El habeas corpus es una garantía judicial
frente a detenciones ilegales.
Esto es, aquellas detenciones que no cumplen los requisitos
constitucionales o legales.
Se recoge en el apartado cuarto del artículo 17 de la Constitución,
remitiendo al legislador la regulación de su procedimiento.
Está regulado en la Ley Orgánica 6-1984,
que apenas ha sido reformada en una ocasión, noviembre de 2024,
precisamente para ampliar el número de sujetos legitimados
que pueden solicitar esta garantía,
como luego vamos a ver.
Protege la libertad personal
frente a la eventual arbitrariedad de los agentes del poder público,
pero no solo.
Aunque tiene un origen anglosajón,
lo cierto es que se puede rastrear en nuestro constitucionalismo
histórico algunos antecedentes.
El recurso de manifestación de personas del Reino de Aragón,
por citar alguno.
Pretende solventar de manera rápida, de manera eficaz,
una posible detención ilegal.
Determinar la licitud o ilicitud de la detención.
Y el habeas corpus lo que supone es la comparecencia
de la persona detenida ante el juez, de ahí el nombre,
se hace entrega de la persona, habeas corpus.
El juez resolverá si esa detención
es o no conforme a derecho y estamos por tanto ante un instrumento
en que se insta la intervención judicial para controlar
si la detención producida se ajusta a la legalidad.
El legislador diseñó el procedimiento basado en varios principios,
el primero de ellos es la agilidad.
Si hay violación ilegal de la libertad de una persona,
tiene que ser reparada con prontitud,
24 de horas es el plazo.
Y para ello es importante que el procedimiento sea sencillo,
que no tenga formalismos que lo dificulten.
No es necesario abogado ni procurador,
no hay excepciones al procedimiento,
hay muchos sujetos que pueden iniciarlo.
Y este sería el último de los puntos.
Tiene pretensión de universalidad, en el sentido
de que alcanza a supuestos de detención ilegal desde el comienzo
en que se produjeron, como también aquellos casos
en los que inicialmente se sujetaba la legalidad,
pero que continuaron en condiciones ilegales.
¿Quiénes debemos entender que son personas
ilegalmente detenidas?
En primer lugar, personas detenidas
por una autoridad, funcionario también particular,
sin que concurran los supuestos legales o no se haga
con las formalidades previstas.
Y de igual forma, las que están ilícitamente internadas
en cualquier lugar o las que lo estuvieron por un plazo
que sea superior al que marcan las leyes
o las personas a las que no se respeten los derechos
que la Constitución o las leyes procesales
garantizan.
Puede plantear el habeas corpus la propia persona
privada de libertad o su abogado defensor,
pero no solo, también lo pueden hacer personas cercanas a él,
su cónyuge por ejemplo,
la persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad
o sus descendientes, ascendientes, hermanos, hermanas.
Si la persona detenida es menor puede hacerlo su representante legal
y si se trata de una persona con discapacidad
que tenga medidas de apoyo judiciales
puede ser la persona que preste su apoyo con facultad
de representación.
Más junto a todas estas personas también puede instarlo
el Ministerio Fiscal o el Defensor del Pueblo
o incluso el propio juez competente.
Salvo en el caso de que se haga de oficio,
debe iniciarse por medio de escrito,
comparecencia y ahí se debe hacer constar el nombre del solicitante,
la persona para la que se solicita,
el lugar en el que se encuentra privada de libertad,
todos los datos que se conozcan de esa detención, etc.
Y una vez promovida esa solicitud, el juez deberá examinar
si concurren los requisitos para su tramitación
y dar traslado al Ministerio Fiscal si es improcedente.
En ese caso, caso de ser improcedente,
se va a denegar la solicitud o si es procedente
se va a incoar el procedimiento.
En el auto de incoación el juez va a ordenar poner de manifiesto
en su presencia a esa persona privada de libertad.
Se oirá así a la persona privada de libertad
o en su caso a su representante y también al ministerio fiscal,
agentes, funcionarios o personas que hayan practicado la detención.
En el plazo de 24 horas,
como hemos dicho, se van a practicar todas esas actuaciones necesarias
y se va a dictar resolución.
Y podrá en su caso decretarse la libertad de la persona
si se considera que se privó ilegalmente de esa libertad
o se determine que continúe esa privación de libertad,
aunque quizá en un establecimiento distinto,
si se considera así necesario o bajo custodia
de personas distintas.
O la puesta inmediata a disposición judicial.
A lo largo de estos años han sido muchos los casos sobre habeas corpus
que han llegado al Tribunal Constitucional.
Algunas de estas resoluciones las tendréis en el foro
para que trabajemos con ellas
y muchas de estas porque se ha rechazado una petición
de habeas corpus al límite.
Varias de ellas, este mismo año, en su doctrina,
el Tribunal Constitucional nos señala que la esencia de esta garantía
constitucionalmente prevista es que haya una comprobación personal
por parte del juez de la situación del detenido,
que le escuche, que haga efectivo ese derecho
a ser oído, a poder alegar sobre su privación
de libertad.
Si se inadmite o desestima al imine por razones de fondo,
sin haber sido escuchado,
se produce una vulneración de sus derechos.
Para ir terminando y como ya hemos apuntado al inicio,
la ley reguladora del habeas corpus tiene ya más de cuatro décadas
y apenas ha sido reformada en una ocasión muy recientemente
y lo ha sido para ampliar el marco de los sujetos legitimados.
Se incluye ahora también de manera expresa.
En el articulado de la ley y de esta reforma al abogado defensor
de la persona privada de libertad y también en el caso de personas
con discapacidad, como hemos dicho,
con medidas judiciales de apoyo a la persona que preste su apoyo,
esa facultad de representación para este acto concreto.
Sobre ese primer punto, abogado defensor,
lo cierto es que en general ya era admitido en la práctica,
aunque en ocasiones algún juez haya podido rechazarlo
por no estar reflejado expresamente en la norma.
Pero sobre esto el Tribunal Constitucional
ya había estimado amparos en esta materia.
Si se da el presupuesto de la privación de libertad,
si se cumplen los requisitos formales para la admisión a trámite,
no cabe denegar la incoación del habeas corpus.