mismas y ahora la protección.
Normalmente la ley de aguas establece ocho objetivos básicos
de protección y hay un artículo clave añadido,
es decir, aunque no hay un cambio de la ley,
sí que se añade el artículo 92 bis,
que es clave para esa visión integral , de desarrollo sostenible
que se incorpora en el artículo 92 bis,
en el que se habla de la protección integral del agua.
Es muy interesante, por lo tanto, esa visión en la que,
a pesar de no haber una reforma legislativa completa,
sí, a través de una modificación puntual de la ley,
se adopta esta visión.
Por otra parte, hay algunos aspectos clave de la gestión del agua,
como es, por una parte, es decir,
tenemos la visión del bien en limpio,
pero también el desecho, podríamos decir,
acuífero, que serán los vertidos y la reutilización de las aguas,
que cada vez tiene más importancia en esta visión integral y sostenible
del territorio en la que se incluye la gestión hídrica.
Los vertidos se prohíben, como decíamos con carácter general,
el vertido directo e indirecto de aguas y de productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales
y existe un sistema de autorización de vertidos
que tiene por objeto la consecución de objetivos medioambientables
establecidos en los planes hidroeléctricos.
Lo ven, es decir, ya no es sólo el vertido por el vertido,
sino siempre tiene que tener un objeto ambiental más amplio
que el propio objeto jurídico del agua como tal.
Y por eso mismo, ya no es solo,
anteriormente las leyes solo hablan de vertidos,
autorización o no de vertidos, no, ahora siempre va parejo,
vertido y reutilización.
La ley fomenta, por lo tanto, la reutilización de las aguas
como un medio para promover la economía circular
y reforzar esa adaptación al cambio climático.
Por lo tanto, volvemos a la lección 1,
sostenibilidad, y cambio climático y vemos cómo los distintos bienes
lo van introduciendo a través de nuevas leyes
otra vez de nuevas disposiciones en las que aquí por ejemplo
en una técnica muy concreta que es la reutilización de las aguas vale
y la necesidad de que haya aguas depuradas con su denominación
y su regeneración que no tengan la consideración de vertido
propiamente dicho entonces como ven por lo tanto también.
La importancia de la calificación del bien como tal.
Tenemos el agua con carácter general con la que hemos iniciado
y después otro tipo de agua que es el vertido y el agua regenerada
o recuperada.
En cuanto a la protección de las masas de agua subterránea,
también tenemos un procedimiento jurídico que implica,
primero, la declaración del riesgo, es decir,
el que la Junta del Gobierno, el organismo de cuenta,
declara que haya masas de agua subterránea
en riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo químico.
Entonces, esto genera la necesidad de la constitución
de una comunidad de usuarios.
Y el establecimiento de un programa de actuación
en el que en el plazo de un año se aprobará para la recuperación
de ese buen estado del agua subterránea.
Se establecen también medidas de protección
como sustitución de captaciones, adaptación de recursos externos,
establecimiento de perímetros de protección
y otra serie de medidas.
También existe,
como ven, un paso más, un registro de aguas protegidas,
es decir, el agua también puede ser en sí mismo un bien protegido,
es decir, que esté inserto, a lo mejor,
ya veremos, en un área físicamente protegida,
pero en el que concretamente también protegemos el agua como tal,
no solo el territorio subyacente.
Entonces aquí la demarcación hidrográfica
va a crear un registro de las zonas en las que haya
sido declarado objeto de declaración especial ese agua.
¿Por qué digo esto?
Y estamos pensando, por ejemplo, Las lagunas de Ruidera.
Tenemos un entorno físico protegido,
pero ese entorno físico puede proteger el suelo como tal,
pero se hace un especial hincapié a la laguna.
Expresamente, es decir,
a la protección de la calidad del agua,
a la protección de que exista ese agua,
de que no desaparezca, de que no se seque.
No sé si se entiende bien.
Y después, por otra parte, el régimen sancionador.
Infracciones y sanciones.
¿Qué tipo de infracciones tenemos?
Pues de nuevo,
Un régimen jurídico clásico que serán infracciones leves,
menos graves y muy graves, con unas tablas que no hace falta,
que podrán variar también a lo largo de los años,
y se consideran infracciones administrativas
aquellas acciones que causen daños a los bienes del dominio público
hidráulico y la derivación del agua sin concesión
o con incumplimiento de las condiciones impuestas
en la ley.
En la legislación.
Bien, terminamos aquí, por tanto, esta visión,
como digo, apretada, en la lección escrita por el profesor Pais,
pueden leerla con mucha más calma,
pero para que les sirva un poco como introducción o marco
para el régimen jurídico de las aguas.
Nada más, muchísimas gracias.