Programa 20.
Los recursos penales ordinarios.
Comenzamos con unas nociones generales
sobre el derecho al recurso, recordando que el derecho al recurso
es un derecho de configuración legal.
Es una proyección del derecho a la tutela judicial efectiva
con la salvedad de la segunda instancia penal,
que ese sí es un imperativo democrático.
Si el Convenio Europeo de Derechos Humanos
, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York
lo establece en toda persona declarada culpable de un delito,
tendrá derecho a que el fallo condenatorio
y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior
conforme a lo previsto en la ley.
Presupuestos de los recursos son, lógicamente,
haber sufrido un perjuicio, depositar caución
para la interposición de todos los recursos,
el acusador popular habrá de efectuar con carácter previo
a la interposición del recurso un depósito de 25 euros
para el recurso de reposición,
incluido la revisión contra las resoluciones
del letrado o letrada de la Administración de Justicia,
30 euros para el de queja, 50 para los demás.
Para interposición del recurso extraordinario de casación,
el acusador habrá de satisfacer con carácter previo
a su interposición un depósito de 72
si el delito fuere perseguible de oficio,
36 si lo fuese a instancia de parte y cuando dicho recurso lo interpuses
el actor civil, dicha cuantía será de 45 euros.
Las claves de recursos son las siguientes.
Primero, devolutivos.
Conoce de ellos otro órgano distinto al que dictó la resolución
impugnada.
Se trata de los recursos de apelación, queja y casación.
Recursos no devolutivos son aquellos de los que reconoce
el mismo órgano judicial que dictó la resolución que ahora se impugna,
concretamente reforma y súplica.
Son recursos ordinarios los que se pueden interponer
por cualquier motivo, recurso de reforma,
súplica y apelación a excepción hecha del recurso de apelación
previsto para el proceso ante el tribunal del jurado,
también el de queja.
Y son recursos extraordinarios los que deben interponerse
por motivos tasados.
Recurso de casación, recurso de apelación
contra las sentencias del tribunal del jurado.
También hay recursos frente a resoluciones interlocutorias,
como autos y providencias,
recursos frente a resoluciones de fondo,
ciertos autos y todas las sentencias.
Comenzamos con el recurso de reforma, su objeto.
El recurso de reforma podrá interponerse
contra todos los autos del tribunal de instancia,
sección de instrucción.
Contra los autos que dicten los tribunales de instancia,
sección de instrucción decretando el procesamiento
de alguna persona podrá utilizarse, por la representación de esta,
este recurso de reforma dentro de los tres días siguientes
a aquel en el que se ha notificado la resolución.
Será tribunal competente para conocer de este recurso de reforma
el mismo ante el quien se hubiera interpuesto,
el mismo que hubiera resuelto la resolución que ahora
pretendemos impugnar.
El procedimiento será el siguiente.
El que interpusiese el recurso de reforma presentará
con el escrito tantas copias del mismo cuantas sean las demás partes
a las cuales habrán de ser entregadas las copias.
Y el tribunal resolverá este recurso al segundo día
de entregadas estas copias,
hubieren o no presentado escrito las demás partes.
Con ello pasamos al recurso de súplica
contra los autos de los tribunales colegiados distintos al de instancia
podrá interponerse este recurso de súplica
ante el mismo que los hubiere dictado.
El recurso de súplica contra un auto
de cualquier tribunal se sustanciará por el mismo procedimiento
que el que acaba de señalarse respecto del recurso de reforma.
Pasamos al recurso de reposición.
Este cabe contra las diligencias de ordenación
dictadas por los letrados o letradas de la Administración de Justicia
y contra los decretos de los letrados de la Administración de Justicia,
excepto aquellos supuestos
en que proceda la interposición directa del recurso de revisión,
por así preverlo expresamente la ley.
El recurso de reposición,
que se interpondrá siempre por escrito autorizado,
con firma de letrado o letrado y acompañada
de tantas copias cuantas sean las demás partes personadas,
expresará la infracción en que la resolución
hubiera incurrido a juicio del recurrente y en ningún caso
tendrá efectos suspensivos.
Admitido a trámite este recurso de reposición,
por letrado o letrada de la Administración de Justicia,
se concederá al Ministerio Fiscal
y a las demás partes personadas un plazo común de dos días
para presentar por escrito sus alegaciones transcurrido,
el cual se resolverá sin más trámite.
Bien, pasamos con ello al recurso de revisión frente a decretos,
que se interpondrá ante el Tribunal con competencia
a funcionar en la fase del proceso en la que haya recaído precisamente
el decreto de letrado o letrada de la Administración de Justicia,
que se impugna.
Mediante el escrito en el que deberá citarse la infracción
en que éste hubiera ocurrido,
autorizado con firma de letrado o letrada,
y del que deberán presentarse tantas copias cuantas sean las partes
personadas.
Admitido a trámite el recurso de revisión,
ahora por letrado de la Administración de Justicia,
se concederá al Ministerio Fiscal
y a las demás partes personadas un plazo común de dos días
para que presenten sus alegaciones por escrito transcurrido,
el cual el Tribunal resolverá sin más trámite.
Contra el autorresolutorio del recurso de revisión
no cabe interponer recurso alguno.
El régimen de recursos frente a las resoluciones
de los letrados letradas de la Administración de Justicia
dictadas para la ejecución de los pronunciamientos judiciales
civiles de la sentencia y para la realización
de la medida cautelar del embargo prevista en los artículos 589 y 615
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal será el previsto
en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Y con ello pasamos al recurso de apelación,
el recurso estadísticamente más interpuesto
dentro de todos los órdenes de nuestra única jurisdicción.
Frente a la sentencia dictada por el Tribunal Penal, ahora,
sección que corresponda,
podrá interponerse el recurso de apelación
con las siguientes especialidades.
El plazo para presentar el recurso, el escrito de formalización,
será de cinco días.
El plazo de las demás partes para presentar escrito alegaciones
será de cinco días.
El recurso de apelación se entablará dentro de los cinco días
a contar del siguiente al de la última notificación
de la resolución judicial que fuere su objeto.
La sentencia habrá de dictarse dentro de los tres días siguientes
a la celebración de la vista o bien dentro de los cinco siguientes
a la recepción de las actuaciones si no se celebra vista.
La tramitación y resolución de estos recursos de apelación
tendrá carácter preferente.
Respecto a las sentencias dictadas en ausencia,
se estará lo dispuesto en el artículo 793
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
y tan pronto como la sentencia sea firme,
se procederá a su ejecución conforme a las reglas generales
y especiales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Bien, el recurso de apelación cabe contra las siguientes resoluciones.
Primero, contra las entidades dictadas en la instancia
y contra un buen número de autos.
Sin ningún ánimo exhaustivo, procede o cabe este recurso de apelación
contra los siguientes autos.
Contra el autodenegatorio de las diligencias de investigación,
pedidas por las partes,
podrá interponerse este recurso de apelación que será admitido
en un solo efecto para ante la respectiva audiencia
o tribunal competente.
Contra el autodesestimatorio de la querella procederá este recurso
de apelación, que será admisible en este caso en ambos efectos.
Contra los autos decretando el procesamiento
de alguna persona podrá utilizarse el recurso de reforma
y contra los autos denegatorios de la reforma podrá ser interpuesto
este recurso de apelación ahora en un solo efecto.
Contra los autos que decreten,
prorroguen o denigren la prisión provisional
o acuerden la libertad del investigado o un
causado, podrá ejercitarse también el recurso de apelación que gozará
de tramitación preferente.
Contra los autos que el tribunal dicte calificando la suficiencia
de las fianzas, procederá también el recurso de apelación.
Contra los autos que resuelvan la solicitud de suspensión del acto
de liquidación en los delitos contra la hacienda pública,
también cabe en un solo efecto el recurso de apelación.
Contra el autorresolutorio de la declinatoria
y contra el que admita las excepciones del artículo 666,
que como recordamos son los artículos de previo pronunciamiento,
también procede el recurso de apelación.
Contra los autos del tribunal de instancia,
sección de instrucción de lo penal.
Que no estén exceptuados de recurso,
también podrá ejercitarse el recurso de reforma y el de apelación.
Contra la resolución por la que el tribunal
declare improcedente la intervención de tercero en el procedimiento,
también podrá interponerse el recurso de apelación.
Contra el auto del tribunal de instancia,
acordando o denegando pedir la extradición,
también podrá interponerse el recurso de apelación.
Y serán también apelables los autos dictados por el magistrado presidente
del Tribunal de Jurado que se dicten resolviendo las cuestiones
a las que se refiere su propia ley,
la ley orgánica del Tribunal de Jurado y la ley
de enjuiciamiento criminal.
Vamos a analizar ahora
el procedimiento del recurso de apelación
frente a las resoluciones interlocutorias del proceso
abreviado.
Este recurso no podrá interponerse
sino después de haberse ejercitado el de reforma,
pero podrán interponerse ambos en un mismo escrito,
en cuyo caso el de apelación
se propondrá subsidiariamente respecto del de reforma.
Por tanto, si fuere desestimado el de reforma,
cabe que el tribunal admita en uno o ambos efectos,
según lo procedente, el de apelación.
Si se admite el recurso en ambos efectos,
devolutivo y suspensivo,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
remitirá los autos originales al tribunal que hubiere de conocer
de la apelación y emplazará las partes
para que se personen ante éste en el término de 15 días,
si el tribunal fuera el supremo, o de 10,
si fuera el Tribunal Superior de Justicia
o la Audiencia.
Si el recurso no fuese admisible más
que en un solo efecto y en este caso será el devolutivo,
el tribunal en la misma resolución en que así lo declare,
mandará sacar testimonio del auto primeramente recurrido,
de los escritos referentes al recurso de reforma,
del auto apelado y de cuantos otros particulares
considere necesario incluir,
fijando el término dentro del cual ha de quedar expedido el testimonio,
término que constará desde la fecha siguiente
a la de la resolución en la que se fije.
Dentro de los dos días siguientes,
al de ser le notificada esta providencia
sin necesidad de ninguna otra, el Ministerio Fiscal
y el apelante podrán pedir al Tribunal
que sean incluidos en el testimonio
los particulares que crean proceder a incluir
y el Tribunal acordará sobre lo solicitado dentro
del día siguiente sin ulterior recurso,
teniendo siempre presente el carácter reservado del sumario.
Cuando varias partes soliciten testimonio de un mismo particular,
solo se insertará este una vez y será desestimada la nueva inserción
de los que haya acordado el tribunal incluir.
Bien recibidos los autos en el Tribunal Superior,
si en el término del emplezamiento no se hubiera personado el apelante,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia,
mediante decreto, declarará de oficio de cierto el recurso,
comunicándolo inmediatamente por certificación al juez o jueza
y devolviendo los autos originales si el recurso se hubiera admitido
en ambos efectos, contra este decreto cabra recurso directo de revisión.
En el mismo día en el que se ha recibido.
Por el Tribunal Superior,
el testimonio para sustanciar una apelación o en el siguiente,
el letrado o letrada acusará recibo al Tribunal de Instancias,
sección de instrucción,
que se unirá al sumario.
Si el apelante se hubiera personado,
el letrado o letrada le dará vista de los autos por término
de tres días para instrucción.
Después de él, seguirá la vista, por igual término,
a las demás partes personadas y, por último, al fiscal,
si la causa fuese por delitos de los que dan
lugar a procedimiento de oficio o de aquellos que puedan perseguirse
previa denuncia de los interesados.
Sin embargo, de lo recién dispuesto,
no se dará vista a las partes de lo que fuere para ellas
de carácter reservado,
tal como hubiere sido acordado por el Tribunal.
Devueltos los autos por el fiscal
o si éste no fuera parte de la causa por la última persona
a quien se hubieran entregado,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
señalará día para la vista en la que el fiscal,
si fuere parte y los defensores de las demás,
podrán informar lo que tuvieran por conveniente
conforme a su derecho.
La vista se celebrará en el día señalado,
así están o no las partes,
sin que entre el día en que se haga el señalamiento
y el de la vista medien más de 10 días.
Será obligatoria la asistencia del Ministerio Fiscal en todas las causas
en las que éste intervenga y no podrá acordarse la suspensión
por motivo alguno, siendo rechazadas de plano
sin ulterior recurso,
cuantas pretensiones de suspensión se puedan formular.
El letrado o letrada de la Administración de Justicia
competente cuidará, bajo su responsabilidad,
de que el recurso sea sustanciado en el término más breve posible,
sin que en caso alguno transcurran más de dos meses
entre el día de ingreso en la audiencia del testimonio
para la apelación o del sumario en su caso y el del día de la vista.
Las partes podrán presentar antes del día de la vista
los documentos que tengan por conveniente en justificación
de sus respectivas pretensiones.
No será admisible otro medio de prueba.
Veamos ahora el recurso de apelación frente a las resoluciones
interlocutorias en el procedimiento abreviado.
Contra los autos del tribunal de instancia,
sección de instrucción
o de lo penal que no estén exceptuados del recurso,
podrán ejercitarse el de reforma y el de apelación.
Salvo que la ley disponga otra corcha,
los recursos de reforma y apelación no suspenderán el curso
de las actuaciones.
El recurso de apelación,
en este caso, en el proceso abreviado,
podrá interponerse subsidiariamente con el de reforma o por separado.
En ningún caso será necesario interponer previamente el de reforma
para luego presentar el de apelación.
El recurso de apelación se presentará dentro de los cinco días siguientes
a la unificación del auto recurrido o del resolutorio del recurso
de reforma mediante escrito en el que se expondrán los motivos
del recurso.
Se señalarán los particulares que hayan de testimoniarse
y al que se acompañan, en su caso,
los documentos justificativos de las peticiones formuladas.
Admitido a trámite el recurso por el Tribunal,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
dará traslado a las demás partes por un plazo común de cinco días
para que puedan alegar por escrito lo que estime inconveniente,
señalar otros particulares que deban ser testimoniados,
presentar los documentos justificativos de sus pretensiones.
En los dos días siguientes a la finalización del plazo,
remitirá testimonio de particulares señalados a la audiencia respectiva,
que sin más trámite resolverá dentro de los cinco días siguientes.
Excepcionalmente,
la audiencia podrá reclamar las actuaciones para su consulta,
siempre que con ello no se obstaculice la tramitación
de aquellas.
En estos casos,
deberán devolverse las actuaciones al tribunal en el plazo máximo
de tres días.
Si el recurso de apelación
se hubiera interpuesto subsidiariamente con el de reforma,
si éste resulta total o parcialmente desestimatorio,
antes de dar traslado a las demás partes personadas,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
dará traslado al recurrente por un plazo de cinco días
para que formule alegaciones y pueda presentar, en su caso,
los documentos justificativos de sus peticiones.
Si en el auto recurrido en apelación
se acordase de la prisión provisional.
De algunos de los investigados
o encausados respecto de dicho pronunciamiento,
podrá la PAN antes solicitar en el escrito de interposición
del recurso la celebración de una vista que acordará
la audiencia respectiva.
Cuando el autorrecurrido contenga otros pronunciamientos
sobre medidas cautelares,
la audiencia podrá acordar también la celebración de una vista
si lo estima procedente.
El letrado o letrada de la Administración de Justicia
señalará la vista dentro de los diez días siguientes
a la recepción de la causa en esa audiencia.
Y pasamos a ver el recurso de apelación
frente a las resoluciones definitivas.
La competencia corresponde a los siguientes tribunales.
Primero, la sentencia dictada por el Tribunal de Instancias,
Sección de lo Penal,
es apelable ante la Audiencia Provincial correspondiente
o ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes
dentro de los 10 días siguientes a aquel
en el que se hubiere notificado la sentencia.
Durante este periodo se hallarán las actuaciones
en la Oficina Judicial a disposición de las partes,
las cuales en el plazo de los 3 días siguientes a la notificación
de la sentencia podrán solicitar copia de los soportes
en los que se hayan grabado las sesiones con suspensión del plazo
para la interposición del recurso.
El cómputo del plazo se reanudará una vez hayan sido entregadas
estas copias solicitadas.
La parte que no hubiera apelado en el plazo
señalado podrá adherirse,
esto es, impugnar la apelación en el trámite de alegaciones,
ejercitando las pretensiones
y alegando los motivos que a su derecho convengan.
En todo caso, este recurso quedará supeditado
a que el apelante mantenga el suyo.
Las demás partes podrán impugnar la adhesión en el plazo de dos días
una vez conferido el traslado.
Bien, el escrito de formalización del recurso se presentará
ante el mismo órgano que dictó la resolución que ahora se impugna
y en él se expondrán ordenadamente las alegaciones propuestas.
Sobre quebrantamiento de las normas y garantías procesales,
error en la apreciación de las pruebas o infracción de normas
del ordenamiento jurídico en las que se basa su impugnación.
El recurrente también habrá de fijar un domicilio para notificaciones
en el lugar donde tenga su sede la audiencia.
Si en el recurso se pide la declaración de nulidad
del juicio por infracción de normas o garantías procesales
que causan la indefensión del recurrente,
en términos tales que no puedan ser subsanadas en esta segunda
instancia,
entonces se citarán las normas legales o constitucionales
que se consideren infringidas y se expresarán
cuáles son las razones de la concreta indefensión
sufrida.
Asimismo, deberá acreditarse.
Haberse pedido la subsanación de esa falta
o infracción cometida en la primera instancia,
salvo en el caso de que se hubieran cometido
en un momento en el que ya fuere de todo punto imposible
su reclamación.
Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba,
Para pedir la anulación de la sentencia absolutoria
o el agravamiento de la condenatoria,
será preciso que se justifique la insuficiencia
o la falta de racionalidad en la motivación fáctica,
el apartamiento manifiesto de las máximas de la experiencia
o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas
practicadas que pudieran tener una relevancia decisiva
o cuya anulidad haya sido improcedentemente declarada.
En el mismo escrito de formalización podrá pedir el recurrente
la práctica de las diligencias de prueba que no se pudieron proponer
en la primera instancia,
de las propuestas que fueron indebidamente denegadas,
siempre que se hubiera formulado en su momento la oportuna protesta,
y de las admitidas
que, ello no obstante, no fueron practicadas por causas
que no le fueron imputables a quien las propuso.
Recibido el escrito de formalización, el tribunal,
si reúne los requisitos exigidos, admitirá el recurso.
En caso de apreciar la concurrencia de algún defecto subsanable,
concederá al recurrente un plazo no superior a tres días
para la subsanación.
Admitido el recurso,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
dará traslado del escrito de formalización
a las demás partes por un plazo común de 10 días.
Dentro de este plazo habrán de presentarse
los escritos de alegaciones
de las demás partes en los que podrá solicitarse la práctica de la prueba
y en los que se fijará un domicilio para las notificaciones.
Presentados los escritos de alegaciones
o precluido el plazo para hacerlo, el letrado o letrada
de la Administración de Justicia, en los dos días siguientes,
dará traslado de cada uno de ellos a las demás partes
y elevará a la audiencia los autos originales
con todos los escritos presentados.
Si los escritos de formalización o de alegación
contienen proposición de prueba o reproducción de la grabada,
entonces el tribunal resolverá en los tres días siguientes
sobre la admisión de la propuesta y acordará en su caso
que letrado o letrada la Administración de Justicia
señale un día para la vista.
También podrá celebrarse la vista cuando de oficio
o a petición de parte la estime el tribunal necesaria
para la correcta formación de una convicción fundada.
El letrado o letrada de la Administración de Justicia
señalará vista dentro de los 15 días siguientes
y a ella serán citadas todas las partes.
Cuando la víctima lo haya solicitado,
será informada por el letrado o letrada
de la Administración de Justicia,
aunque no se haya mostrado parte en la causa
ni sea necesaria su intervención.
La vista se celebrará empezando en su caso
por la práctica de la prueba y por la reproducción
o por la reproducción de las grabaciones,
si ha lugar a ella.
A continuación, las partes resumirán oralmente el resultado de la misma
y el fundamento de sus pretensiones.
La sentencia de apelación se dictará entre los cinco días siguientes
a la celebración de esta vista oral y dentro de los diez siguientes
a la recepción de las actuaciones por la audiencia
cuando no hubiere resultado procedente su celebración.
Hay que destacar que en este momento rige el principio de la prohibición
de la reformatio impeius.
La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado
que resultó suelto en primera instancia
ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera
sido impuesta por error en la apreciación de la prueba.
No obstante la prohibición de esta reformatio impeius,
la sentencia absolutoria o condenatoria podrá ser anulada
y en tal caso se devolverán las actuaciones al órgano que dictó
la resolución recurrida.
La sentencia de apelación concretará si la anulidad
ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad
exige una nueva composición del órgano de primera instancia
en orden a un nuevo enjuiciamiento de la causa.
Cuando la sentencia apelada sea anulada por quebrantamiento
de una norma esencial del procedimiento, el tribunal,
sin entrar en el fondo del fallo,
ordenará que se reponga el procedimiento al estado
en el que se encontraba
y en el momento en el que se produjo aquella falta,
sin perjuicio de que conserve en su validez todos aquellos actos
cuyo contenido habría sido idéntico, no obstante la falta cometida.
Contra la sentencia dictada en apelación
sólo cabe recurso de casación sin perjuicio de lo establecido
al respecto de la revisión de sentencias firmes
o para la impugnación de sentencias dictadas en ausencia del acusado.
Cuando no se interponga recurso contra la sentencia
dictada en apelación,
los autos se devolverán al tribunal a los efectos
de la ejecución del fallo.
La sentencia se notificará a los ofendidos
y perjudicados por el delito,
aunque no se hayan mostrado parte en la causa.
Y pasamos por último a analizar el recurso de apelación
en el proceso ante el Tribunal del Jurado.
Las sentencias dictadas en el ámbito de la audiencia provincial
y en primera instancia
por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado serán apelables
ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de la correspondiente Comunidad Autónoma.
La Sala de lo Civil y Penal se compondrá,
para conocer de este recurso, de tres magistrados.
Pueden interponer el recurso tanto el Ministerio Fiscal
como el condenado y las demás partes dentro de los 10 primeros días
siguientes a la notificación de la sentencia.
También podrán recurrir el declarado exento de responsabilidad criminal
si se le impusiere una medida de seguridad
o se declara en su responsabilidad civil
conforme a lo dispuesto en el Código Penal.
La parte que no haya apelado en el plazo
indicado podrá formular apelación el trámite de impugnación,
pero este recurso quedará supeditado a que el apelante principal
mantenga el suyo.
El recurso de apelación deberá fundarse
en alguno de los siguientes motivos.
Primero, que en el procedimiento de la sentencia
se haya incurrido en quebrantamiento de normas y garantías procesales
que causen indefensión si se hubiera efectuado
la oportuna reclamación o petición de subsanación.
Esta reclamación no será necesaria si la infracción
denunciada implica la vulneración de un derecho fundamental
constitucionalmente garantizado.
Que la sentencia sería el segundo motivo de apelación,
del recurso de apelación ante el procedimiento del tribunal
del jurado.
El segundo sería que la sentencia ha incurrido
en una infracción de precepto constitucional o legal
en la calificación jurídica de los hechos
o en la determinación de la pena o de las medidas de seguridad
o de responsabilidad civil.
En tercer lugar, que se hubiera solicitado
la disolución del jurado por inexistencia
de la prueba de cargo
y tal petición se hubiera desestimado indebidamente.
En cuarto lugar,
que se hubiera acordado la disolución del jurado
y no procediese a hacerlo.
En quinto lugar,
que se hubiera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia
porque, atendida la prueba practicada en el juicio,
carece de toda base razonable la condena impuesta.
En los supuestos 1, 3 y 4 recién mencionados,
para que pueda admitirse a trámite del recurso,
deberá haberse formulado la oportuna protesta al tiempo
de producirse la infracción denunciada.
Del escrito, interponiendo el recurso de apelación,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
dará traslado, una vez concluido el término,
para recurrir a las demás partes, las que en el término de cinco días
podrán impugnar el recurso o formular recurso
supeditado de apelación.
Si lo interpusiesen, se dará traslado a las demás partes.
Concluido el término de cinco días, sin que se impugne
o formule apelación supeditada en su caso
efectuado el traslado a las demás partes,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
emplazará a todas ellas ante la Sala de lo Civil
y Penal del Tribunal Superior de Justicia para que se personen
en el plazo de diez días.
Si el apelante principal.
No se persona o manifiesta su renuncia al recurso,
se devolverán por letrado o letrada a la Administración de Justicia
los autos a la Audiencia Provincial
que declarará la firmeza de la sentencia
y procederá a su ejecución.
Ahora bien, personado el apelante,
el letrado o letrada a la Administración de Justicia
señalará día para la vista el recurso
citando a las partes personadas y en todo caso al condenado
y tercero civilmente responsable.
La vista se celebrará en audiencia pública,
comenzando por el uso de la palabra de la parte apelante,
seguido al Ministerio Fiscal, si este no fuese el que apeló
y demás partes apeladas.
Si se hubiese formulado, cito, supeditado de apelación,
esta parte intervendrá después del apelante principal que,
si no renuncia, podrá replicarle.
Dentro de los cinco días siguientes a la vista,
deberá dictarse ya la sentencia,
la cual, si estima el recurso por alguno de los motivos
a los que me he referido antes en las letras A y D,
que serían quebrantamiento de las normas o garantías procesales
que causan indefensión
o que se hubiera acordado la disolución del jurado
y no procediese a hacerlo, entonces se mandará devolver la causa
a la audiencia para la celebración de un nuevo juicio.
En los demás casos, el propio tribunal
dictará la resolución que corresponda.
Y con esto damos por concluido esta unidad
o este programa referido a los recursos penales ordinarios.
Muchas gracias.