Bueno, nos quedan dos cuestiones por debatir,
se las voy a formular a ambas a Miguel.
Una de ellas tiene que ver con el papel
que en este reconocimiento de nuevos derechos
tiene precisamente la dignidad de la persona
y el libre desarrollo de la personalidad.
Y si creen que son suficientes los derechos fundamentales
que actualmente tenemos para afrontar esos nuevos retos
a los que se enfrenta la sociedad,
retos de diferentes índoles, desde tecnológico
hasta medioambiental.
Muy bien.
Bueno, en primer lugar,
muchas gracias a los que estáis aquí a estas horas de la tarde,
media de la mañana,
y a los que nos estén viendo bien en directo,
los que nos puedan ver más tarde.
También quiero empezar agradeciendo al profesor
Rafael Naranjo su generosa invitación para estar aquí
y en general a todo el grupo de los que estáis aquí en la mesa,
en el público, Por la tremenda hospitalidad
que tenéis, ¿no?
Y el profesor Ángel Rodríguez ha mencionado, bueno,
pues los logros, ¿no?
Que está bien reconocer,
o sea, todo el esfuerzo que supone preparar un proyecto,
conseguir la aprobación del mismo y luego gestionarlo con éxito.
Pero yo os felicito de verdad, sinceramente, por eso, ¿no?
Y yo creo que además, creo que este congreso,
este seminario, es un buen ejemplo de cómo debería estructurarse,
no ya un proyecto de investigación, sino el propio funcionamiento nuestro
como universidad.
Aquí hay un reflejo de pluralismo geográfico,
estamos personas de distintos países,
Dentro de cada país hay distintas universidades,
estamos personas con distintas biografías académicas,
unas más largas por cuestiones biológicas y otras más breves,
pero creo que eso es muy importante.
Aquí se escucha a una persona al margen de su situación académica,
sea un doctorando o sea una persona catedrática de universidad.
Y por último también es muy importante
que hay distintos puntos de vista y creo que todo
lo que se ha venido comentando es una buena prueba de ello.
Y yo lamento no haber podido estar ayer en la primera parte
de esta jornada,
pero que veo que tiene una gran continuidad
con la jornada de hoy, como no podía ser de otra manera.
Dicho esto,
y para no irme más allá de los ocho o nueve minutos más que me restan,
voy a tratar de sintetizar, no sé si de la mejor manera,
pero al menos de la manera más breve posible,
lo que quería comentar y además empezar dialogando,
en este caso, por ejemplo, con Guillermo Escobar,
que ha comentado algunas cosas que me parecen interesantes
y a las que quería contestar.
Ha mencionado.
El primer caso en España de propuesta de reforma constitucional planteada
por un parlamento autonómico.
Eso ocurrió en el año 2014 en Asturias.
Y esa propuesta de iniciativa de reforma constitucional,
ante la perplejidad de los parlamentarios asturianos,
que ignoraban que un parlamento autonómico pudiese hacer eso,
surgió del ejercicio de otro derecho fundamental,
el derecho de petición.
No muy utilizado en nuestro país, un grupo de personas,
yo me encontraba entre ellas, relativamente numeroso,
le planteamos al Parlamento asturiano una petición colectiva que a su vez
remitiese a las Cortes Generales
un proyecto de reforma constitucional.
Aquello salió in extremis porque se aprobó por 23 votos a 22
y se aprobó en el año 2014.
Esa propuesta contenía tres ámbitos que menciono brevemente.
Por una parte, Reformar la iniciativa legislativa popular,
que a diferencia, por ejemplo, del caso italiano,
como sabéis, en España es extraordinariamente exigente,
500.000 firmas en España,
50.000 firmas en Italia.
Y además, quitarle el límite de las materias propias
de ley orgánica,
porque una materia propia de ley orgánica
no va a poder ser objeto de iniciativa legislativa popular.
Se planteaba también una reforma del artículo 92,
como ha comentado Guillermo,
para que se pudiese convocar un referéndum,
que además estaba en el anteproyecto constitucional,
al modelo italiano, pero precisamente por lo que estaba pasando en Italia
en el año 78, se decidió que aquí era mejor no jugar con eso,
y una propuesta de iniciativa de reforma constitucional.
Eso se aprobó en el año 2014, estamos en el año 2025,
y esa propuesta
ni siquiera ha sido sometida al debate de toma en consideración.
Muy poca diferencia con un parlamento autonómico,
que tampoco tiene mucha diferencia consigo mismo
porque se ha olvidado.
Pero bueno, eso es lo que hay.
En relación con esto, dos cosas brevemente.
Yo, Guillermo, sí creo que tenemos una extraordinaria rigidez
constitucional.
Y el artículo 168 me parece que es, aunque quizás lo más grave,
sea nuestra rigidez política, no solo la constitucional.
Pero claro, Isabel Ángel ha dicho, sí,
no nos desmarcamos mucho de Estados Unidos,
pero no hay que olvidar que las dos primeras reformas
nos obligaron a hacerlas.
Fue la Unión Europea,
un tema que se ha tratado en un proyecto,
el derecho de sufragio pasivo de los ciudadanos extranjeros
residentes.
¿Y qué voy a decir del 135?
Que también es la manera en la que se llevó a cabo,
me parece, cuando menos discutible.
Y yo digo, faltaría más que no se cambiase el artículo 49.
Es que no creo que debamos estar orgullosos de que ya no se utilice,
habría que hacer muchas más cosas en ese ámbito,
pero yo creo que sí sigue habiendo
una extraordinaria rigidez constitucional y por eso es difícil
crear nuevos derechos fundamentales por la vía del artículo 168.
Entonces,
creo que habría que reformar el propio procedimiento de reforma,
que me parece que está fuera de lugar.
En segundo lugar, en relación con eso, yo,
hay discrepo, Guillermo, me mantengo en la ortodoxia de que en España
ni la dignidad ni el libre desarrollo son derechos fundamentales.
Nuestra Constitución es la que es y aunque se ha inspirado
en otras que pueden reconocer esto, en nuestro caso no son.
Yo creo que no son derechos fundamentales.
¿Qué son?
Bueno, esa podría ser la pregunta, ¿no?
Yo, por una parte, encuentro una clara relación
entre estos, lo que la cuestión llama fundamentos del orden político
y la paz social,
con los valores superiores del ordenamiento.
Creo que la dignidad está muy relacionada
con los valores justicia e igualdad
y el libre desarrollo está muy relacionado
con los valores libertad y pluralismo político, ¿no?
Y yo creo que todo ello contribuye a dotar de sentido
estos principios de interpretación constitucional que son el principio
de unidad de la constitución, el principio de concordancia práctica
y el principio de efectividad de los derechos fundamentales.
Entonces yo creo que son criterios interpretativos.
Y criterios interpretativos que le valen al legislador.
Yo, bueno, no creo que sea el profesor Pérez Arroyo
el único que sostenga eso.
Yo creo que el primer intérprete de la Constitución es el legislador.
Porque lo que pasa es que el legislador
se mueve dentro del marco que le da la Constitución
para hacer concreciones legislativas,
digamos, del abanico constitucional.
Pero sí, yo creo que el legislador debe tener en cuenta
el libre desarrollo y la dignidad humana
a la hora de desarrollar derechos fundamentales.
Y por supuesto tiene que hacerlo también el Tribunal Constitucional.
Y podemos poner algún ejemplo,
y me voy a apartar de los que ya se han estudiado
porque creo que no tengo nada que decir y que me parece
que son ya bien conocidos.
En algún caso, aunque no sea, con estos criterios
quizás la solución legislativa o jurisprudencial
debiera de ser distinta, ¿no?
Yo creo que la ley orgánica del derecho de asociación que impone
el funcionamiento democrático a todas las asociaciones,
a mí me parece que no tiene fundamento constitucional.
¿Por qué una asociación tiene que funcionar democráticamente?
No, dependerá de los socios el hecho de que haya elecciones periódicas
o que no haya elecciones periódicas.
Creo que se contribuye más a que cada uno se autodetermine
y no creo que sea indigno que alguien pertenezca
a una asociación que no funcione democráticamente,
porque tiene, por supuesto, el derecho a marcharse.
Por tanto, este límite que ha puesto el legislador
me parece muy discutible.
Ángel Gómez Montoro lo defiende.
Pero me parece difícil de justificarlo.
Y luego hay una sentencia muy interesante, reciente,
la 132-2024, que recordaréis,
es esa señora que pide ingresar a una cofradía religiosa
de las Islas Canarias.
Los tribunales inferiores dicen que no, oiga, mire,
usted puede ejercer su derecho de libertad religiosa,
su derecho asociativo, Por moviendo una nueva cofradía,
etcétera, etcétera.
Y el tribunal, sin embargo, yo ante mi sorpresa,
la ha amparado.
Yo me parece muy difícil justificar que tú tengas derecho
a entrar a una asociación que no te quiera admitir.
Y no estamos en el caso de la cofradía de pescadores
que está utilizando recursos públicos, ¿no?
Pero bueno, eso nos podría llevar lejos, ¿no?
Entonces, de esta manera creo que la primera consecuencia
de estos principios es obligar a una interpretación restrictiva
de los límites.
Pero también obliga a una conducta positiva por parte
de los poderes públicos.
El libre desarrollo y la dignidad de la persona
obligan a los poderes públicos a actuar.
Y a mí me parece que estos mandatos se están incumpliendo claramente
por poner un derecho en el derecho de sufragio
de las personas ciegas.
En España una persona ciega se le facilita la posibilidad
de votar a través del sistema braille
en las elecciones autonómicas y generales,
pero no en las elecciones municipales,
supongo que por un tema de costes.
Bueno, pues en las elecciones municipales en España
una persona ciega no puede elegir por sí sola
la papeleta que quiere introducir en la urna,
sino que tiene que pedirle a alguien que lo haga.
De tal manera que, en el mejor de los casos,
que esa persona cumpla la voluntad y no ponga otra papeleta,
se está vulnerando el principio del carácter secreto del voto, que es
una garantía de la libertad de voto.
Entonces yo creo que aquí se está vulnerando
el libre desarrollo de estas personas
porque no pueden votar con libertad y al mismo tiempo,
y a eso vulneraría el principio de la dignidad humana,
se les está colocando una posición de inferioridad que me parece
que es inadmisible, ¿no?
Para entrar en la segunda cuestión, ¿son necesarios nuevos
derechos fundamentales?
Bueno, aquí creo que no está de más para frasear a jarabe de palo
y decir depende.
¿De qué depende?
Bueno, pues depende de varias cosas.
En primer lugar,
y eso creo que es algo que ha quedado claro aquí,
depende del contexto constitucional.
Por ejemplo, Chile, que yo sepa,
es el único país que ha incorporado a su constitución
los neuroderechos en el año 2021.
No sé si en Chile estaba justificada esta inclusión.
Yo creo que, y aquí anticipo la conclusión,
creo que en España no está justificada la inclusión
constitucional de los neuroderechos.
Algo que, por cierto, ha defendido un neurocientífico español
muy conocido, Rafael Yuste,
pero que si los neuroderechos son lo que dicen que son, es decir,
que yo no pueda ser discriminado por razones tecnológicas,
que no se afecte a mi integridad física y moral,
que no se menoscabe mi libertad ideológica
o que no se afecte a mi vida privada,
eso ya lo tenemos.
Tenemos el artículo 14, el artículo 15,
el artículo 16 y el artículo 18.
Luego, yo no incorporaría nuevos derechos de momento frente,
digamos, a los riesgos tecnológicos.
Creo que nuestras constituciones, y no solo la de la española,
sino de nuestro entorno, en principio están suficientemente protegidas.
Otra cosa es que sean necesarios desarrollos legislativos.
Y un poco lo mismo vendría a decir, para no extenderme mucho más,
con este proceso de climatización de los derechos fundamentales.
Tenemos en España el caso López Ostra,
que se entendió que la contaminación acústica
afectaba al derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Porque creo que a veces una inflación de derechos fundamentales
no hace más efectiva la garantía de ciertas facultades.
¿Para qué sirven?
Digamos,
mejor dicho, ¿a qué nos obligarían estas nuevas realidades?
A dos cosas y con ello concluyo.
Creo que seguramente a introducir legislativamente límites
a ciertos derechos.
A mí una cosa que me parece brutalmente invasiva
es el poder de dirección empresarial
que las nuevas tecnologías facilitan respecto de los trabajadores.
Una empresa sabe exactamente en el ámbito,
por ejemplo, del teletrabajo,
cuánto tiempo estás trabajando, cuándo te has levantado.
Es decir, hay un control y sobre todo se plantea un problema,
digamos, de desvinculación de los trabajadores,
que cada uno está aislado y se dificulta el ejercicio
de sus derechos.
Hay una directiva sobre los trabajadores
de plataformas digitales para garantizar sus derechos,
pero yo creo que esto habría que extenderlo.
Por tanto.
Creo que habría un límite, por ejemplo,
al poder de dirección empresarial derivado de esto.
También creo que si esto sigue así,
habría que evitar cualquier tipo de dopaje electrónico.
Es decir,
que una persona que hipotéticamente se puede implantar
un chip que facilite su capacidad memorística,
esta persona igual no se podría presentar
a una oposición porque no estaría en condiciones,
no se respetaría el principio de igualdad de oportunidades
respecto a todo.
Y segundo,
y acabo, Creo que también, más que nada,
estas nuevas realidades potencian la dimensión objetiva
de los derechos.
No tanto las facultades que tenemos,
sino las obligaciones de los poderes públicos.
Creo que para mí esa es la clave,
que los poderes públicos cumplan esto,
tanto en el ámbito climático como en el ámbito tecnológico.
Pongo tres ejemplos,
aquí se ha comentado antes, y lo estáis estudiando,
sobre el reglamento de inteligencia artificial.
Habla de la alzabetización digital.
Creo que para poder ejercer derechos en el ámbito digital
hay que conocer la realidad digital.
Esto es una aplicación que deben llevar a cabo los poderes públicos.
También al disfrute de estas nuevas ventajas
en condiciones de igualdad, que el acceso a la telemedicina,
por ejemplo, no sea privativo de personas que se la puedan.
Por tanto, eso también es una obligación
de los poderes públicos.
Y por último, en materia de garantía de derechos,
se plantea, por ejemplo,
no sé si se ha tratado a lo largo del seminario,
la eventual necesidad de crear nuevas instituciones de garantía.
En España se ha optado, por ejemplo,
por crear la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial.
En Brasil, por lo que yo conozco,
se estaba en principio con la idea de que la Agencia de Protección de Datos
pudiese ser al mismo tiempo la agencia garante
en materia de las tecnologías de inteligencia artificial.
Yo me parece que puede ser una buena opción
la opción por la que ha optado España y otros países
de la Unión Europea que es crear una garantía específica.
Eso es lo que quería contar.
Muchas gracias.