Programa 19.
Fase de juicio oral.
Conclusiones, sentencia y cosa juzgada.
Una vez terminada la relevante fase del periodo probatorio
y dentro de la misma vista, el Tribunal hará de nuevo partícipes
de la vista a todas las partes personadas por el orden habitual,
primero Ministerio Fiscal,
acusación después y al término defensa,
para que procedan a la vista del resultado probatorio a mantener
y en tal supuesto ratificar las calificaciones provisionales
o en otro caso a alterarlas con las modificaciones
que estimen oportunas.
A esta posibilidad, otorgada a las partes,
de modular las calificaciones provisionales
tras la práctica de la prueba
antes de presentarlas al Tribunal como definitivas,
se refiere la Ley de Juiciamiento Criminal
cuando establece que, terminada la práctica de la prueba,
el juez o jueza presidente del Tribunal requerirá la acusación
y a la defensa para que manifiesten, si ratifican o modifican,
las conclusiones de los escritos inicialmente presentados
y para que expongan oralmente cuando estimen procedentes
sobre la valoración de la prueba y la calificación jurídica
de los hechos.
El requerimiento podrá extenderse a solicitar del Ministerio Fiscal
y de los letrados
un mayor esclarecimiento de hechos concretos
de la prueba y la valoración jurídica de los hechos,
sometiéndoles a debate una o varias preguntas sobre puntos
determinados.
El mantenimiento o alteración de estas calificaciones
tiene una relevancia crucial para el resultado del proceso
por cuanto la versión final de esas calificaciones
en la calificación o acusación definitiva
es la que determinará concretamente el objeto procesal penal
y de forma coherente con esta fijación objetiva
la de todos y cada uno de sus límites también objetivos
de la sentencia penal.
La ley de enjuiciamiento criminal resulta muy esclarecedora
en este punto cuando establece que la sentencia
no podrá imponer pena más grave que la solicitada por las acusaciones
ni condenar por delito distinto cuando éste conlleve una diversidad
del bien jurídico protegido o mutación sustancial del hecho
enjuiciado.
La incidencia de esta calificación última sobre el potencial
resultado final del proceso penal es de tal envergadura
que puede incluso transformarlo en otro bien distinto
al originariamente previsto,
provocando incluso un cambio de procedimiento
y hasta de la misma competencia.
Cuando todas las actuaciones
califiquen los hechos como delitos castigados
con pena que exceda la competencia del Tribunal de lo Penal,
se declarará este incompetente para juzgar
y dará por terminado el juicio,
y el letrado o letrada de la Administración de Justicia
reemitirá las actuaciones a la audiencia competente.
Fuera de este supuesto, el Tribunal de lo Penal
resolverá lo que estime pertinente acerca de la continuación
o finalización del juicio,
pero en ningún caso podrá imponer una pena superior
a la correspondiente a su competencia.
Cuando, en sus conclusiones definitivas,
la acusación cambie la tipificación penal de los hechos
o se aprecien un mayor grado de participación
o de ejecución o circunstancias de agravación de la pena,
el tribunal podrá considerar un aplazamiento de la sesión
hasta el límite de 10 días a petición de la defensa,
a fin de que ésta pueda preparar adecuadamente sus alegaciones
y, en su caso, aportar los elementos probatorios
y de descargo que estime convenientes.
Tras la práctica de una nueva prueba que pueda solicitar la defensa,
las partes acusadoras podrán a su vez
modificar sus conclusiones definitivas.
Las conclusiones definitivas se plantearán por escrito
o bien oralmente con incorporación a un registro
tras la captación electrónica de la imagen y el sonido
y entregarán al presidente del tribunal.
La formulación de estas conclusiones podrá ser,
por así autorizarlo de forma expresa a la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
de forma única o alternativa.
El acusador podrá,
pues, elegir la estrategia que mejor se adecue a su concreto proceso.
Bien la petición de una única condena,
bien la petición solapada o subsidiaria de peticiones
para que el juez o jueza elija, tras la solicitud justa puesta,
la que prefiera.
O para que seleccione, por el orden establecido de forma subsidiaria,
la segunda o sucesivas una vez descartada la primera o, en su caso,
las seguidas.
Una vez presentadas las calificaciones definitivas
y con antelación en todo caso a los informes finales,
el tribunal podrá hacer uso de su facultad de sugerencia
de la denominada tesis, consistente básicamente
en proponer a las distintas partes acusadoras
un cambio en las calificaciones cuando estime,
este mismo tribunal, en uso de su profundo conocimiento
del derecho, recuérdese Iura Novit Curia,
que los hechos no se encuentran correctamente calificados.
El planteamiento de la tesis para el proceso ordinario
se encuentra regulado en el artículo 733
del siguiente modo.
Dice el artículo, si juzgando por el resultado de las pruebas,
entender el tribunal que el hecho justiciable
ha sido calificado con manifiesto error,
podrá el presidente emplear la siguiente fórmula,
sin que sea visto prejuzgar el fallo definitivo sobre las conclusiones
de la acusación y defensa.
El tribunal desea que el fiscal
y los defensores del procesado o defensores de las partes
cuando fueran varias le ilustren acerca de si el hecho justiciable
constituye el delito de y ahí sugiere la tesis o si existiere
la circunstancia eximente de responsabilidad a que se refiere
el número y ahí está el artículo correspondiente del código penal
donde sugiere que se incorpore una eximente concreta que.
Venga a introducirse dentro del objeto
y del último debate contradictorio antes de dictar sentencia.
Esta facultad excepcional que el tribunal
debe usar con moderación no se extiende a las causas
por delito que sólo puedan perseguirse a instancia de parte
ni tampoco es aplicable a los errores que hayan podido cometerse
en los escritos de calificación, así respecto a la apreciación
de las circunstancias atenuantes y agravantes
como en cuanto a la participación de cada uno de los procesados
en la ejecución del delito público que sea materia del juicio.
En todo caso, si el fiscal o cualquiera de los defensores
de las partes indican que no están suficientemente preparados
para discutir esa propuesta del presidente,
se suspenderá la sesión hasta el siguiente día.
El éxito de esta propuesta dependerá de que las partes acusadoras
asuman en esos exactos términos
el planteamiento de la tesis judicial.
En otro caso, el juzgador o juzgadora no podrá condenar,
como es lógico, por una calificación distinta
y más grave que la propuesta por la parte acusadora
porque ello supondría un manifiesto atentado a la congruencia penal.
Una vez presentadas las calificaciones definitivas
y, en su caso, planteada la tesis,
se recuerda que la tesis es una facultad,
no una obligación del tribunal, pero entonces, como digo,
una vez presentadas las calificaciones definitivas,
entonces procederá que los distintos protagonistas
del proceso penal presenten sus informes finales
y hagan uso del derecho obligatorio.
A la palabra por última vez
antes de que el caso ya quede visto para sentencia.
El orden legalmente establecido
y por cuyo respeto velará también el juzgador o juzgadora
es el de siempre.
Primero el fiscal, después la acusación penal,
a continuación la acusación civil, acto seguido la defensa penal
y por último la defensa civil.
El desarrollo de las sesiones del juicio oral
y resto de actuaciones orales se documentarán.
La Oficina Judicial deberá asegurar la correcta incorporación
de la grabación al expediente judicial electrónico.
Si los sistemas no proveen expediente judicial
electrónico letrado o letrada a la Administración de Justicia,
deberá custodiar el documento electrónico
que sirva de soporte a la grabación.
Las partes podrán pedir a su costa copia o, en su caso,
acceso electrónico de las grabaciones originales.
Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios,
estos garantizarán la autenticidad e integridad de lo grabado
o reproducido.
A este efecto, el letrado o letrada
de la Administración de Justicia hará uso de la firma electrónica
u otro sistema de seguridad que, conforme a la ley,
ofrezca estas garantías.
En este caso, la celebración del acto no requerirá la presencia
en la sala del letrado o letrada de la Administración de Justicia,
salvo que lo hubieren solicitado las partes al menos dos días
antes de la celebración de la vista o que excepcionalmente lo consideren
necesario el letrado o letrada de la Administración de Justicia
atendiendo a la complejidad del asunto,
al número y naturaleza de las pruebas a practicar,
al número de intervinientes, a la posibilidad
de que se produzcan incidencias que no se pudieran realizar registrar
o a la concurrencia de otras circunstancias
igualmente excepcionales que debidamente lo justifiquen.
En estos casos, el letrado o letrada de la Administración de Justicia
extenderá acta sucinta en los términos previstos.
La conclusión de la fase de enjuiciamiento
conduce al Tribunal del proceso penal inexorablemente a dictar sentencia.
La sentencia penal
es la respuesta final del Estado emitida a través de sus jueces
y juezas magistrados y magistradas, de sus tribunales en definitiva,
a los conflictos sociales planteados tanto por el Ministerio Fiscal
como por los acusadores personados, que pueden ser,
como se sabe, populares, particulares o privados,
en el marco de los procesos judiciales.
La sentencia es una resolución que goza
de las siguientes características esenciales.
Primero, es una resolución siempre jurisdiccional.
Segundo, es una resolución material o de fondo.
Su contenido está destinado o exclusiva a la condena
del delincuente o a la absolución del inocente,
pudiendo a esta resolución penal,
tanto a la condenatoria como a la absolutoria,
adicionarse otra civil de resarcimiento de daños y perjuicios
ocasionados como consecuencia de la actuación generadora
de la concreta absolución o condena.
Tercero, es una resolución estable o con fuerza de cosa juzgada.
Las sentencias penales podrán clasificarse con arreglo
a los siguientes criterios.
Primero, el sentido del fallo estimatorio o desestimatorio
de la pretensión acusadora.
En este caso, estamos ante sentencias estimatorias
o favorables que darían lugar a la condena del delincuente
una vez desvirtuada su presunción de inocencia
y desestimatorias o desfavorables respecto a la pretensión constitutiva
que declararían la absolución del inocente.
El grado de jurisdicción en el que se encuentren
en cada momento procesal es otro criterio de distinción
de las sentencias.
Distinguimos así sentencias de primera instancia,
de segunda instancia, las procedentes de los recursos extraordinarios
y naturalmente las dictadas tras la revisión
de las sentencias firmes.
El alcance provisional o definitivo de los efectos que cabe extrapolar
siempre erga omnes de su contenido intrínseco.
En este caso distinguimos las sentencias definitivas
de las sentencias firmes.
Son sentencias definitivas las que ponen término al proceso.
En cada una de sus instancias, si bien todavía son susceptibles
de ser impugnadas por encontrarse dentro del plazo legal
habilitado para el recurso previsto
o bien porque se encuentran pendientes de una resolución
por haber sido ya efectivamente recurridas.
Son, sin embargo, sentencias firmes las que además de ser definitivas
han ganado ya firmeza y por tanto pasan en autoridad de cosa
juzgada como consecuencia bien de su naturaleza irrecurrible
o bien del decaimiento del derecho al recurso de quien
habiendo sufrido un perjuicio por la sentencia precedente
dejó sin embargo transcurrir inútilmente
el plazo legalmente establecido para interponer el recurso
y por tanto ha quedado frustrada su expectativa de recurso
por haber voluntariamente.
Inutilizado este derecho.
Las sentencias pueden ser contradictorias
o dictadas en rebeldía.
Las sentencias contradictorias son las dictadas en un proceso
con una dualidad real de partes,
por cuanto tanto el acusador público, popular, particular
o privado como el acusado, han hecho uso de todos los derechos,
cargas y obligaciones que van surgiendo a lo largo y ancho
del procedimiento.
Las sentencias dictadas en rebeldía son aquellas, sin embargo,
que han discurrido ante la sola presencia del acusado,
puesto que el acusado no ha comparecido a la llamada
de la justicia y, en consecuencia, desde ese momento,
siempre que el delito por el que se persiga tenga asociada
una pena privativa de libertad inferior a dos años,
pues se ha celebrado, como digo, en ausencia del acusado.
La estructura de la sentencia penal es la siguiente.
La primera parte es el encabezamiento.
Las sentencias penales
principiarán y lo establece así la ley de juiciamiento criminal
expresando el lugar y la fecha en que se dictaren
los hechos que hubieran dado lugar a la formación de la causa,
los nombres y apellidos de los actores particulares,
si los hubiere, y de los procesados, los sobrenombres,
apodos con que sean conocidos, su edad,
estado, naturaleza, domicilio, oficio o profesión en su defecto,
todas las demás circunstancias con que hubiera figurado en la causa
y además el nombre y apellido del magistrado ponente.
La segunda parte de la sentencia penal
son los antecedentes de hecho y hechos probados.
Las sentencias penales habrán de consignar a continuación
en resultados numerados los hechos que estuvieran enlazados
con las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo,
haciendo declaración expresa y terminante
de los que efectivamente resulten probados.
La tercera parte de la sentencia penal
son los fundamentos de derecho.
Esta tercera parte, en esta estructura
ordenada en las sentencias penales, en esta parte,
como digo, han de consignarse los fundamentos de derecho.
Esta parte de la sentencia penal cobra
tal relevancia que la ley de enjuiciamiento criminal establece
con todo detalle que se consignarán en párrafos numerados
que empezarán con la palabra considerando y con los siguientes
parámetros legales.
1º Los fundamentos doctrinales y legales de la calificación
de los hechos que hubieran estimado probados.
2º Los fundamentos doctrinales y legales determinantes
de la participación en los referidos hechos
hubiera tenido cada uno de los procesados.
3º Los fundamentos doctrinales y legales de la calificación
de las circunstancias atenuantes, agravantes o eximentes
de la responsabilidad criminal en caso de haber concurrido.
4º los fundamentos doctrinales y legales
de la calificación de los hechos que se hubieran estimado probados
con relación a la responsabilidad civil en que hubieran incurrido
los procesados o las personas sujetas a ella
a quienes se hubiera oído en la causa
y los correspondientes a las resoluciones que hubieran
de dictarse sobre costas y en su caso a la declaración
de querella calumniosa.
Y quinta, la cita de las disposiciones legales
que se consideren aplicables.
La cuarta parte de la sentencia penal es la motivación.
La motivación constituye el itinerario mental,
cronológico y lógico del juez o jueza que le permite llegar
a la conclusión de la condena o absolución,
la argumentación jurídica.
La motivación debe centrarse en la exposición,
sucintamente detallada,
de las poderosísimas razones por las que,
de entre todos los hechos introducidos en el proceso penal,
se entienden probados precisamente
los que sustentan la solución condenatoria o absolutoria
de la parte dispositiva de la sentencia.
La quinta parte de la sentencia penal es, por fin,
el fallo o parte dispositiva de la sentencia.
En el fallo o parte dispositiva
de la sentencia se condenará o absolverá
no sólo por el delito principal y sus conexos,
sino también por los incidentes de que se hubiere conocido
en la causa, reputándose tales los que los procesados
hubieren cometido antes, al tiempo
o después del delito como medio para perpetrarlo
o encubrirlo.
También se resolverán en esta parte dispositiva
de la sentencia todas las cuestiones referentes a la responsabilidad civil
que hubieren sido objeto del juicio y se declarará calumniosa
la querella cuando procediere.
La sexta parte de la sentencia penal es ya la información
sobre la impugnabilidad de la sentencia
y el pronunciamiento en costas.
La ley de enjuiciamiento criminal se refiere a esta forzosa indicación
en la propia sentencia y su especial relevancia
cuando advierte que los autos o sentencias que pongan término
a la causa o a cualquiera de los incidentes
deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales.
La ley orgánica del Poder Judicial impone pareja obligación
de ilustrar al justiciable también la propia sentencia
de sus concretas posibilidades de impugnación futura,
al establecer que, al notificarse la resolución
a las partes, se indicará si la misma es o no es firme y, en su caso,
los recursos que procedan órgano ante el que deban interponerse
y plazo para ello.
La sentencia está regida por el principio de la escritura.
La obligación judicial de redactar por escrito
las sentencias se da por sentada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
cuando señala que las sentencias se redactarán con sujeción
a las reglas que después se relacionan
y que procedemos a analizar.
Sin perjuicio de lo recién expuesto en el procedimiento abreviado
y en los juicios rápidos, el juez o jueza
podrá dictar para imprimir precisamente celeridad a la respuesta
y con ello levantar cuanto antes de ser absoluto día
las medidas cautelares adoptadas, estas sentencias,
como digo, se podrán dictar de viva voz
en estos procedimientos abreviados y juicios rápidos,
pero con el condicionante de ser trasladadas después a un escrito.
Así, el Tribunal de lo Penal
podrá dictar oralmente en el acto del juicio,
tanto en el procedimiento abreviado como, insisto,
en el del enjuiciamiento rápido de determinados delitos,
documentándose en el acta con expresión del fallo
y una sucinta motivación sin perjuicio de la ulterior
redacción de aquella.
Si el fiscal y las partes conocido el fallo expresan su decisión
además de no recurrir, el juez o jueza en el mismo acto
declara la firmeza de esta sentencia.
Como puede comprenderse la facultad del juez o jueza
en estos dos concretos procesos de dictar de viva voz la sentencia,
no conlleva que podamos afirmar respecto de tales casos
una excepción al principio de la escritura,
sino sólo un aplazamiento de la escritura que en todo caso ha
de cumplirse, pues todas las sentencias penales,
también las dictadas oralmente por aquellas razones de agilidad,
de prontitud,
serán en todo caso posteriormente trasladadas a un documento escrito.
La sentencia penal
habrá de cumplir con un buen número de requisitos procesales,
al menos los siguientes,
motivación, exhaustividad, congruencia e información
tanto respecto de sus posibilidades de impugnación
como en materia de costas.
La motivación de las sentencias, ya lo he dicho,
es un mandato constitucional.
Las sentencias serán siempre motivadas
y se pronunciarán en audiencia pública,
nos dice el artículo 120.3 de la Constitución Española.
La motivación de las sentencias
conlleva la exposición a cargo del juez o jueza de las razones
que le llevaron en un itinerario intelectual lógico
a adoptar la solución alcanzada en la sentencia.
La motivación habrá de centrarse tanto en el razonamiento
de las pruebas demostrativas de la condena
como en el de las argumentaciones defensivas.
Ello porque finalmente las razones, los motivos o, en definitiva,
los argumentos aducidos por el juzgador en su sentencia
no sólo servirán para que todas las partes comprendan
perfectamente la racionalidad del sentido de la sentencia,
necesidad que se agudiza para el condenado
en caso de que la sentencia sea adversa a su persona,
sino también para que puedan decidir quienes se vean agraviados
por su contenido, si la impugnan o no la impugnan,
así como con base en qué argumentos la impugnan.
E incluso para que el propio órgano al que se adjudica finalmente
el recurso que se entabla frente a esa sentencia
pueda también conocer la lógica intelectual
que ha guiado en su día esa actividad,
esa fuerza y convicción del enjuiciamiento efectuada
por su predecesor en la noble tarea de emitir el juicio final
sobre la condena o absolución.
La exhaustividad de la sentencia comporta
que el juez o jueza deba pronunciarse en la sentencia sobre todos
y cada una de las pretensiones interpuestas
en la fase inicial del proceso penal y debatidas en el juicio
sin dejar de responder a ninguna de ellas.
La ley de juiciamiento criminal se refiere a este tributo
de las sentencias del modo siguiente.
En la sentencia se resolverán todas las cuestiones que hayan
sido objeto de juicio,
condenando o absolviendo a los procesados.
También se resolverán en la sentencia todas las cuestiones referentes
a la responsabilidad civil que hayan sido objeto igualmente del juicio.
La congruencia de la sentencia se refiere,
por su parte, a la relación de conexión,
de adecuación o de vinculación que debe ineludiblemente existir
entre la acusación y el enjuiciamiento.
Vinculación que guarda estrecha relación
con el principio acusatorio en su triple manifestación,
que es la siguiente.
Primero, la función de acusación y enjuiciamiento deben corresponder
a personas distintas.
Segundo, las funciones de investigación y enjuiciamiento
deben atribuirse a distintos órganos públicos del Estado.
Y tercero, la congruencia propiamente dicha
u obligación del juez o jueza de sostener su enjuiciamiento
sobre los hechos y calificaciones jurídicas
introducidos por las partes, acusación y defensa,
sin posibilidad de condenar por delitos distintos,
eventualmente más graves que los aducidos por estas,
salvo que los bienes jurídicos protegidos por estos delitos,
guarden una estrecha relación de homogeneidad,
es decir, que sean los mismos.
Por ejemplo, la vida se protege indistintamente por dos delitos
distintos, entre otros, asesinato y homicidio.
Luego, en este caso,
no dejaría de ser congruente un juez o jueza si,
en la sentencia que pone término al proceso,
a pesar de haberse debatido sobre uno de los hechos delictivos
recién descritos, finalmente condena por el otro,
puesto que el bien jurídico protegido por ambos tipos de delitos
es el mismo, en este caso,
la vida.
Finalmente, además de ser la sentencia penal
acreedora de tan relevantes atributos
como los expuestos, motivación, exhaustividad y congruencia,
ha de destacarse que además ha de ser informativa
de extremos muy relevantes a los que ya me he referido,
pero que por su relevancia vuelvo a traer a colación.
Primero, la posibilidad de impugnación.
La Ley Orgánica del Poder Judicial así lo establece
al notificarse la resolución a las partes,
se indicará si la misma es o no firme y, en su caso,
los recursos que procedan órgano ante el que deban interponerse
y plazo para ello.
Toda sentencia penal debe incluir además
un pronunciamiento en costas.
Las costas del proceso penal se refieren lógicamente.
En esencia, al pago de los siguientes extremos.
Primero, los derechos de arancel.
Segundo, los honorarios devengados por abogados y peritos.
Tercero, las indemnizaciones correspondientes a los testigos
que las hubieran reclamado si fueran de abono.
Así como, cuarto, los demás gastos que se hubieran ocasionado
en la instrucción de la causa.
La fuerza de cosa juzgada, predicable de todas las sentencias,
ha de identificarse con los efectos dimanantes
de su naturaleza definitiva y firme,
adintra en el marco interno del propio proceso
en el que se han dictado,
esto sería la fuerza de cosa juzgada formal o inimpugnabilidad,
y también adestra en el ámbito externo
de otros sucesivos y eventuales procesos,
cosa juzgada material,
con una doble proyección positiva, ejecutoriedad y prejudicialidad,
y otra negativa no visímide.
La cosa juzgada formal es sencillamente la firmeza,
la irrecurribilidad o inimpugnabilidad
de las sentencias judiciales firmes, esto es, de aquellas
contra las que ya no cabe recurso alguno, bien por no preverlo la ley,
bien porque estando previsto ya ha transcurrido el plazo
legalmente fijado sin que ninguna de las partes procesales
lo haya presentado.
La cosa juzgada material es la expresión que alude
a una multiplicidad de efectos positivos y negativos
de las sentencias firmes,
adestra o en el ámbito de ulteriores procesos judiciales
a los que eventualmente pretendan acudir los distintos justiciables,
acusadores y acusados en defensa de sus respectivas pretensiones.
Así, la cosa juzgada material tiene un doble efecto positivo,
Las resoluciones judiciales susceptibles de generar
los efectos de cosa juzgada material son dos.
Primero, las sentencias firmes y segundo,
los autos de sobreseguimiento libre.
El sobreseguimiento libre,
recordemos, tan sólo cabe por alguno de los siguientes motivos.
Cuando no existan indicios racionales
de haberse perpetrado el hecho delictivo,
el hecho que hubiera dado lugar a la formación de la causa.
Segundo, cuando el hecho no sea constitutivo de delito.
Y tercero, cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal
los procesados como autores, cómplices o encubridores.
Pasamos a ver, por último, la peculiaridad de la acosa juzgada
penal por contraste a la acosa juzgada civil.
Y es que su identidad en el marco penal no es triple,
sino doble.
Es doble, digamos ahora en sentido inverso,
que no triple.
La identidad objetiva, mismos hechos,
y la identidad subjetiva, mismo acusado,
con independencia de quién sea el acusador.
Por tanto, la fuerza de cosa juzgada penal,
dimanante de las sentencias firmes y autos de sobreseguimiento libres,
comporta que los hechos que ya se han presentado por primera vez,
ante el juzgador o juzgadora frente a un investigado determinado
y perfectamente identificado, no podrán, nevis in idem,
volver a ser susceptibles de conocimiento judicial.
Y ello bien sea en el primer caso sentencia firme,
porque ese sujeto ya ha sido condenado o absuelto,
y en el segundo caso sobreseguimiento libre,
porque ya se apreció en su momento alguna de las causas impeditivas
de todo posible enjuiciamiento penal,
como es la inexistencia de indicios racionales
de haberse perpetrado el hecho delictivo,
la insuficiencia de la relevancia penal
del hecho o la exención de responsabilidad criminal
de los procesados como autores, cómplices y encubridores.
Y con esto damos por terminada esta píldora, programa,
esta unidad relativa a la última fase del proceso penal
que es la audiencia principal con su sentencia.
Gracias.