Programa 18,
fase de juicio oral.
Prueba.
Una vez concluida la fase intermedia,
con una resolución judicial favorable a la apertura del juicio oral
y que, por tanto,
descarte el sobrevesimiento provisional o definitivo,
comienza este último período del proceso penal,
el juicio oral,
también denominado plenario o fase de enjuiciamiento.
Si recordamos que toda la fase de instrucción
se destinó, con mejor o peor fortuna,
a la preparación bajo la dirección del Tribunal de Instancias,
sección de instrucción, en este período de enjuiciamiento,
y que sus actos de investigación tan solo
estuvieron orientados a poner término al proceso mediante algún archivo
o, según lo fructífero de los resultados,
en otro caso, a abrir este nuevo periodo procesal,
entonces podemos afirmar con rotundidad que el proceso penal
en puridad comienza ahora, comienza en este momento.
Este es el momento en el que el juez competente
para dictar la sentencia toma las riendas del proceso.
Se presentan, con plena igualdad de armas,
las pretensiones condenatorias frente a la defensa,
que velará por la presunción de inocencia o, en su caso,
por la minoración en lo posible de la condena.
Se instaura ahora el debate dialéctico,
se celebra la prueba con toda su plenitud, oralidad,
inmediación, contradicción, concentración y publicidad.
Se presentan las calificaciones definitivas
y se dicta la sentencia penal de condena o absolución.
El juicio oral, también denominado,
como he dicho, fase de enjuiciamiento plenario,
es la última fase procesal del proceso penal,
que discurre desde el momento en el que una vez
se ha descartado el sobresalimiento libre,
esto es, el definitivo, o provisional de la causa,
se dicta un auto de apertura de juicio oral
por parte del tribunal competente,
que es, recuérdese, el tribunal de instancia, sección de instrucción,
dicta este auto en el abreviado, sin embargo,
la audiencia provincial hace lo propio en el ordinario.
Se dicta este auto de apertura del juicio oral por parte de este juez
o tribunal competente hasta que el tribunal
que sea competente del enjuiciamiento ya dicta la sentencia.
El contenido de esta fase procesal es amplio, es complejo y es diverso.
Comienza con el sostenimiento de la acusación penal.
Conforme a los datos de que disponen el acusador
o, en su caso, los acusadores,
recuérdese que hasta el momento tan solo se han ensayado actos
de investigación y algunos acaso aislados actos de prueba anticipada
o preconstituida,
pero todavía no se han practicado los principales actos de prueba
que permiten desvirtuar la presunción de inocencia.
En segundo lugar,
se prosigue con la celebración del juicio que permitirá ahora sí
la práctica de la prueba celebrada en esta fase de enjuiciamiento.
Dejar y permitirá dejar fijado tanto el objeto procesal penal
como sus destinatarios, él o los todavía presuntos autores
del hecho delictivo y que mantendrán esta presunción
de inocencia hasta el mismo momento en el que se dicta
una sentencia firme.
Culmina este período procesal
y con el último acto del proceso penal,
que es la sentencia, que será,
como es lógico, susceptible de ser impugnada conforme al sistema general
de recursos y por los casos legalmente establecidos,
si la parte o partes que se sienten agraviadas
por ella lo estiman oportuno.
La finalidad
de este último período procesal penal, que es el juicio oral,
es el puntual sostenimiento de una pretensión acusatoria
que permita la celebración de un juicio informado
por los principios de oralidad,
inmediación, contradicción, concentración y publicidad,
donde se practique con plena igualdad de armas
la prueba de cargo suficiente
para lograr la convicción del juzgador o juzgadora
sobre la única realidad de los hechos, su cabal aplicación
al derecho en la sentencia condenatoria o absolutoria
que culmine este proceso penal.
Las excepciones procesales son obices procesales que,
de advertirse a instancia de parte y no ser subsanables
o, en caso de ser lo, no haber se subsanado puntualmente,
impiden la válida prosecución del proceso para su normal finalización
mediante sentencia sobre el fondo.
Con la denominación artículos de previo pronunciamiento
se refiere la ley de enjuiciamiento criminal
a las excepciones que impiden la válida prosecución
del proceso penal hasta el término.
Así, el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
en un listado cerrado, establece lo siguiente.
Serán tan solo objeto de artículos de previo pronunciamiento
las cuestiones o excepciones siguientes.
La declinatoria de jurisdicción, la cosa juzgada,
la prescripción del delito, la amnistía,
el indulto, la falta de autorización administrativa
para proceder en los casos
en que sea necesario con arreglo a la Constitución
y a las leyes especiales.
Estas excepciones procesales
podrán ser planteadas por cualquiera de las partes personadas,
normalmente, como es lógico, por la parte pasiva,
en los tres primeros días del plazo
para presentar la calificación de los hechos.
A continuación,
la contraparte dispondrá de idéntico plazo de tres días
a partir de aquel en el que se le hubiera entregado
el escrito con esta o estas excepciones procesales
para formular las alegaciones que estime o estime inconvenientes.
Transcurridos estos plazos,
el Tribunal someterá a prueba los distintos documentos
aportados con designación del lugar en el que se encuentren
y ha de advertir que los artículos de previo pronunciamiento
no se admitirá la prueba testifical.
A continuación, se procederá al señalamiento por el letrado o letrada
de la Administración de Justicia de un día para la celebración
de la vista en la que podrán informar lo que convenga a su derecho
los defensores de las partes
si éstas lo pidieren y en el día siguiente al de la vista
el tribunal dictará auto resolviendo sobre estas cuestiones propuestas.
Las cuestiones previas son excepciones procesales
que se plantean verbalmente al mismo comienzo del juicio oral
en el procedimiento penal abreviado.
El referido juicio oral del procedimiento abreviado,
como se verá, comienza con la lectura de los escritos de acusación
y de defensa.
Inmediatamente después, conforme al orden preestablecido
por la ley de enjuiciamiento criminal y siempre en instancia de parte,
el Tribunal abrirá un turno de intervenciones
para que puedan las partes exponer lo que estimen oportuno
acerca de la competencia del órgano judicial,
la vulneración de un derecho fundamental,
la existencia de artículos de previo pronunciamiento,
las causas de suspensión del juicio oral o nulidad de actuaciones,
así como sobre el contenido y finalidad de las pruebas propuestas
o que se propongan para practicarse en el acto.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal impone respecto
del proceso ordinario que una vez abierto el juicio oral
continuará durante todas sus sesiones consecutivas las que sean necesarias
hasta la conclusión.
Respecto del abreviado,
establece que la práctica de la prueba
se realizará concentradamente en las sesiones consecutivas
que sean necesarias.
Sin embargo, en algunas ocasiones
pueden sobrevenir circunstancias imprevistas, inevitables,
que imposibiliten el normal discurrir de cualquier procedimiento
y en tales casos, la única opción posible, por muy pernicioso
que sea el impacto de esto en el procedimiento,
habrá de acordarse su suspensión.
El presidente del tribunal, por tanto,
podrá suspender la apertura de las sesiones cuando las partes,
por motivos independientes de su voluntad,
no tuvieran preparadas las pruebas ofrecidas
en sus respectivos escritos.
Procederá, además, la suspensión del juicio oral
también en los siguientes casos.
Cuando el tribunal tuviera que resolver
durante los debates alguna cuestión incidental que por cualquier causa
no pudiera decidirse en el acto.
Cuando el tribunal tuviera que practicar algunas diligencias
fuera del lugar del de las sesiones
y no pudiera verificarse en el tiempo intermedio entre una y otra,
cuando no comparezcan los testigos de cargo o descargo
ofrecidos por las partes y el tribunal
considere absolutamente necesaria la declaración de los mismos,
cuando algún miembro del tribunal, fiscal o defensor de cualquiera
de las partes enferma repentinamente hasta el punto
de que no puede continuar tomando parte en el juicio
ni puede ser reemplazado este último sin grave inconveniente
para la defensa del interesado y lo mismo
se aplicará en el caso del defensor de cualquiera de las partes
en los supuestos de fallecimiento,
de hospitalización o de intervención quirúrgica por causa grave
de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
También cuando los procesados se hallen en el caso anterior,
en términos de que no puedan estar presentes en el juicio,
la suspensión no se acordará por esta causa,
sino después de haber oído a los facultativos,
como es lógico, nombrados de oficio para el reconocimiento del enfermo.
Y también cuando las revelaciones o retractaciones inesperadas,
produzcan alteraciones sustanciales
en los juicios haciendo necesarios nuevos elementos de prueba
o alguna sumaria instrucción suplementaria o complementaria.
La celebración del juicio comporta que deban respetarse
los principios que presiden la celebración de la vista
y son oralidad, inmediación, concentración,
contradicción y publicidad.
Esta vista oral celebrada con publicidad.
Absoluta esto es frente a toda la sociedad con la salvedad
de que el tribunal resuelva motivadamente otra relativa
por razones que ya he indicado de seguridad orden público protección
de derechos fundamentales de los intervinientes evitación
de un eventual perjuicio a las víctimas
pero en otro caso con publicidad absoluta y celebrada de forma
cronológicamente concentrada en presencia de todas las partes
debidamente asistidas de sus respectivos abogados
constituye la fase ya final del proceso penal.
La ausencia injustificada de la persona física acusada
no comporta, y lo hemos visto ya, su automática suspensión
cuando hubiere sido citada correctamente, de forma directa,
en su persona, en su domicilio en España,
designado a efecto de notificaciones o en la persona que la reciba
en su nombre, también expresamente designada,
si el tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal,
de la parte acusadora y oída a la defensa,
estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento
y la pena solicitada no excede dos años de privación de libertad
o si es de distinta naturaleza cuando no excede de seis.
Pero como norma general la celebración del juicio oral
requiere la preceptiva asistencia de la persona acusada
y también de su abogado o abogada defensor o defensora.
No obstante, si hubiere varias personas acusadas
y alguna de ellas deja de comparecer sin motivo legítimo
apreciado por el juez, la jueza o el tribunal,
entonces podrá éste acordar o ir a las partes
la continuación del juicio con los restantes
con los que sí han presenciado que sí están en ese momento en el juicio.
La ausencia injustificada del tercero responsable civil
citado en debida forma no será por esa causa
motivo de suspensión del juicio.
La acusación particular o popular
podrán ser representadas en el acto de juicio por procurador
de los tribunales, salvo en el caso en el que proceda a practicar
la declaración personal y directa de los mismos.
Cuando el acusado sea una persona jurídica,
éste podrá estar representado para un mejor ejercicio
del derecho de defensa por una persona que especialmente
designe debiendo ocupar en la sala el lugar reservado a los acusados.
Esta persona podrá declarar en nombre de la persona jurídica
si se hubiere propuesto y admitido prueba,
sin perjuicio de su derecho a guardar silencio,
a no declarar contra sí misma, a no confesarse culpable,
así como a ejercer la última palabra para finalizar el acto del juicio.
No se podrá designar a estos efectos
a quien haya de declarar en el juicio como testigo.
A pesar de lo anterior, la ley de juiciamiento criminal
establece que la incomparecencia de la persona especialmente designada
por la persona jurídica para su representación
no impedirá en ningún caso la celebración de la vista
que se llevará a cabo en todo caso con la presencia del abogado
y el procurador de esta.
En el día señalado para dar principio a las sesiones,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
velará porque se encuentren en el local del tribunal
las piezas de convicción que se hubieran recogido
y el presidente, en el momento oportuno,
declarará abierta la sesión.
Desde ese mismo momento,
el presidente tendrá todas las facultades necesarias
para conservar o restablecer el orden en las sesiones
y mantener el debido respeto al tribunal
y a los demás poderes públicos, pudiendo corregir
en el acto con multa las infracciones que no constituyan delito
o que no tengan señalada por una ley una corrección especial.
Asimismo, el presidente llamará al orden
a todas las personas que lo alteren y podrá hacerle salir del local,
si lo considera oportuno, sin perjuicio de la referida multa.
También podrá acordar que se detenga en el acto
a cualquiera que delinquiere durante la sesión,
poniéndole a disposición del tribunal competente.
Todos los concurrentes al juicio oral,
cualquiera que sea la clase a que pertenezcan,
sin excluir a los militares, quedan sometidos
a la jurisdicción disciplinaria del presidente.
Si turbaren el orden con un acto que constituya delito,
serán expulsados inmediatamente del local y entregados
a la autoridad competente.
La primera actuación de esta vista
será la pregunta sobre la posible asunción
de los hechos por parte del acusado y consiguiente
propuesta de conformidad,
puesto que, de resultar exitosa esta conformidad,
se eludirá todo trámite procedimental posterior,
poniendo inmediato término al proceso penal.
Inmediatamente después y siempre
que el juicio deba continuar por falta de conformidad,
se dará lectura a los escritos de calificación
y a la lista de peritos y testigos que se hubiesen presentado
oportunamente haciendo relación de las pruebas propuestas
y admitidas.
Acto seguido, se pasará a la práctica de la prueba
y al examen de los testigos,
empezando por la que hubiera ofrecido el Ministerio Fiscal,
continuando por la propuesta por los demás actores y, por último,
con la de los procesados.
El resultado que arroje la prueba será determinante en realidad
para la respuesta judicial de condena o en otro caso de absolución.
De ahí que este período nuclear del proceso penal, que es el juicio,
se presente como el más trascendente de todos.
Los actos de prueba son los realizados por las partes,
sea de propia iniciativa, sea por indicación del juez o jueza,
para demostrar ante ese juez o jueza la única realidad de los hechos,
al advertirse desde este primer momento
que la conquista de esta única realidad de los hechos
es precisamente o probablemente la hazaña más relevante
de las partes en el proceso penal por cuanto el juez o jueza
se limitará después a aplicar a esos hechos ciertos
en tanto que empíricamente demostrados el derecho
y la justicia de la respuesta como es lógico
será tanto más elevada cuanto mayor sea la certeza que no la mera
verosimilitud en la que se asienta.
El proceso penal prácticamente nunca presenta una contradicción
exclusivamente jurídica y exonerada de toda contrariedad fáctica,
puesto que incluso en los estadísticamente relevantes
supuestos en que el investigado o acusado,
según la fase en que se encuentra, admita los hechos,
incluso en esos casos,
en un manifiesto ejercicio de conformidad con los hechos,
existe una auténtica obligación estatal, judicial,
de verificar la realidad de esos hechos antes de proceder
a dictar sentencia.
El objeto de la prueba se contrae a los concretos
y exclusivos hechos positivos
en que las partes sustentan sus respectivas posiciones
o pretensiones.
Así, cada parte habrá de probar los hechos que afirma, no,
como es lógico, los que niega,
porque la mera y acaso displicente negación fáctica
no resulta fácilmente demostrable.
El ejercicio del derecho a la presunción de inocencia cobra
en este momento una relevancia capital
porque viene a instaurar una de las grandes conquistas
y fortalezas del proceso penal moderno y democrático
y es, lo exponemos ahora en términos coloquiales
para conseguir con ello trasladar la máxima clarividencia,
la siguiente, la inocencia no se prueba,
la inocencia se presume, sólo se prueba la culpabilidad.
Las distintas partes acusadoras, pública, popular, particular
o privada, habrán de probar los hechos constitutivos
de sus respectivas pretensiones, que serán los integrados
en los escritos de calificación del proceso ordinario
y de acusación en el proceso abreviado.
Por su parte,
y dado que, insisto, la inocencia se presume.
No se prueba, la parte acusada habrá de conformarse con probar los hechos
incorporados a sus escritos de defensa que incorporen,
en su caso, atenuantes o eximantes o,
así como a lo sumo, los que vengan a extorsionar de cualquier forma,
con hechos impeditivos, extintivos o excluyentes,
la tesis de la parte acusadora.
El derecho a la presunción de inocencia,
ampliamente estudiado por nuestros más altos tribunales,
Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo,
impone precisamente que la condena dependerá siempre y en todo caso
de la previa existencia de una mínima pero suficiente actividad probatoria
que permita.
Acreditar sin ningún género de dudas la culpabilidad del delincuente,
que permita proactiva y exitosamente acreditar esa culpabilidad.
En ausencia de actividad probatoria, la inocencia se impone.
Pero no sólo se impone la inocencia en ausencia
o ante la insuficiencia de la actividad probatoria
que logre desvirtuar la presunción de inocencia,
sino también cuando esa actividad,
habiéndose producido e incluso resultando bastante,
no resulta, sin embargo, lo suficientemente ilustrativa
como para convencer al juez o jueza con toda claridad,
transparencia y luminosidad de la realidad de unos hechos.
A esta razonable duda probatoria se refiere la doctrina
y la jurisprudencia desde tiempo y memorial con la expresión latina
indubio pro reo.
En caso de duda, el juez ha de fallar en favor del acusado.
Los medios de prueba son los mecanismos, instrumentos
o fórmulas legalmente establecidos para trasladar de forma lícita
una valiosa información al juzgador o juzgadora
a la única realidad de lo acontecido.
Los medios de prueba típicos del proceso penal son los siguientes,
declaración del acusado, declaración testifical,
dentro de la que se incorpora también la declaración de la víctima,
informe pericial, documentos públicos y privados,
medios de reproducción de la imagen y el sonido, inspección ocular.
Las pruebas de cada parte se practicarán según el orden
con que hayan sido propuestas en el escrito correspondiente.
Los testigos serán examinados también por el orden que figuren
en las respectivas listas.
Sin embargo,
el presidente podrá alterar este orden a instancia de parte
o de oficio cuando así lo considere conveniente
para el mayor esclarecimiento de los hechos
o para el más seguro descubrimiento de la verdad.
La declaración del acusado en la fase de enjuiciamiento difiere,
y mucho, de la misma declaración de este mismo sujeto
cuando era un mero investigado en la fase de instrucción,
porque ahora el acusado podrá manifestar, si lo desea,
su conformidad absoluta con la pena con la que más gravemente hubiera
sido calificada su conducta, si hubiera más de una, y ello
provocará una sentencia inmediata.
El letrado o letrada facilitará por escrito a la persona
a quien defiende la información sobre el acuerdo alcanzado.
Si el letrado o letrada del procesado no conceptúa necesaria
la continuación de juicio y el tribunal,
a partir de la descripción de los hechos,
aceptada por todas las partes,
entiende que la calificación aceptada es correcta
y que la pena es procedente acorde a dicha calificación,
entonces dictará una sentencia de conformidad.
Esta conformidad podrá también ser presentada con el nuevo escrito
de calificación que conjuntamente firmen las partes acusadoras
y la parte acusada, junto a su letrado o letrado,
que no podrá referirse a hecho distinto,
como es lógico, ni contener calificación más grave
que la del escrito de acusación anterior.
El tribunal oirá en todo caso al acusado
acerca de si su conformidad ha sido prestada libremente
y con conocimiento de todas sus consecuencias.
En el caso de que el acusado
negase categóricamente los hechos constitutivos
del delito que se le hubiera imputado en el escrito de calificación,
y el responsable civilmente a la restitución
de la cosa o al pago de la cantidad fijada en ese escrito
por razón de los daños y perjuicios causados hiciere lo propio
en el crucial punto de partida del plenario entonces el proceso
se desarrollará descartando ya cualquier posibilidad de conformidad
y comienza el interrogatorio del acusado.
Que habrá de versar en todo caso
sobre los concretos hechos constitutivos
de las respectivas pretensiones acusadora y defensiva,
escritos de acusación y defensa,
sin que pueda adicionarse ahora, de forma sorpresiva,
hechos nuevos porque ello sumiría al acusado
en una manifiesta y muy censurable indefensión.
La prueba testifical consiste en esencia en la declaración
o narración ante el tribunal del enjuiciamiento de los hechos penales
por parte de quien precisamente los percibió directa
o indirectamente por sus sentidos.
Los testigos, como acabo de indicar, podrán ser directos
aquellos que percibieron por sus propios sentidos
y sin la menor intermediación la noticia criminal.
También podrán ser indirectos,
denominados asimismo testigos de referencia,
aquellos que han percibido esa noticia
por medio de otras personas,
generalmente a través de confidencias .
La declaración del testigo indirecto tan sólo cobrará protagonismo,
como es lógico,
ante la inexistencia de otra, de un testigo directo,
aunque tampoco nada dice la ley de enjuiciamiento criminal
a este respecto, pero habrá de valorarse,
como es lógico, con extrema prudencia.
El artículo 710 de la ley de enjuiciamiento criminal
se conforma en este punto con advertir que los testigos
expresarán la razón de su dicho y si fueran de referencia
precisarán el origen de la noticia designando su nombre y apellido
con las señas que fueran conocidos y la persona
que se la hubiera comunicado.
La legislación no impone grandes capacidades a los testigos.
Basta con que hayan presenciado el hecho
y tengan suficiente juicio para que puedan ser testigos.
Ello incluye,
como es lógico, a los menores de edad,
si bien tan solo prestarán juramento a partir de los 14 años.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece,
eso sí, unas razonables previsiones para los testigos vulnerables
por razón de su edad o de su discapacidad.
La declaración de los testigos menores de edad
o con discapacidad necesitados de especial protección
se llevará a cabo cuando resulte necesaria para impedir o reducir
los perjuicios que para ellos puedan derivar del desarrollo del proceso
o de la práctica de la diligencia, evitando la confrontación visual
de los mismos con el inculpado.
Con este fin podrá ser utilizado cualquier medio técnico
que haga posible la práctica de esta prueba,
incluyéndose la posibilidad de que los testigos
puedan ser oídos sin estar presentes en la sala
mediante la utilización de tecnologías de la comunicación.
Los testigos tienen lógicamente la triple obligación
de comparecer, prestar declaración y decir la verdad.
Su incumplimiento,
con algunas excepciones eximentes y dispensas,
provoca sanción de naturaleza penal que oscila,
según cual sea el concreto incumplimiento,
entre los delitos de obstrucción de la justicia,
de desobediencia grave a la autoridad y de falso testimonio.
La ley de juiciamiento criminal es escrupulosa
en el tratamiento que debe otorgarse a los distintos testigos
durante el procedimiento probatorio,
porque resulta conveniente, por muchas razones,
que no se comuniquen antes de entrar en la sala,
ni mucho menos que unos puedan escuchar las versiones de los otros.
De ahí que se establezca que los testigos
que hayan de declarar en el juicio oral
permanecerán hasta que sean llamados a prestar sus declaraciones
en un local a propósito sin comunicación
con los que ya hubieran declarado ni con otra persona.
Y además expresa esta misma ley
que el presidente mandará que entren a declarar uno a uno
y por el orden legalmente establecido,
que siempre será el mismo, primero el Ministerio Fiscal,
después los acusadores,
a continuación los actores y por último,
como su derecho a última palabra, los procesados.
El presidente preguntará, en primer lugar,
al testigo acerca de su identificación,
nombre, apellidos, profesión, etc. Bastando,
en caso de que sea un miembro integrante de los cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado en el ejercicio
de sus funciones,
con que se identifique a través de su número
de identificación.
Después de esto, la parte que haya presentado este testigo
podrá hacerle las preguntas que tenga por conveniente.
Las demás partes podrán dirigirle también preguntas
que consideren oportunas y sean pertinentes en vista
a sus contestaciones.
Como es lógico, y también lo expresa la ley de enjuiciamiento criminal,
el presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros
del tribunal, podrá dirigir a los testigos
las preguntas que estime conducentes a depurar los hechos
sobre los que declaren el presidente.
No permitirá, desde luego,
que el testigo conteste a preguntas o repreguntas
que sean capciosas, sugestivas, impertinentes.
La declaración de la víctima, como se sabe,
no es acreedora de una regulación propia,
sino que se rige por lo dispuesto con carácter general
para la declaración de los testigos.
Ahora bien, la Ley de Enjuiciamiento Criminal
establece una afortunada salvedad y es la siguiente.
El presidente podrá adoptar medidas para evitar
que se formulen a la víctima.
Preguntas innecesarias relativas a la vida privada
que no tengan relevancia para el hecho delictivo enjuiciado,
salvo que el tribunal considere excepcionalmente
que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos
o la credibilidad de la declaración de la víctima.
Si esas preguntas fueron formuladas,
el presidente no permitirá que sean contestadas contra las resoluciones
sobre este extremo.
Adopte poder interponerse en su caso
y en su día recurso de casación
si se hiciera en el acto la correspondiente protesta.
Si la víctima fuera menor
o con discapacidad necesitada de especial protección,
entonces la declaración podrá ser recibida
durante la fase de investigación grabada por medios audiovisuales
y reproducida en el juicio.
Las declaraciones de las autoridades y funcionarios de la Policía Judicial
tendrán el valor de declaraciones testificales
apreciables según las reglas del criterio racional.
Y bueno,
pues en la Ley de Juzgamiento Civil.
Finalmente,
autoriza el contraste judicial entre la declaración testifical
prestada en el sumario a modo de prueba personal anticipada
y la prestada en el plenario por un mismo testigo
cuando hubiera de reproducirse siempre que entre una y otra
haya contradicciones, al establecer que cuando la declaración del testigo
en el juicio oral no sea conforme en lo sustancial con la prestada
en el sumario,
podrá pedirse la lectura de esta por cualquiera de las partes.
Después de leída, el presidente invitará al testigo
a que explique la diferencia o contradicción
entre las declaraciones que observe.
La prueba pericial, también denominada informe pericial,
es la prestada también en el juicio oral
ante el juez del enjuiciamiento como complemento del estudio
encomendado a un especialista, a un experto,
por razón de sus cualificados conocimientos científicos,
artísticos, técnicos o prácticos respecto de una determinada materia
sobre algún extremo íntimamente relacionado con los hechos delictivos
o con los sujetos pasivos del proceso penal.
En el procedimiento abreviado, la prueba pericial proveniente
de las instituciones acreditadas cobra tal fuerza que se introduce
al proceso directamente como una prueba documental
sin necesidad de que se acuda al perito para que ratifique,
explique o amplíe información sobre esa concreta pericia.
Así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal
cuando nos dice que en el ámbito de este procedimiento
tendrán carácter de prueba documental los informes emitidos
por los laboratorios oficiales sobre la naturaleza,
cantidad y pureza de sustancias estupefacientes,
cuando en ellos conste que se han realizado siguiendo
el protocolo científico aprobado por las correspondientes normas.
El informe pericial será dual en el proceso ordinario,
es decir, prestado por un mínimo de dos peritos en el juicio oral,
mientras que en el abreviado podrá ser unívoco,
es decir, prestado por un solo perito.
En todo caso, los peritos habrán de desempeñar su función
con plena imparcialidad, pudiendo, como es lógico,
ser recusados por las partes cuando sospechen que en su persona
pueda concurrir alguna de las tres cualidades
expresamente previstas en la ley de juiciamiento criminal,
cuales son parentesco de consanguinidad
o de afinidad entre el cuarto grado con el querellante
o con el reo, interés directo o indirecto
en la causa o en otra semejante y amistad íntima
o enemistad manifiesta con cualquiera de ellos.
La declaración pericial
habrá de ser prestada en unidad de acto y con presencia
incluso con la proactiva interacción entre los peritos.
Así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal
cuando nos dice que los peritos que no hayan sido recusados
serán examinados juntos cuando deban declarar
sobre unos mismos hechos y contestarán a las preguntas
y repreguntas que las partes les dirijan.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal
autoriza y lo hace para todas las declaraciones personales,
tanto de investigados como de peritos y testigos,
que la celebración de estas pruebas pueda realizarse
por videoconferencia.
Así, el Tribunal de Oficio e Instancia de Parte,
por razones de utilidad, de seguridad o de orden público,
así como en aquellos supuestos
en que la comparecencia de quien haya de intervenir
en cualquier tipo de procedimiento penal,
como investigado, testigo, perito o en otra condición
resulte gravosa o perjudicial,
y especialmente cuando se trate de un menor podrá acordar
que su actuación se realice a través de videoconferencia
u otro sistema similar
que permita la comunicación bidireccional y simultánea
de la imagen y el sonido.
La prueba documental es la contenida,
como su nombre indica, en los documentos.
Pudiendo estos documentos ser tanto físicos como electrónicos,
también pudiendo ser tanto escritos, con letras u otros símbolos,
como gráficos, planos, mapas, fotos, croquis.
Y por último, pudiendo ser estos documentos tanto visuales
como auditivos, provenientes de grabaciones de la imagen
y del sonido por cualquier medio tecnológico.
El tribunal examinará por sí mismo los libros,
documentos, papeles y demás piezas de convicción
que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos
y a la más segura investigación de la verdad.
Dentro de la prueba documental penal puede distinguirse,
como es lógico, la documental pública intervenida por fedatarios públicos
y la documental privada elaborada por particulares.
El principio informador de la libre valoración probatoria
informa todas y cada una de las modalidades probatorias
del proceso penal.
Debiendo por tanto el juzgador valorar siempre
conforme a su buen saber entender, a las máximas de la experiencia,
a las reglas de la sana crítica.
Así lo indica además con toda solemnidad
la ley de enjuiciamiento criminal
cuando advierte que el tribunal apreciando según su conciencia
las pruebas practicadas en el juicio,
las razones expuestas por la acusación
y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados
dictará sentencia dentro del término fijado en la ley.
La inspección ocular es la prueba consistente en la percepción directa
practicada por el propio juez o jueza en un lugar u objeto esencial
que debe ser inspeccionado sin barreras,
sin intermediarios.
La ley de enjuiciamiento criminal destina un único precepto
a este mecanismo probatorio.
Para la prueba de inspección ocular que no se haya practicado
antes de la apertura de las sesiones,
si el lugar que deba ser inspeccionado
se hallase en la capital,
se constituirá en él el tribunal con las partes y el letrado o letrada
de la Administración de Justicia extenderá diligencia expresiva
del lugar o cosa inspeccionada.
Haciendo constar en ella las observaciones de las partes
y demás incidencias que ocurran.
Si el lugar estuviera fuera de la capital,
se constituirá en él, con las partes,
el individuo del tribunal que el presidente designe.
El verdadero interés de esta inspección ocular
transcurre en verdad durante la instrucción,
momento en el que suele realizarse directamente en el propio lugar
de comisión del hecho delictivo.
En ese incipiente momento y lugar es cuando y donde, previsiblemente,
se podrá obtener una valiosa información
de lo realmente acontecido.
Esa actuación judicial, sin embargo,
va perdiendo eficacia por razones obvias
si se pretende desplazar desde un momento procesal idóneo,
como es la instrucción, a otro posterior,
como es el del enjuiciamiento.
De ahí que normalmente se celebre en la fase de investigación
y se integre después en el plenario como una prueba
típicamente preconstituida que vendrá además generalmente avalada
por un ilustrativo material dactiloscópico, fotográfico
o incluso gracias a las técnicas de investigación y comunicación
videográfico de alta resolución.
Se denomina prueba indiciaria, prueba indirecta,
prueba por indicios o prueba por presunciones a la inferida,
a la motivada razonablemente de otra que ya es directa cuando esta última
no puede practicarse en un proceso concreto
por las razones que sean.
Esta prueba indiciaria permite al juzgador o juzgadora
a partir de un hecho probado de forma incuestionable
inferir la certeza de otro con el que guarda una inextinguible relación.
Así, por ejemplo, Nadie visualizó la escena del crimen
y, por tanto, resulta imposible que se experimente en ese proceso
una concluyente prueba testifical.
Pero la víctima mantenía una enemistad manifiesta
con el agresor.
En las inmediaciones del lugar de los hechos
y con inmediata antelación temporal habían discutido violentamente.
Entre los vestigios inspeccionados
se encuentran huellas del presunto autor
desde una zona próxima.
Se le vio salir corriendo con restos de sangre en la ropa.
El ulterior análisis de estas muestras biológicas
evidencia que el ADN corresponde al difunto.
Todas estas son pruebas indiciarias de cuya conjunción
puede razonablemente inferirse en ausencia de una prueba directa
y con alta probabilidad la culpabilidad del acusado.
Una vez analizados con todo detalle los distintos actos
de investigación, perdón, en este programa de prueba,
de los que las partes principalmente acusadoras
sobre los que pende la presunción de inocencia,
pero también de la acusada,
ha de concluirse con algo muy evidente
y es que el tratamiento de la prueba en todas sus fases y por parte
de todos sus protagonistas, de las distintas escenas procesales
en las que se desarrolla ha de ser escrupulosamente respetuoso
con las exigencias legalmente establecidas porque si se incumplen
en cualquier momento de esta cadena en la práctica en origen,
la guarda y custodia, la conservación,
la entrega o la introducción al proceso.
Si se incumplen todas estas fases
de la cadena a los mandatos de las leyes procesales ordinarias,
nos encontramos ante una prueba ilícita.
Y si se observan en este mismo procedimiento
los contenidos de la Constitución española
referidos a derechos y funciones, y libertades fundamentales,
entonces estamos ante una prueba prohibida.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece con toda claridad
que no surtirán efecto las pruebas obtenidas,
directa o indirectamente, violentando derechos o libertades fundamentales.
La vulneración de una norma ordinaria
será objeto de valoración y sanción judicial
individualizada en función de la desigual gravedad del trámite
regulado en la norma procesal inobservada.
Pero la vulneración de un derecho a libertad fundamental provocará,
como acabo de exponer, no sólo la nulidad
de la propia actuación probatoria prohibida,
sino también de las que le siguen
cuando todas ellas resulten inextindibles debido a esta cadena
que se ha dado en llamar el árbol o cadena
o fruto del árbol envenenado,
de una prueba envenenada tan sólo como si fuese un árbol cuyas frutas
no pueden nacer unas sanas y otras envenenadas,
todas ellas se entiende que estarían envenenadas.
Por tanto, la obtención,
conservación, custodia, mismidad y entrada
de la prueba para su valoración ha de ser extraordinariamente respetuosa
con la legalidad ordinaria y constitucional.
Y con esto damos por terminado.
Este programa referido a la relevantísima fase de plenario
y a la práctica de la prueba.
Muchas gracias por su atención.