Programa 15, fase de instrucción,
actos de prueba anticipada y preconstituida,
principios de la actividad probatoria.
La fase inicial del proceso penal, recuérdese la fase de instrucción
o de investigación, el sumario en el proceso ordinario
de diligencias previas en el abreviado,
integraba en su ámbito objetivo tres tipos de actuaciones.
Primero, los actos de investigación.
Segundo, los actos de prueba anticipada o preconstituida.
Tercero, los actos de aseguramiento de la prueba,
medidas cautelares personales
y de las cosas, medidas cautelares reales
comprometidos en ese concreto proceso.
Los actos de investigación, recordemos también,
se distinguen de los actos de prueba en tres notas esenciales.
Primero, en el momento procesal oportuno.
Entre tanto, los actos de investigación
se desarrollan durante la fase de investigación o instrucción,
con la sola excepción de la prueba anticipada
o preconstituida.
Sin embargo, los actos de prueba
se celebran en la propia fase de enjuiciamiento o plenario.
También se distinguen unos y otros en el objeto y los sujetos.
En los actos de investigación serán susceptibles de conocimiento pleno,
por cuanto en esa incipiente fase del procedimiento en que se practican
se destina precisamente al esclarecimiento de los hechos
y a la conexión de esos hechos con su presunto autor,
pero, sin embargo, en los actos de prueba,
donde ya está definido el objeto y los sujetos,
serán objetos, sin embargo, de conocimiento limitado
a las específicas actuaciones y frente a los concretos sujetos,
que han sido objeto de previa imputación o acusación.
También se distinguen los actos de investigación
de los actos de prueba en la finalidad.
Entre tanto, los actos de investigación
se destinan en esencia a preparar el enjuiciamiento,
los actos de prueba, sin embargo,
se orientan en verdad a fundar una sentencia que puede
ser de condena o absolución del proceso penal.
La posible
y casi siempre segura celebración durante la fase más embrionaria
del proceso penal que es la de la investigación de todos
y cada uno de los actos de investigación
que resulten idóneos para el esclarecimiento
de ese concreto objeto procesal penal así como para la localización
e identificación de su presunto autor,
algunos de los cuales ante su irrepetibilidad
se transmutan inexorablemente en pruebas anticipadas
y o preconstituidas, conlleva tres inevitables riesgos
que conviene advertir.
Primero, la excesiva dilación de la investigación.
Segundo, la configuración de una fase instructora
extraordinariamente nutrida de actuaciones complejas,
actos de investigación, actos de prueba anticipada,
actos de prueba preconstituida y también actos de aseguramiento
de personas y cosas.
Y, en tercer lugar, la probable influencia del resultado
de la investigación en el sentido de la sentencia.
La prueba anticipada es la prueba personal,
las declaraciones del investigado, testigos, peritos,
excepcionalmente practicada durante la fase de instrucción
del proceso penal, con todas las garantías procesales,
cuando desde ese incipiente momento
se prevea la imposibilidad de su práctica en el momento procesal
oportuno, que lo sería ya, como he dicho,
la fase del enjuiciamiento.
Fase esta última en la que será insertada aquella prueba personal
anticipada ya por la vía de los documentos
si es que no se puede repetir en ese momento.
La prueba preconstituida es sin embargo la prueba material ahora
y por tanto nunca personal, salvedad hecha del tratamiento
otorgado a la intervención personal de menores de 14 años
o personas con discapacidad necesitadas de especial protección,
pero.
Con esta sola salvedad excepcionalmente celebrada
en la fase de instrucción, como digo,
con las debidas garantías ante el riesgo de pérdida, deterioro
o evidenciable irrepetibilidad por causas diversas
en el ulterior periodo de enjuiciamiento que sería
el plenario.
Bien, comenzamos con las similitudes entre ambos tipos de pruebas
anticipada y preconstituida para luego destacar
de nuevo sus divergencias.
La primera similitud entre la prueba anticipada
y la preconstituida
es la excepcionalidad fundada en la irrepetibilidad de la prueba,
sea en su origen o sea de forma sobrevenida.
El tribunal, apreciando según su conciencia
las pruebas practicadas en el juicio,
las razones expuestas además por la acusación
y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados,
dictará sentencia dentro del plazo fijado en la ley.
La segunda similitud entre la prueba anticipada
y la prueba preconstituida es el momento procesal oportuno
en el que se celebran ambas en la fase de instrucción
o investigación.
Y la tercera similitud entre la prueba anticipada
y la preconstituida es su finalidad, su finalidad material.
Ambos tipos de pruebas,
a diferencia de los actos de investigación,
tienen como finalidad la de lograr el convencimiento
del juzgador o juzgadora, de ahí que el resultado,
tanto de unas pruebas anticipadas como de otras pruebas
preconstituidas, sirva para fundar una sentencia de condena
tras la oportuna desvirtuación de la presunción de inocencia
o, en otro caso,
para fundar una sentencia de absolución.
Y ahora vamos a especificar cuáles son las notas propias
de la prueba anticipada.
La primera es que se trata de una nota personal.
La anticipada es una prueba personal,
a diferencia de la preconstituida, que no centra a las personas,
sino más bien en las cosas relacionadas con estas personas.
La segunda nota específica es el peligro de fallecimiento,
de pérdida de juicio,
de deslocalización por cualquier causa
o de ausencia de estas personas del territorio nacional.
La tercera nota de la prueba anticipada
es su celebración con celeridad, con inmediación y con contradicción.
Cuando por razón del lugar de residencia
de un testigo víctima o por otro motivo,
fuera de temer, razonablemente,
que una prueba no podrá practicarse en el juicio oral
o pudiera motivar su suspensión, el Tribunal de Instancias,
sección de instrucción, practicará inmediatamente la misma,
asegurando en todo caso la posibilidad de la contradicción
de las partes.
La cuarta nota de la prueba anticipada
es su documentación electrónica o física de la celebración
de esta prueba personal.
Así, esta diligencia deberá documentarse en soporte apto
para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen
o por medio de acta autorizada por el letrado o letrada
de la Administración de Justicia con expresión de los intervinientes.
La quinta nota de la prueba anticipada
es su incorporación al juicio oral de esta prueba personal
anticipada mediante la reproducción de la grabación o lectura en función
de cuál hubiera sido el soporte físico electrónico
de la celebración de esta prueba personal
anticipada.
Así establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal
que, a efectos de su valoración como prueba en sentencia,
la parte a quien interese deberá instar en el juicio oral
la reproducción de la grabación o la lectura literal
de la diligencia.
La sexta nota de esta prueba
anticipada es la reiteración de la prueba personal
anticipada cuando, llegado el acto del juicio,
hubiera desaparecido la causa de irrepetibilidad
y efectivamente se pudiese practicar esta prueba.
Así, cuando la declaración del testigo en el juicio oral
no sea conforme en lo sustancial con la prestada en el sumario,
podrá pedirse la lectura de ésta por cualquiera de las partes.
Después de leída, el presidente invitará al testigo
a que explique la diferencia o contradicción
que entre sus distintas declaraciones observe.
La séptima nota de la prueba
anticipada es que se le otorgará un tratamiento de prueba
preconstituida para evitar la múltiple victimización
en los casos de intervención personal de menores de 14 años
o de personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
La prueba preconstituida.
Constituye, sin embargo, una prueba material
y, por tanto, nunca personal, como he dicho,
salvedad hecha del tratamiento otorgado a estos menores de 14 años
o personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
Bueno, excepcionalmente es una prueba material,
no personal, excepcionalmente celebrada,
como digo, en la fase de instrucción con las debidas garantías
ante el riesgo de pérdida debido a su evidenciable necesidad.
Y repetibilidad por causas muy diversas
en el ulterior periodo de enjuiciamiento.
La primera nota de la prueba preconstituida es que se trata
de una prueba material, técnica u objetiva
y no ahora de una prueba personal o subjetiva.
La prueba preconstituida, a diferencia de la anticipada, versa
fundamentalmente sobre elementos materiales o técnicos objetivos
y no sobre declaraciones subjetivas personales.
Son, a modo de ejemplo, pruebas preconstituidas
las referidas al examen de vestigios,
muestras, huellas, comunicaciones, registros, incluso reconocimientos,
todos ellos dirigidos, como es lógico,
al esclarecimiento de los hechos y descubrimiento de su autoría,
pero no a través de declaraciones personales,
como acontece con la anticipada, sino concretamente al examen material
de las cosas y personas sobre las que pende la sospecha
o que puedan contribuir al buen fin de la investigación.
La segunda nota de la prueba preconstituida
es su absoluta imposibilidad de reiteración en el plenario.
La tercera nota de la prueba preconstituida
es su celebración como acto de investigación que, sin embargo,
adquiere valor probatorio.
La denominada prueba preconstituida no se celebra,
a diferencia de la anticipada, como una prueba en sentido estricto,
conforme a todas sus solemnidades formales y exigencias procesales,
sino como un acto de investigación que adquiere,
por razón de esa irrepetibilidad,
posteriormente adquiere valor de prueba.
La cuarta nota de la prueba preconstituida es la atribución
de la dirección de esta prueba al Tribunal de Instancias,
Sección de Instrucción, al Ministerio Fiscal
y a la Policía Judicial.
La quinta nota, la introducción al juicio oral
con las debidas garantías de inmediación, contradicción,
concentración y publicidad.
La introducción de la prueba preconstituida en la fase de plenario
no responde a un procedimiento único con una formalidad preestablecida
e idéntica para todos los supuestos, a diferencia de la anticipada,
que, como se ha visto, se incorpora prácticamente siempre
a través del visionado de aquella declaración,
así como en su defecto de la lectura
del acta donde constaba aquella declaración personal.
Pero en este caso no, aquí dependerá caso por caso
de la modalidad investigadora que ulteriormente será susceptible
de transmutarse en una fuente de prueba capaz
de desvirtuar por sí misma la presunción de inocencia.
La sexta nota de la prueba preconstituida consiste
en que se le otorgará el tratamiento de prueba preconstituida para evitar
la múltiple victimización a los casos de intervención personal,
como he dicho antes, de menores de 14 años
y de personas con discapacidad provistas de apoyos judiciales
o necesitadas de especial protección.
Se lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal
cuando nos dice que.
Cuando una persona menor de 14 años
o una persona con discapacidad necesitada de especial protección
debe intervenir en condición de testigo
en un procedimiento judicial
que tenga por objeto la instrucción de un delito,
de homicidio, lesiones contra la libertad,
contra la integridad moral, trata de seres humanos,
contra la libertad e indemnidad sexuales.
Contra la intimidad, contra las relaciones familiares
relativas al ejercicio de derechos fundamentales
y libertades públicas de organizaciones y grupos criminales,
terroristas, de terrorismo.
Bueno, pues en ese caso la autoridad judicial
acordará en todo caso practicar la audiencia del menor
como prueba preconstituida con todas las garantías
de la práctica de la prueba en el juicio oral.
Este proceso se realizará con todas las garantías
de accesibilidad, además, y de apoyos necesarios.
La autoridad judicial podrá acordar que la audiencia del menor de 14 años
se practica a través de equipos psicosociales
que apoyarán al tribunal de manera inter y multidisciplinar.
También interinstitucional recogiendo el trabajo
de las profesionales que hayan intervenido anteriormente
y estudiando las circunstancias personales familiares y sociales
de la persona menor o de la persona con discapacidad
para mejorar el tratamiento de los mismos
el rendimiento de la prueba.
En este caso, la pertinencia de utilidad
se les facilitará a las personas expertas,
la declaración siempre será grabada y el juez previo a audiencia
de las partes podrá recabar del perito un informe dando cuenta
del desarrollo y del resultado de la audiencia del menor.
Para el supuesto de que la persona
investigada estuviera presente en la audiencia del menor,
se evitará siempre la confrontación visual con el testigo,
utilizando para ello, si fuera necesario,
cualquier medio técnico.
La prueba personal anticipada y la prueba material preconstituida,
que como se sabe se celebran ambas en la fase de instrucción,
constituyen las únicas excepciones a la práctica de la prueba
que ha de realizarse siempre y en otro caso,
y en todo caso, también en la fase de juicio oral,
enjuiciamiento o plenario.
Y esta máxima general,
la de que la práctica de la prueba se realiza en el juicio oral,
responde precisamente a que tan sólo en ese momento pueden, en todo caso,
garantizarse los principios inspiradores
de la actividad probatoria.
Personal anticipada, tan sólo resultará válida,
por tanto, cuando se haya celebrado
conforme a los principios que además vamos a anunciar a continuación,
inmediación, contradicción, concentración y publicidad.
Del mismo modo, los actos de investigación material
celebrados en la instrucción tan sólo gozarán del valor probatorio,
material, preconstituido, cuando se hubiesen celebrado también
con escrupulosa observancia de las garantías
legalmente establecidas.
El principio de oralidad
goza de expreso reconocimiento constitucional y comporta,
conforme expresa con toda luminosidad
el artículo 120.2 de la Constitución Española,
que el procedimiento será predominantemente oral,
sobre todo en materia criminal.
En los mismos términos
se expresa nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial
cuando dispone que las actuaciones judiciales
serán predominantemente orales, sobre todo en materia criminal,
sin perjuicio de su documentación.
Este mandato constitucional habrá de proyectarse
sobre todas y cada una de las franjas cronológicas
del proceso penal donde sea posible realizar actividades procedimentales
con oralidad y una de ellas lo es desde luego la fase
de enjuiciamiento donde se celebra la práctica de la prueba
conforme a este elemental principio de oralidad.
Por contraste a este período procedimental,
existen determinados otros en los que ha de imponerse
su opuesto el principio de la escritura,
porque determinadas actuaciones procesales,
tanto de las partes, los escritos de iniciación,
denuncia, querella, decalificación, como del propio tribunal,
el auto de procesamiento o la misma sentencia,
han de ser necesariamente escritos, porque precisan una fijeza,
una permanencia y una seguridad jurídica que lamentablemente
la oralidad no garantiza.
El principio de inmediación supone que el único juez o jueza
autorizado para dictar la sentencia con fundamento en la prueba
practicada en un determinado proceso es precisamente ese mismo juez
o jueza que ha presenciado de manera directa,
activa e inmediata esa prueba.
El tribunal de oficio de instancia de parte,
por razones de utilidad, de seguridad o de orden público,
así como en aquellos supuestos en los que, en la comparecencia
de quien haya de intervenir en cualquier tipo
de procedimiento penal,
como investigado, testigo, perito o en otra condición,
resulte gravosa, o perjudicial y especialmente
cuando se trate de un menor, podrá acordar que su actuación
se realice por videoconferencia u otro sistema similar que permita
la comunicación bidireccional simultánea de la imagen y el sonido.
Las declaraciones, los interrogatorios,
los testimonios, los careos, las exploraciones,
los informes, las ratificaciones de los peritos y vistas
también podrán realizarse a través de videoconferencia
o de cualquier otro sistema similar que permita la comunicación,
como he dicho, bidireccional, simultánea de la imagen
y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas
o grupos de personas geográficamente distantes,
asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción
entre las partes y la salvaguarda del derecho de defensa
cuando así lo acuerde el Tribunal.
En tales casos, el letrado o letrada de la Administración de Justicia del
Tribunal que haya acordado esta medida
acreditará desde la propia sede judicial la identidad
de las personas que intervengan a través de esta videoconferencia
mediante la previa remisión o exhibición directa
de la documentación por conocimiento personal
o por cualquier otro medio procesal que se considere idóneo.
El principio de contradicción es un principio estructural
de todo el proceso judicial.
No sólo del orden penal, sino de cualquier orden
jurisdiccional comprometido, civil, naturalmente penal,
contencioso administrativo, laboral y, por supuesto, militar.
El principio de contradicción presupone
que en todo proceso judicial debe haber dos partes en conflicto,
en controversia, en contradicción.
Si las posiciones fuesen pacíficas, si fuesen armoniosas, consensuales,
entonces directamente no habría proceso,
con las escasas excepciones de esos procesos civiles
donde a veces deben reconocerse judicialmente derechos
solicitados de mutuo acuerdo, así como procesos consensuales,
por ejemplo, en los casos de separación
y divorcio armoniosos o expedientes de jurisdicción voluntaria
donde no exista oposición,
como por ejemplo un expediente de adopción de un menor.
Pero en el resto de casos siempre hay confrontación,
oposición y contradicción.
Sin perjuicio de la relevancia del principio de contradicción,
desde el mismo inicio del proceso penal,
que directamente no podrá iniciarse sin una acusación previa,
recuérdese la máxima nemo iudex sine accusatore,
ha de advertirse que este principio alcanza su máximo apogeo
en la fase de enjuiciamiento.
Porque aquí es donde se desarrolla el verdadero debate contradictorio
en el que las partes podrán,
gracias a ese enfrentamiento dialéctico,
tanto defender las pruebas favorables
como refutar las adversas en su compleja tarea
de lograr el convencimiento del juez o jueza
respecto de la veracidad de unos hechos que al final
constituyen la gran batalla del proceso judicial,
porque resultan reveladores de la culpabilidad o inocencia,
dejando a renglón seguido la actividad judicial meramente,
y no es poco, a la aplicación del derecho.
Los procesos penales, a diferencia de los civiles,
no podrán ser celebrados en ausencia de parte pasiva,
en este caso del investigado,
con una sola excepción, que es la contemplada en el artículo 786.1.2
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
y es que la ausencia injustificada del acusado
no será causa de suspensión del juicio oral,
si el tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal
o de la parte acusadora y oída a la defensa,
estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento
cuando la pena solicitada no exceda de dos años de privación de libertad
o, si fuese de distinta naturaleza, no exceda de seis.
El principio de concentración supone que todas las sesiones
celebradas en el proceso, con oralidad,
con inmediación y concentración referidas,
así como con la publicidad que se analizará de inmediato,
habrán de ser posible en unidad de acto.
Y de no ser posible esta unidad de acto
en un brevísimo periodo de tiempo.
Ello es debido, como puede comprenderse,
a que la unidad de tiempo y espacio donde se celebran
las pruebas que permitirán definitivamente inculpar o exculpar
al acusado, favorece la memoria, la concentración, la conexión,
el entendimiento y al término la valoración de esas pruebas
al tribunal del enjuiciamiento.
Por tanto, cuando haya de prolongarse indefinidamente la suspensión
del juicio o por un tiempo demasiado largo,
se declarará sin efecto la parte del juicio celebrada.
Lo mismo podrá acordar el tribunal
si la preparación de los elementos de prueba
o la sumaria instrucción complementaria
exige algún tiempo adicional.
Y respecto del proceso abreviado,
la ley establece que la práctica de la prueba
se realizará concentradamente en sesiones consecutivas
que sean necesarias.
Excepcionalmente, podrá el tribunal acordar la suspensión o alzamiento
de la sesión hasta un límite máximo de 30 días,
conservando la validez de los actos realizados.
El principio de publicidad expresamente reconocido
en el artículo 680 de la Ley de Juiciamiento Criminal
supone, en sus propios términos,
que los debates del juicio oral serán públicos bajo pena de nulidad.
El tribunal podrá, pese al principio recién descrito,
acordar de oficio o a instancia de cualquiera de las partes previa
audiencia a las mismas, que todos o alguno de los actos
de las sesiones del juicio, sin embargo,
se celebren a puerta cerrada.
Y esto cuando lo exijan así.
Razones de seguridad o de orden público
o también la adecuada protección de los derechos fundamentales
de los intervinientes,
en particular el derecho a la intimidad de la víctima,
el respeto debido a la misma o a su familia
o cuando resulte necesario para evitar
a las víctimas perjuicios relevantes que de otro modo
podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso.
Sin embargo, el juez o jueza
o en su caso el presidente del tribunal o presidenta
podrán autorizar la presencia de personas
que acrediten un especial interés en la causa.
Esta restricción no resulta extensible,
como es lógico, a las partes procesadas,
al Ministerio Fiscal, a las partes lesionadas por el delito,
a los procesados, al acusador privado,
al actor civil y a los respectivos defensores,
porque la publicidad que el Tribunal puede combatir,
siempre por aquellas justificadas razones,
es la publicidad absoluta, esto es la dispensada
frente a toda la sociedad, pero no la relativa,
que corresponde siempre y en todo caso a las partes
comprometidas en el proceso.
El tribunal también podrá acordar,
conforme indica la ley de enjuiciamiento criminal,
la adopción de medidas para la protección de la intimidad
de la víctima y de sus familiares.
Así, se podrá prohibir la divulgación o publicación de información relativa
a la identidad de la víctima,
datos que puedan facilitar su identificación
de forma directa o indirecta o aquellas circunstancias personales
que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades
de protección.
Y también podrá prohibir la obtención,
divulgación o publicación de imágenes de la víctima y de sus familiares.
Queda prohibido, en todo caso,
la divulgación o publicación de información relativa
a la identidad de víctimas menores de edad o víctimas con discapacidad
necesitadas de especial protección de datos que puedan facilitar
su identificación de forma directa o indirecta
o de aquellas circunstancias personales que hubieran
sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección,
así como la obtención, divulgación o publicación de imágenes suyas
o de sus familiares.
Finalmente,
y siempre tras el oportuno ejercicio de ponderación, el Tribunal,
previa audiencia de las partes,
podrá restringir la presencia de medios de comunicación audiovisuales
en las sesiones del juicio y prohibir que se graben todas
o algunas partes de las audiencias cuando resulte imprescindible
para preservar el orden de las sesiones
y los derechos fundamentales de las partes
y de los demás intervinientes,
especialmente el derecho a la intimidad de las víctimas.
El respeto debido a la misma o a su familia o la necesidad
de evitar las víctimas perjuicios relevantes que de otro modo
podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso.
El juez o jueza
podrá prohibir en todo caso que se grabe el sonido
y la imagen en la práctica de determinadas pruebas
o determinadas diligencias o actuaciones que puedan ser grabadas
o difundidas.
También podrá prohibir que se tomen y difundan imágenes
de alguna o algunas personas que intervengan en estos actos
y finalmente podrá prohibir que se facilite la identidad
de las víctimas, de los testigos o peritos
y de cualquier otra persona que intervenga en el juicio.
Y con esto damos por concluida esta unidad o programa,
esta píldora relativa a los actos de prueba anticipada o preconstituida
y a los principios generales de la prueba del proceso penal.
Muchas gracias por su atención.