Programa 13.
Fase de instrucción cuarta parte de los actos
de investigación restrictivos de los derechos fundamentales
en el ámbito físico.
Comenzamos.
Los primeros, inspecciones e intervenciones corporales.
Son actos de investigación practicados
por distintos profesionales
de las muy variadas ramas del conocimiento científico o técnico
orientados tanto al esclarecimiento de los hechos como
a la individualización y localización de su presunto autor.
La característica común
a ambos actos de investigación viene determinada
por la inmisión del poder público del Estado en el cuerpo de las personas,
pero con desigual grado de lesividad o agresividad,
el distinto profesional al que se encomienda
e incluso los diversos derechos fundamentales que comprometen.
La inspección corporal
comporta una inmisión en su derecho a la intimidad,
que no precisa autorización judicial previa.
Sin embargo, la intervención corporal
conlleva una invasión tanto en el derecho a la intimidad
como en el derecho a la integridad física y moral, que sí precisa,
salvo acreditada urgencia, autorización judicial previa.
La inspección corporal es siempre más liviana
como se ha visto que la intervención por cuanto su materialización
consiste básicamente en una mera exploración superficial
del cuerpo o de las pertenencias
de la persona investigada mediante el tocamiento externo
y en su caso registro de los objetos encontrados.
El coloquialmente denominado cacheo,
o en una observación y examen del aire expirado,
conocido como control de alcoholemia y sustancias estupefacientes,
mecanismos, todos ellos, cuando no fueren consentidos,
claramente invasivos, del honor, de la intimidad,
incluso de la propia imagen de las personas,
pero que no causan padecimiento físico
a quienes, de forma justificada, deban someterse a ellos.
La inspección corporal, sin embargo,
es un acto de investigación técnico.
Consistente en la exploración superficial externa
del cuerpo de indumentaria, ropa, cartera, tabíos, de una persona
efectuada ante la sospecha de una comisión delictiva.
Dentro del amplio concepto de inspección corporal,
cabe incluir las exploraciones corporales externas
y el registro de los objetos que sirven de atuendo
o acompañan a la persona inspeccionada.
El registro corporal externo, así denominado,
consiste en esencia en la actuación efectuada por los cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado tendente al tocamiento,
al palpamiento externo del cuerpo y vestimenta o indumentaria
de una persona ante la sospecha de que sea portadora
de objetos físicos relevantes para una concreta investigación.
Esta diligencia conlleva, cuando no fuere consentida,
la invasión en el derecho a la intimidad de la persona,
artículo 18.1 de la Constitución Española,
y de precisarse la adopción de medidas de fuerza y compulsión
ante la negativa violenta del investigado,
también comporta el derecho a su integridad física y moral,
artículo 15 de la Constitución Española.
Se regula la Ley Orgánica 2-1986 de Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado
y la Ley 4-2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana
.
Estos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
tienen como misión
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades
y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño
de las siguientes funciones.
Primero, prevenir la comisión de hechos delictivos.
Segundo, investigar los delitos para descubrir y detener
a los presuntos culpables.
Asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito,
poniéndolos a disposición del juez o jueza tribunal competente
para elaborar los informes técnicos y periciales procedentes.
Los requisitos del registro son los siguientes.
El registro corporal externo
se realizará por un agente del mismo sexo de la persona
sobre la que se practica esta diligencia.
El registro corporal externo que exigiera dejar a la vista partes
del cuerpo normalmente cubiertas por la ropa.
Se efectuará en lugar reservado
y fuera de la vista de terceros.
El registro corporal externo se realizará con pleno respeto
a los principios de proporcionalidad,
igualdad de trato, no discriminación por razón de nacimiento,
nacionalidad, origen racial o étnico,
sexo, religión, creencias, edad, discapacidad, orientación
o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social.
Cuarto, el registro corporal externo
se realizará del modo que cause menos perjuicio
a la intimidad y dignidad de la persona afectada, que será
en todo caso informada del modo inmediato y comprensible
de las razones de su realización.
Finalmente, se dejará constancia escrita de esta diligencia,
de sus causas y de la identidad de la gente que la adoptó.
La incorrecta decisión o interpretación
de alguno de estos parámetros a la hora de adoptar
o materializar esta diligencia no comportará su anulación,
sino en su caso la responsabilidad de los profesionales que hubieren
inobservado los requisitos legalmente establecidos.
Control de alcoholemia y sustancias estupefacientes.
Se regula esta diligencia en el Real Decreto Legislativo 6.2015,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
y se desarrolla en el Real Decreto 6.2015.
De 2003, por el que se aprueba
el Reglamento General de Circulación para la Aplicación y Desarrollo del
Texto Articulado de la Ley sobre el Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto Legislativo anterior, de 1990.
El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas
para la detección de alcohol o de la presencia de drogas
en el organismo que se practicarán por los agentes de la autoridad
encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio
de las funciones que tienen encomendadas.
Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía
cuando se hayan implicados en un accidente de tráfico
o hayan cometido alguna infracción.
El control de la colemia y de sustancias estupefacientes
se realizará por parte de los agentes
encargados de la vigilancia del tráfico a través de dos tipos
de pruebas distintas.
Primero, las pruebas para la detección del alcohol,
que consistirán en la verificación del aire
expirado mediante dispositivos autorizados.
En segundo lugar, las pruebas destinadas a la detección
de la presencia de drogas en el organismo,
que consistirán en una prueba salival mediante un dispositivo autorizado
y en un posterior análisis de una muestra salival
también en cantidad suficiente.
La persona que se negare a someterse a este control de alcoholemia
y estupefacientes
y puesto que en este caso la ley no autoriza la compulsión
incurrirá eso sí en un delito establecido
en el artículo 383 del código penal que establece sanciona lo siguiente
el conductor que requerido por un agente de la autoridad
se negaría a someterse a las pruebas legalmente establecidas
para la comprobación de las tasas de alcoholemia
y la presencia de las drogas tóxicas estupefacientes
y sustancias psicotrópicas será castigado con las penas de prisión
de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos
a motor y ciclomotores por tiempo superior a a 1 y hasta 4 años.
Bien, el control de alcoholemia
y de sustancias estupefacientes no precisa para su validez
de una previa y expresa autorización judicial.
Si el resultado de la prueba practicada diera
un grado de impregnación alcohólica superior a legalmente establecido,
o aún sin alcanzar estos límites,
la persona examinada presentara síntomas evidentes
de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas,
el agente someterá al interesado,
para una mayor garantía y efecto de contraste,
a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica
por el aire aspirado mediante un procedimiento similar
al que sirvió para efectuar la primera prueba
de lo que habrá de informarle previamente.
Si el resultado de la segunda prueba practicada por el agente
o de los análisis
efectuados a instancia del interesado fuera positivo
o cuando el que condujese el vehículo a motor presente síntomas evidentes
de hacerlo bajo influencia de bebidas alcohólicas
o apareciera presuntamente implicado en una conducta delictiva,
el agente de la autoridad, además de ajustarse en todo caso
a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
deberá operar de la siguiente manera.
Primero, deberá describir con precisión,
en el boletín de denuncia o en el atestado
de las diligencias que practique, el procedimiento seguido
para efectuar la prueba o pruebas de detección alcohólica,
haciendo constar los datos necesarios para la identificación
del instrumento o instrumentos de detección empleados,
cuyas características genéricas también detallará.
Segundo,
deberá consignar las advertencias hechas al interesado,
especialmente la del derecho que le asiste a contrastar los resultados
obtenidos en las pruebas de detección alcohólica por el aire aspirado
mediante una analítica adecuada y acreditar en las diligencias
las pruebas o análisis
practicados en el centro sanitario al que fuere trasladado el interesado.
En tercer lugar, deberá conducir al sometido a examen
o al que se negare a someterse a las pruebas de detección alcohólica
en los supuestos en que los hechos revistan caracteres de delito
de conformidad con lo dispuesto en la ley de juiciamiento criminal
al tribunal de instancia,
sección de instrucción correspondiente a los efectos
que procedan.
Pasamos a hablar de la intervención corporal.
Es un acto de investigación consistente
en la exploración interna del cuerpo de una persona
efectuada ante la sospecha de una posible comisión delictiva.
Se trata de exploraciones radiológicas,
tactos de las diversas cavidades corporales, bucal, anal o vaginal,
observaciones ginecológicas, estudios ecográficos,
exámenes de sangre, saliva, semen, orina o cualquier otro resto
biológico con contenido celular,
etc. La materialización de este acto de investigación
comporta una invasión en dos tipos de derechos fundamentales.
De un lado en la intimidad, artículo 18.1
de la Constitución Española y de otro en la integridad física
y moral, artículo 15 de la Constitución Española.
La radical invasión
de estos relevantes derechos fundamentales de la persona conlleva
que las medidas de intervención corporal,
a diferencia de las de inspección corporal, precisen ahora sí
una autorización judicial previa y expresa.
Siempre que concurran a acreditar
razones que lo justifiquen, dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
el Tribunal de Instancias, Sección de Instrucción,
podrá acordar en resolución motivada la obtención de muestras biológicas
del sospechoso que resulten indispensables para la determinación
de su perfil de ADN.
A tal fin, podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección,
reconocimiento o intervención corporal que resulten adecuados
a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
Una vez autorizada judicialmente la práctica
de esta concreta diligencia, el investigado habrá
de someterse a ella,
con independencia de cuál sea su voluntad favorable o adversa,
porque la ley de enjuiciamiento criminal
impone su realización forzosa.
Así, si el detenido se opusiera a la recogida
de las muestras mediante frotis bucal,
conforme a las previsiones de.
La ley reguladora de la base de datos policial sobre identificadores
obtenidos a partir de ADN, el Tribunal de Instancias,
Sección de Instrucción e Instancia de la Policía Judicial
o del Ministerio Fiscal podrá imponer la ejecución forzosa
de esta diligencia
mediante el recurso a medidas coactivas mínimas e indispensables
que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso
y respetuosas en todo caso con su dignidad.
Esta intervención corporal no precisa autorización previa
en tres supuestos, concretamente los siguientes,
cuando el investigado se someta voluntariamente a esta intervención
corporal.
En segundo, en casos de extrema urgencia
que cabrá acreditarse posteriormente al objeto
de que quede convalidada la diligencia practicada
sin la cobertura judicial previa.
Y en tercer lugar, cuando las muestras,
fluidos, huellas y vestigios sean sorprendidos espontáneamente
o gracias a una suerte de perspicacia policial
sin necesidad de materializar la intervención corporal.
El juez o jueza podrá acordar,
cuando lo considere necesario, que por el médico forense
u otro porito se proceda a la obtención de muestras
o vestigios cuyo análisis pudiera facilitar
la mejor calificación del hecho, acreditándose en las diligencias
su remisión al laboratorio correspondiente
que enviará el resultado en el plazo que se le señale.
La conclusión obtenida como consecuencia de la realización
de esta intervención corporal de haberse adoptado
y practicado con las garantías recién analizadas,
podrá erigirse en una prueba preconstituida.
La obtención de un resultado irrespetuoso
con las exigencias de autorización judicial previa y expresa
en defecto de la voluntad favorable por parte del investigado
o, en su caso, con los requisitos legalmente establecidos
para su materialización, comportará, sin embargo, su automática nulidad.
Y es que no surtirán efecto las pruebas obtenidas,
directa o indirectamente, violentando derechos o libertades fundamentales.
Pasamos a la entrada y registro.
La entrada y registro constituye un acto de investigación,
también regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
en virtud del cual el juez o jueza autoriza a la policía
a acceder a un lugar cerrado.
Contra la voluntad de sus ocupantes y a registrarlo con la finalidad
de obtener una certeza, fiabilidad y al término
una nueva realidad de los hechos con la única excepción
del flagrante delito que no precisará por razón de su inmediatez
esta autorización judicial previa y expresa.
Vamos a establecer cuáles son las notas esenciales
de la entrada de registro.
Primera, los ejes vertebradores sobre los que pivota
la jurisdiccionalidad de este acto de investigación
son los principios de legalidad.
Tan solo podrá practicarse esta medida en los casos
y bajo los requisitos legalmente estipulados
y de proporcionalidad.
El tribunal habrá de ponderar, caso por caso,
cuándo esta medida es idónea para la investigación,
cuándo se encuentra racionalmente justificada y, además,
cuándo resulta proporcionada.
En segundo lugar, la entrada de registro afecta
al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen de la persona concretamente inspeccionada,
sea el propio sospechoso o investigado, sea un tercero.
El artículo 18
de nuestra Constitución garantiza en su apartado primero este derecho
al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
y señala en su apartado cuarto que la ley
limitará el uso de la informática para garantizar el honor
y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos
y el pleno ejercicio de sus derechos.
Desde este incipiente momento, en el año 1978,
se distinguió por parte de la Constitución
la intimidad física strictus sensu de la intimidad informática.
La intimidad física personal y familiar
se refiere en esencia a la defensa de la privacidad de las personas
frente a las intromisiones, invasiones o incluso
a los propios avasallamientos
que sufren o puedan sufrir en su esfera más íntima,
en sus relaciones familiares y sociales más estrechas.
La intimidad informática, por contraste,
sin dejar de constituir también una particular dimensión
de aquella intimidad, difiere, sin embargo,
de ésta al contraerse principalmente a la supervisión y control
de la información volcada en Internet,
también enfocada a la protección de la persona.
Esta intimidad informática se verá claramente lesionada
cuando la intromisión en la esfera virtual de la persona.
Se realice sin respetar su derecho a la autodeterminación informativa
un derecho estático referido a la protección
de sus datos personales cuando se incorporen a la red
y su correlativo derecho al entorno virtual derecho dinámico
a la exclusión de intromisiones en el espacio digital de las personas
donde se ha ido dejando consciente o inconscientemente de manera
voluntaria o involuntaria.
Huellas, rastros, itinerarios y hasta comunicaciones conclusas
gestionadas en la propia red.
La entrada y registro
precisa una autorización judicial previa y expresa
cuando la invasión física o electrónica vaya a producirse
en un lugar particularmente protegido contra la voluntad
de quienes gocen precisamente en ese lugar de cierta intimidad,
recogimiento y sosiego vital.
Así, la Ley de Encuentro Criminal establece que nadie podrá entrar
en el domicilio de un español extranjero
residente en España sin su consentimiento,
excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes.
La entrada y registro reclama una autorización previa y expresa
cuando deba experimentarse en un lugar especialmente protegido
por nuestra legislación.
Con el ineludible complemento en esta materia
de la jurisprudencia.
La jurisprudencia es la que ha, en verdad,
detallado a lo largo de todos estos años con afortunada
y casi milimétrica precisión que debe entenderse por lugar cerrado
y abierto a los fines de la investigación.
La entrada de registro
encuentra una única excepción para su viabilidad
a la obligatoria autorización judicial previa y expresa
en los casos de flagrante delito.
Tan solo en los casos de flagrante delito
no se precisará la autorización judicial previa y expresa.
El artículo 18.2
de la Constitución española establece que el domicilio es inviolable.
Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él
sin consentimiento del titular o resolución judicial,
salvo en caso de flagrante delito.
La entrada de registro
constituye un acto de investigación aparentemente unívoco,
pero en verdad integra dos actuaciones divergentes,
la entrada y el registro.
La entrada es el acceso o la irrupción
en un determinado lugar físico o electrónico,
pero cerrado, reservado, bloqueado, por razones de intimidad,
de privacidad, de libre desarrollo de la personalidad de los titulares
de ese espacio privado,
de reconocimiento personal o social o familiar,
pero un recogimiento propio.
Y el registro es la inspección, la búsqueda, la fiscalización,
incluso la incautación de materiales imprescindibles
para el desarrollo y la continuidad de la investigación.
La finalidad de la entrada y registro es múltiple.
El juez o tribunal
que conoce de la causa podrá decretar la entrada y registro,
de día o de noche,
en todos los edificios y lugares públicos,
sea cualquiera el territorio en el que se erradiquen,
cuando hubiera indicios de allí encontrarse procesados
o instrumentos del delito, libros, papeles u otros objetos
que puedan servir para su descubrimiento
o comprobación.
La autorización judicial constituye, por tanto,
un título habilitante para este registro,
si bien condicionado a los fines de la investigación.
Y es que al practicar los registros deberán evitarse
inspecciones inútiles,
procurando no perjudicar ni importunar al interesado
más de lo necesario.
Y se adoptarán todo género de precauciones
para no comprometer su reputación, respetando sus secretos,
si no interesaren a la instrucción.
La entrada de registro
habrá de contraerse siempre a un lugar protegido,
pues la accesibilidad a los espacios públicos
y abiertos no precisa la exigencia de su previa y expresa
autorización judicial.
Ahora bien, dentro de estos lugares
protegidos todavía cabe distinguir el registro del domicilio,
especialmente protegido de las personas físicas y jurídicas,
el registro de aquellos otros espacios cerrados no considerados
domicilio pero merecedores de similar protección
e incluso el registro de los libros papeles y objetos personales
vamos a ver la entrada de registro en domicilio
se refiere al acto de autorización judicial
de dos actuaciones compulsivas.
Que ya hemos visto, la entrada y el registro,
en el domicilio de las personas,
a cargo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
con la finalidad de localizar al sospechoso investigado,
así como toda suerte de vestigios,
instrumentos, materiales que permitan esclarecer los hechos en beneficio
de la investigación.
El fundamento de este acto, de entrada y registro,
reside en la necesidad de favorecer el desarrollo y buen fin
de las investigaciones penales.
La finalidad inmediata reside, como se ha visto,
tanto en la averiguación de la ubicuidad física del sospechoso
o investigado,
como en la localización de vestigios, materiales o señales
que permitan clarificar la realidad de los hechos acontecidos
y su posible relación o vinculación con el investigado.
La ley de enjuiciamiento criminal concreta
qué debe entenderse por domicilio.
Dice, los palacios reales estén o no habitados por el monarca
al tiempo de la entrada o registro,
el edificio lugar cerrado o la parte de él destinada
principalmente a la habitación de cualquier español o extranjero
residente en España y de su familia y los buques nacionales mercantes.
El domicilio ha de identificarse según la jurisprudencia
con todo lugar cerrado
y privado donde discurre con carácter habitual u ocasional la vida,
la intimidad y la privacidad de las personas físicas.
En consecuencia, puede ser considerado domicilio
el propio hogar personal, individual o familiar,
cualquier tipo o clase de hospedería,
hoteles, hostales, moteles, los apartamentos de verano,
los camarotes de las embarcaciones, las tiendas de campaña,
las caravanas o roulottes, las residencias de estudiantes,
religiosas o militares, las chabolas y cualquier otra clase de reductos
de la intimidad familiar.
Personal y familiar
de las personas, donde con carácter habitual o esporádico
discurran los fragmentos cotidianos de su vida privada.
Entrada y registro de las personas jurídicas.
Tratándose de personas jurídicas investigadas,
ha de tenderse por domicilio social el espacio físico
que constituya el centro de dirección de las mismas,
ya se trate de su domicilio social
o de un establecimiento dependiente o de aquellos otros lugares
en que se custodien documentos u otros soportes de su vida diaria
que queden reservados al conocimiento de terceros.
Excepciones a la imperiosa necesidad de autorización judicial previa
para la entrada de registro
son el consentimiento del titular del derecho a la intimidad amenazado
y el delito flagrante.
Así, los agentes de la policía podrán también proceder a la.
De propia autoridad
a la inmediata detención de las personas
cuando haya mandamiento de prisión contra ellas,
cuando sean sorprendidas en caso de flagrante delito,
cuando un delincuente inmediatamente perseguido
por los agentes de la autoridad se oculte o refugie
en una casa o en casos de excepcional.
De urgente necesidad cuando se trate
de presuntos responsables de acciones de persona integrada
o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes,
cualquiera que fuese lugar o domicilio donde se ocultan
o refugian, así como al registro
que con ocasión de aquella se efectúe en esos lugares
y a la ocupación de los efectos e instrumentos que en ella se hallen
y que puedan guardar relación con el delito perseguido.
Bien, la Ley Orgánica 4.2015,
de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana
, contempla finalmente un último supuesto de entrada
sin necesidad de previa autorización judicial.
Será causa legítima, suficiente para la entrada en domicilio,
la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas
y a las cosas en supuestos de catástrofe, de calamidad,
de ruina inminente u otros semejantes daños
siempre y cuando lo sean, de extrema y urgente necesidad.
La materialización de la entrada de registro
se encomienda a la policía, que estará autorizada incluso
para el empleo del auxilio a la fuerza,
cuando fuese necesario.
Así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Asimismo, el registro se practicará siempre en presencia del letrado
de la Administración de Justicia,
del tribunal que lo hubiera autorizado
o del letrado del servicio de guardia que le sustituya,
quien levantará acta que será firmada por todos los asistentes,
comprensiva del resultado de las diligencias
y de sus incidencias.
El registro habrá de realizarse a su vez en presencia del interesado
o de la persona que legítimamente le represente.
El registro se hará a presencia del investigado
o de la persona que legítimamente le represente.
Si aquél no fuere habido o no quisiera concurrir
ni nombrar representante, se practicará a presencia
de un individuo de su familia mayor de edad.
Si no lo hubiera, se hará a presencia de dos testigos
vecinos del mismo pueblo, dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La resistencia de todos estos sujetos,
esto es, del interesado, de su representante,
de los individuos de la familia y de los propios testigos,
su resistencia presencial del registro producirá,
por expresa indicación de la ley de enjuiciamiento criminal,
la responsabilidad declarada en el Código Penal
a los reos del delito de desobediencia grave a la autoridad
sin perjuicio de que la diligencia se practique.
La competencia para conocer de la entrada
y registro del domicilio de la persona sospechosa
o investigada en un proceso penal corresponde,
como es lógico, al mismo tribunal que conozca
de la causa.
La entrada y registro en domicilio previamente autorizada
en el oportuno auto judicial tras un procedimiento ágil
habrá de ser notificada al titular del domicilio susceptible
de ser inspeccionado.
Esta notificación debe efectuarse de manera inmediata
o lo más tarde dentro de las 24 horas de haberse dictado
a la persona directamente afectada por el acto de investigación.
La ley de enjuiciamiento criminal arbitra una sucesión ordenada
de posibilidades de comunicación de este auto para el caso
de que efectivamente este particular no recepcione,
por las razones que sean, esta notificación judicial.
Primero, si la entrada y registro
se hubieren de hacer en el domicilio de un particular,
se notificará el auto a este.
Si no fuere habido a la primera diligencia en búsqueda,
a su encargado.
Si no fuere tampoco habido el encargado,
se hará la notificación a cualquier otra persona mayor
de edad que se hallara en el domicilio,
prefiriendo para esto a los individuos
de la familia del interesado.
Y en cuarto lugar, si no se halla nadie, se hará constar
por diligencia que se extenderá con asistencia de los vecinos,
los cuales deberán firmarla.
Cuando el registro se practique en el domicilio de un particular
y expire el día sin haber terminado,
el que lo haga requerirá de interesado a su representante,
si estuviera presente,
para que permita la continuación durante la noche.
Si se opusiere, se suspenderá la diligencia, cerrando
y sellando el local o los muebles en que hubiere de continuarse,
en cuanto esta precaución se considere necesaria
para evitar la fuga de la persona o la sustracción
de las cosas que se busquen.
Prevendrá asimismo el que practique el registro a los que se hallen
en el edificio o lugar
de la diligencia que no levanten los sellos,
ni violenten las cerraduras,
ni permitan que lo hagan otras personas
bajo las responsabilidades establecidas en el Código Penal.
Desde el momento en que el Tribunal acuerda la entrada de registro
en cualquier edificio o lugar cerrado,
adoptará las medidas de vigilancia convenientes
para evitar la fuga del procesado o la sustracción
de los instrumentos, efectos del delito, libros, papeles,
cualquier cosa que se halla y sea objeto de registro.
Finalmente, una vez concluida la entrada de registro,
si no se hubiesen encontrado personas u objetos, esos que se buscaban,
no hubieran aparecido indicios sospechosos,
se expedirá una certificación del acta a la parte
interesada si la reclama.
En la diligencia de entrada de registro en lugar cerrado,
Se expresarán, en todo caso,
porque así lo impone la ley de enjuiciamiento criminal,
los nombres del tribunal o de su delegado que la practique
y de las demás personas que intervengan,
los incidentes ocurridos,
la hora en que se hubiera principiado y concluido la diligencia,
la relación del registro por el orden en que se haga,
así como los resultados obtenidos.
En algunas ocasiones,
durante la celebración de la entrada de registro,
así como de cualesquiera otros actos de investigación,
aparecen los denominados descubrimientos o hallazgos fortuitos
o casuales, por ser reveladores
de una ilustrativa información sobre un hecho delictivo distinto
al investigado, pero del que se toma conocimiento gracias
al que estaba siendo investigado en el momento y lugar
del referido hallazgo casual.
Este hallazgo casual se encontrará con carácter general
cubierto por la autorización judicial dentro del registro,
como si de un delito flagrante se tratase,
debiendo para una mayor garantía del investigado
y pureza del procedimiento ponerse en comunicación
del tribunal competente en el mismo momento
en que se produzca tan relevante descubrimiento
para que amplíe la cobertura habilitante de su auto
a ese fortuito descubrimiento.
La entrada y registro en lugares distintos al domicilio
diferirá en función de cuál fuera el espacio susceptible
de ser inspeccionado.
El tribunal que conoce de la causa podrá decretar la entrada
y registro, de día o de noche,
en todos los edificios y lugares públicos,
sea cual sea el territorio en el que radiquen,
cuando hubiera indicios de encontrarse allí el procesado
o los efectos o instrumentos de delitos, libros,
papeles u otros objetos que pudiesen resultar útiles para el
descubrimiento y comprobación.
Estos edificios o lugares públicos
son los siguientes según la ley de enjuiciamiento criminal.
Primero los que estuvieran designados a cualquier servicio oficial militar
o civil del Estado, de la provincia o del municipio,
aunque habiten allí los encargados de dicho servicio
o los de la conservación custodia del edificio o lugar.
Segundo, los que estuvieran destinados
a cualquier establecimiento de reunión o recreo,
fueran o no ilícitos.
Tercero, cualesquiera otros edificios o lugares cerrados
que no constituyeran domicilio de un particular.
Cuarto, los buques del Estado.
En el primer y tercer espacio, militar y cualquier lugar cerrado
que no sea domicilio, el tribunal oficiará la autoridad o jefe
de aquellos que de aquellos dependan en la misma población.
Si éste no contesta en el término que se le fija en el oficio,
se notificará auto en que disponga la entrada de registro al encargado
de la conservación custodia del edificio o lugar
en el que se deba entrar y registrar.
En lo del segundo caso, Los destinatarios de la reunión
o recreo, la notificación será a la persona que se halle
al frente del establecimiento de la reunión, recreo
o quien haga a sus veces, si aquel estuviera ausente.
Y por fin, en el tercer caso, los buques del Estado,
las comunicaciones se dirigirán a los comandantes respectivos.
Si bien en los buques de guerra extranjeros,
la falta de autorización del comandante se suplirá
por la del embajador o ministro de la Nación a la que pertenezcan.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal
establece distintas especialidades para la entrada y registro
de otros espacios, respecto de los que no precisará,
por contraste, la solicitud de autorización previa,
la licencia, la comunicación o el mero recado,
según el caso, dirigido a sus propios integrantes.
La ley de enjuiciamiento criminal regula también el registro
de libros, papeles y objetos personales
cuya incidencia directa se produce fundamentalmente,
como es lógico, en el derecho a la intimidad,
protegido por el artículo 18.1 de la Constitución española,
a pesar de su general hallazgo en aquellos lugares
a los que para su acceso y aprehensión debió preceder
una autorización judicial de entrada de registro.
El juez ordenará, por tanto, recoger los instrumentos
y efectos del delito, también los libros, papeles,
cualesquiera otras cosas que hubiera encontrado si esto fuese necesario
para el resultado del sumario.
No se ordenará el registro de los libros
y papeles de contabilidad del procesado de otra persona,
sino cuando hubiere indicios graves
de que esta diligencia resultará el descubrimiento,
la comprobación de algún hecho o circunstancia importante
para la causa.
Todas las personas están obligadas a exhibir los objetos y papeles
respecto a los que se mantenga una sospecha penal
y que puedan tener relación con la causa
bajo un primer apercibimiento de multa,
si el que lo retenga se niega a su exhibición,
que se traducirá en un ulterior procesamiento
como autor, encubridor o receptador.
Del delito, dé desobediencia a la autoridad
cuando insistiera en su negativa, siempre que el objeto o papel furen
de importancia y la índole del delito así lo aconseje.
Pasamos a ver la detención y apertura de la correspondencia escrita
y telegráfica.
El artículo 118.3 de la Constitución
garantiza el secreto de las comunicaciones
y en especial de las postales telegráficas y telefónicas,
salvo resolución judicial.
El juez podrá acordar la detención de la correspondencia privada,
postal y telegráfica, incluidos faxes, burofaxes, giros,
que el investigado remita o reciba, así como su apertura o examen,
subir indicios para obtener por estos medios
el descubrimiento o la comprobación de algún hecho
o circunstancia relevante para la causa,
siempre que la investigación tenga por objeto
alguno de los delitos referidos.
A continuación, delitos dolosos, castigados con pena con límite
de hasta al menos tres años de prisión,
delitos cometidos en el seno de grupo o organización criminal
y delitos de terrorismo.
La primera de las medidas señaladas, la más liviana,
consistente en la mera observación de los aspectos externos
de las comunicaciones postales y telegráficas del investigado,
así como de las comunicaciones de las que se sirva
para la realización de sus fines delictivos,
habrá de ser acordada en todo caso por el juez o jueza en resolución
motivada por un plazo de hasta tres meses prorrogable
por iguales o inferiores periodos hasta un máximo de 18 meses.
La segunda de las medidas,
detención seguida de apertura y examen,
no ha sido sin embargo, pese a ser más lesiva,
objeto de limitación en la ley de enjuiciamiento criminal.
Pero parece que el juez o jueza deba en la resolución autorizante
establecer en todo caso un límite temporal
que no resulte desproporcionado porque no resulta concebible
que la adopción de un acto tan lesivo tenga una vigencia sin edil.
En caso de urgencia,
cuando las investigaciones se realicen para la averiguación
de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas
o elementos terroristas
y existan razones fundadas que hagan imprescindible la medida prevista,
podrá ordenarla el ministro del Interior
o, en su defecto, el secretario de Estado de Seguridad.
Esta medida se comunicará inmediatamente al tribunal competente
y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 24 horas,
haciendo constar las razones que justificaron la adopción
de esta medida,
la actuación realizada la forma en que se ha efectuado
y su resultado.
El tribunal competente también de forma motivada revocará
o confirmará la actuación en un plazo máximo de 72 horas
desde que fue ordenada la medida.
Sin embargo,
no se requerirá autorización judicial por su liviana invasión
en el derecho a la intimidad en los casos siguientes.
Primero, envíos postales que por sus propias características externas
no sean usualmente utilizados para contener correspondencia individual,
sino para servir.
Al transporte y tráfico de mercancías
o en cuyo exterior se haga constar su contenido.
Segundo, aquellas otras formas de envío de la correspondencia
bajo el formato legal de comunicación abierta
en las que resulte obligatoria una declaración externa del contenido
o que incorpore la indicación expresa de que se autoriza su inspección.
Tercero, cuando la inspección se lleva a cabo
de acuerdo con la normativa aduanera o proceda con arreglo
a las normas postales que regulan una determinada clase de envío.
La validez del acto de investigación consistente
en la detención y apertura de correspondencia escrita
y telegráfica se hará depender al efecto de su transmutación
en otro de fuente de prueba preconstituida que permita,
una vez incorporado al juicio desvirtuar la presunción de
inocencia, como digo,
será depender de que se haya adoptado y ejecutado
conforme a un escrupuloso respeto a los protocolos
de actuación judicial típicos de todo acto de investigación.
Y con esto damos por concluido esta unidad de actos de investigación
lesivos de derechos fundamentales en el ámbito físico.
Muchas gracias por su atención.