Programa 21.
Recurso extraordinario de casación penal
y medios de rescisión de la cosa juzgada,
revisión y anulación.
Comenzamos con el recurso extraordinario de casación penal.
Procede este recurso de casación en el orden penal
por infracción de ley y por quebrantamiento de forma
contra las sentencias dictadas en única instancia
o en apelación por la Sala de lo Civil
y Penal de los Tribunales de Justicia y también contra las sentencias
dictadas por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
Por infracción de ley del motivo previsto
en el artículo primero del artículo 849 de la Ley de Juicidio Criminal,
cuando, dados los hechos que se declaren probados
en las resoluciones comprendidas en los dos artículos anteriores,
se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo
u otra norma jurídica del mismo carácter que deba
ser observada en aplicación de la ley penal contra las sentencias
dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales
y contra las sentencias dictadas por la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional .
Quedan exceptuadas aquellas que se limiten a declarar la anulidad
de las sentencias recaídas en primera instancia.
Podrán ser recurridos en casación únicamente por infracción de ley
los autos para los que la ley
autorice dicho recurso de modo expreso
y los autos definitivos dictados en primera instancia
y en apelación por las audiencias provinciales
o por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional
cuando suponga la finalización del proceso por falta
de jurisdicción o sobreseguimiento libre y la causa se haya dirigido
contra algún causado mediante una resolución judicial
que suponga una imputación fundada.
Se entenderá que ha sido infringida la ley para el efecto
de que pueda interponerse el recurso de casación
cuando, dados los hechos que se declaran probados,
se hubiera infringido un precepto penal de carácter sustantivo
u otra norma jurídica del mismo carácter
que deba ser observada en aplicación de la ley penal.
También cuando haya existido error en la apreciación de la prueba
basado en documentos que obren en autos
que demuestren la equivocación del juzgador o juzgadora
sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.
El recurso de casación podrá interponerse
por quebrantamiento de forma en los siguientes casos.
Cuando se haya denegado alguna diligencia de prueba
que propuesta en tiempo y forma por las partes resultase pertinente.
Segundo, cuando se haya omitido la citación del procesado,
la del responsable civil subsidiario,
la de la parte acusadora o del actor civil para su comparecencia
en el acto del juicio oral.
A no ser que estas partes hubieran comparecido en tiempo
dándose por citadas.
En tercer lugar,
cuando el presidente del tribunal se niega
a que un testigo conteste ya en audiencia pública,
ya en alguna diligencia que se practique fuera de ella,
a la pregunta o preguntas que se le dirijan siendo pertinentes
y de manifiesta influencia en la causa.
Cuarto, cuando se desestime cualquier pregunta por capciosa,
sugestiva, impertinente, no siéndolo en realidad,
siempre que tuviera verdadera importancia
en el resultado del juicio.
Quinto, cuando el tribunal haya decidido no suspender
el juicio para los procesados comparecidos en el caso
de no haber concurrido algún acusado,
siempre que hubiera causa fundada que se oponga a juzgarles
con independencia y no haya recaído declaración en rebeldía.
Podrá también interponerse recurso de casación por la misma causa
cuando en la sentencia no se exprese clara
y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados
o resulte manifiesta contradicción entre ellos
o se consignen como hechos probados conceptos
que por su carácter jurídico
impliquen la predeterminación del fallo.
En segundo lugar,
cuando en la sentencia sólo se exprese que los hechos alegados
por las acusaciones no se han probado sin hacer expresar relación
de los que sí resulten probados.
En tercer lugar, cuando no se resuelva en ella
sobre todos los puntos que han sido objeto de acusación y defensa.
En cuarto lugar, cuando se pene un delito más grave
que el que ha sido objeto de la acusación
si el tribunal no hubiese procedido previamente,
como determina el artículo 733,
a ofrecer o a plantear más bien el ofrecimiento de la tesis.
En quinto lugar,
cuando la sentencia haya sido dictada por menor número de magistrados
que el señalado en la ley o sin la concurrencia de votos conformes
que sean legalmente exigibles.
En sexto lugar,
cuando haya concurrido a dictar sentencia
algún magistrado cuya recusación intentada en tiempo y forma
y fundada en causa legal se hubiera rechazado.
En todo caso, el recurso de casación podrá interponerse fundándose
en la infracción de un precepto constitucional.
Podrán interponer este recurso de casación penal
el Ministerio Fiscal,
los que hayan sido parte en los juicios criminales,
los que sin haberlo sido resulten condenados
en la sentencia y los herederos de unos y otros.
Los actores civiles no podrán interponer el recurso
sino cuando pueda afectar a las restituciones,
reparaciones o indemnizaciones que hayan reclamado.
El que se proponga interponer en la fase de preparación
el recurso de casación pedirá ante el tribunal que haya dictado
la resolución definitiva un testimonio de la misma
y manifestará la clase o clases de recursos que pretende utilizar.
Cuando se pretenda interponer el recurso de casación con trascendencia
dictada en apelación por una audiencia provincial
o por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional
por infracción de ley,
el recurrente deberá presentar escrito consignando en párrafos
separados con la mayor claridad y concisión posible,
la concurrencia de los requisitos exigidos,
identificando el precepto o preceptos sustantivos que se consideran
infringidos y explicando de modo sucinto las razones
en las que se funda esta infracción.
Cuando el recurrente se proponga fundar el recurso
en el número 2 del artículo 849 al que ya me he referido,
error en la apreciación de la prueba basado en documentos
que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador
o juzgadora sin resultar contradichos por otros elementos probatorios,
deberá designar también, sin razonamiento alguno,
los particulares del documento que muestran el error
en la apreciación de la prueba.
Si se propusiese utilizar el desquebrantamiento de forma,
designará sin razonamiento alguno las faltas o faltas
que se supongan cometidas
y, en su caso, la reclamación practicada para subsanarlas
y la fecha en la que se hizo.
La petición recién expresada se formulará por escrito autorizado
por abogado o procurador de entre los cinco días siguientes
al de la última notificación de la sentencia auto
contra la que se intente entablar este recurso.
En dicho escrito se consignará la promesa solemne
de constituir el depósito.
El tribunal, dentro de los tres días siguientes,
sin oír a las partes, tendrá por preparado el recurso
si la resolución reclamada es efectivamente recurrible en casación
y se han cumplido todos los requisitos
exigidos legalmente y, en caso contrario,
denegará por automotivado.
En la misma resolución en la que se tenga por preparado el recurso,
se mandará que letrado o letrada de la Administración de Justicia
expidan el plazo de tres días, el testimonio de la sentencia,
con los votos particulares si los hubiera y una vez librado,
este mismo letrado o letrada de la Administración de Justicia
emplazará las partes
para que comparezcan ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Dentro del término improrrogable de 15 días
si se refiere a resoluciones dictadas por tribunales con sede
en la península, de 20 si tiene sede
en la comunidad autónoma de Islas Baleares y de 30
si tiene sede en la comunidad autónoma de Canarias
o en las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla.
Cuando se trata de un recurso de casación contra sentencia
dictada en apelación por una audiencia provincial
o por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional,
El Tribunal denegará por auto motivado la preparación
cuando se aleguen motivos distintos a los legalmente previstos,
cuando no se identifique un precepto sustantivo supuestamente infringido,
no se consigne el breve extracto exigido o su contenido
sea parte del ámbito determinado por la Ley de Juzgamiento Criminal.
De los autos que se deniegue tener por preparada la resolución,
se dará copia certificada en el acto de notificación
a la parte recurrente.
Si el recurrente se creyese agraviado por este auto denegatorio,
podrá acudir en queja a la Sala Segunda del Tribunal Supremo,
haciéndolo presente al Tribunal Sentenciador
dentro de los dos días siguientes al de la notificación
de este auto perjudicial.
Pasamos a la interposición del recurso de casación.
Este recurso de casación
se interpone ya ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo
dentro de los del término señalado anteriormente.
Me he referido al mismo,
era de 15 días para los tribunales con sede en la península,
20 comunidades autónomas Islas Baleares,
30 si tiene su sede en la comunidad autónoma de Canarias
o en Ceuta y Melilla.
Transcurridos estos términos, interponerlo, letrado o letrada,
la Administración de Justicia declarará,
dictará decreto declarando de cierto el recurso y quedará entonces firme
y consentida la resolución.
Contra este decreto cabe recurso directo de revisión.
Este recurso se interpondrá, el recurso de casación,
me refiero ahora, en escrito, firmado por abogado y procurador,
autorizado con poder bastante, sin que en ningún caso
pueda admitirse la protesta de presentarlo.
En este escrito se consignará, en párrafos numerados,
separados y con la mayor claridad y concisión posible,
primero los fundamentos doctrinales y legales,
aducidos como motivos de casación, por quebrantamiento de forma,
por infracción de ley o por ambas causas,
encabezado con un breve extracto de su contenido.
En segundo lugar,
el artículo o artículos de la ley de enjuiciamiento criminal
que autoricen cada motivo de casación.
En tercer lugar, la reclamación o reclamaciones
practicadas para subsanar el quebrantamiento de forma
que se suponga cometido y su fecha,
si la falta fuese de las que exigen este requisito.
Con este escrito se presenta el testimonio de la sentencia
recurrida si hubiese sido entregado al recurrente
y copia literal del mismo y del recurso autorizada
por su representación
para cada una de las demás partes emplazadas.
Transcurrido el término del emplazamiento
sin que haya comparecido el recurrente
en la forma que en los casos previene la ley,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
dictará sin más trámites decreto declarando desierto
el recurso con imposición de costas al particular recurrente,
comunicándolo así al Tribunal de Instancia
para los efectos que procedan.
Contra este decreto cabra recurso directo de revisión.
En su escrito de interposición, el recurrente
podrá solicitar la celebración de una vista y la misma solicitud
podrán hacer el resto de partes al instruirse del recurso.
La resolución se formulará de uno de los modos siguientes.
Primero, admitido y concluso para vista o fallo.
O segundo, no ha lugar a la admisión
y comuníquesele al tribunal sentenciador
para los efectos correspondientes.
Si a juicio de la sala fuese admisible el recurso,
y en su caso la adhesión, es decir, impugnación al mismo,
lo acordará de plano mediante providencia.
La providencia en que se acuerde la admisión del recurso dispondrá
igualmente por letrado o litrada a la Administración de Justicia
que se proceda al señalamiento de la vista en su caso.
De no celebrarse la vista,
entonces la sala señalará ya un día para el fallo.
Si se decidiese la celebración de la vista,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia,
como he dicho, hará el señalamiento.
La Sala podrá decidir el fondo del recurso sin celebración de vista,
señalando un día para fallo,
salvo cuando las partes soliciten la celebración de esta vista
y la duración de la pena impuesta, aunque pueda imponerse,
fuese superior a seis años o cuando el Tribunal de Oficio,
en instancia de parte,
considere también necesaria la celebración de esta vista.
El Tribunal acordará en todo caso la vista
cuando las circunstancias concurrentes o la trascendencia
del asunto hagan aconsejable la publicidad de los debates
o cuando, cualquiera que sea la pena que sea,
se trate de delitos comprendidos en los títulos I,
II, IV y VII del Libro II del Código Penal.
Constituirán la sala tres magistrados,
salvo cuando la duración de la pena impuesta
o la que pudiera imponerse, caso de que prosperen los motivos
articulados por las partes acusadoras, sea superior a 12 años.
En ese caso, siendo superior a 12 años,
la sala estará constituida no por tres,
sino por cinco magistrados.
Concluida la audiencia pública,
la Sala resolverá el recurso dentro de los 10 días siguientes.
Cuando la Sala estime haberse cometido
el quebrantamiento de forma en que se funde el recurso,
declarará haber lugar a él y ordenará la devolución
de la causa al Tribunal de que proceda para que,
reponiéndola al Estado que tenía cuando cometió esa falta,
la sustancia y termine ahora con arreglo a derecho.
Si la sala casa la resolución objeto del recurso
en virtud de algún motivo fundado en la infracción de ley,
dictará a continuación,
pero separadamente, la sentencia que proceda conforme a derecho,
sin más limitación que la de no imponer una pena superior
a la señalada en la sentencia casada
o a la que corresponda conforme a las peticiones
del recurrente en el caso de que se solicitase pena mayor.
Cuando la sala cree indicado proponer indulto,
lo razonará debidamente en la propia sentencia.
Cuando sea recurrente uno de los procesados, la nueva sentencia
aprovechará a los demás en lo que le fuere favorable,
siempre que se encuentren en la misma situación
que el recurrente y les sean aplicables los motivos
alegados por los que se declare la casación de la sentencia.
Nunca les perjudicará en lo que les fuese adverso
contra la sentencia de casación y la que se dicte
en virtud de la misma no cabrá recurso alguno.
Con ello pasamos a los medios de rescisión
de la acosa juzgada penal.
El primero es el recurso de revisión.
Se podrá solicitar la revisión de las sentencias firmes
en los casos siguientes.
Primero, cuando haya sido condenada una persona en sentencia firme
en la que se haya valorado como prueba un documento
o testimonio.
Declarados después falsos,
la confesión del encausado arrancada por violencia o coacción
o cualquier otro hecho punible ejecutado por un tercero,
siempre que tales extremos resulten declarados
por sentencia firme en procedimiento penal
seguido al efecto.
No resultará exigible la sentencia condenatoria
cuando el proceso penal iniciado a tal fin
sea archivado por prescripción, rebeldía, fallecimiento del encausado
u otra causa que no suponga una valoración de fondo.
Segundo motivo de revisión,
cuando haya recaído la sentencia penal firme,
condenando por delito de prevaricación
a alguno de los magistrados o jueces intervinientes
en virtud de alguna resolución recaída en el proceso
en el que recayera la sentencia cuya revisión se pretende
sin la que el fallo hubiere sido distinto.
Tercer motivo de revisión, cuando sobre el mismo
hecho e incausado hayan recaído dos sentencias firmes.
Cuarto motivo de revisión,
cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos
o elementos de prueba que de haber sido aportados
hubieron determinado la absolución o una condena menos grave.
Quinto motivo de revisión.
Cuando resuelta la cuestión prejudicial por un tribunal penal,
se dicte con posterioridad sentencia firme
por el tribunal no penal competente para la resolución de la cuestión
que resulte contradictoria con la sentencia penal.
Será motivo de revisión de la sentencia firme
de decomiso autónomo.
Decisión judicial,
recuérdese, firme, que ordena la privación definitiva
de la propiedad de un bien que está directa o indirectamente relacionado
con un delito.
Esto sería el contenido de la sentencia firme
de comiso autónomo
y digo que será motivo de revisión la contradicción entre los hechos
declarados probados en la misma y los declarados probados
en la sentencia firme penal que, en su caso, en su día se dicte.
Se podrá solicitar también la revisión de una resolución
judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
haya declarado que dicha resolución fue dictada con violación
de algunos de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
y sus protocolos,
siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad,
entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo
que no sea mediante esta revisión.
En este supuesto,
la revisión sólo podrá ser solicitada por quien,
estando legitimado para interponer este recurso,
hubiera sido demandante además ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos .
La solicitud deberá formularse en el plazo de un año
desde que adquiera firmeza la sentencia del referido tribunal.
En estos supuestos, salvo en aquellos procedimientos
en los que alguna de las partes esté representada
o defendida por abogado o abogada del Estado,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
dará traslado a la Abogacía General del Estado
de la presentación de la demanda de revisión,
así como de la decisión sobre su admisión.
La Abogacía del Estado
podrá intervenir sin tener la condición de parte,
por propia iniciativa o a instancia del órgano judicial,
mediante la aportación de información o presentación de observaciones
escritas sobre cuestiones relativas a la ejecución
de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
.
El letrado o letrada a la Administración de Justicia
notificará igualmente la decisión de la revisión
a la Abogacía General del Estado.
Del mismo modo, en caso de estimarse la revisión,
los letrados o letradas de la Administración de Justicia
y de los tribunales correspondientes
informarán a la Abogacía General del Estado
de las principales actuaciones que lleven a cabo como consecuencia
de esta revisión.
Bien están legitimados para promover e interponer en su caso
el recurso de revisión.
El penado
y, cuando éste haya fallecido, su cónyuge
o quien haya mantenido convivencia como tal,
ascendientes, descendientes,
con objeto de rehabilitar la memoria del difunto
y de que se castigue en su caso al verdadero culpable.
El Ministerio de Justicia, previa formación del expediente,
podrá ordenar al fiscal del Tribunal Supremo
que interponga el recurso cuando a su juicio hubiere fundamento
bastante para ello.
El recurso de revisión se sustanciará oyendo
por escrito una sola vez al fiscal y otra a los penados
que deberán ser citados si antes no comparecieren.
Cuando piden la unión de antecedentes a los autos,
la Sala acordará sobre este particular
lo que estime más oportuno.
Después seguirá el recurso por los trámites establecidos
para el de casación por infracción de ley y la Sala, con informe oral
o sin él, según acuerde a la vista de las circunstancias
del caso, dictará sentencia que será irrevocable.
El Fiscal General del Estado podrá también interponer el recurso,
siempre que tenga conocimiento de algún caso que procede
y que su juicio haya fundamento bastante para ello,
de acuerdo con la información que se hubiere practicado.
Cuando en virtud del recurso de revisión
se dicte sentencia absolutoria, los interesados en ella
o sus herederos tendrán derecho a las indemnizaciones civiles
a que hubiere lugar según el derecho común,
las cuales serán satisfechas por el Estado.
Sin perjuicio del derecho de éste de repetir
contra el tribunal sentenciador
que hubiera incurrido en responsabilidad
y contra la persona directamente declarada responsable
o sus herederos.
Por último, vemos el recurso de anulación
como segundo medio de rescisión de la cosa juzgada penal.
En cualquier momento en que comparezca o sea habido
el que hubiere sido condenado en ausencia, le será notificada
la sentencia dictada en primera instancia en apelación
a efectos del cumplimiento de la pena aún no prescrita.
Al notificársele la sentencia, se le hará saber su derecho
a interponer este recurso con indicación de plazo
para ello y del órgano competente.
La sentencia dictada en ausencia, haya sido o no apelada,
es susceptible de ser recurrida en anulación
por el condenado en el mismo plazo y con idénticos requisitos y efectos
que los establecidos en el recurso de apelación.
El plazo se contará desde el momento en que se acredite
que el condenado tuvo conocimiento de la sentencia.
Y con esto damos por concluido esta unidad,
este programa correspondiente al recurso extraordinario
de casación penal, a los medios de rescisión
de la cosa juzgada penal y también a toda la serie
de derecho procesal penal.
Les deseo mucha suerte.
Muchas gracias por su atención.