En primer lugar, Marta Barrasco tiene la palabra.
Muy bien, pues yo estoy muy contenta de hacer un debate en mi universidad
y además hacerlo con Fernando Rey,
que le decía antes que lo llevo leyendo casi
desde el TFM del Máster de Abogacía, así que estoy muy contenta.
Yo voy a empezar, voy a intentar defender la postura
o sostener los argumentos que se podrían sostener
a favor de que la eutanasia no es un derecho fundamental.
Y mi punto de partida es sencillo.
En España la reforma constitucional es prácticamente impracticable.
El título 10 de la Constitución
exige unas mayorías muy cualificadas,
con un procedimiento agravado que incluye la disolución de las Cortes
y que además supone la convocatoria de un referéndum.
En ese contexto, el Tribunal Constitucional
se ha visto empujado a realizar una función interpretativa
de derechos fundamentales ya existentes,
atribuyéndole nuevos significados o nuevas facetas
para dar respuesta a las demandas sociales.
Sin embargo, no nos podemos olvidar
de que los derechos fundamentales son los que reconoce
el título primero, capítulo segundo, sección primera de la Constitución,
15 al 29, esos son los derechos que tiene la Constitución.
Protección reforzada del artículo 53 y del 161,
y la interpretación constitucional tiene unos límites,
unos márgenes bastante amplios, pero yo creo que podemos coincidir
casi todos en que el límite sería la creación ex novo,
ir más allá de lo que el texto reconoce en la Constitución.
Entonces, partiendo de la base
de que la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia reconoce por primera vez
un derecho de acceso a la eutanasia activa directa,
que es esa modalidad, esa actuación médica
que causa la muerte de un paciente a su petición expresa, reiterada,
con consentimiento informado,
en el contexto de una enfermedad grave terminal incurable,
y que el Tribunal Constitucional se pronuncia con posterioridad
afirmando que la eutanasia activa directa
formaría parte.
De la prestación del contenido del derecho fundamental a la integridad,
yo creo que para determinar si la eutanasia
es un derecho fundamental o no, lo primero que conviene es delimitar
el artículo 15 en su vertiente de derecho fundamental
a la integridad.
Y creo también que cuando se delimita el artículo 15,
aunque el debate actual de eutanasia es en torno a la modalidad
de eutanasia activa directa, no podemos olvidarnos,
para entender su contenido, de la evolución
de las otras dos modalidades, que son eutanasia pasiva,
identificada con el derecho a renunciar a tratamientos,
y de la eutanasia indirecta,
identificada con aquellos tratamientos médicos
destinados a paliar el dolor,
que como efecto secundario pueden causar.
Disminuir la resistencia al organismo del paciente
adelantando la muerte.
Esas dos modalidades de eutanasia que ahora no resultan tan lejanas
y tan normales estaban castigadas por el Código Penal hasta 1995.
Y a partir de 1995 se produce una despenalización implícita
y se mantiene la penalización de la eutanasia activa directa.
Pero de.
De 1995 a 1973, nosotros lo que tenemos
es la vigencia del Código Penal de 1973,
que es el código penal de Europa que junto al italiano
más severamente castiga los supuestos de auxilio al suicidio.
Entonces, en el artículo 409 se castigaban cualquier forma
de colaboración al suicidio de otra persona
y se equiparaba a su pena la pena del homicidio.
En este contexto, donde además había una ausencia de regulación
de la eutanasia completa y de la legislación sanitaria,
pues no ayudaba en ninguna medida, concurría con una situación social
en la que, de un lado, los avances de la medicina
y ciencias afines habían prolongado la esperanza de vida
y, por otro lado, a finales de la década
de los 70 se habían creado las unidades de cuidados intensivos.
De manera que se prolongaba la vida de los pacientes incluso más.
El personal médico, a su vez,
por la inseguridad jurídica de la ausencia de una regulación
respecto de las modalidades de eutanasia pasiva indirecta,
se encontraba en la disyuntiva de si atendía la petición
de los pacientes de desconectar de un respirador vital
o de los medios que mantenían la vida de manera artificial
podía verse inmerso en un proceso penal,
Y si no, ocurría un supuesto de obstinación terapéutica.
En este contexto es el contexto
en el que surgen las primeras reivindicaciones de eutanasia
porque empieza a surgir en las personas
el temor de tener que mantenerse con vida hasta edades muy avanzadas
sin una mejora significativa de la calidad de vida
y sin esperanzas de curación.
Esta es la evolución que yo diría que termina dando lugar
a que el derecho fundamental a la integridad, además de tener,
como inicialmente decía la Constitución,
una protección de los tratos inhumanos y degradantes,
amplíe su contenido hacia otras esferas.
Y me parece que es también ejemplo de.
Del tipo de evolución que es defendible dentro del derecho
a la integridad y de aquel que no.
Como consecuencia de esta evolución, realmente lo que sucede es que.
La legislación sanitaria,
en primer lugar la Ley General de Sanidad,
aunque torpemente, finalmente el Código Penal
de 1995 y posteriormente la Ley de Autonomía del Paciente,
que tras la aprobación del Convenio de Oviedo del 97,
consolida un derecho a morir naturalmente
en la autonomía del paciente,
la posibilidad de rechazar a tratamientos médicos,
y el documento de instrucciones previas para dejar constancia
de la voluntad del paciente en supuestos de incapacidad,
terminan cristalizando en el derecho a la integridad que pasa,
además de reconocer una vertiente reaccional,
el derecho a la integridad.
Pasa a reconocer dos vertientes, de un lado la capacidad de su titular
de reaccionar frente a daños o potenciales daños de terceros
y de otro lado una facultad de reaccionar
frente a cualquier injerencia en su cuerpo sin su consentimiento.
En esta segunda faceta del derecho a la integridad,
es la que se relaciona en los argumentos que da
el Tribunal Constitucional para fundamentar que la eutanasia
forma parte del derecho fundamental a la integridad,
al afirmar que al.
Voy a intentar plantearlo de nuevo porque estoy.
A ver, el derecho fundamental a la integridad,
el Tribunal Constitucional lo ha protegido
en un sentido estricto.
Ha protegido la realidad biológica de la persona en su dimensión física
y corporal, espiritual y corporal.
Entonces, de un lado.
El derecho fundamental a la integridad
permite a su titular reaccionar frente a todo potencial daño
sobre su cuerpo.
Se pone la atención en la injerencia no consentida
y no verdaderamente en que la lesión llegue a producirse.
Y, de otro lado, es una facultad de.
Otorga la facultad de reaccionar frente a injerencias no consentidas.
Esa facultad de reaccionar frente a injerencias
no consentidas parece que otorga al derecho fundamental a la integridad
un margen de disposición sobre el propio cuerpo.
Pero, sin embargo, ese margen de disposición sobre el propio cuerpo
hay que reseñar que no es consecuencia
de la atribución de reconocimiento de un derecho de libertad,
sino más bien del reconocimiento de una prohibición,
la de no intervenir sobre el propio cuerpo.
Esto quiere decir, como dice la sentencia 215.1994,
que el poder de disposición sobre el propio cuerpo
no es un derecho fundamental autónomo,
sino una excepción permitida en algunos supuestos,
que no existe un derecho fundamental a disponer del propio cuerpo,
sino una habilitación legal para disponer en algunos supuestos.
Y, sin embargo,
esos avances que introduce la ley de autonomía del paciente
terminan encontrando su anclaje y su fundamental en el derecho
a la autonomía.
Integridad física y moral,
la autonomía del paciente y el consentimiento informado,
pero nuevamente no se trata del reconocimiento de una facultad
yus fundamental de disposición sobre la propia vida,
sino más bien de la consecuencia reaccional del derecho fundamental
a la integridad para poder renunciar a un tratamiento
lo que es necesario.
Es tener información adecuada y tener la posibilidad de decir
que no.
En esta segunda faceta,
destinada simplemente a dotar de eficacia
la vertiente reaccional del derecho a la integridad,
inciden las sentencias 119.2021,
Tiene una dimensión positiva en relación con el libre desarrollo
de la personalidad orientada a su efectividad y la sentencia 154
barra 2002, una facultad de oposición
a la asistencia médica en ejercicio de un derecho de autodeterminación
que tiene por objeto el propio sustrato corporal
como distinto del derecho a la vida, es decir,
por la delimitación que se planteaba hasta ahora, parece muy difícil
argumentar que existe un derecho a la disposición de la propia vida
que se pueda encontrar en el derecho fundamental
a la integridad.
La última sentencia de la sentencia 37-2011
se reconoce como consecuencia del reconocimiento previo
a la ley de autonomía del paciente del derecho a morir de manera natural
que el paciente pueda renunciar a tratamientos
aun cuando ello suponga un resultado fatal
o su muerte.
No sé si he conseguido explicarme todo lo claramente que quería
porque al principio me he puesto un poco nerviosa,
pero lo que quería dejar claro
es que cuando se hablaba de derecho a la integridad
y de posible fundamento anclaje constitucional
de un derecho a la autodeterminación vital,
Quienes teorizaban con carácter previo
a la ley orgánica de regulación de eutanasia
y sobre todo a la sentencia del Tribunal Constitucional
tendían a defender que en el derecho fundamental a la integridad física
quedarían abarcados las modalidades de eutanasia pasiva
e eutanasia indirecta
como derecho a renunciar a tratamientos,
mientras que el derecho a autodeterminación vital
o a decidir sobre la propia vida en contexto eutanasico
o cuales fueran sería parte de.
Otro derecho que probablemente
tendría que ser de configuración legal
porque no encontraba anclaje en el ordenamiento constitucional.
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional cambia
este paradigma.
En la sentencia del Tribunal Constitucional,
el tribunal empieza diciendo que va a limitarse a resolver
el núcleo de la cuestión, que es si la Constitución
permite o no al legislador regular como actividad lícita
la eutanasia activa directa, Anuncia una serie de principios,
que son el principio de contención, el canon hermenéutico evolutivo,
criterio exegético de unidad y un parámetro
especialmente cualificado de interpretación conforme al TDAH.
En un primer momento, lo que hace el Tribunal Constitucional
es delimitar el derecho fundamental a la vida para determinar
si existe un deber constitucional de vivir o no.
El Tribunal Constitucional.
Termina afirmando que las ocasiones en las que ha defendido el derecho
a la vida con un contenido absoluto ha sido en su dimensión más básica,
que es la protección frente a terceros,
que el suicidio está permitido y que si el Estado
interviniese impidiéndole a una persona disponer de su vida,
estaría entrando en el ámbito de.
Libertad individual y autonomía personal
y que por tanto no existe un derecho,
un deber de vivir.
Y a continuación el Tribunal Constitucional
cita la sentencia 37-2011 que protege decisiones
como la negativa a recibir tratamientos médicos
cuando.
Aun cuando de ello dependa la vida,
pero en vez de utilizarla para afirmar que no existe un deber
de vivir, el Tribunal Constitucional
lo que hace es reinterpretar retrospectivamente
la doctrina anterior, calificar lo que en esa sentencia
es el ejercicio del derecho a la integridad como autodeterminación,
cambiar el objeto del derecho a la integridad
por el sustrato corporal y reemplazarlo
por un pretendido derecho a la autodeterminación vital
y nos dice que.
No existe una diferencia sustancial,
dado que esto es un supuesto de autodeterminación,
entre la renuncia a tratamientos médicos,
los cuidados paliativos y la prestación de ayuda para morir.
Eso lo hace vinculando el derecho fundamental
a la integridad con el artículo 10.1,
identificado con el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad,
y nos dice que cuando se relacionan estos derechos,
el derecho a la integridad amplía su objeto
no ya al rechazo de intervenciones no deseadas, sin columna corporal,
sino también a la protección de un ámbito de libertad
que ampararía la decisión de morir en el contexto eutanasico.
Así que la autodeterminación vital pasa respecto a la sentencia 120
del año 90, a ser de una mera libertad fáctica
que entra dentro de las posibilidades del sujeto a convertirse
en un derecho fundamental, como decía,
lo que yo creo que hace la sentencia es utilizar la sentencia 37-2011
como puente, reinterpretar la doctrina relativa
al derecho a la integridad retrospectivamente,
rebautizar los supuestos de integridad como autodeterminación,
cambiar el objeto del derecho del sustrato corporal
a la autodeterminación vital.
Además, el Tribunal Constitucional había empezado la sentencia
diciendo que iba a aplicar la técnica de la delimitación
y termina diciendo que contrapone el derecho fundamental.
A la autodeterminación que acaba de crear con el derecho fundamental
a la vida, de manera que genera en el Estado
la obligación de defender y proteger ese derecho.
Es decir, el Tribunal Constitucional
podría haber dicho la protección de la vida no es un bien absoluto
y puede excepcionarse en contextos eutanasicos,
pero en vez de hacer eso, dice frente al derecho a la vida
existe un derecho fundamental a la autodeterminación vital,
generando desde entonces el deber estatal de protegerlo,
de conformidad con el artículo 53 y blindándolo frente al legislador
Vale.
Parece entonces que lo que hace el tribunal al vincular el artículo
15 con el artículo 10
es transformando el contenido del derecho fundamental a la integridad
desde un derecho a no sufrir daños a un derecho
a no sufrir en términos generales y terminar concluyendo
que si existe un derecho a no sufrir hay situaciones
en las que la única manera de evitar el sufrimiento
sería la muerte.
Sin embargo, respecto a esta posibilidad que es
un poco transformar.
El contenido reaccional del derecho a la integridad
y afirmar que no evitar un daño equivale a causarlo
se había pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
en el caso Preti contra Reino Unido,
donde la demandante alegaba que no evitar el daño
que su enfermedad terminal le produciría en los últimos momentos
mediante la concesión de la eutanasia,
mediante el reconocimiento de un acceso a la eutanasia,
habría vulnerado el derecho del Tribunal Constitucional,
pues nos decía que no podía considerarse que había
una vulneración del derecho fundamental
a la integridad, artículo 3, y digo artículo 3
porque creo que el artículo 8 del convenio y el artículo 15
de la Constitución son artículos diferentes y que el artículo 15
no abarca, no es una cláusula tan abierta
y general, solo se consideraría vulnerado si.
Si incrementase el daño de alguna manera.
Considero que la eutanasia pasiva y la eutanasia indirecta
tienen cabida en el derecho fundamental a la integridad
y que hay una evolución coherente con el contenido
de limitación material del derecho, que sería, en primer lugar,
la interdicción de tratos inhumanos o degradantes,
considerar que los supuestos de obstinación terapéutica
serían un trato inhumano o degradante,
pasar a reconocer la incolumidad corporal
y, como consecuencia, el rechazo a tratamientos
y, como consecuencia última, el rechazo a tratamientos.
Aunque puedan causar la muerte, repito,
no como facultad yus fundamental
ni como un reconocimiento de un derecho de libertad,
sino como la consecuencia de un derecho de prohibición
que impide que se disponga sobre su propio cuerpo.
De manera que el Tribunal Constitucional,
al vincular la eutanasia activa directa en el derecho fundamental
a la integridad,
habría traspasado los límites de la interpretación constitucional.
Muchas gracias, Marta.