A continuación tiene la palabra, también por 15 minutos metemos,
la profesora Blanca Rodríguez.
Gracias, gracias Ángel compañero.
Ah, sí que me acuerdo de cuando.
Sí que me acuerdo, pero yo creo que realmente me pareció, digo,
ostras, Rodríguez no es solo tuyo.
Precisamente, Rodríguez, te ibas a encontrar
si no hubiese sido yo, habría sido otra persona.
Sí, ya sé, pero bueno, yo creo que con mi promoción
fue cuando se amplió la comunidad española,
pero sí que me acuerdo y precisamente ayer que veníamos
del ejercicio de cátedra, es un ejercicio también de recordar.
Los mayores que somos.
¿Cuántos años hace de eso?
Pues sí, muchas gracias Ángel
por la cariñosa presentación y enhorabuena a Ángel Rafa
por el congreso tan chulo y por el proyecto
de investigación que seguro que ha sido tremendamente nutritivo.
Bueno, una de mis inercias o de mis tics a la hora
de entrar en un debate con personas con las que no concluyo,
o sea, comparto conclusiones, es retrotraerme a un punto
de conexión y a partir de ahí ver dónde divergimos y.
¿Y cómo podemos posicionarnos?
El problema es que yo me tengo que retrotraer tantísimo que tengo
que ir a los orígenes de los orígenes, ¿no?
Con lo cual no sé si voy a ser capaz de sintetizarlo en los 15 minutos
que tengo, que ya sospecho que son menos.
Para empezar, vamos a ver.
Mi punto de partida es la autorreferencialidad axiológica
del derecho.
Ayer se hablaba de eso en el ejercicio,
no es un caso especial de la moral
el derecho, tipo el son de Robert Alexi,
es la autorreferencialidad del derecho,
lo cual no significa que no tenga principios,
pero tiene los suyos,
que no son necesariamente los de otro orden normativo.
Es decir, eso en democracia me parece que es esencial tenerlo en cuenta.
Si somos un Estado teocrático, nuestras normas
de convivencia jurídicas coinciden con las teológicas,
pero en la medida
en que somos un Estado democrático, nuestras normas de convivencia
tienen un punto axiológico que son las nuestras,
retroalimentadas en diálogo permanente, por supuesto,
con otros órdenes normativos,
pero son las nuestras, el principio democrático.
Y esas normas del principio democrático
parten de la autodeterminación.
Más que nada por pura etimología, es decir,
la autonormatividad, que es lo que es la democracia,
la capacidad de autonormarnos.
Lo que hace, partimos de, bueno, a ver si consigo ir poco a poco,
y en ese sentido la capacidad de autonormarnos
la tenemos las personas jurídicas,
y las personas jurídicas sabemos cómo la define el Código Civil,
el artículo 30 del Código Civil.
Lo cual no quiere decir que solamente tengamos
que tener límite a nuestra capacidad de autonomarnos,
que proceda del de otras personas jurídicas.
Puede haber otros intereses, efectivamente.
La protección de la vida no nacida es un interés jurídico,
constitucionalmente protegido, pero no es una persona jurídica.
Por lo cual, cuando decía en la exposición,
que lo has notado, desproteger el otro interés, O sea,
equiparando la posición jurídico-democrática de una persona,
aunque está embarazada, pero podría ser cualquier otra persona
en un proceso de decisión vital con el interés que se puede tener
en la protección de la vida no nacida dependiente de ella,
me parece que ya de entrada no nos estamos entendiendo.
Es decir, no es el otro interés.
Estamos hablando de dos categorías de intereses constitucionales
muy distintos.
Una de estas personas es partícipe del principio de autonormatividad
democrática, forma parte de la ciudadanía democrática,
forma parte del colectivo en el que nos autonomamos.
La otra es un interés que tiene protección jurídica.
Estamos en niveles distintos.
Eso justifica el punto de partida.
Ojo, que no es el punto de partida de la sentencia,
es el punto de partida de la ley.
La sentencia es del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional no puede hacer otra cosa
que responder a las normas jurídicas
que se le pide que examinen.
Entonces, si el punto de partida del Código Penal del 85
era la tutela del feto con la despenalización
de determinado supuesto,
era lo que el Tribunal Constitucional podía examinar.
Ahora es la ley la que adopta un punto de partida distinto,
con la única persona jurídica en juego en este tema,
adopta el punto de partida mucho más coherente
con nuestro orden democrático, que es el de la persona jurídica en juego,
es lo que hace el Tribunal Constitucional.
Responder a esa norma que le llega, no da su propia versión
de cuál sería la solución jurídica.
La solución ideal.
Dicho eso, dos cosas.
Una, no hay completa desconexión entre la sentencia 4423
y la sentencia 5385.
Si leemos el fragmento del Fundamento Jurídico 11,
en el cual el Tribunal Constitucional se refiere al aborto embriopático,
vemos que el Tribunal Constitucional
introduce de una manera bastante subliminal,
que nos podía pasar desapercibida quizás en el año 85,
no se era consciente de lo que se estaba diciendo
y nosotras no éramos conscientes de lo que estábamos leyendo,
Pero el Tribunal Constitucional y ese fundamento jurídico,
en la sentencia 53 del 85, cuando aborda el aborto embriopático,
no lo hace con base en conflicto de derechos.
Lo hace con base en el principio de la autonormatividad
y partiendo del carácter relativo,
social, colectivizado de la autonormatividad.
Se refiere a lo irrazonable que resulta imponer
a una mujer embarazada que dé a luz a un feto
con determinadas malformaciones más o menos graves,
etc., a vida cuenta especialmente de la falta de servicios públicos.
Eso forma parte esencial del tratamiento
del Tribunal Constitucional en ese fundamento jurídico.
No hace una ponderación como sí hacen los otros dos supuestos,
el aborto ético y el terapéutico.
En el embriopático dice, ostras, ¿cómo le vamos a pedir
a una persona que lleve a término un embarazo
y después nos desentendemos?
Y eso.
A mí me sugiere un punto de conexión
con la sentencia 44 del 23 y con la ley orgánica 2 de 2010.
Es decir, estamos partiendo de la situación,
de la posición ciudadana de una persona integrante
de un Estado democrático y, por ende, por definición,
porque si no, no somos Estado democrático, por definición,
se autonorma, En esa autonormatividad, obviamente,
hay que conectar la autonormatividad a otras personas
y otra serie de cuestiones ambientales, digamos,
que también forman parte de esa capacidad de autonormarnos,
pero tenemos que tener en cuenta en qué contexto nos movemos
y en qué medida una persona puede llevar,
o sea, puede llevar a término o quiere llevar a término su embarazo
por un montón de razones,
que por un montón de razones que no son ajenas
porque solo ella lo sabe en su capacidad autonormativa solo
ella lo sabe las consecuencias que va a tener sobre su vida posterior
ese razonamiento.
Porque obviamente la legislación del
no te obligaba a abortar a efectos con malformación,
te daba la posibilidad de hacerlo.
Solo tú podías decidir.
No se te podía imponer, sobre todo
porque era una carga que además el Estado
se iba a desentender de ti o no te iba a atender
con el suficiente cuidado.
Eso es lo que se traslada a la totalidad
de la aproximación al aborto de la ley orgánica 2 de 2010.
Tú decides en qué medida estás preparada
para llevar a cabo la vida no nacida.
Desprotección de la vida no nacida, no.
Capacidad de la persona que la está gestando
de decidir qué capacidad tiene de integrar esa nueva vida
con la relación que ella implica en su marco vital.
Y cuidarla adecuadamente, es decir,
lejos de no tomarse en serio la vida no nacida,
es dejar la responsabilidad y la decisión última
de quien la está gestando en relación
con qué capacidad tiene de integrar a esa persona en su red relacional,
cuando sea persona que aún no lo es.
De dar a luz a algo que entonces ya sí
sea la persona en su red relacional, cuidarla,
porque está muy bien decir, oye, hay que proteger la vida no nacida,
ahora una vez que han nacido, lo siento, me preocupo de ti,
derecha a la vivienda, sabemos cómo está,
sabemos cómo está la sanidad, sabemos cómo está, es decir,
de qué estamos hablando cuando hablamos de proteger la vida.
Entonces ese es yo creo que el punto de partida inicial
de nuestra divergencia
y hay otra cuestión por cierto, entre paréntesis,
ayer también en el ejercicio se habló de Carol Gilligan que tan papel,
tan importante tiene en mi trayectoria académica
Carol Gilligan en su libro In a Different Voice
traducido aquí al castellano con un título tan anodino
como la moral y la teoría tiene un capítulo
dedicado a ella, psicóloga.
Imagino que ya jubiladísima, de Harvard,
y tiene un capítulo dedicado, psicóloga social,
a entrevistar a mujeres que están en proceso de decidir
si llevan a término un embarazo o no lo llevan.
Y dice, ninguna me hizo una ponderación de derechos,
ninguna me habló de su libertad, ninguna me habló de su autonomía
o de la ponderación entre la vida.
Todas me hablaron de relaciones.
Tengo tantos hijos y ya no me puedo permitir uno más,
mis padres han invertido en mí no sé qué cantidad de esfuerzo,
dinero, etcétera,
y yo no puedo ahora cargarles con una.
Todas me hablaban de la tremenda responsabilidad
que supone integrar una nueva relación
con una persona que va a ser tremendamente dependiente de ti
durante un periodo largo,
en una red relacional ya existen.
Lejos de ser decisiones alocadas, son decisiones bien reflexionadas
y con un alto sentido de la responsabilidad
de lo que significa la maternidad.
Eso entre paréntesis.
Y por otra parte, otro punto de divergencia.
Ella decía, ¿se ha reconocido un derecho a la libertad?
No.
La lectura que hace el Tribunal Constitucional
en la sentencia 44 del 23 no es un derecho genérico
de libertad tipo artículo 2 de la Constitución alemana.
Es un derecho a la autodeterminación,
empezando por lo más básico que es nuestro propio cuerpo.
En línea con la sentencia de la eutanasia,
en línea con la sentencia 99, creo que la 19 del 23,
en línea con la sentencia 99 del 19
sobre autodeterminación sexogenérica,
en línea con sentencias posteriores en materia de aborto.
No es poder hacer todo lo que no está prohibido,
que en Alemania ha dado lugar a algunos casos bastante locos,
como el derecho a.
Bueno, que lo ha restringido bastante, porque en principio sería,
yo como tengo derecho a hacer todo lo que no está prohibido,
puedo pasar a caballo por el campo caminando.
No se trata de eso, se trata de empezar la autodeterminación,
que no olvidemos,
es el punto de referencia de nuestro orden democrático
de convivencia, sí, que no tiene por qué ser el mejor del mundo,
pero es aquel en torno al cual tenemos consenso.
A lo mejor estamos mejor y somos más felices
en un Estado teocrático, yo lo dudo, pero no estoy diciendo que tenemos
necesariamente que regirnos por un orden democrático
de convivencia.
Ahora bien, si lo hacemos, por favor, seamos coherentes.
Y la autodeterminación democrática
tiene que empezar por aquello que es tan básico,
tan básico como tu propio cuerpo.
La autodeterminación empieza desde lo íntimo,
pasando después a todas las demás esferas de nuestra convivencia,
por supuesto en términos de retroalimentación,
circularidad, etc. Pero uno.
Ni es criticable el hecho, el punto de partida
de la Ley Orgánica 2 del 2010, asumiendo el que tiene que ser,
que es la única persona que integra la colectividad democrática
que tenemos sobre la mesa.
Ni es criticable que el Tribunal Constitucional eleve
ese principio de autodeterminación a un derecho fundamental.
No es baladí que lo haga.
Es que sin eso.
No tenemos un sistema democrático.
Tenemos una apariencia de democracia allí donde nos conviene,
pero no nos estamos tomando en serio que una ciudadanía democrática tiene
que partir de ciudadanas y ciudadanos y ciudadanes democráticos
o democrátiques.
Si no, no nos estamos entendiendo en torno a lo que significa
democracia.
En torno a lo que significa democracia lo cual es
una tremenda responsabilidad lejos de ser la idea esta
de libertad para hacer todo lo que no está prohibido
y un régimen liberal un poco, no sé, un poco condescendiente
con ciertos límites de papá Estado que de pronto nos dicen, bueno sí,
pero hasta aquí implica una tremenda responsabilidad
el tomarnos en serio nuestro papel como ciudadana democrática
y lo dejo ahí.
Bueno, básicamente era lo que quería decir.
Quería hacer una referencia al tema del activismo judicial
o jurisprudencial.
A mí me parece que la sentencia jurisprudencialmente activista,
sin tener que ser,
porque el activismo judicial no está ni bien ni mal.
Si se hace bien, está bien.
Si se hace mal, está mal.
Y si no se hace debiendo hacerse, está mal también.
Si hay algo, si tenemos que hacer una interpretación sistemática
de algunos preceptos de la Constitución
para llegar a algo que la Constitución no pudo prever
porque no es omnisciente y no se hace, eso está mal también,
si no se sacan las consecuencias necesarias de la Constitución.
A mí lo que me parece que está mal es la sentencia 53 del 85,
eso de la vida como valor superior del ordenamiento.
Como valor superior a la Constitución,
tenemos principios.
No estamos en la jurisprudencia de los valores,
tenemos principios que están en el artículo 1.
Y eso sería más o menos discutible, pero eso a mí me parece que tiene
más de eso que entendemos por activismo judicial,
que siempre viene con una etiqueta crítica,
porque eso distorsiona nuestro marco de convivencia democrático.
No, la vida es la base ontológica, ¿vale?
Y ahí tengo que referirme a Giorgio Agamben
con la diferencia entre zoe, la vida física, y bio,
la vida política.
Lo que no podemos es sacrificar la vida política por la vida física.
Tenemos que la vida física es la base ontológica de nuestra convivencia,
pero la vida política también.
Y la vida política parte de la autonormatividad.
Porque si no, no es democracia.
Podemos empezar aclarando eso
y ya optamos por el orden de convivencia que mejor se ajuste
a lo que nos parece adecuado, conveniente,
donde vayamos a ser más felices.
Gracias, Ángel.