En segundo lugar, va a tener la palabra
Penélope Oliva Boza, que es investigadora predoctoral FPI
en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, en la UNED,
y que nos va a hablar de un tema muy relacionado
con su investigación predoctoral que está realizando en estos momentos,
que se titula Nuevos espacios para viejos derechos,
la libertad de expresión en el ámbito de los partidos políticos.
Pues cuando quieras, tené López el uso de la palabra
por los próximos 13 minutos.
Genial.
Muchísimas gracias, Pablo.
Bueno, estoy muy contenta de estar aquí hoy porque,
como ha dicho Pablo, estoy en la UNED,
pero la UMA siempre será también para mí
mi casa.
Así que estoy contenta y agradecida de estar aquí hoy.
Y bueno, relacionado con esto también quiero decir,
ya lo ha adelantado Pablo,
que este trabajo que voy a presentar hoy forma parte de una investigación
mucho más amplia, que es precisamente mi tesis doctoral.
Y luego creo que también es importante decir una cosa
y es que es una tesis inacabada.
Todavía me queda bastante para acabar y por eso lo que voy a hacer hoy
es presentar un poco el tema, traer algunas ideas,
me centraré en el análisis de un caso concreto que es el más relevante.
Y poco más, tampoco hay mucho tiempo para otra cosa.
Y bueno, dicho esto, creo que es importante
empezar explicando un poco por qué me pongo a hablar
de libertad de expresión en un congreso sobre nuevos derechos
y en el marco de unos proyectos sobre nuevos derechos,
cuando la libertad de expresión puede ser muchas cosas,
pero no es un nuevo derecho, eso lo sabemos todos.
Todo lo contrario, la libertad de expresión es un derecho esencial
que se reconoce desde las primeras declaraciones
de derechos del siglo XVIII, Y como consecuencia de esto,
pues de libertad de expresión tenemos muchísimo escrito.
Pero lo que pasa es que cuando se trata
de la libertad de expresión en el ámbito de los partidos,
sobre todo cuando son los afiliados a un partido
los que ejercen esa libertad de expresión,
ese ejercicio de libertad de expresión se lleva a cabo
en un contexto diferente
al que no se le ha prestado tanta atención,
pero en relación con el cual yo creo que cada vez
se está poniendo de manifiesto en mayor medida que es
un lugar donde sí o sí tenemos que poner el foco
por la importancia que tiene.
Y ahí es precisamente donde yo quiero llegar con mi tesis,
que forma parte de estos proyectos, y es en lo que he estado trabajando.
A priori podría parecer que igual el tema no tiene mucha chicha,
con el perdón de la palabra.
La verdad es que cuando digo de lo que estoy haciendo la tesis,
la gente me mira un poco como si estuviera loca,
como diciéndome que todo está perdido en ese ámbito.
Pero bueno,
yo creo que es una cuestión compleja a nivel jurídico,
Y que realmente sí es muy interesante
porque, como digo, ese ejercicio de libertad de expresión
se lleva a cabo en un contexto muy particular, que es el partido,
y cuando nos metemos a hablar de partidos nos metemos literal
en un mundo diferente, que es el mundo de los partidos,
porque ya sabemos que los partidos son organizaciones muy complejas,
que tienen sus propios ecosistemas, están fuertemente jerarquizados,
y en general
siempre presentan muchas resistencias a ser regulados de cualquier manera.
Yo creo que se cumple aquí la conocidísima ley de hierro
de la oligarquía de Michels, que sostiene esa presencia inevitable
de una minoría que detenta el poder y se distancia del conjunto
de la organización.
Y bueno, en general,
¿cómo funcionan los partidos en la práctica?
Yo creo que es algo
que todos los que estamos aquí conocemos
y por eso pensé que lo más interesante para hoy,
teniendo también en cuenta que yo me voy a centrar
en el análisis jurídico del tema,
es tener en cuenta que en un caso de este tipo,
cuando se lleva a cabo un ejercicio de libertad de expresión por parte
de un miembro de un partido,
sobre todo cuando es un ejercicio de libertad de expresión crítico,
lógicamente, Se produce un conflicto que en lo que aquí
interesa podemos plantear en términos de derechos fundamentales.
Por un lado tenemos la libertad de expresión
y por otro tenemos un derecho que todavía no he mencionado,
que es el derecho de asociación política del partido.
Sabemos que los partidos son asociaciones privadas
que entran dentro del ámbito del artículo 22 de la Constitución,
que regula el derecho de asociación en general.
Pero al mismo tiempo también sabemos que la Constitución
decide utilizar o dedicar un artículo específico
a regular los partidos, que es el 6.
Y es ese mismo artículo 6 el que establece
cuáles son las funciones que desde la Constitución
tienen atribuidas los partidos, que son expresar
el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación
de la voluntad popular
y ser instrumento fundamental para la participación política.
Y es al mismo tiempo la trascendencia constitucional
que tienen esas funciones las que determinan la singularidad
de los partidos como asociaciones.
O sea que los partidos son asociaciones
pero no son asociaciones normales, son asociaciones singulares
o como las llama el Tribunal Constitucional
de relevancia constitucional.
¿Y todo esto en qué se traduce?
Pues en que a la regulación
que podemos llamar general del derecho de asociación
derivada del 22 se añaden una serie de peculiaridades, particularidades,
cuando son los partidos políticos los que lo ejercen,
y de esa forma se origina esa modalidad específica
del derecho de asociación política.
Si el derecho de asociación está en el 22,
asociación política sería esa suma del 22 más el 6.
No me puedo detener ahora, lógicamente, en hacer un análisis
detallado de ese derecho de asociación política,
en mi investigación sí que lo hago.
Lo relevante es ahora mismo
decir que, al igual que pasa con el resto de asociaciones,
el derecho de asociación política comprende la libertad del partido
para autoorganizarse mediante la adopción
de unos estatutos, que sería la facultad de autoorganización
del partido.
Y en estos estatutos se va a incluir un catálogo
con las conductas sancionables por el partido
y la correspondiente sanción que llevan aparejada,
que sería la potestad sancionadora del partido,
que entra dentro de esa facultad de autoorganización
y que todo integra el derecho de asociación política del partido.
Pero la cuestión está en que el margen de maniobra
que tienen los partidos
para autoorganizarse está mucho más limitado
que el de cualquier otra asociación.
¿Por qué?
Pues de nuevo, por esa relevancia que tienen
las funciones que la Constitución atribuye a los partidos,
determina que el constituyente en el 6 les reconozca esa libertad
autoorganizativa, pero al mismo tiempo la limite.
¿Cómo?
Pues imponiéndole ciertos condicionantes.
¿Cuáles son esos?
Pues los que están en el 6, respeto a la Constitución
y a la ley y la exigencia de democracia interna
que se ha puesto bastante de moda en los últimos años.
Tampoco me da ahora tiempo
para ver cómo se concretan esos dos condicionantes,
porque daría para otra intervención,
sobre todo el tema de la democracia interna.
En mi investigación también lo hago.
Lo más importante ahora mismo
es que de ellos al final se deriva la obligación
de que el partido respete los derechos
de los afiliados, incluidos aquellos derechos fundamentales
de los que son titulares los miembros del partido
y entre los que se encuentran, claro está,
la libertad de expresión.
Entonces aquí ya tenemos.
Generado el conflicto.
Es este el escenario en el que se produce el conflicto.
La libertad de expresión del miembro del partido colisiona
con esa libertad autoorganizativa y esa potestad sancionadora
del partido que integra su derecho de asociación política.
Tenemos producido el conflicto
y ¿qué pasa cuando un conflicto de este tipo se produce?
Pues.
Como nos podemos imaginar, la tendencia natural
de quienes tienen el poder en el partido es conservarlo,
aunque se ponga en peligro ese principio democrático
o incluso se vulneren los derechos de los afiliados.
Por eso, muchos de estos conflictos acaban siendo judicializados.
Tenemos que tener en cuenta que, al final,
los órganos disciplinarios de los partidos
no dejan de ser órganos del partido.
Y por eso en muchos casos la única opción
que queda a los afiliados es recurrir a los tribunales,
que son los que en teoría deberían velar
porque las decisiones de los partidos se ajusten al ordenamiento jurídico.
Y ya puedo adelantar que del estudio que estoy realizando
en este sentido estoy viendo que se están produciendo avances.
Estoy haciendo un análisis de todos los casos de este tipo,
cuando se produce un conflicto entre estos derechos,
que han llegado a todas las instancias judiciales,
o sea, no me he cerrado nada, y ya digo que cada vez
se están produciendo más avances.
Si puedo, luego intento poner algún ejemplo,
pero bueno, ya que he planteado el conflicto,
he hablado del derecho de asociación política,
me falta hablar del otro elemento,
que sería la libertad de expresión en este ámbito de los partidos.
Creo que para hablar de la libertad de expresión en este ámbito,
yo creo que hay que partir de la idea de que es un derecho clave
para que pueda funcionar bien un modelo representativo
como el nuestro, donde los partidos son los intermediarios
entre la ciudadanía y el poder.
Al final los partidos son los que canalizan
las distintas demandas sociales, articulan propuestas políticas,
presentan candidatos para los cargos representativos,
una función que además en la práctica han terminado por monopolizar.
Se sintetiza muy bien con la idea
de que la democracia representativa es una democracia de partidos
y yo creo que ese modelo no puede funcionar realmente
sin libertad de expresión.
Sin libertad de expresión además de quienes en muchos casos
van a ser nuestros representantes.
Yo creo que sin libertad de expresión
no puede haber un verdadero debate democrático,
ni una verdadera participación ciudadana y no hay opinión pública
libre en general.
Pero el problema está en que, a pesar de la importancia
que la libertad de expresión tiene o debería tener en un modelo
como el que acabo de describir, el Tribunal Constitucional solo
se ha pronunciado sobre la libertad de expresión
de los afiliados en dos sentencias, que son la 56.1995
y la 226.2016, que es en la que ahora me voy a detener,
Y en lo que se refiere a su reconocimiento
por el legislador, la Ley de Asociaciones Políticas
del 76 proclamaba entre los derechos
de los asociados el de manifestar su opinión,
una ley preconstitucional.
La siguiente, la del 78, de partidos políticos,
que entró en vigor poco antes que la Constitución,
nada estableció al respecto.
Y tampoco dice nada al respecto la actual ley orgánica de partidos
ni sus posteriores modificaciones.
O sea, que la ley preconstitucional
de algún modo hace alusión a la libertad de expresión,
la actual no.
Tampoco es necesario
porque la libertad de expresión es un derecho fundamental
que está reconocido como tal por la Constitución
y directamente, pero bueno, no deja de llamar la atención.
Y ya por centrarme en el análisis de un caso específico,
Voy a detenerme un poco en la sentencia que he mencionado antes,
la del Tribunal Constitucional,
la 226-2016, que es en realidad la sentencia de referencia
en la materia.
En el caso del Tribunal Constitucional lo que hace
es resolver un recurso de amparo que interpone una afiliada
donde ella dice que se ha vulnerado su libertad de expresión
porque su partido la suspende de militancia
después de que ella publique en un periódico una carta en la que.
Critica una decisión de su partido
y entonces al resolver el tribunal hace una afirmación
muy importante que es el hecho de que los derechos fundamentales
son irrenunciables y no se pierden por entrar en una asociación,
algo que parece evidente pero que luego en la práctica
pues no lo es.
Y después de esto,
el tribunal utiliza el siguiente fundamento jurídico
para tratar de definir cuáles son los límites específicos
que tiene este derecho cuando se ejerce en relación
con un partido.
Y aquí está un poco la cuestión, la dificultad,
porque yo creo que parte de un buen punto de partida
y comienza su argumentación diciendo que es preciso diferenciar
cuando una restricción resulta legítima y coherente
con las necesidades del partido
y cuando puede ser disuasoria del ejercicio de la crítica interna,
Pero después de esto, utiliza el deber de colaboración leal
del afiliado con el partido para decir que estos asumen el deber
de preservar la imagen pública y los lazos de cohesión interna
de la formación política a la que pertenecen,
y concreta esa exigencia en el caso de la libertad de expresión
en una obligación de contención de las manifestaciones
que se realizan.
Y entonces aquí se abre otro melón,
literal, que es el melón del deber de lealtad al partido,
que desde luego quedaría para otra intervención, Lógicamente,
la adhesión voluntaria a una asociación,
en este caso un partido,
yo creo que conlleva necesariamente la asunción de ciertos deberes,
pero el problema está en que, en este caso, el tribunal,
cuando trata de concretar en qué consiste ese deber
de lealtad, utiliza unos términos muy
indeterminados, Yo creo que no clarifica realmente su alcance
y cuando intenta hacerlo los términos que usa son imprecisos.
Utiliza un término distinto en prácticamente todas las ocasiones
en las que de algún modo en la sentencia
trata de concretar ese deber.
He encontrado en la sentencia los siguientes,
para concretar ese deber de lealtad habla de imagen pública,
fines sociales, intereses del propio partido,
fines que le son propios, cohesión interna,
colaboración leal,
entonces esto al final en la práctica
¿qué hace?
Pues que.
Sea muy difícil ver dónde acaba la libertad de expresión,
dónde empieza ese deber de lealtad,
se acaba dejando al partido un margen de maniobra amplísimo
para valorar si se ha acatado o no ese deber de lealtad
y el resultado es que se reprimen
todo lo que sea contrario a la corriente mayoritaria.
Y luego el resultado al que llega el tribunal
en el caso concreto yo creo que también es criticable
porque aquí, a pesar de que el Tribunal Constitucional
hace algo muy importante, que es
intensificar el control que pueden llevar a cabo los jueces
de las decisiones que toman los partidos,
que hasta ese momento había estado muy limitado,
reconoce la posibilidad de que los jueces
entren a valorar la decisión concreta que toma el partido,
luego en el caso concreto no lo aplica.
Y bueno, aunque haya dicho cosas mayoritariamente negativas
de la sentencia,
Pero yo creo que no hay que ser tan pesimistas,
aunque no lo parezca, porque no todo lo que ha venido
después ha sido negativo.
Y a partir de ese pronunciamiento,
como digo, estoy viendo que se están produciendo avances
en las distintas instancias judiciales en lo que se refiere
a la libertad de expresión de los afiliados.
Hay casos muy interesantes del Tribunal Supremo,
pero no me da tiempo a poner ejemplos, pero bueno,
sí que quiero incidir en que realmente es una sentencia.
Bastante importante porque sí que marca
un antes y un después.
Muchísimas gracias Penélope por la brillante exposición
y por el esfuerzo de síntesis como el resto de la mesa y nada.