Hola, soy Isabel Cornejo Plaza, soy catedrática
Jean Monnet de Comportamiento Humano y Regulación de Neurotecnologías
en la Universidad Autónoma de Chile.
Soy también directora del módulo Jean Monnet Ethics and
Research Integrity in the Digital Age y también directora
del laboratorio LISA Lab,
Laboratorio de Innovación, Tecnología y Ciencias Jurídicas de Frontera.
En esta segunda parte veremos la protección de datos personales
en Latinoamérica con un enfoque más bien de influencia recíproca
con el GDPR de la Unión Europea.
Bueno, efectivamente el GDPR, y no solo el GDPR,
sino que.
Actualmente existen varias legislaciones que son miradas
muy de cerca por Latinoamérica.
Emuladas, copiadas, a veces de buena manera,
en el sentido de que se hace, ¿no es cierto?
, un trasplante jurídico considerando las especificidades culturales
y, por cierto, jurídicas de la región.
Pero en otras tanto, una copia desafortunada
porque.
Trasladar un cuerpo jurídico a un ecosistema que tiene desarrollos
y características diferentes no es recomendable.
Entonces, el GDPR, por cierto,
ya tiene una presencia, un efecto Bruselas,
como se le denomina, en Latinoamérica.
Claramente, por ejemplo, en Chile,
recientemente se ha publicado una legislación.
Siguiendo la línea del GDPR.
Ahora bien, el artículo 3 del GDPR
es el encargado de establecer su esfera de aplicación territorial,
reconociendo una inclinación de eficacia que va
más allá de la frontera de los miembros comunitarios.
Esta norma incorpora al derecho positivo
la doctrina expansiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
originada en la casuística vinculada a empresas que se dedican
a ofrecer servicios exclusivamente a través de Internet.
Es decir, a través del comercio electrónico,
y en consecuencia se aplica el tratamiento de datos personales
en el contexto de las actividades de un establecimiento responsable
o del encargado de la Unión Europea,
independientemente de que el tratamiento tenga lugar
en la comunidad política o no.
Este aspecto es importante
porque efectivamente socios comerciales de la Unión Europea
los encontramos también en Latinoamérica.
Y por lo tanto, y también la misma situación,
solamente ya sabemos
que Uruguay y Argentina tiene o puede pasar el sedazo, ¿no es cierto?
, normativo para poder comerciar en forma,
utilizando datos que tienen, ¿no es cierto?
, un tratamiento adecuado.
Apropiados según el GDPR.
En el marco de la vocación extracomunitaria atribuida al GDPR,
los desafíos que enfrenta el derecho continental europeo
en el interno de aplicar su norma más allá de la frontera
ha generado diversas reacciones.
En este contexto,
la institucionalidad comunitaria trabajada ya desde el 2020,
sobre todo en el ámbito de la pandemia,
produce una serie de instrumentos que apuntan a delimitar el alcance
de esa vocación extracomunitaria.
Este grupo de propuestas,
pese a no tener un carácter vinculante,
posee la virtud de abordar un punto que afecta
a estados extracomunitarios, que son las recomendaciones que reconocen
en el capítulo cuarto del GDPR, que la transferencia de datos
personales a terceros países, la condición de que esa transferencia
no debe menoscabar a nivel de protección
de las personas físicas garantizados por el mismo reglamento.
Los progresos que se logren en la implementación efectiva
de las recomendaciones permitirán avanzar en la definición
de los estándares que deben cumplir las normas internas de los países
de la región en materia de resguardo de los datos privados,
con el fin de hacerlas coherentes con las exigencias del GDPR.
No obstante, la amplia regulación jurídica en el tratamiento
de la información personal observable
tanto en el contexto de la Unión Europea a nivel de bloque
como en el ámbito de América Latina a nivel de Estados,
factor asociado al reconocimiento de su carácter fundamental,
a la fecha no existen reglas compartidas
para el intercambio transcontinental de los datos,
no solo de los datos personales sino que también personales.
De los datos no personales.
Sin embargo, en el espectro de este señalado intercambio,
los progresos generales en la esfera de las telecomunicaciones,
de las TICs, ¿no es cierto?
, y la información y la consecuente circulación
de los flujos de información a través del ciberespacio,
invitan a participar en el debate sobre el establecimiento
de un escenario jurídico adecuado en materia de tutela.
De datos personales.
En cuanto a sus antecedentes, el examen de tratamiento
de los datos personales en América Latina,
sobre todo de cara a ser reconocido como un socio extracomunitario
por el GDPR, abarcan.
Esencialmente dos ámbitos.
Por un lado, tenemos el reconocimiento de instrumentos
que apuntan al resguardo de la privacidad
y la información personal
y que involucra tanto a Estados de la Unión Europea
como a países extracomunitarios.
Y en segundo lugar,
observamos la descripción de mecanismos que justifican
y abogan por la construcción de una disciplina común
en materia de protección de datos.
El examen del tratamiento
de los datos personales en América Latina,
como ya dijimos, abarca dos áreas.
Primero, el reconocimiento de instrumentos
que resguardan la privacidad y la información personal
y que involucran tanto a Estados de la Unión Europea
como a países extracomunitarios.
Y en segundo término, la descripción de mecanismos que justifican
y abogan por la construcción de una disciplina común
en materia de protección humana.
De datos personales.
El Convenio 108 del Consejo de Europa se considera el primer y único
instrumento internacional jurídicamente vinculante a Estados
que hacen parte de la Unión Europea y accesible
tanto para países no europeos,
agregando que su protocolo adicional introdujo disposiciones
sobre los flujos transfronterizos de datos
hacia y desde Estados no miembros, fomentando la recopilación,
el procesamiento y uso legítimo de datos personales.
No obstante lo relevante del instrumento,
el mismo autor reconoce que todas las partes contratantes
de la Convención, excepto Uruguay, conforman el Consejo de Europa,
lo cual la aleja de una práctica internacional.
Por otro lado, un grupo reducido de países no miembros del citado
Consejo adhieren al instrumento,
incluyendo dos estados latinoamericanos que lo hicieron
recién en el año 2019, que son México y Argentina.
Y creemos que el limitado alcance internacional
del atribuido por la doctrina al Convenio 108 todavía se mantiene.
En relación con la segunda línea del examen,
podemos encontrar declaraciones que confirman las visiones comunes
presentes en la esfera jurídica entre Estados europeos
y países latinoamericanos asociados al reconocimiento de una conexión
histórica, como ocurre con la declaración política
suscrita en el marco de la cumbre Unión Europea-CELAC.
Llevada a cabo en Bruselas entre el 10
y el 11 de junio del 2015, que se denomina
Unión Europea CELAC Submit 2015.
Declaración que con la premisa
de alcanzar una asociación para la próxima generación,
en su primer numeral, plantea la decisión
de ahondar en nuestra duradera asociación estratégica biregional,
basada en vínculos históricos, culturales y humanos,
el derecho internacional,
el pleno respeto de los derechos humanos,
valores comunes e intereses mutuos.
Un aspecto adicional relevante de esta declaración
es que desde la perspectiva americana
involucra a un extenso grupo de estados,
teniendo en cuenta que la CELAC como mecanismo intergubernamental
que tiene la tarea de superar desafíos en materia de fragmentación
y heterogeneidad en el ámbito regional en América Latina,
incluye a 33 países latinoamericanos y caribeños.
En esta segunda línea de estudio, concentrándonos en los instrumentos
que abordan directamente el tratamiento
de la información personal,
observamos que el acuerdo marco regional de cooperación
entre la Comunidad Europea y el MERCOSUR.
Firmado en 1995, en su artículo 18,
con miras a la promoción de los intercambios de datos,
establecía que, abro comillas,
la cooperación deberá adoptar todas las formas
que se consideren convenientes y particularmente sistemas
de intercambio de información en todas las formas adecuadas,
inclusive a través del establecimiento
de redes informáticas.
Estipulando además el respeto por la protección
de los datos personales en todos aquellos ámbitos
en los que se prevea intercambios de información
a través de redes informáticas.
Aunque en el espectro latinoamericano este pacto está circunscrito
a los países que conforman el MERCOSUR,
es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
y su interés radica en que constituye el precedente
del Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-UE
, tratado del cual existe un acuerdo de principio
anunciado el 28 de junio del 2019,
pero cuyos textos definitivos todavía no han sido finalizados.
Firmados ni ratificados por lo que no han entrado en vigor.
Vamos a ver actualmente las conclusiones.
Desde una perspectiva global y como consecuencia de los alcances
alcanzados en el último tiempo en la esfera de la informática
y la ingeniería de las telecomunicaciones,
la protección personal se ha transformado
en una de las mayores preocupaciones de la sociedad del conocimiento,
de la información, en la sociedad digital
y en la economía digital.
La inquietud esgrimida tiene su mayor expresión en la aprobación
y reciente aplicación del Reglamento de Protección de Datos
Personales de la Unión Europea, el denominado GDPR.
Estatuto que además de configurarse
como la norma más avanzada y robusta en la materia,
posee una vocación de eficacia extraterritorial,
capaz de otorgarle alcances que superan las fronteras europeas
y que por lo tanto en América Latina seguimos muy de cerca.
No obstante, los ordenamientos jurídicos de América Latina
no han sido ajenos a esta preocupación.
Un interrogante que se plantea consiste en cómo afrontar
el tratamiento y resguardo de los datos personales
en la relación entre el bloque europeo
y los países latinoamericanos, precisamente.
La pretensión.
De aportar al debate
sobre los desafíos que debe enfrentar la tutela de información personal
en el ámbito regional a propósito del alcance de la extraterritorialidad
atribuida al GDPR, exigió inicialmente revisar el estado
de la cuestión de la protección de los datos personales
en América Latina en su carácter yus fundamental.
En este escenario,
pese a la naturaleza asimétrica atribuible a la atención normativa,
el denominador común identificado
es la presencia transversal del derecho fundamental
a la protección de la información personal.
Esta justa fundamentalidad puede surgir
por el reconocimiento constitucional explícito del derecho a la tutela
de los datos personales, por el reconocimiento constitucional
expreso del derecho a la privacidad y a la intimidad,
o por la aplicación de la figura de la cláusula abierta
de los demás derechos fundamentales.
América Latina, en materia de normas sobre protección de datos,
el desafío lo representa el enfoque tradicionalmente aplicado
por la mayoría de las empresas
y la protección de sus propios activos patrimoniales,
en detrimento de la protección de derechos y de libertades.
Contexto en que la cooperación de la Unión Europea para desarrollar
y adoptar metodologías de evaluación de riesgos basadas en el reglamento,
ajustables a las legislaciones de los países latinoamericanos,
cumplirá un papel relevante en la labor de armonización
de las relaciones intercontinentales.
Muchas gracias.