Soy la profesora Nuria Pastor Palomar
y en esta videoclase está preparada para los estudiantes de la asignatura
de Derecho Internacional Público del Grado de Derecho en la UNED.
Vamos a ver la plataforma continental,
en primer lugar el concepto anchura y delimitación
y posteriormente su régimen jurídico,
esto es, los derechos del Estado ribereño
y los derechos de terceros estados.
En cuanto al concepto, anchura y delimitación,
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982,
o la también llamada Convención Montego Bay,
regula en su parte sexta la plataforma continental.
En su artículo 76
establece lo siguiente.
La plataforma continental de un Estado ribereño
comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas
que se extienden más allá de su mar territorial.
Y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio
hasta el borde exterior del margen continental
o bien hasta una distancia de 200 millas marinas
contadas desde las líneas de base
a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial
en los casos precisamente en los que el borde exterior
del margen continental no llegue a esta distancia.
Esto es en cuanto a la anchura.
De la plataforma continental,
vemos que el límite interior de la plataforma continental
coincide con el límite exterior del mar territorial que,
como se ha explicado en la videoclase dedicada a esta área marina,
es hasta una distancia de 200 millas marinas
contadas desde las líneas de base, es decir, desde las líneas rectas
o la línea de bajamar.
Y en cuanto a la anchura, el límite exterior,
de la plataforma continental
dependerá de si el borde exterior del margen continental alcanza,
supera o no esas 200 millas.
Con lo cual vemos que la Convención de 1982
combina criterios tanto geológicos como criterios cuantitativos.
Hay estados que tienen una plataforma continental
en sentido geológico muy amplia,
que se extiende más allá de las 200 millas marinas.
Es el caso, por ejemplo, de Canadá y Argentina
en el Océano Atlántico.
En estos casos, el límite exterior
de esta plataforma no debe superar los 350 millas marinas
contadas desde las líneas de base.
Además, en estos supuestos, los estados ribereños
pueden solicitar a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
de las Naciones Unidas la extensión de su plataforma continental
y esta comisión.
Puede hacer recomendaciones sobre su trazado definitivo.
Por el contrario, hay estados que tienen
una plataforma continental muy pequeña,
muy reducida, por ejemplo, es el caso de Chile en el Pacífico,
pero en el sentido jurídico la extensión de su plataforma
es hasta 200 millas marinas.
En el caso de estados que tengan costas adyacentes
o situadas frente a frente,
la delimitación de la plataforma puede complicarse,
incluso la plataforma puede no llegar hasta esas 200 millas máximas
establecidas en la Convención.
En estos casos, los estados interesados efectuarán acuerdos
para establecer esa delimitación
sobre la base del derecho internacional
tratando de llegar a una solución equitativa.
Y en el caso de que no puedan alcanzar estos acuerdos,
en un plazo razonable podrán acudir a los medios
de solución de controversias establecidos en la Convención.
De hecho, son numerosos los asuntos sobre delimitación
de la plataforma resueltos por la Corte Internacional de Justicia
y por los tribunales arbitrales.
En el caso de España,
España tiene una extensión costera muy amplia,
pero su plataforma continental natural es
muy reducida en gran parte de su litoral,
pero se beneficia del régimen establecido por la Convención
de 1982 que establece esa plataforma continental
hasta las 200 millas marinas.
Las características geográficas españolas
impiden que su plataforma continental pueda ampliarse en el sur
y en el este peninsular.
Sin embargo,
sí que ha podido solicitar a las Naciones Unidas
la extensión de su plataforma, más allá de las 200 millas marinas,
en tres áreas principales.
En el mar Cantábrico, Por otro lado, en el área al oeste de Galicia,
que ha sido aprobado provisionalmente en marzo de 2025,
y también en el área al oeste de las Islas Canarias.
Para aquellos estudiantes que tengan interés
en conocer cómo está el estado de estas extensiones,
pueden consultar la página web de la Comisión de Límites
en la plataforma continental de las Naciones Unidas,
allí indicada en la diapositiva.
A su vez, respecto a los estados vecinos,
se han celebrado acuerdos con diversos estados,
pero quedan pendientes otras delimitaciones.
Por otra parte, hay que tener en cuenta
que la Constitución española establece en el artículo 132
que los recursos naturales de la plataforma continental
son bienes de dominio público.
Asimismo, la Ley 15.1978,
sobre la reglamentación de la zona económica exclusiva,
de 20 de febrero de 1978,
recoge los derechos soberanos de España.
Sobre su plataforma continental en el Océano Atlántico
y en el Mar Cantábrico a efectos de exploración y explotación
de los recursos naturales del lecho
y el subsuelo del mar hasta una distancia de 200 millas,
a contar desde las líneas de base, y autoriza al Gobierno
para acordar la misma extensión en otras costas.
Esta ley es anterior a la Convención de 1982,
pero es compatible con este tratado.
Respecto al régimen jurídico, en primer lugar,
respecto a los estados ribereños, el artículo 77
establece los derechos de soberanía a los efectos
de exploración y explotación de los recursos naturales,
esto es, recursos minerales y otros recursos vivos, perdón,
no vivos, del lecho y el subsuelo y recursos vivos sedentarios.
Se trata de derechos que son exclusivos del estado ribereño
y, por tanto, excluyen a los demás estados.
Así, si el Estado ribereño no explora su plataforma continental
o no explota sus recursos naturales,
nadie en ningún otro Estado podrá emprender estas actividades
sin el expreso consentimiento de dicho Estado.
Se trata, en todo caso,
de derechos independientes de su ocupación real o ficticia
y de cualquier declaración expresa.
A su vez, los Estados ribereños tienen derecho
a adoptar las normas relativas a la contaminación marina,
es decir, su prevención, su reducción, su control.
También tienen derecho a construir sobre la plataforma continental
islas artificiales, estructuras, instalaciones.
Asimismo, tienen derecho a excavar túneles
y también tienen los estados rizvereños
el derecho exclusivo a autorizar y regular las perforaciones
que con cualquier fin se realicen en la plataforma continental.
Así, por ejemplo, si la empresa pública
de un estado.
Inicia perforaciones exploratorias para gas y petróleo en el lecho
y el subsuelo de la plataforma continental,
por ejemplo, a 120 millas desde la costa,
necesitaría este Estado el consentimiento expreso
de la autorización del Estado ribereño.
Y respecto al régimen jurídico de los terceros estados,
estos terceros estados tienen libertad de sobrevuelo,
tienen libertad de navegación, tienen libertad de pesca
en las zonas suprayacentes.
Esta libertad de pesca solo a partir de las 200 millas marinas,
sí como es natural, sí como es lo lógico.
Se ha declarado la zona económica exclusiva.
Y también estos terceros estados
tienen derecho a atender cables y tuberías submarinas,
a cuyo trazado debe consentir el estado ribereño,
estado que también debe consentir la investigación científica marina.