Programa 9.
Proceso 1.
Concepto y principios.
El proceso es el instrumento público del Estado puesto al servicio
de los ciudadanos para solventar sus asuntos ante la jurisdicción
en todos los órdenes de su vida, civil, penal, contencioso,
administrativo o administrativo, social o laboral
y también militar.
Ya hemos tenido ocasión de distinguir el proceso
de los restantes medios de resolución de controversias.
Recuérdese, el proceso y el arbitraje son mecanismos heterocompositivos
en los que un tercero situado supra partes
impone una respuesta judicial, la sentencia o arbitral el audo.
Sin embargo,
existen otros medios autocompositivos de resolución de controversias
caracterizados por la resolución armoniosa
de los conflictos o controversias entre las propias partes
y gracias a la hábil intervención de un tercero,
esta vez situado en pie de igualdad con las partes, Mediación,
conciliación, oferta vinculante, experto independiente,
etc. Estos son los mecanismos autocompositivos.
Pero volvamos al heterocompositivo.
Se dedica a estos medios heterocompositivos,
arbitraje y autocompositivos, el resto,
el último programa de esta serie, el programa 11.
Por tratarse de un derecho que se titula derecho paraprocesal
o para jurisdiccional, por tratarse de un derecho que discurre
en paralelo al proceso judicial o a la jurisdicción
y que también se ocupa de resolver cuestiones contradictorias
o conflictivas, controversias entre los particulares.
Sin embargo, ahora nos vamos a dedicar
en exclusiva al proceso jurisdiccional.
El derecho a la tutela judicial efectiva o derecho de acción
es el derecho iniciático del proceso.
Frente a la acción, derecho de acción,
surge luego la reacción,
la defensa o derecho de defensa y el tránsito procedimental
cronológico desde que se instaura el derecho de acción
con su imprescindible derecho de defensa,
como esas dos caras de una misma moneda
de las que nos habla la ley orgánica de derecho de defensa,
como digo, desde ese momento embrionario
en que se interpone la acción, derecho de acción y su reacción,
derecho de defensa, hasta la sentencia firme,
bueno, pues hay todo un procedimiento.
Con múltiples derechos, posibilidades, cargas
y obligaciones procesales.
Los derechos esenciales de los justiciables
son los contenidos en el artículo 24.1 y 2
de la Constitución Española con todas sus proyecciones.
A ellos se ha dedicado
y se dedicarán un buen número de programas a los que me remito.
Las posibilidades procesales son las oportunidades de llevar a cabo,
tras la debida solicitud al juez o jueza,
magistrada o magistrada,
actuaciones procesales que pueden mejorar,
que pueden optimizar el derecho pretendido
durante el tránsito procedimental hacia la convicción judicial.
Dirigencias preliminares, pruebas, medidas cautelares,
etc. Estas cargas procesales son, sin embargo,
las imposiciones legales o judiciales realizadas frente a justiciables
que, de no atender a estas reclamaciones,
se verán expuestos a los posibles efectos desfavorables
de la sentencia que en su día se dicte,
determinadas pruebas obligatorias, por ejemplo,
la prueba de ADN en los procesos de filiación o la entrevista
a la persona con discapacidad en el proceso
para su propia provisión judicial de apoyos.
Las obligaciones procesales son imposiciones legales o judiciales,
así el artículo 118 de la Constitución Española
establece que es obligado cumplir las sentencias
y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales,
así como prestar la colaboración requerida por ellos
en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
Para constituir validamente un proceso resulta imprescindible
que se cumplan todos
y cada uno de los denominados presupuestos procesales.
Los presupuestos procesales son requisitos habilitantes del proceso.
Sin ellos el proceso no puede iniciarse
y en el caso de haberse iniciado erróneamente no podría proseguir.
Algunos son subsanables, otros no.
Casi todos lo son, casi todos son subsanables,
salvo, por razones lógicas, la prescripción o caducidad,
que no admite subsanación, tampoco la litispendencia y cosa
juzgada.
Su ausencia y no subsanación,
cuando proceda dentro del plazo oportuno,
ocasiona una resolución que suspende el proceso o lo archiva sin fuerza
de cosa juzgada, por tratarse de óbices procesales
y no sustantivos.
Son presupuestos procesales los siguientes,
sin ánimo exhaustivo.
Los presupuestos procesales de la jurisdicción
son en primer lugar la propia jurisdicción
y la competencia tanto objetiva como funcional y territorial.
Se han analizado los programas 2 a 4 de esta misma serie.
Son presupuestos procesales que afectan a las partes,
capacidad para ser parte, capacidad procesal,
capacidad de postulación, falta del debido litis consorcio
pasivo necesario.
Son presupuestos los de las partes que se analizan
con todo detalle en los programas correspondientes
de la serie de derecho procesal civil.
Y son presupuestos procesales que afectan al objeto procesal
los medios adecuados de resolución de controversias
en la justicia civil dispositiva en la que resulta
preceptiva la realización de un intento de acuerdo
como trámite previo al inicio del proceso, el procedimiento adecuado,
la litispendencia y la cosa juzgada.
Los MASC o Medios Adecuados de Resolución de
Controversias se exponen con todo detalle
en el último programa de esta serie titulado Derecho para Procesar
y el resto de presupuestos
referidos al objeto se analizan también con todo detalle
en los programas correspondientes de nuestra serie
Derecho Procesal Civil Parte General .
Además de los presupuestos procesales,
deben cumplirse los presupuestos no procesales habilitantes
de la pretensión, que son la legitimación de las partes
y la perfecta delimitación del objeto del proceso.
Mediante la pretensión declarativa se solicita la declaración
de un derecho, por ejemplo, del derecho de propiedad.
Fruto de una pretensión declarativa,
en su día obtendremos una sentencia también declarativa
y por tanto con efectos ex tunc, es decir,
desde el momento del nacimiento de la relación jurídica.
Bien,
mediante una pretensión constitutiva se solicita,
sin embargo, la constitución de una nueva situación jurídica,
por ejemplo, la separación o el divorcio
tras la crisis matrimonial.
Como consecuencia de una pretensión constitutiva,
en su día se dictará una sentencia constitutiva con efectos ex nunc,
es decir, desde el momento en el que se dicta la sentencia,
sin que se retrotraiga al momento de inicio de la relación jurídica.
Y mediante la pretensión de condena se solicita la propia condena
a un dar, un hacer, un no hacer o un
entregar una cosa determinada, por ejemplo,
el pago de una deuda, la entrega de una casa,
la no intromisión en un fondo terreno ajeno.
Fruto de la pretensión de condena tendremos en su día
una sentencia de condena susceptible por tanto de ejecución
que puede ser provisional si la resolución judicial
la sentencia está todavía está en fase de recurso
o ha sido recurrida o definitiva
cuando ya es una sentencia última porque ha concluido toda posibilidad
de interponer recurso contra ella y ya es la última.
La legitimación se refiere a la vinculación de uno
o varios sujetos justiciables, primero entre ellos
y segundo entre ellos por relación al objeto litigioso.
Con todos estos requisitos cumplidos podrá por fin
interponerse la demanda e iniciarse el proceso.
La demanda es el acto de postulación que inicia el proceso.
El actor o demandante plantea su conflicto
ante el órgano judicial frente al demandado,
precisamente en su demanda, acompañado de una pretensión
que puede ser, como he dicho, declarativa, constitutiva
o de condena, en la que se solicita, debidamente amparado en la ley
o en la jurisprudencia que complementa la ley,
lo que a su derecho convenga.
Frente a esta demanda, el demandado podrá afrontar múltiples posiciones
que se analizan en detalle en todos los programas
de esta serie, allanarse, transigir,
someterse a algún medio adecuado de resolución de controversias,
entre otros.
Pero lo habitual en el marco del proceso será que asuma una posición
defensiva mediante la reacción e interposición,
también ante el mismo tribunal,
esta vez frente al actor y por parte del demandado,
de su contestación a la demanda,
con alegación ahora de hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes que amparen su pretensión exculpatoria
y su petición de absolución.
El demandado podrá a su vez aprovechar esta fase
o periodo procesal, el de la contestación a la demanda,
para afrontar de manera conjunta a su defensa un ataque,
un nuevo ataque o una nueva acción a través de la reconvención,
cuando considere que el actor del proceso pendiente
merece además ese reproche procesal
en defensa de sus propios derechos sustantivos e intereses legítimos.
Cada uno de estos escritos,
demanda, contestación a la demanda y reconvención,
habrán de acompañarse de una serie de documentos tanto procesales,
entre otros el poder en favor del procurador,
documentos acreditativos de la especial vinculación
entre los sujetos comprometidos en el litigio,
cuando dicha verificación fuese legalmente exigible,
justificación documental de la representación que el litigante
se atribuya, dictamen del valor económico del objeto de proceso,
y estos son una serie de documentos procesales,
pero también los materiales, certificaciones registrales,
dictámenes periciales,
informes elaborados por profesionales de la investigación privada,
legalmente habilitados, sobre hechos relevantes
sobre los que apoyen sus respectivas pretensiones,
documentos públicos e incluso documentos privados.
Estos relevantes escritos
de los distintos actos de postulación,
demanda, contestación y reconvención habrán de incorporarse,
como digo, en los plazos legalmente estipulados
y revestir una formalidad estructura y sistemática adecuadas
para que el proceso pueda instaurarse válidamente.
El letrado de la Administración de Justicia,
una vez examinados los requisitos legalmente exigidos,
procederá a declarar la admisión de la demanda por decreto
o dará traslado, y bien ese caso, una vez admitida,
dará traslado al demandado para que conteste en 20 días.
El demandado que pretenda denunciar la falta de jurisdicción
por corresponder el conocimiento del objeto litigioso
a los tribunales extranjeros a otro orden jurisdiccional distinto
en este caso del civil o del orden en el que se encuentre
o en su caso al arbitraje.
Ese particular demandado que desee denunciar esta falta de jurisdicción
por estas causas o la falta de competencia,
sea objetiva, funcional o territorial,
habrá de hacerlo en este momento,
dentro de los diez primeros días para contestar a la demanda
mediante la interposición de la denominada declinatoria.
Es un escrito procesal en el que el demandado
se dirige al tribunal carente de jurisdicción o competencia
para pedirle que decline su conocimiento,
esto es, que deje de conocer de ese concreto conflicto
y derive las actuaciones al tribunal que se considera tiene ya
jurisdicción y competencia para conocer del mismo.
En la contestación a la demanda, el demandado habrá
de afrontar la pretensión defensiva, tanto material,
mediante la negación o admisión de los hechos aducidos por el actor,
como en su caso procesal,
con la denuncia de las excepciones o presupuestos procesales
a los que me he referido, excepto la declinatoria que,
como he dicho, debe interponerse en los 10 primeros días.
Las demás alegaciones que pongan de relieve cuanto obste
a la válida prosecución del proceso y término mediante sentencia
habrán de establecerse en un plazo de 20 días
para contestar a la demanda sin que el demandado.
Hubiere afrontado dicha respuesta procesal
ni se hubiere personado porque en este caso,
en el caso de que no se persone,
procederá su declaración en rebeldía y su declaración en rebeldía,
la del demandado, traerá por toda consecuencia
la prosecución de todo el procedimiento
sin su presencia.
La función del proceso es, lógicamente y conforme a la teoría
abstrata de la pretensión a la que me he referido ya,
la obtención de una respuesta judicial, jurídica,
amparada en derecho, motivada,
explicada con base en argumentos razonables, congruente,
que dé respuesta positiva o negativa,
pero que dé respuesta a todas las pretensiones, estable,
es decir,
con fuerza de cosa juzgada, y práctica,
quiere decir ejecutable.
Los principios del proceso son los siguientes.
Primero, principio de contradicción.
El principio de contradicción es,
y conviene expresarlo con esta contundencia,
un principio estructural, medular y vertebrador
de todo proceso judicial, no sólo en el orden civil,
sino en cualquiera que sea el orden jurisdiccional comprometido,
civil, penal, contencioso, administrativo, laboral
y, por supuesto, militar.
El principio de contradicción presupone que todo proceso judicial,
en todo, debe haber dos partes en conflicto,
en controversia,
o, como así lo denomina el propio principio,
en contradicción.
Bien, si las posiciones fuesen pacíficas,
si fuesen armoniosas, consensuales, entonces directamente no habría
proceso, con las escasas excepciones de estos procesos civiles
donde deben reconocerse judicialmente derechos solicitados
de mutuo acuerdo, como sucede con los procesos consensuales
de separación o divorcio,
o bien los expedientes de jurisdicción voluntaria
en los que no hay oposición,
como por ejemplo el de filiación por adopción
o el de designación de medidas judiciales de apoyo judicial,
a personas con discapacidad.
Como digo, hay expedientes con contradicción
y otros con contradicción.
Cuando me refiero a los que no tienen contradicción,
me refiero a estos, pero otros sí la tienen.
El principio de contradicción ampara o da cobertura
a los derechos de acceso al proceso con la adquisición
del estatus de parte, alegación, prueba e impugnación,
así como el derecho a la última palabra,
todos ellos analizados en este programa
y en otros de esta misma serie.
Pasamos al principio de publicidad que se erige
en un auténtico termómetro democrático
de nuestro moderno proceso.
Está íntimamente conectado con el de oralidad.
Su fundamento es evidente,
ha de encontrarse en el control público
de las más relevantes actuaciones judiciales, las sesiones previas
a las sentencias judiciales.
Pero esta afortunada aspiración
no puede llevarse sin embargo hasta sus últimos extremos
porque son muchos los derechos e intereses en juego
no sólo la posibilidad de que la sociedad pueda visibilizar
en directo y en tiempo real la celebración de todos
y cada uno de nuestros procesos así como acaso controlar
el debido cumplimiento de las garantías que deben presidir
las cruciales sesiones públicas que integran dichos relevantes
procesos frente a este control social se alzan.
No pocos derechos de personas, como el honor,
la privacidad, la intimidad, la propia imagen,
entre otros.
De ahí que el Tribunal establezca de forma motivada,
caso por caso, algunas limitaciones, especialmente en procesos
que afectan a menores y personas con discapacidad.
El principio de inmediación supone que el único tribunal
autorizado para dictar una sentencia con fundamento
en la prueba practicada en un determinado momento
es, precisamente, el mismo tribunal que ha presenciado
de manera directa, activa e inmediata esa prueba.
La labor judicial del enjuiciamiento
ha de venir precedida para dotarla de una mayor probabilidad de acierto
en la justicia de la respuesta material
que llega a alcanzarse de otra de examen proactivo,
dinámico e innovador de esa prueba con base
en cuyo resultado se fundará la resolución.
Referida a sentencia de condena o absolución.
Y así, el artículo 289.2 es tajante a la hora
de advertir que será inexcusable la presencia judicial
en el interrogatorio de las partes y testigos,
en el reconocimiento de lugares, objetos y personas,
en la reproducción de palabras, sonidas e imágenes y, en su caso,
cifras y datos, así como en las explicaciones,
impugnaciones, rectificaciones o ampliaciones de los dictámenes
periciales.
El principio de concentración
supone que todas las sesiones esencialmente las de prueba,
pero todas ellas practicadas en el proceso,
deben celebrarse, de ser posible, en unidad de acto,
pero de no ser posible esa unidad de acto
en un periodo muy breve de tiempo.
Ello debido a que la unidad de tiempo y espacio donde se celebran
las pruebas permitirá definitivamente fijar la respuesta del juicio
y eso favorece la memoria, la concentración,
la conexión al entendimiento y al término,
la valoración conjunta de todas las pruebas a cargo
del tribunal del proceso donde se celebre.
El principio de igualdad de armas es una manifestación del principio
de igualdad en el ámbito procesal y conlleva la imperiosa exigencia
de que las partes.
Dispongan de idénticos medios de ataque y defensa
respecto de sus heterogéneas pretensiones en el proceso,
correspondiéndoles simétricas facultades y cargas de alegación,
prueba e impugnación.
El principio dispositivo.
Nuestro proceso civil se encuentra presidido de principio a fin
por el principio dispositivo.
Con la sola excepción dentro de su ámbito objetivo
de esos procedimientos especiales de naturaleza indisponible
donde se ven comprometidos,
sin embargo, derechos e intereses de personas menores
o de personas con discapacidad provistas de apoyos judiciales.
En estos dos últimos casos no rige el principio dispositivo,
en el resto del ordenamiento jurídico procesal civil
sí rige el principio dispositivo.
Bien, los procesos dispositivos se caracterizan, por tanto,
por cuatro atributos.
Primero, tan solo pueden iniciarse a instancia de parte.
Nemo iudex sine actore.
Segundo, las partes podrán realizar en el marco del proceso
todo tipo de actos de disposición del objeto de ese proceso.
Renuncia, allanamiento, desistimiento, transacción, abandono
del procedimiento por satisfacción extraprocesal del objeto.
En tercer lugar, el juez habrá de ser congruente
con las pretensiones de las partes
sin que pueda dar más de lo pedido por el actor,
suprapetita, menos de lo resistido por el demandado, infracitrapetita,
cosa distinta de la pretendida por las partes extrapetita.
Y por último, si los particulares estuvieran de acuerdo,
podrán solventar además
este tipo de disputas al margen de la jurisdicción
a través de los denominados mecanismos paraprocesales.
Por supuesto, este principio rige en todo el orden procesal
civil dispositivo,
pero no en el indisponible, que es el que afecta, insisto, a menores
y personas con discapacidad.
Vamos a ver estas manifestaciones del principio dispositivo.
La primera manifestación del principio dispositivo
que informa la práctica totalidad de procesos civiles
es la imprescindible instancia de parte.
Nemo iune dex sine actore.
No hay proceso sin un actor que le dé comienzo.
Ne procedat iude ex officio, no proceda al juez de oficio.
Ningún proceso civil dispositivo podrá,
por tanto, instarse, a diferencia del penal, de oficio.
La naturaleza privada de los bienes conflictivos,
que tan solo cobra relevancia directa
en la relación jurídica susceptible de ser judicializada,
pero no trasciende a derechos o intereses de terceros,
ni mucho menos de la sociedad en su conjunto, conlleva, además,
que nadie deba verse obligado a litigar.
De suerte que el proceso civil
dispositivo tan solo se instaura cuando al menos un sujeto libre
y voluntariamente, conscientemente también,
decide ejercitar este derecho a la tutela judicial efectiva
en defensa de algún derecho o interés legítimo propio,
mediante ley de reposición de la demanda.
La demanda se erige,
pues, en el trascendental acto de postulación iniciático
del proceso civil en su primera instancia.
La interposición de la demanda en tiempo y plazo
corresponde al actor o demandante debidamente asesorado de su abogado,
representado por su procurador, ante el tribunal con jurisdicción
y competencia y frente al demandado.
La segunda manifestación del principio de dispositivos
es la disposición del objeto del proceso mediante actos
que puedan ponerle término antes de su conclusión
por sentencia.
Los medios de disposición de la pretensión
de resultar admisibles y exitosos culminan los procesos
gracias a la voluntad en unas ocasiones individual,
renuncia de allanamiento, en otras bilateral,
desistimiento y al fin en otra recíproca conjunta
a la transacción de las partes procesales.
Vamos a verlos muy rápidamente.
La renuncia del actor pone término al proceso,
nada menos que mediante sentencia con fuerza de cosa
juzgada de absolución del demandado.
Así, cuando el actor manifieste su renuncia
a la acción ejercitada o al derecho en que se funda su pretensión,
el tribunal dictará sentencia absolviendo al demandado,
salvo que la renuncia fuese legalmente inadmisible.
Bien, el desistimiento del actor pone en término al proceso
cuando se dan las circunstancias legalmente previstas
mediante decreto deletrado a la Administración de Justicia
sin fuerza de cosa juzgada,
que provoca el sobreseguimiento de la causa
y la consiguiente posibilidad de volver a interponer
o a entablar idéntico proceso entre las mismas partes.
Así, si el demandado presta su conformidad al desistimiento
o no se opone a él dentro del plazo expresado inicialmente,
en el párrafo anterior correspondiente, es decir,
en el plazo estipulado por el letrado de la Administración de Justicia,
entonces se dictará decreto acordando el sobreseguimiento
y el actor podrá promover nuevo juicio sobre el mismo objeto
en el futuro.
El allanamiento del demandado pone término también al proceso
cuando sea total.
Si el allanamiento es parcial,
lógicamente el proceso continúa en la parte no allanada,
sin embargo, concluye en la parte sí allanada.
Y le pone término mediante sentencia condenatoria del demandado a sí.
Cuando el demandado se allana todas las pretensiones del actor,
en este caso allanamiento total,
el tribunal dictará sentencia condonatoria
de acuerdo con lo solicitado por éste.
Pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia
contra el interés general o perjuicio de tercero,
entonces se dictará un auto rechazándolo
y el proceso seguirá adelante.
La transacción entre el actor
y el demandado pone término al proceso mediante una resolución
de homologación judicial del acuerdo.
Si las partes pretenden una transacción judicial
y el acuerdo o convenio
que alcanzan fuere conforme a lo previsto legalmente,
esto es, cuando la ley no lo prohíba o establezca limitaciones por razones
de interés general o beneficio de tercero, será homologado
por el tribunal que esté conociendo el litigio que se pretenda poner
fin.
Y por último,
la satisfacción extraprocesal del objeto del proceso.
El proceso también puede culminar exitosamente
y sin necesidad de enjuiciamiento cuando se produzca de forma
sobrevenida y por la causa que fuere,
una solución extrajudicial de su objeto
que haga decaer el interés de la persona que lo ha ejercitado,
del actor o actores.
Así, cuando por circunstancias sobrevenidas a la demanda
y a la reconvención, dejare de haber interés legítimo
en obtener la tutela judicial pretendida,
o, en su caso, del demandado reconveniente,
y por cualquier otra causa,
se pondrá de manifiesto esta circunstancia
y, si hubiera acuerdo entre las partes,
se decretará por letrado de la Administración de Justicia
la terminación del proceso
sin que proceda la condena en costas.
Bien,
estábamos con las manifestaciones del principio dispositivo
y la tercera es la congruencia.
La congruencia constituye con la motivación
y la claridad o precisión un atributo esencial de la sentencia
cuya relevancia queda atestiguada por su posible acceso
en caso de incumplimiento, nada menos que ante el Tribunal Constitucional
en amparo, al tratarse de una clara proyección
del derecho a la tutela judicial efectiva y de defensa.
La congruencia se puede definir
como la preceptiva vinculación del Tribunal a las pretensiones
de las partes impuestas por el principio dispositivo
que rige el proceso civil.
Esta obligación judicial de congruencia,
conviene precisar, resultará exigible tan sólo
cuando el contenido de la resolución emitida sea disponible
y, en consecuencia, no rebase en el caso concreto
las pretensiones privadas de los directamente implicados
en el proceso para invadir, trascender o, de cualquier modo,
afectar a los legítimos intereses de menores
o de personas con discapacidad, tampoco de ausentes,
porque en estos tres supuestos menores,
personas con discapacidad o ausentes,
hay una indisponibilidad del objeto del proceso que impide
que el tribunal pueda quedar vinculado
por las peticiones de las partes.
Por tanto, salvo procesos afectantes a menores,
personas con discapacidad o ausentes,
entonces rige la congruencia.
Los posibles vicios, defectos o errores de la congruencia
pueden ser clasificados en cinco modalidades.
Primero, la incongruencia ultra o suprapetita,
también denominada por exceso.
Supone la concesión por el tribunal de más de lo pedido
por el actor en su demanda principal
o por el demandado reconveniente en su demanda reconvencional.
Esa sería la incongruencia ultra o suprapetita.
La incongruencia infradicitrapetita, también denominada por defecto,
supone la concesión por el tribunal
de menos de lo consentido ya transaccionado
o de cualquier modo admitido ya por el demandado.
No debe confundirse este concepto de aceptación,
reconocimiento o aceptación con la pretensión resistente propias
de la acción y defensa,
puesto que el tribunal naturalmente puede conceder menos
de lo pedido por el actor y de lo puesto por el demandado
dentro de la libertad con la que se ha
de encauzar su enjuiciamiento.
Pero si el demandado ya se ha allanado parcialmente
a una parte, entonces no puede dejar el juez
de reconocer aquello que ya ha reconocido el demandado.
Bien, la incongruencia extrapetita supone conceder o denegar,
pero en cualquier caso resolver, algo distinto, ajeno
y por tanto novedoso
respecto de lo pretendido y resistido por las partes,
lo que puede albergar a su vez una eventual incongruencia
silenciosa u omisiva, también denominada ex silencio,
por cuanto, al atender de modo confuso
a pedimentos distintos de los deducidos por las partes,
probablemente entonces se omite, fruto de esa misma confusión,
toda respuesta a lo efectivamente pretendido.
Esto acontecería cuando el actor, a modo de ejemplo,
pretende el reconocimiento de una titularidad
y se concede o deniega la de otra.
La incongruencia omisiva o ex silencio
a la que me acabo de referir ha sido identificada con la omisión
de uno o algunos pronunciamientos que debieran dar respuesta completa,
exhaustiva, pormenorizada e íntegra a la globalidad
de la única pretensión aducida, en su caso,
a la totalidad de las pretensiones oportunamente formuladas
por las partes.
Si bien este defecto ha de equipararse antes
con la obligación de decidir todos los puntos litigiosos
que hayan sido objeto de debate,
o incluso con la debida separación del pronunciamiento correspondiente
a cada uno de ellos, luego tiene más que ver con la falta de exhaustividad
que con la falta de congruencia.
La diferencia existente
entre los referidos defectos de congruencia propiamente dicha
y este déficit u omisión de pronunciamiento, más bien,
como digo, equiparable a la falta de exhaustividad o completitud,
arbitrada por el artículo 215 de la ley de juiciamiento civil
de subsanación y complemento de las sentencias defectuosas
o incompletos.
Los procesos indisponibles son, por contraste,
aquellos otros en los que, debido a la presencia
de un interés superior especialmente protegido,
normalmente la persona de un menor de edad o bien.
En atención a la necesidad,
atención preferente a la voluntad, deseos y preferencias
de las personas con discapacidad provistas de apoyos judiciales,
bueno, corrigen los principios opuestos.
¿Y cuáles son los opuestos?
Primero, la posibilidad de iniciación del proceso ex
oficio a cargo del Ministerio Fiscal.
Segundo, La imposibilidad de adoptar actos de disposición
de la pretensión.
Lógicamente, no cabe renunciar, desistir, allanarse o transigir
respecto de las situaciones que afectan, derechos e intereses
que afectan a personas vulnerables.
En tercer lugar, la libertad del juez para dictar la sentencia.
Quien podrá atender a la verdad material o única realidad
de los hechos, sin verse constreñido por los estrechos márgenes
de la congruencia.
Por tanto, el juez en estos casos podrá
no verse, digamos, constreñido por esos estrechos márgenes
de la congruencia supra, infra, extrapetita.
Y por último, los sujetos afectados
por un conflicto de naturaleza indisponible
no podrán acudir para solventarlo a mecanismos paraprocesales,
sino tan sólo al proceso judicial.
Las manifestaciones del principio acusatorio.
El principio acusatorio es el que rige en el proceso penal
y es en todo opuesto al principio civil.
Bien, pues el principio acusatorio, como digo, propio del proceso penal,
despliega tres relevantes proyecciones en este proceso penal.
Primero, en la fase de instrucción, nemo iudes sine accusatore,
con la distribución de las funciones de acusación e instrucción
a dos órganos del Estado distintos.
Segundo, estos órganos del Estado son los siguientes,
la acusación al ministro fiscal y la investigación
a la sección de instrucción de los tribunales de instancia,
la sección que corresponda en función de la naturaleza del delito.
El otorgamiento de las funciones de acusación.
A dos personas distintas, el lenguaje coloquial,
quien acusa no enjuicia, en relación con este otorgamiento
de las funciones a dos órganos del Estado distintos,
cabe establecer una reflexión, y es que resulta claro que el juez,
único órgano que puede emitir el juicio jurisdiccional
en el proceso penal,
se encuentra constreñido por un trípode de límites
que le imponen la parte acusadora, sea pública, popular, particular
o privada.
Primero, límites subjetivos.
Tan solo podrá condenar a las personas que han sido
previamente acusadas y nunca a otras.
Segundo, límites objetivos.
Tan solo podrá enjuiciarse los hechos incorporados
por las partes acusadoras.
Y de defensa, y nunca otros,
y principalmente por la parte acusadora.
Y tercero, límites legales.
Tan solo podrá condenar conforme a la calificación jurídica
que sostenga la pretensión punitiva,
con las excepciones del planteamiento de la tesis que se analizará
en la serie de derecho procesal penal.
Inmediatamente después del comienzo del proceso penal,
con esta bifurcación de funciones entre la acusación y la instrucción,
ha de establecerse que también se bifurca la atribución de dos fases
de instrucción y enjuiciamiento a dos juzgadores distintos.
La investigación a la sección de instrucción
de los tribunales de instancia
y el enjuiciamiento al tribunal al que se conviende con arreglo
a las normas de la competencia.
Este segundo enunciado, el otorgamiento a las facultades
de investigación y enjuiciamiento a dos órganos distintos,
en el momento actual dos órganos jurisdiccionales,
con independencia de que en el futuro
puedan llegar a instruir los fiscales,
tal y como lo están haciendo ahora en nuestro proceso penal de menores.
Bueno, pero en todo caso esto que responde en lenguaje coloquial
a esa máxima
de que quien instruye no falla, Comporta que el juez de instrucción,
el juez de la instrucción o el tribunal de instancia,
sección de la instrucción, tiene amplias funciones
para incorporar al proceso toda suerte de hechos,
gracias a los actos de investigación y de prueba anticipada
y preconstituida, que le corresponden por razón de su función instructora.
Precisamente por esa proximidad al objeto y sujetos del proceso penal
es por lo que, ante una sospecha de falta de imparcialidad,
se le separe de ese proceso una vez concluida esa función
netamente investigadora.
En consecuencia, el juez del enjuiciamiento,
ajeno por completo a toda labor instructora,
habrá de ser congruente
con todo ese material, tanto objetivo como subjetivo,
introducido al mismo por los distintos actores procesales,
entre los que se incluye, como es lógico,
el propio tribunal o juez que se incorpora
en el tribunal de instancia, sección de instrucción,
pero que no está autorizado para incorporar al mismo ejecutivo.
Y al margen
de todos los protagonistas principales del proceso,
tanto las partes acusadoras como acusadas,
como los órganos públicos del Estado con funciones instructoras,
nuevos hechos o nuevos sujetos.
Bien, en la fase final del proceso,
la sentencia rige la congruencia penal,
que habrá de respetar la homogeneidad del bien jurídico protegido.
La congruencia de la sentencia penal
se refiere a la relación de conexión, adecuación o vinculación
que debe ineludiblemente existir entre la acusación
y el enjuiciamiento.
Vinculación esta que guarda una estrecha relación
con el principio acusatorio
también en su triple manifestación siguiente.
Primero, las funciones de acusación y enjuiciamiento deben corresponder
a personas distintas.
Segundo, las funciones de investigación y enjuiciamiento
deben atribuirse a diferentes órganos públicos del Estado.
Y tercero, la congruencia propiamente dicha
o obligación del juez es sostener su enjuiciamiento sobre hechos
y calificaciones jurídicas
introducidos por las partes acusación y defensa sin posibilidad
de condenar por delitos distintos
y eventualmente más graves que los aducidos por estas,
salvo que los bienes jurídicos protegidos por esos delitos
guarden una estrecha relación de homogeneidad,
es decir, sean los mismos,
es una máxima de la congruencia penal.
Serían los mismos bienes jurídicos protegidos la vida, por ejemplo,
en los delitos de asesinato y homicidio.
Ello comportaría que pudiera recaer una sentencia
por cualesquiera de los dos delitos,
pero si el bien jurídico protegido por los delitos investigados
y no incorporados en el debate contradictorio difiere,
entonces el juez de lo penal, el tribunal de enjuiciamiento
en la sección que corresponda de lo penal,
incurriría una grave incongruencia al condenar por hechos calificados
con un tipo delictivo que protege un bien jurídico heterogéneo
respecto de aquel que motivó y provocó el debate contradictorio
de todo el proceso penal.
Esta tercera proyección del principio acusatorio
es la que centra su atención en propiedad
en la congruencia strictus sensu y se refiere a la imperiosa conciliación,
equivalencia o vinculación entre la acusación y la condena.
Esta manifestación del principio acusatorio se expresa
en los siguientes términos.
La sentencia no podrá imponer pena más grave
que la solicitada por las acusaciones ni condenar por delito distinto
cuando éste conlleve una diversidad del bien jurídico protegido
o mutación esencial del hecho enjuiciado,
salvo que alguna de las acusaciones
haya asumido el planteamiento.
Previamente expuesto por el juez o tribunal dentro del trámite
previsto en el párrafo segundo del artículo 788
que se refiere al planteamiento de la tesis
perfectamente explicado en la serie de derecho procesal penal.
Esa obligación de vinculación del juez a las pretensiones acusadoras
a la hora de ofrecer una calificación jurídica
a los hechos delictivos implica que por mucho que el juez
conozca a la perfección el derecho yura novit curia.
Y por mucho que a su vez esté autorizado para aplicarlo,
sin embargo,
no está autorizado para modificar al alza la calificación jurídica
sin el debido sostenimiento por las partes acusadoras,
porque ello conllevaría atribuirse, además de su función enjuiciadora,
otra función, que sería la acusadora,
que le está vedada, Resulta claro que nadie puede ser
condenado por algo respecto de lo que previamente no ha sido acusado
porque ello le sumiría en la más lacerante indefensión.
En suma,
el juez o tribunal que pretenda modificar una calificación jurídica
de los hechos penales
que comporte un agravamiento a la potencial condena,
habrá de sugerir a las partes acusadoras,
por la vía del planteamiento de la tesis que se ha analizado
en el programa correspondiente al juicio oral,
una propuesta de modificación de la calificación jurídica
de esos hechos.
Si las partes aceptan esa propuesta
y modifican la calificación jurídica de los hechos en el sentido
indicado por el tribunal, entonces, como es lógico,
podrá proceder a efectuar la condena por ese nuevo título jurídico
sin ningún problema.
Ahora bien, si las partes no asumen la tesis que el tribunal les ofrece
y mantienen la calificación jurídica inicialmente efectuada,
entonces el tribunal, como también es razonable,
no podrá dictar una sentencia de condena amparada
en una calificación distinta, por muy oportuna que le parezca,
a la sostenida por las partes.
Esta premisa tiene una sola excepción,
la homogeneidad del bien jurídico protegido.
Quiere esto decir que si el bien jurídico protegido,
pongamos por caso la vida por la calificación jurídica
sostenida por las partes acusadoras, el homicidio,
por ejemplo, es el mismo que el bien jurídico protegido,
también la vida, por la calificación elegida por el tribunal,
el asesinato, pongamos, entonces no se habría producido
esta perniciosa ruptura de la obligación de correlación
entre la acusación y la condena.
La congruencia en definitiva, en este caso,
se habría salvado.
Y con esto ponemos término a este programa.
Muchas gracias.