Programa 10.
Proceso 2.
Clases, estructura, tiempo, espacio y ordenación procedimental.
Aun cuando todo conflicto planteado ante los tribunales
merece una respuesta judicial,
lo cierto es que esta respuesta del Estado tan solo se produce
cuando las controversias se instrumentan a través
del procedimiento adecuado.
De suerte que siendo adecuado tan solo un procedimiento determinado,
no se admitirá ninguna demanda, denuncia, querella o recurso
que se encauce a través de otro procedimiento distinto
al específicamente previsto en la ley para sustanciar y resolver
ese concreto antagonismo jurídico.
La selección de cual sea en cada caso el procedimiento adecuado revista
en consecuencia una relevancia capital.
Por cuanto de encauzarse un conflicto,
una controversia por uno distinto a este, se le admitirá esa demanda,
recurso y se denegará en consecuencia.
De plano, nada menos que el derecho a la tutela judicial efectiva,
sin perjuicio,
claro está, de la abierta posibilidad de entablar en una nueva pretensión
esa misma controversia,
siempre que no hubiere caducado o prescrito
por el procedimiento que ahora sea el adecuado,
puesto que aquella resolución inadmisoria de la pretensión
por resolver un óbice procesal carece de fuerza de cosa
juzgada material.
Vamos a analizar ahora los tipos de procesos.
Los procesos ordinarios son, como su nombre indica,
aquellos por los que se puede canalizar cualquier pretensión
que no se encuentre específicamente
comprendida entre las de los procesos especiales.
Ante el surgimiento de un conflicto, el particular afectado
y decidido a emprender acciones legales habrá de supervisar,
primero, el concreto objeto litigioso de su discordia,
así como los sujetos implicados en esa controversia.
Si ante estos dos reveladores datos comprueba que su litigio
conforme a un elemental criterio negativo excluyente
no está comprendido entre los especiales,
entonces habrá de acudir a los procesos ordinarios.
Mediante la pretensión declarativa.
El actor podrá pedir la declaración de un derecho
mediante la Constitutiva,
la constitución de una nueva situación jurídica
y mediante la pretensión de condena,
la condena a hondar a hacer o no hacer una cosa determinada.
De esto me he ocupado ya en el programa precedente,
razón por la que.
Seguimos adelante.
Los procesos ordinarios se caracterizan por tres atributos,
universalidad, generalidad y visa atractiva.
Ello significa
que cualquier conflicto que no deban causarse para su resolución judicial
por un trámite o cauce especial
determinado habrá de ventilarse por el ordinario correspondiente.
Los procesos ordinarios se caracterizan además
por los siguientes atributos procedimentales ahora.
Amplitud objetiva, cognición plena,
totales posibilidades de alegación, prueba e impugnación
y plenos efectos de cosa juzgada.
Los procesos especiales, sin embargo,
son aquellos que presentan, bien por razón de su objeto,
bien por razón de los sujetos directamente involucrados
en su procedimiento, bien por el interés público inherente
a su resolución, alguna especificidad digna
de especial consideración procedimental.
Aquellos que en definitiva no deben sustanciarse
por unos trámites generales, universales, incluso impersonales,
sino por otros singulares, específicos y particulares
en atención precisamente a sus particulares características.
La gran proliferación de procesos especiales en detrimento
de la reconducción de un buen número de casos a procesos ordinarios
que se encuentran perfectamente diseñados para acoger
con plenitud de garantías cualquier conflicto jurídico,
como digo, esta gran proliferación
de procesos especiales ha sido objeto de crítica
entre la doctrina jurisprudencial y los propios profesionales
de la justicia por contribuir con esta dispersión
desmesurada a dificultar la selección de cual sea en cada caso
el procedimiento adecuado y obligar además a los justiciables a someterse
a especialidades que en ocasiones pueden parecer injustificadas
en contra de una legítima aspiración a la unificación procedimental.
En todo caso, los atributos de los procesos especiales
son los siguientes.
Cognición relativamente amplia,
en función de la naturaleza del objeto del proceso.
Efectos plenos de cosa juzgada,
afectados en algún momento por un factor temporal,
puesto que, concurrente a las circunstancias,
al tiempo en que se dictan determinadas sentencias,
no podrán repetirse,
pero si las circunstancias se modifican y afectan, por ejemplo,
a las personas, entonces el factor temporal
permite que puedan revisarse esas sentencias.
Y, por último, como es lógico,
plenas garantías procesales.
Los procesos sumarios, los últimos de este trípode
identificador entre procesos ordinarios, especiales y sumarios,
son aquellos que presentan la característica esencial
de su necesaria inmediatez, de su urgencia, de su celeridad,
de su práctica fugacidad.
La creación de procesos sumarios surge como consecuencia
de la necesidad de resolver ciertos tipos de conflictos jurídicos
de manera especialmente acelerada,
cuando el transcurso del tiempo estimado para el ordenario
correspondiente comportaría en otro caso un perjuicio excesivo,
con riesgo cierto, en algunos casos incluso,
de pérdida del propio objeto litigioso
y para el solicitante de esa tutela jurídica,
naturalmente un perjuicio irreparable.
Los procedimientos sumarios, todavía denominados
en algunos sectores de la práctica forense interdictos,
son en suma esos procesos en los que la eficacia del proceso
depende sobre todo, principalmente, de la urgencia,
de la inmediatez de la respuesta.
El justiciable decidido a acudir a este tipo de procesos
sabrá de antemano que obtendrá una respuesta rápida, urgente,
si bien a costa de soportar atributos
opuestos a los que adornaban los procesos ordinarios
y especiales.
Por tanto, son atributos de los procesos sumarios
la restricción de los mecanismos de ataque y defensa,
que quedarán constreñidos o circunscritos
a las pretensiones específicas de estos procesos sumarios,
que son concretos y numerados,
y a ellos me remito en los programas correspondientes
de la serie de derecho procesal civil parte especial,
segundo, la ausencia de cosa juzgada de las resoluciones
que pone en término a estos procesos sumarios
y, por tanto, posible reproducción del contenido de estas pretensiones
en los ordinarios correspondientes y, por último, la minoración
de garantías procesales, puesto que la urgencia siempre va
en detrimento del tiempo que precisa la garantía procesal.
Los procesos civiles son, vamos a analizar ahora
la clasificación por razón de la naturaleza
del conflicto que están llamados a ventilar,
los conflictos civiles son aquellos que se suscitan
entre los ciudadanos por cuestiones de naturaleza privada,
en concreto derecho civil y mercantil.
Las pretensiones de los procesos civiles
podrán ser, y ya me he referido a ello,
declarativos, las que solicitan una respuesta judicial,
sentencia con efectos ex tunque, es decir,
desde el mismo inicio de la relación jurídica,
constitutivas, las que solicitan una respuesta judicial,
sentencia con efectos ex nunque, es decir,
desde el momento en el que se dicta la sentencia,
o de condena a dar, hacer o no hacer una cosa determinada,
y son las únicas que llevan a pareja de ejecución.
La vigente Ley de Juzgamiento Civil regula dos procesos ordinarios,
el así denominado proceso ordinario y el denominado juicio verbal,
con un primer criterio de selección por razón de la materia.
Por tanto, en los artículos 2.49 y 2.50
de la Ley de Juzgamiento Civil
se refieren en el primero al ordinario
y en el segundo al verbal por razón de la materia
a qué materia corresponde encauzarse por cada uno de ellos.
En defecto de la materia habrá de atribuirse
como criterio diferencial la cuantía.
Más de 15.000 euros, así como aquellos asuntos
cuyo interés económico resulte imposible de calcular,
ni siquiera de modo relativo,
serán reconducidos al proceso ordinario.
Sin embargo, por menos de esa cantidad, de 15.000 euros,
serán reconducidos al verbal.
Bien, los procesos civiles especiales
encuentran su justificación.
O mejor aún la misma razón de su existencia en criterios
y circunstancias tan variadas
como la especial protección de las personas vulnerables
que los integran, el interés público subyacente
en la pretensión susceptible de enjuiciamiento
o la gran complejidad de la tutela solicitada,
también a veces en la necesaria celeridad
de la tramitación, entre otros muchos motivos.
Los procesos sumarios finalmente son esos que,
canalizados.
Casi siempre a través del juicio verbal,
pretenden una tutela provisional y sumaria
de un conflicto intersubjetivo
que requiere precisa una respuesta inmediata.
La urgencia en la resolución impone que el procedimiento sea rápido
y, en consecuencia, que las posibilidades de alegación
y defensa no puedan ser tan amplias, sino más bien restrictivas,
constreñidas al exclusivo objeto litigioso planteado,
lo que dará lugar a una sentencia sin fuerza de cosa
juzgada material.
El proceso penal se divide en dos partes,
como sabemos, instrucción y enjuiciamiento.
La primera fase, denominada sumario en el juicio ordinario
y denominada diligencias previas en el proceso abreviado,
tiene por finalidad preparar el juicio oral
mediante la concreción de cualquier sea el concreto hecho delictivo
que deba atribuirse a un investigado localizado,
determinado e individualizado.
Esta primera fase discurre ante el Tribunal de Instancia,
Sección de Instrucción, quien podrá practicar unas primeras pruebas
anticipadas o preconstituidas cuando resulte previsible
que estas pruebas no puedan luego volver
a practicarse en el juicio oral o exista un riesgo real
de que se lleguen a perder.
También podrá, como digo,
en esta primera fase de instrucción al tribunal de instancia
de sección de instrucción a adoptar medidas cautelares
cuando exista peligro de fuga, riesgo de manipulación
de las fuentes de prueba o necesidad de cualquier modo de aseguramiento
del objeto de la prueba
y también podrá autorizar toda suerte de actos limitativos
de derechos fundamentales esenciales
como pueden ser lo la entrada de registro,
la intervención de las comunicaciones
o incluso la misma prisión provisional.
La fase intermedia
cierra ese primer periodo destinado a la concreción de derecho delictivo
y averiguación del autor y da paso a la fase de enjuiciamiento.
De no haber prosperado la investigación,
entonces quedaría aquí archivado el proceso,
archivo que puede ser provisional o definitivo,
como se verá en la serie de derecho procesal penal.
Bien, la fase de enjuiciamiento,
que es la siguiente a continuación de la intermedia,
se destinará ya ante el Tribunal de Instancia,
pero sección de lo penal, es decir,
ante un tribunal distinto al de la instrucción,
una vez formalizadas las respectivas pretensiones
acusadora y defensiva a la práctica de la prueba,
que se celebrará bajo los principios de contradicción, inmediación,
concentración y publicidad con plena igualdad de armas.
La resolución que pone término al proceso penal será susceptible,
como es lógico, de ser recurrida conforme a las normas
previstas por la legislación penal al respecto.
Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal,
que es de 14 de septiembre de 1882,
incorpora con muchas modificaciones dos procesos ordinarios.
En primer lugar, el propiamente ordinario
para el enjuiciamiento de delitos que tienen prevista
una pena de privación de libertad superior a nueve años,
cuya instrucción corresponde al Tribunal de Instancias,
Sección de Instrucción y el enjuiciamiento
a la Audiencia Provincial.
Y un proceso abreviado,
que también es un proceso ordinario para el enjuiciamiento de delitos
que tienen asociada una pena privativa de libertad inferior
ahora a nueve años,
cuya instrucción corresponde al tribunal de instancia,
sección de instrucción, y el enjuiciamiento
puede corresponder a dos órganos jurisdiccionales distintos.
Al tribunal de instancia o sección de lo penal
cuando la pena prevista sea de hasta cinco años
de privación de libertad o a la audiencia provincial
cuando lo sea de cinco a nueve años.
Con estos procesos penales ordinarios coexisten otros procesos penales
como lo son el proceso ante el tribunal del jurado,
el juicio por delitos leves,
el proceso penal de menores que además de estos procesos ordinarios
penales también se encuentran dentro de nuestro ecosistema
procesal penal y nuestra ley de enjuiciamiento
criminal otros procesos considerados ahora especiales,
como lo son los juicios rápidos,
los procesos por aceptación de decreto,
los procesos por injurias y calumnias,
los procesos por delitos cometidos a través de medios
y soportes mecánicos de difusión
o los procesos de enjuiciamiento de diputados y senadores.
Bien, pasamos a analizar los procesos contenciosos administrativos
que se destinan, como se sabe,
a la resolución de conflictos que se suscitan entre los ciudadanos
y la administración pública.
La forma de acceso a estos procesos conlleva una solicitud de revisión
del acto ante la propia administración
y tan sólo después, en un segundo momento procesal
de mantenerse el perjuicio tras esta primera queja,
entonces, tan sólo en ese momento podrán ya los ciudadanos acceder
a la administración de justicia para que se pronuncie
sobre la controversia suscitada.
De ahí que se denomine recurso administrativo a ese acto iniciático
en este tipo de procesos, en lugar de denominarse
le, como en otro caso acontece en el proceso civil,
demanda.
Aquí hablamos del recurso contencioso administrativo.
Las pretensiones contenciosas administrativas
normalmente serán declarativas o constitutivas,
esto es, de solicitud ante el juez o magistrado,
de la declaración de nulidad, con efectos, por tanto, ex tunc,
desde el inicio de la relación jurídica,
o constitución de anulación, con efectos ex nunc
desde que se dicta la sentencia, de un acto o disposición,
pero a estas pretensiones de nulidad o anulación
también cabe adicionar otra de condena a la Administración
cuando resulte a su vez condenada a hondar,
hacer o no hacer algo determinado.
La Ley 29.1988,
reguladora de la jurisdicción integra dos procesos ordinarios,
el recurso y el procedimiento abreviado,
cuya finalidad es doble, de un lado la garantía individual
y de otro el de control del sometimiento de la Administración
al derecho.
El recurso cabe contra los siguientes actos,
disposiciones o actuaciones administrativas.
Primero, contra las disposiciones de carácter general
y contra los actos que se produzcan en aplicación de las mismas,
fundado en que tales disposiciones no son conformes a derecho.
Segundo, contra los actos expresos o presuntos
de la Administración Pública
que pongan fin a la vía administrativa,
ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos
deciden directa o indirectamente sobre el fondo del asunto,
determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento,
producen indefensión o perjuicio irreparable
a derechos o intereses legítimos.
En tercer lugar,
contra la inactividad de la Administración
y contra sus actuaciones materiales que constituyen vías de hecho.
El procedimiento abreviado servirá para dilucidar
los siguientes asuntos.
Cuestiones de personal al servicio de las Administraciones públicas,
extranjería, inadmisión de peticiones de asilo político,
asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje y todas aquellas
cuya cuantía no supere los 30.000 euros.
Esta misma ley de la jurisdicción regula a su vez 5.
Procesos especiales.
En concreto, los siguientes.
1.
Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales
de la persona.
2.
La cuestión de ilegalidad.
3.
Procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa
de acuerdos.
4.
Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado.
5.
Procedimiento para la declaración judicial de extinción
de los partidos políticos.
Por último, los procesos laborales, en penúltimo lugar,
puesto que el último se refiere al proceso constitucional,
pero los procesos laborales se destinan a la resolución
de conflictos que se suscitan entre los trabajadores
y los empresarios, así como entre todos ellos
con la seguridad social.
Las pretensiones que se plantean en estos procesos
pueden ser declarativas, esto es, de declaración con efectos ex tunc,
desde el inicio de una determinada relación jurídica,
por ejemplo, la de la validez o nulidad de un contrato de trabajo,
constitutivas, de constitución con efectos ex nunc,
desde la sentencia de una determinada situación jurídica,
por ejemplo, la sentencia que readmite
a un trabajador después de haber sido expulsado ilegalmente,
o de condena a una determinada prestación,
así por ejemplo, al pago de una indemnización
como consecuencia de un despido improcedente.
La Ley 36-2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social,
regula un único proceso ordinario con diversas modalidades procesales
en los siguientes asuntos.
Despidos y sanciones, reclamación al Estado del pago de salarios
de tramitación en juicios por despidos,
extinción del contrato de trabajo por causas objetivas,
por despido colectivo y por otras causas de extinción,
vacaciones, materia electoral, movilidad geográfica,
modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo
y derechos de conciliación de la vida personal familiar
y y laboral reconocidos legal o convencionalmente y prestaciones
de la seguridad social.
Esta misma ley de la jurisdicción social
incorpora a su vez varios procesos especiales,
concretamente los siguientes el procedimiento de oficio
y el de impugnación de actos administrativos en materia laboral
y seguridad social
no prestacionales, segundo, el proceso de conflictos colectivos,
tercero, la impugnación de convenios colectivos,
cuarto, las impugnaciones relativas a los estatutos de los sindicatos
y de las asociaciones empresariales o a su modificación,
quinto, la tutela de los derechos fundamentales
y libertades públicas.
Por último, los procesos constitucionales
son aquellos que pueden plantearse ante el Tribunal Constitucional
el recurso de amparo, los conflictos de competencia,
el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión
de inconstitucionalidad.
A todos ellos me he referido con minucioso detalle
en el programa correspondiente al Tribunal Constitucional
al que ahora me remito.
Vamos a ver ahora la estructura.
Del proceso desde siempre se ha distinguido
una trilogía procedimental tutela declarativa para referirse
a una primera declaración constitución o condena judicial
tutela cautelar para la gestión de las medidas cautelares
y tutela ejecutiva para la denominada ejecución de lo juzgado.
La tutela cautelar es una herramienta procesal
puesta a disposición de los actores o acusadores procesales
quienes habrán de solicitar antes o al propio tiempo de la presentación
de sus respectivas pretensiones ante el Tribunal con jurisdicción
y competencia con la finalidad de garantizar la efectividad,
es decir, la practicidad,
la realización, la ejecución de la tutela que en su día
se llega a dispensar tras el íntegro.
Itinerario cronológico de la instancia
y de sus probables recursos,
tanto ordinarios como extraordinarios,
y por supuesto también de los medios de rescisión de la cosa juzgada,
si hubiere lugar a ellos.
La tutela ejecutiva, por su parte,
servirá para adoptar de practicidad a la resolución judicial que haya ya
concluido de manera definitiva, ejecución provisional o firme,
ejecución forzosa el proceso referido.
Y volviendo a la tutela declarativa,
referíamos que había una tutela declarativa cautelar y ejecutiva.
Volviendo a la declarativa,
veamos ahora cuáles son las fases procedimentales.
Primero es la fase de alegaciones, demanda, contestación a la demanda
y, en su caso, reconvención en el proceso civil.
Esta primera fase de alegaciones se denomina así
porque se destina a la concreción del conflicto, merced a la exposición
por las partes, de sus distintas versiones fácticas
que servirán para fijar con toda claridad y precisión
el objeto litigioso sobre el que se va a desarrollar
después el debate contradictorio de ese concreto proceso.
Esta fase se encuentra integrada,
esta fase de alegaciones en el proceso civil,
por la demanda, contestación a la demanda
y en su caso por la reconvención.
En la primera fase del proceso y al igual que la última, la sentencia
será escrita.
La demanda, contestación a la demanda,
son escritas, la demanda también.
La audiencia previa o principal están regidas, sin embargo,
por un principio opuesto que es el de la oralidad.
En todo caso, cabe determinar que al mismo inicio
hay que concretar el objeto litigioso,
fijar las partes, establecer el petitum,
la causa petendi y, por tanto, tanto esta fase
como la última, la de la respuesta judicial a esos pedimentos,
deben ser objeto de una escritura, fijeza y seguridad jurídica
que quedan garantizadas por la escritura,
porque recordamos que verba volante, scripta manent.
Una vez concluida esa fase de alegaciones,
comienza la audiencia previa.
Una vez contestada la demanda,
o bien precluido el plazo para contestarla sin éxito,
es decir,
sin que el demandado la hubiera contestado,
puesto que en el proceso civil se le puede declarar en rebeldía,
comienza la segunda fase del proceso ordinario
denominada audiencia previa.
La audiencia previa se rige, sin embargo,
por el principio de oralidad porque consistirá esencialmente
en la celebración física y, en algunos casos,
telemática de una comparecencia ante el tribunal con asistencia
de las partes, con sus representantes en caso necesario
y con sus respectivos defensores.
La audiencia principal o juicio
es la siguiente y tiene por objeto ya la práctica de la prueba,
concretamente las pruebas siguientes,
declaración de las partes, testifical,
informes orales y contradictorios de perito,
reconocimiento judicial en su caso, reproducción de las palabras,
imágenes y sonido y tras la práctica de la prueba siempre.
En el propio juicio se formularán las conclusiones sobre estas.
Así, una vez practicadas las pruebas,
las partes formulan oralmente sus conclusiones
sobre los hechos controvertidos, exponiendo de forma ordenada,
clara y concisa si a su juicio esos hechos relevantes
han sido o deben considerarse admitidos y, en su caso,
probados o inciertos.
A tal fin, harán un breve resumen
de cada una de las pruebas practicadas, podrán asimismo lo que.
Entiendan que resulte favorable respecto de la carga de la prueba
sobre los hechos que todavía se reputen dudosos.
La sentencia se dicta dentro del plazo de 20 días por el principio
de la concentración a la terminación del juicio y el tribunal
todavía podrá autorizar mediante auto,
antes de que llegue a conclusión, la práctica de diligencias finales
si las pruebas no hubieran sido suficientemente expresivas
de la única realidad de los hechos.
Bien, frente a la sentencia que en su día
se dicte, después de celebradas todas todas las fases recién referidas,
frente a esa sentencia cabe el derecho al recurso.
El derecho a los recursos es una manifestación, una proyección
o, si se prefiere, es una ramificación del derecho
a la tutela judicial efectiva.
El número de recursos, la formulación y procedimiento
de cada uno de estos recursos constituye en nuestro país
una cuestión de legalidad ordinaria.
Por tanto, corresponderá al legislador precisar en cada concreto
supuesto cuántos recursos caben frente a determinadas resoluciones,
por qué motivos, en qué plazos y con qué procedimientos.
Vamos a analizar ahora el tiempo, espacio y ordenación procedimental.
Las actuaciones judiciales
se realizarán en la sede de la oficina judicial,
salvo aquellas que por su naturaleza se deban practicar en otro lugar.
Las actuaciones que deben realizarse fuera del partido judicial
donde radica la sede del tribunal, que conozca el proceso,
se practicarán cuando proceda mediante videoconferencia,
siempre que sea posible en otro caso mediante auxilio judicial.
Pese a lo anterior, los tribunales podrán constituirse
en cualquier lugar del territorio de su circunscripción
para la práctica de actuaciones cuando fuese necesario o conveniente
para la buena administración de justicia.
Constituido el tribunal en su sede, los actos del juicio,
vistas, audiencias, comparecencias, declaraciones y, en general,
todos los actos procesales se realizarán preferentemente
con presencia telemática.
Siempre que las oficinas judiciales, lógicamente,
tengan a su disposición medios técnicos para ello.
La intervención mediante presencia telemática
se realizará siempre a través de un punto de acceso seguro
de conformidad con la normativa que regule el uso de la tecnología
de la Administración de Justicia.
Pese a lo que acabo de indicar, en los actos que tengan por objeto
la audiencia, declaración, interrogatorio de partes,
testigos o peritos, la exposición de una persona menor de edad
o el reconocimiento judicial, personal o la entrevista
de una persona con discapacidad,
en estos casos será necesaria la presencia física
de la persona que haya de intervenir y cuando ésta sea una de las partes,
la de su defensa letrada.
Se exceptúan de lo previsto en este apartado
los casos siguientes, aquellos en el que el tribunal,
por las circunstancias del caso, disponga otra cosa.
También cuando la persona que haya de intervenir resida
en un municipio distinto de aquel en el que tenga su sede
el tribunal y en este caso podrá intervenir a su petición
en un lugar seguro dentro del municipio en el que resida
de conformidad con la normativa que regula el uso de la tecnología
en la administración de justicia.
En tercer lugar, como tercera excepción a lo que acabo de indicar,
en los casos
en los que el interviniente lo haga en su condición de autoridad
o funcionario público podrá realizarlo entonces su intervención
desde el punto de acceso seguro.
Las actuaciones judiciales habrán de practicarse en todo caso
en días y horas hábiles.
Son días inhábiles a efectos procesales
los sábados, los domingos, los días que median entre el 24 de diciembre
y el 6 de enero del siguiente año,
ambos inclusive, los días de fiesta nacional,
los festivos a efectos laborales de la respectiva comunidad autónoma
o localidad y también serán inhábiles los días del mes de agosto.
Se entiende por horas hábiles, las que medían desde las 8
de la mañana hasta las 8 de la tarde,
salvo que la ley para una actuación concreta
disponga específicamente otra cosa.
Los actos de comunicación y ejecución
también se considerarán horas hábiles,
las que transcurren desde las 8 hasta las 10 de la noche.
Y lo recién previsto
se entenderá sin perjuicio de lo que se pueda establecer
respecto de las actuaciones telemáticas o electrónicas.
Como normas específicas de los plazos,
cabe establecer las siguientes.
Primero, los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente aquel
en el que se hubiera efectuado el acto de comunicación
del que la ley haga depender el inicio del plazo
y se contará en ellos el día del vencimiento que expira
a las 24 horas.
Segundo, el cómputo de los plazos señalados por días
se excluye en los inhábiles.
Tercero, los plazos señalados por meses
o por años se computan de fecha a fecha.
Cuarto, cuando en el mes de vencimiento
no hubiere día equivalente al inicial del cómputo,
se prorrogará al día inmediato siguiente y expirará
en caso de que sea el último del mes
el que le ponga término a ese mes.
Los plazos que concluyan en sábado, domingo u otro día inábil
se entenderán prorrogados hasta el día siguiente.
Los plazos establecidos en la ley de juiciamiento civil
son improrrogables.
Podrán, no obstante, interrumpirse los plazos
y demorarse los términos en caso de fuerza mayor
que impida cumplirlos reanudándose su cómputo en el momento
en el que hubiera cesado esa causa determinante
de la interrupción o demora.
Recordemos el principio de la inmediación,
y es que los jueces y magistrados,
miembros del tribunal que esté conociendo de un determinado asunto,
deben ser, ellos mismos y por sí mismos,
los que presencien las declaraciones de las partes, testigos, careos,
exposiciones, exploraciones, explicaciones y respuestas
que hayan de ofrecer los peritos,
así como la crítica oral de su dictamen y cualquier otro acto
de prueba que conforme a lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil
deba llevarse a cabo de forma contradictoria
y públicamente.
Las vistas y las comparecencias que tengan por objeto
oídas las partes antes de dictar una resolución
se celebrarán siempre ante esos jueces y juezas,
magistrados o magistradas integrantes
del tribunal que ha de conocer del asunto.
El principio de publicidad impone que las actuaciones de prueba,
las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea o ir a las partes
antes de dictar una resolución,
se practicarán siempre en audiencia pública.
Estas actuaciones podrán, no obstante,
celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea necesario
para la protección del organismo.
Orden público la seguridad nacional en una sociedad democrática
o cuando ya se ha advertido los intereses de menores
con la protección de la vida privada de las partes
u otros derechos o libertades así lo exijan en fin
pues cuando la medida en que el tribunal
lo considera estrictamente necesario también el caso
de personas con discapacidad
o cuando por la concurrencia de circunstancias especiales
esa publicidad pueda suponer un perjuicio para los intereses
de la justicia.
La lengua oficial.
En todas las audiencias judiciales, los jueces magistrados,
fiscales, letrados de la Administración de Justicia
y demás funcionarios de los tribunales
usarán el castellano, lengua oficial del Estado.
Los jueces magistrados, letrados de la Administración de Justicia,
fiscales y demás funcionarios de los tribunales
también podrán usar la lengua oficial propia de la comunidad autónoma,
si ninguna de las partes se opone, alegando desconocimiento de ella
que pueda producirles una indefensión.
Las partes, sus procuradores, abogados,
así como los testigos y péritos podrán utilizar la lengua
que sea oficial en la comunidad autónoma en cuyo territorio
tengan lugar las actuaciones tanto en las manifestaciones orales
como escritas.
Los actos procesales de comunicación serán los siguientes.
Primero, las notificaciones.
Cuando tengan por objeto dar noticia de una resolución o actuación.
Segundo, emplazamientos, para personarse y actuar
dentro de un plazo, emplazamiento.
Tercero, las citaciones,
cuando termine el lugar, fecha y hora en que se debe comparecer y actuar,
citarse a una persona.
En cuarto lugar, los requerimientos,
para ordenar conforme a la ley una conducta o una actividad
requiero para hacer algo o para dejar de hacer algo.
Los mandamientos para ordenar el libramiento de certificaciones,
testimonios, la práctica de cualquier actuación
cuya ejecución corresponda ahora a los registros de la propiedad,
mercantiles, de buques, de venta a plazos de bienes muebles,
notarios, funcionarios o el servicio de la Administración de Justicia.
Y, por último, los oficios para las comunicaciones
con autoridades no judiciales y funcionarios distintos
de los que acabo de referir.
Las resoluciones procesales
se notificarán a todos los que sean parte en el proceso.
Todas las resoluciones dictadas por los tribunales o letrados
de la Administración de Justicia
se notificarán en el plazo máximo de tres días desde su fecha
o desde su publicación.
Los actos procesales serán nulos de pleno derecho
cuando concurran las causas siguientes.
Primero, cuando se produzcan por o ante tribunal con falta
de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional.
Segundo, cuando se realicen bajo violencia o intimidación.
Tercero, cuando se prescinda absolutamente
de las normas esenciales del procedimiento,
siempre que por esta causa hayan podido producir indefensión.
Cuarto, cuando se realicen sin intervención de abogado
en los casos en los que la ley exija como preceptiva u obligatoria
esta intervención.
Quinto, cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención
del letrado o letrada de la Administración de Justicia.
Sexto, cuando se resuelvan mediante diligencias de ordenación o decreto
cuestiones que conforme a ley deben ser resueltas
por medio de providencia autosentencia.
Y séptimo,
en los demás casos que la ley lo establezca.
La nulidad de pleno derecho, en todo caso,
y los defectos de forma en los actos procesales
que impliquen la ausencia de los requisitos indispensables
para alcanzar su fin o determinen una indefensión,
se harán valer por los medios y recursos
establecidos en la ley contra la resolución
de que se trate.
Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá,
de oficio o instancia de parte,
antes de que hubiera recaído resolución que ponga fin
al proceso y siempre que no proceda a subsanación,
declarar, previa audiencia de las partes,
la nulidad de todas o alguna de las actuaciones en particular.
En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso,
decretar de oficio la nulidad de las actuaciones que no haya
sido solicitada en dicho recurso,
salvo que falte la jurisdicción o competencia objetiva o funcional
o se hubiere producido con violencia o intimidación
que afecte precisamente a este tribunal.
Son resoluciones judiciales las providencias, autos y sentencias
dictadas por los jueces y tribunales.
En los procesos de declaración,
cuando la ley no exprese la clase de resolución judicial
que haya de emplearse, deben estimarse cumplidas
o observarse las siguientes reglas.
Primero, se dictará providencia
cuando la resolución se refiere a cuestiones procesales,
que requieran una decisión judicial, porque así lo establece la ley,
siempre que en tales casos no se exija expresamente la forma de auto.
Se decidirán por auto,
cuando se decidan recursos contra providencias o decretos,
cuando se resuelva sobre la admisión o inadmisión
de la demanda, reconvención, acumulación de acciones,
admisión o inadmisión de prueba,
aprobación judicial de transacciones,
acuerdos, mediación, convenios, medidas cautelares,
nulidad o validez de las actuaciones.
También revestirán la forma.
De auto, las resoluciones que versen sobre presupuestos procesales,
anotaciones e inscripciones registrales,
cuestiones incidentales,
tengan o no señalada una tramitación especial,
siempre que en tales casos la ley lo exija
y la decisión del tribunal así deba formularse,
como las que pongan fin a las actuaciones
de una instancia o recurso antes de que concluya
su tramitación ordinaria, salvo que respecto a estas últimas la ley
establezca que deban finalizar por decreto.
Y por último, se dictará sentencia para poner fin al proceso
en primera o segunda instancia una vez que haya concluido
su tramitación ordinaria prevista en la ley.
También se resolverán mediante sentencia los recursos de casación
y los procedimientos para la revisión de sentencias firmes.
Pasamos con ello a las resoluciones de los letrados
de la Administración de Justicia.
Se denominarán decretos y diligencias.
Cuando la ley nos prese qué clase de resolución
debe emplearse, entonces observarán las siguientes reglas.
Se dicta diligencia de ordenación cuando la resolución tiene por objeto
dar a los autos el curso que la ley establezca.
Se dicta decreto
cuando se admita a trámite la demanda,
cuando se ponga término al procedimiento que letrado o letrada
la Administración de Justicia tuviera atribuido competencia exclusiva
y en cualquier clase de procedimiento cuando fuera necesario o conveniente
razonar lo resuelto, ampararlo en un razonamiento.
Se dictan diligencias de constancia, comunicación o ejecución
a los efectos de reflejar en autos o hechos
o actos con trascendencia procesal.
Y concluimos, llega el momento final del proceso
con la resolución última, la sentencia.
La sentencia es la respuesta del Estado emitida a través de sus jueces
y juezas, magistrados y magistradas,
todos ellos integrantes de nuestros tribunales,
es la respuesta a los conflictos planteados
por los particulares en el marco de los procesos judiciales.
Las sentencias son exclusivamente judiciales.
Tan sólo pueden ser dictadas por jueces y magistrados
y en ellas se contendrá, de un lado, una voluntad estatal,
la de otorgar o denegar la concreta tutela solicitada
y, en cualquier caso,
pacificar la relación hasta ese momento conflictiva
o declarar el derecho precisado de reconocimiento judicial.
Y de otro, una exposición detallada de los motivos,
los argumentos y razones que sustentan esa decisión judicial.
Son caracteres de la sentencia los siguientes.
Primero, es una resolución jurisdiccional,
como acabo de indicar, porque solo los jueces y juezas,
así como magistrados y magistradas,
tienen constitucionalmente encomendado
y además un régimen de exclusividad la labor del enjuiciamiento.
Es una resolución material porque su contenido
estará destinado en exclusiva a resolver el conflicto planteado
o en su caso a homologar judicialmente el acto de disposición
de la pretensión orientado a concluir ipso facto
y con fuerza de cosa juzgada ese proceso
así establece la ley de enjuiciamiento civil
que se decidirá o se dictará también sentencia
para poner fin al proceso en primera o segunda instancia
una vez haya concluido la tramitación ordinaria prevista la ley
pero también se resolverá mediante sentencia
los recursos extraordinarios y procedimientos para la revisión
de las sentencias firmes.
Además, es una resolución con fuerza de cosa juzgada.
La fuerza de cosa
juzgada ha de identificarse con los efectos dimanantes
de las sentencias definitivas y firmes,
tanto a Cintra o en el marco interno del propio proceso
en el que se ha dictado, es decir, una cosa juzgada concreta.
Formal y ni impugnabilidad,
pero también adestra un enmarco externo de sucesivos y futuros
eventuales procesos con una cosa
juzgada material que tiene una doble proyección positiva
de ejecutoriedad y prejudicialidad y otra negativa de no vis in idem,
no dos veces la misma cosa, no cabe entablar un segundo proceso
entre las mismas partes por idéntico objeto.
La acosa juzgada formal constituye el presupuesto,
también el antecedente cronológico y lógico
de la acosa juzgada material, por tres elementales razones
de inimpugnabilidad asociada a la ejecutoriedad,
de prejudicialidad y de nevis in idem.
Las clases de sentencias son las siguientes,
pueden ser estimatorias o favorables,
desestimatorias o desfavorables,
también pueden ser total o parcialmente estimatorias
y lógicamente también pueden ser total
o parcialmente desestimatorias.
Pueden ser sentencias de enjuiciamiento
o de homologación judicial de actos de disposición material
de la pretensión, pueden ser sentencias contradictorias
o sentencias dictadas en rebeldía.
Sentencias constitutivas, declarativas o de condena,
sentencias de ejecución líquida inmediata,
es decir, aquellas que determinan la cantidad exacta que se debe,
pueden ser sentencias a reserva de liquidación,
son esas que conforman unas bases consistentes
en una mera operación aritmética,
se pueden ir determinando las cantidades que se deben,
o bien sentencias a condena de futuro prefijada a día de hoy,
pero que suponen un goteo en futuro del cumplimiento de obligaciones.
Se pueden ser sentencias en primera instancia,
de segunda instancia, de los recursos extraordinarios
o sentencias de revisión.
Y, por último, pueden ser sentencias definitivas o firmes.
Son sentencias definitivas las que ponen término al proceso
en cada una de sus instancias.
Si bien todavía estas sentencias definitivas son susceptibles,
pueden ser impugnadas por encontrarse dentro del plazo habilitado al efecto
para establecer el recurso o bien han sido ya recurridas.
Sin embargo, son sentencias firmes a que trillas
contra las que ya no cabe recurso alguno han ganado firmeza
pasan en autoridad de cosa juzgada como consecuencia bien
de su naturaleza irrecurrible
o bien del decaimiento del derecho al recurso de quien,
habiendo sufrido un perjuicio por la sentencia precedente,
dejó sin embargo transcurrir inútilmente el plazo
establecido para el recurso y no lo interpuso.
Civiles, por tanto, podrán ser orales o escritas
y, salvo en los procedimientos en los que no intervenga abogado,
en los escasos supuestos legalmente previstos,
en cuyo caso la sentencia ha de ser escrita,
en los restantes procedimientos,
siempre en el exclusivo ámbito del juicio verbal,
podrán dictarse sentencias oralmente,
haciendo su expresión de las pretensiones de las partes,
pruebas propuestas y practicadas, en su caso de los hechos probados,
a resultas de los mismos.
Haciendo constar las razones y fundamentos legales
del fallo que ha de dictarse con expresión concreta
de las normas jurídicas aplicables al caso.
El fallo se ajustará, en todo caso, a las reglas especiales de forma
y contenido de las sentencias a las que ahora me voy a referir.
Las sentencias civiles escritas habrán de indicar también,
como es lógico, el tribunal que las dicte,
como expresión del juez o jueza, magistrado o magistrada,
que lo integren y de su firma, indicación,
nombre del ponente cuando el tribunal sea colegiado.
Asimismo, toda resolución y con mayor razón
para la sentencia por tratarse de una resolución judicial,
la resolución judicial por excelencia,
incluye una mención de lugar y fecha en la que se adopta
y si la misma es firme o cabe algún recurso contra ella,
con expresión en este último caso.
De cuál sea el recurso que proceda,
el órgano ante el que se deba interponer y el plazo para recurrir.
Además de estas formalidades
de identificación nominal del juez o magistrado,
así como en su caso del ponente del tribunal colegiado,
de un lado, del momento, lugar, recurso procedente,
órgano competente, plazo de las sentencias
e integrarán además dentro de su estructura lógica
las siguientes partes.
Primero el encabezamiento, siguiente los antecedentes de hecho,
a continuación los fundamentos de derecho
y por último el fallo o parte dispositiva.
Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes
con las demandas
y con las demás pretensiones de las partes,
deducidas oportunamente en el proceso,
lo dice la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Harán las declaraciones que aquellas exijan,
condenando o absolviendo al demandado,
y decidirán en todo caso sobre todos los puntos litigiosos
que hayan sido objeto de debate.
Por tanto, son atributos esenciales de las sentencias
la claridad y la precisión, también la motivación.
Las sentencias se motivarán expresando siempre
los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen
a la apreciación y valoración de las pruebas,
así como a la aplicación e interpretación del derecho.
La motivación deberá incidir
en los distintos elementos fácticos y jurídicos del proceso,
consideradas individualmente y en conjunto,
ajustándose siempre a las reglas de la lógica
y de la razón.
Y por último, las sentencias han de ser congruentes.
La congruencia, recuerde, se puede definir
como la preceptiva vinculación del juez a las pretensiones
de las partes, la divergencia entre la congruencia civil,
supra, infra o extrapetita, y penal homogeneidad
del bien jurídico protegido ha sido ya explicada en otro programa
de esta serie a la que yo me remito y con esto ponemos término
a este último programa que es referido a la parte segunda.
Del proceso con todos sus principios estructurales,
ordenación y actos de comunicación, actos judiciales,
actos de los letrados de la Administración de Justicia
y la resolución por excelencia, que es la sentencia.
Muchas gracias.