Programa 12.
Fase de instrucción.
Tercera parte.
Actos de investigación relativamente restrictivos
de derechos fundamentales.
Comenzamos.
Los actos de investigación,
frecuentemente denominados actos instructorios
o diligencias sumariales,
son actos de averiguación del hecho punible
y de su presunto autor liderados por el tribunal de instancia,
sección de instrucción,
durante la fase de instrucción del proceso penal
orientados bien al archivo,
bien a la preparación del juicio oral.
Los actos de investigación son siempre, como su nombre indica,
actuaciones dirigidas al descubrimiento del hecho ilícito
y a la determinación e identificación de su presunto autor.
Los actos de investigación se desarrollan siempre
durante la fase de instrucción de los distintos procesos penales,
sumario en el ordinario, diligencias previas en el abreviado,
diligencias urgentes en los juicios rápidos,
instrucción complementaria del proceso ante el tribunal del jurado
y nunca durante la fase de enjuiciamiento.
Los actos de investigación se practican por parte de todos
y cada uno de los órganos públicos del Estado, tribunal de instancia,
sección de instrucción, ministerio fiscal,
policía judicial y ello tanto de oficio,
con los límites que veremos, como instancia de parte.
Los actos de investigación se orientan a dos fines,
bien al archivo, provisional o definitivo,
del proceso penal
o bien a la preparación del juicio oral.
El archivo definitivo tendrá lugar cuando estos actos
de investigación evidencien, sin ningún género de duda,
que el hecho no reviste ni mínimamente
los caracteres de delito,
o bien que no puede asociarse ni remotamente a ese presunto autor.
El archivo provisional, sin embargo,
tendrá lugar cuando el resultado de esos actos de investigación
no permita inferir por el momento la calificación penal
del hecho acontecido o su atribución a una persona determinada,
pero quepa, sin embargo, no quepa, sin embargo,
excluir o quepa esperar que en el futuro puedan llegar
estos relevantes extremos a esclarecerse con el paso del tiempo
y, por tanto, rehabilitarse el proceso penal.
La finalidad esencial de los actos de investigación,
cuando resulten efectivamente ilustrativos
de la averiguación del hecho punible y de su presunta autoría,
es al fin la fructífera preparación del juicio oral.
Vamos a ver las diferencias esenciales
entre los actos de investigación y los actos de prueba.
La primera es el momento procesal oportuno.
Entre tanto, los actos de investigación
se desarrollan siempre y en todo caso,
como acabo de indicar en la fase de instrucción,
los actos de prueba invariablemente se practican
y con la sola excepción de la anticipada o preconstituida
en la fase de juicio oral.
La segunda diferencia esencial es el objeto y los sujetos.
Los actos de investigación
se encuentran dirigidos frente a todo tipo de sujetos,
por toda suerte, de actuaciones delictivas,
frente a cualquier presunto autor del hecho delictivo.
Los actos de prueba, sin embargo,
se encuentran ya dirigidos frente a uno
o varios sujetos conocidos,
perfectamente determinados e identificados por unos hechos
también perfectamente prefijados al término de la investigación.
La tercera diferencia es la finalidad.
La finalidad de los actos de investigación
se encuentra orientada bien a la conclusión,
como he dicho, provisional o definitiva del proceso penal,
o bien a la preparación de la siguiente fase procesal,
que es el juicio oral.
La finalidad de los actos de prueba, sin embargo,
se orienta a lograr el convencimiento respecto de la culpabilidad
o inocencia.
Como digo, el convencimiento del juez o jueza
de esa fase del proceso penal,
ya el juicio oral, enjuiciamiento o plenario,
quien es el único facultado para fundar su sentencia
de condena o absolución con base en estas pruebas de cargo
celebradas en su presencia bajo los principios de inmediación,
concentración, contradicción y publicidad.
Vamos a analizar ahora los actos de investigación relativa,
matizada o mínimamente lesivos de derechos fundamentales.
El primero es la declaración del investigado.
Es un acto de investigación bidireccional,
por cuanto participa de una doble proyección,
tanto investigadora como defensiva.
Así, esta actuación servirá de un lado
para poner en conocimiento del Tribunal,
del Ministerio Fiscal y de las demás partes acusadoras,
y de un lado para poner en su conocimiento la versión
sobre los hechos delictivos ofrecida por el propio investigado.
Y de otro, para que este mismo investigado pueda defenderse
frente a la férida sospecha delictiva.
Esta declaración, como se sabe,
goza de una protección legal reforzada, por cuanto la propia
Constitución española establece en su artículo 24.2,
entre otros derechos fundamentales,
de los que son específicamente acreedores
los investigados, este, el derecho a no declarar contra sí mismos
y a no confesarse culpables.
La declaración del investigado será inmediata,
dentro de las 24 horas, prorrogable por otras 48,
si media justa causa, causa grave,
cuando el investigado se encuentra además detenido.
El investigado detenido tiene derecho a entrevistarse
reservadamente incluso antes de que se le reciba
la primera declaración por la policía,
el fiscal o la autoridad judicial.
En la primera comparecencia,
el tribunal informará al investigado en la forma más comprensible posible
de los hechos que se le imputan.
Previamente, el letrado o letrada de la Administración de Justicia
le informará también de sus derechos,
en particular de los contenidos en el artículo 118
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
y le requerirá para que designe un domicilio en España
en el que se le harán todas las notificaciones.
Tanto antes como después de prestar declaración,
se le permitirá entrevistarse reservadamente con su abogado
o abogada.
Sin perjuicio de esta primera
comparecencia, el procesado podrá declarar cuantas veces quiera
y el tribunal le recibirá inmediatamente la declaración
si tuviera relación con la causa.
A instancia de parte, incluso del propio oficio,
el propio tribunal de instancia, sección de instrucción,
el tribunal de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal
o del querellante particular hará que los procesados presten
cuantas declaraciones consideren convenientes para la averiguación
de los hechos.
En la primera declaración el investigado será preguntado,
en primer lugar,
respecto de los datos ilustrativos de su propia persona,
entre otros, su nombre, apellidos, paterno y materno,
apodo si lo tuviera, edad, naturaleza, vecindad, estado,
profesión, arte, oficio, modo de vivir,
si tiene hijos, si fue procesado anteriormente,
por qué delito, ante qué juez o jueza o tribunal,
qué penas se le impuso, si la cumplió,
si sabe leer y escribir, si conoce el motivo
por el que se ha procesado.
Las preguntas que se formulan,
tanto en la primera como en las sucesivas declaraciones
del investigado, se regirán por los siguientes parámetros.
Primero, estas preguntas estarán exclusivamente dirigidas
a la averiguación de los hechos
y a la participación en ellos del investigado, así como en su caso
de las demás personas que hubieran contribuido a ejecutarlos
o, en su caso, a encubrirlos.
En segundo lugar, las preguntas serán directas, francas,
sin que en ningún modo pueda formularse de un modo equívoco,
capcioso o sugestivo, condicionado, preordenado a una respuesta.
Las preguntas serán propuestas con plena libertad,
sin que pueda ampliarse sobre el investigado método o género
alguno de temor, de coacción o de amenaza.
Las relaciones que hagan los procesados o respuestas
que den serán orales.
Sin embargo,
el tribunal de instancia, sección de instrucción,
teniendo siempre en cuenta las circunstancias de aquellos
y la naturaleza de la causa,
podrá permitirles que redacten a su presencia
una contestación escrita sobre puntos difíciles de explicar
o que también consulten a su presencia apuntes
o algunas notas.
A la declaración de las personas jurídicas
les será de aplicación lo dispuesto respecto a la declaración
de las personas físicas,
en lo que no sea incompatible con su especial naturaleza,
incluidos los derechos a guardar silencio,
a no declarar contra sí mismas y a no declararse culpables.
La incomparecencia de la persona designada por la persona jurídica
para su representación determinará, sin embargo,
que se tenga por celebrado este acto,
entendiéndose que se acoge a su derecho a no declarar.
Finalmente, ha de destacarse que la confesión,
entendida como reconocimiento expreso de los hechos constitutivos
de la pretensión punitiva,
no dispensará al Tribunal de Instancia,
sección de instrucción, de practicar todas las diligencias necesarias
a fin de adquirir el convencimiento.
De la verdad de la confesión y de la existencia del delito.
La propia ley de enjuiciamiento criminal
establece a este respecto
que el tribunal de instancia, sección de instrucción,
interrogará en todo caso al procesado confeso
para que explique todas las circunstancias del delito
y cuanto pueda contribuir a comprobar,
a clarificar su confesión, si fue autor o cómplice
y si conoce a algunas personas que fueron testigo
o tuvieran conocimiento del hecho.
Pasamos a la declaración de la víctima.
El lector de la Administración de Justicia
instruirá al ofendido
o perjudicado por el delito de los derechos que le asisten,
pudiendo mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular querella.
El acto de declaración, en este acto de declaración
ante el tribunal, el letrado de la Administración de Justicia
instruirá al ofendido mayor de edad con capacidad procesal
a quien deba asistirle,
esto es, que no estuviese provisto de apoyos judiciales
por causa de discapacidad o a quien deba asistirle en otro caso,
en caso de minoría de edad o de discapacidad con provisión
de apoyos, el derecho que le asiste a mostrarse parte en el proceso
y renunciar o no a la restitución de la cosa,
reparación del daño e indemnización del perjuicio
ocasionado como consecuencia del hecho delictivo.
Las declaraciones de las víctimas menores de edad
o provistas de apoyos especiales por causa de discapacidad gozarán
cuando el Tribunal de Distancia, sección de instrucción,
lo considere oportuno para evitar causarles graves perjuicios
de un régimen singular y propio, consistente básicamente
en que se les tome declaración mediante la intervención de expertos
y con asistencia del Ministerio Fiscal.
Con esta finalidad, podrá acordarse también
que las preguntas se trasladen a la víctima
directamente por los expertos o incluso excluir
o limitar la presencia de las partes en el lugar de exploración
de las víctimas.
En estos casos, el tribunal dispondrá de lo necesario
para facilitar a las partes la posibilidad de trasladar preguntas
o de pedir aclaraciones a estas víctimas
siempre que ello resulte posible.
Las autoridades y funcionarios encargados de la investigación penal
velarán porque en la medida que ello no perjudique la eficacia
del proceso se cumplan los siguientes requisitos.
Primero, la declaración de las víctimas
cuando resulte necesaria al efectuarse
sin dilaciones injustificadas.
Segundo, la declaración a las víctimas
ha de realizarse en el menor número de veces posibles
y únicamente cuando resulte estrictamente necesario
para los fines de la investigación penal.
En tercer lugar, las víctimas pueden estar acompañadas,
además de por su representante procesal y en su caso
por su representante legal, por una persona de su elección
durante la práctica de aquellas diligencias
en las que deba intervenir.
Salvo que motivadamente se resuelva lo contrario por el funcionario
de autoridad encargado de la práctica de la diligencia
precisamente para garantizar su correcto desarrollo.
En cuarto lugar, los reconocimientos médicos
de las víctimas solamente se llevarán a cabo
cuando resulten imprescindibles para los fines del proceso penal
y ha de reducirse al mínimo indispensable.
Y en quinto lugar, en la declaración de la víctima
habrá de evitarse cualquier contacto sensitivo,
ni siquiera el visual, entre la víctima
y sus familiares respecto del sospechoso,
investigado o acusado.
La Ley de Enjudicamiento Criminal dispensa de su obligación de declarar
en una clara apuesta de protección de los lazos familiares y afectivos
a ciertos parientes del procesado.
Así están dispensados por el artículo 410.
16.1 de la obligación de declarar los parientes
del procesado en línea recta, directa, ascendente y descendente,
su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad
a la matrimonial y sus hermanos consanguíneos uterinos
y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil.
Pasamos a la declaración testifical, que corresponde
a quienes hubieren tenido conocimiento inmediato,
testigos directos o mediato, es decir, por mediación de otro,
testigos indirectos o testigos de referencia,
en cualquier caso, del hecho delictivo.
El Tribunal de Instancias Sección de Instrucción podría instaurar
desde el mismo comienzo del proceso esta declaración testifical
mediante el llamamiento formal a quienes hubieren tomado
conocimiento directo o indirecto del hecho delictivo,
quienes tendrán la obligación de comparecer
y declarar siempre que residan en territorio español,
sean nacionales o extranjeros y no estén impedidos.
La ley de juzgamiento criminal regula algunas exenciones y dispensas.
Por ejemplo, no podrán ser obligados a declarar como testigos
las siguientes personas.
Primero, los eclesiásticos y ministros de culto disidentes
sobre los hechos que le fueron revelados en el ejercicio
de las funciones de su ministerio.
Segundo, los funcionarios públicos, tanto civiles como militares,
de cualquier clase que sean,
cuando no pudieran declarar sin violar el derecho de secreto
que por razón de sus cargos estuviesen obligados a guardar
o cuando, procediendo en virtud de desobediencia debida,
no fueran autorizados por su superior jerárquico para prestar
declaración que se les pida.
En tercer lugar,
las personas provistas judicialmente de apoyo por causa de discapacidad.
La falta de concurrencia del testigo al primer llamamiento judicial,
con las excepciones que acabo de indicar,
o en otro caso su injustificada resistencia
a declarar lo que sepa acerca de los hechos
sobre los que se ha preguntado conllevará la imposición de una multa
y si este testigo en cuestión persistiese en su resistencia
será inexorablemente conducido en el primer caso
la falta de concurrencia a presencia del tribunal de instancia
sección de instrucción por agentes de la autoridad
y perseguido por el delito de obstrucción a la justicia.
Tipificado en el Código Penal, así como en el segundo caso,
injustificada resistencia a declarar,
también será perseguido por el de desobediencia grave
a la autoridad.
Los testigos mayores de edad penal prestarán juramento o promesa
de decir todo lo que supiesen.
Respecto de lo que fueran preguntados,
estando el tribunal además obligado a informarles en un lenguaje claro
y comprensible de la obligación que tienen de ser veraces
y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio
en causa criminal.
Las declaraciones de los testigos menores de edad
o provistos de apoyos especiales o de apoyos judiciales
por causa de discapacidad gozarán cuando el Tribunal de Instancia
lo considere oportuno para evitar causarles daños graves
de un régimen al que ya me he referido,
singular y propio, consistente, básicamente,
en que se le tome declaración mediante la intervención de expertos
y con asistencia del Ministerio Fiscal.
Con esta finalidad, la Ley de Juzgamiento Criminal
establece que podrá acordarse también que las preguntas
se trasladen a la víctima directamente por los expertos
o incluso excluir o limitar la presencia de las partes
en el lugar de exploración de las víctimas.
En esos casos, el tribunal dispondrá de lo necesario para facilitar
a las partes la posibilidad de trasladar esas preguntas
o pedir aclaración a las víctimas siempre que sea posible.
Los testigos declararán por separado y de forma secreta,
siempre en presencia del tribunal de instancia,
sección de instrucción y del letrado o letrada
de la Administración de Justicia.
En su declaración se seguirá el orden temático
escalonado.
Así, el testigo manifestará en primer lugar su nombre,
apellidos, paterno y materno, edad, estado, profesión,
si conoce o no al procesado y a las demás partes,
si tiene con ellos parentesco, amistad,
relación de cualquier otra clase, si ha estado procesado
y la pena se le impuso.
Si el testigo es a su vez miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado en el ejercicio de sus funciones,
entonces será suficiente para su identificación
el número de su registro personal y la unidad administrativa
a la que se encuentra adscrito.
Los testigos declararán de viva voz,
sin que les sea permitido leer la declaración,
ni respuesta alguna que lleven previamente preparada por escrito,
pudiendo, sin embargo, consultar algún apunte,
alguna memoria que contenga datos que sean difíciles de recordar.
El Tribunal dejará al testigo narrar sin interrupción
los hechos sobre los cuales declare y solamente le exigirá
explicaciones complementarias que sean conducentes a desvanecer
conceptos oscuros o contradictorios.
Después dirigirá las preguntas que estime oportunas
para el esclarecimiento de los hechos.
Esas preguntas no podrán lógicamente ser capciosas ni sugestivas,
tampoco podrá emplearse coacción, engaño, promesa ni artificio
alguno para obligar e inducir al testigo a declarar
en un determinado sentido.
Si el testigo no entiende o no habla el idioma español,
se nombrará un intérprete que prestará a su presencia juramento
de conducirse bien y fielmente en el desempeño de su cargo.
Por este medio,
echarán al testigo las preguntas y se recibirán sus contestaciones
que éste podrá dictar por su conducto.
En este caso, la declaración deberá consignarse en el proceso
en el idioma empleado por el testigo y traducido a continuación
al español.
Terminada la declaración,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
hará saber al testigo la obligación de comparecer para declarar de nuevo
ante el tribunal competente cuando se le cite para ello,
así como de poner en conocimiento de la Oficina Judicial
los cambios de domicilio que pudiera hacer hasta ser citado
para el juicio oral.
La declaración testifical, efectuada en la fase de instrucción,
quedará preconstituida en los casos
en los que resulte previsible su irrepetibilidad.
Pasamos al careo y se denomina careo cara a cara
al acto de investigación decretado
por el tribunal de instancia sección de instrucción
cuando la versión ofrecida por los distintos
investigados entre sí por los distintos testigos
también entre sí o finalmente por los investigados
y testigos de nuevo entre sí arroje discordancias incoherencias
o contradicciones respecto del hecho delictivo
y de su presunto autor dignas de esclarecimiento.
Con la razonable finalidad de garantizar el orden,
la corrección y la contención en la sala,
así como de acrecentar las posibilidades de alcanzar la verdad,
equiparable a la única realidad de los hechos,
la verdad procesal, de los hechos,
establece el artículo 451 de nuestra Ley de Juzgamiento Criminal
que esta diligencia debe tener lugar,
por regla general, entre dos y no más personas a la vez.
No se practicarán careos, por tanto,
cuando no fuere conocido otro modo de comprobar la existencia del delito
y la culpabilidad de alguno de sus procesados.
No se practicarán careos, en todo caso,
con testigos que sean menores de edad,
salvo que el juez jueza lo considere imprescindible
y no lesivo para el interés de dichos testigos,
previo informe pericial.
El careo se verificará con inmediación ante el juez
o jueza competente.
El letrado o letrada de la Administración de Justicia
hará constar a los procesados o testigos
entre quienes tenga lugar el acto,
así como las declaraciones que hubieren prestado.
Asimismo, Este mismo profesional,
el letrado de la Administración de Justicia
se entiende, recordará a los testigos su juramento
y las penas de falso testimonio
antes de formular las preguntas respecto de las versiones disonantes
para verificar si se ratifican en ellas
o, por el contrario, presentan alguna variación.
El letrado o letrada de la Administración de Justicia
dará fe de todo lo ocurrido en el acto del careo
y de las preguntas, contestaciones y reconvenciones
que mutuamente se hicieran entre los careados,
así como todo lo relativo a su actitud durante el acto
y firmará una diligencia con todos los concurrentes expresando,
si alguno no lo hiciera, la razón que alegó
o que adujo para ello.
Pasamos al informe pericial.
Es el solicitado por el juez o jueza a expertos
de las más variadas disciplinas profesionales
quienes hablan de ilustrar con sus conocimientos científicos,
artísticos o técnicos
tanto a las partes procesadas como fundamentalmente al juez o jueza
acerca de relevantes extremos relacionados con el hecho delictivo
y con su presunto autor.
Una vez realizada la designación de los peritos
y efectuado el llamamiento, estos habrán de concurrir
en todo caso porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal
establece que nadie podrá negarse a acudir al llamamiento
del juez o jueza para desempeñar un servicio pericial
si no estuviera legítimamente impedido,
caso en que deberá ponerlo en conocimiento del tribunal
en el acto,
en el momento y acto de recibir el nombramiento.
Los peritos recibirán, como es lógico,
una serie de honorarios, los que le correspondan,
salvo que prestasen sus servicios precisamente
en las administraciones públicas,
en este caso en la Administración de Justicia.
Si el reconocimiento e informe periciales
pudieran tener lugar de nuevo en el juicio oral,
los peritos nombrados no podrán ser recusados por las partes.
Ahora bien, si este peritaje.
No pudiera reproducirse por la causa que fuere en el juicio oral,
entonces las partes, tanto acusadora como investigada,
podrán formular una recusación por alguna de las causas
contempladas en la ley de enjuiciamiento criminal,
parentesco por consanguinidad o afinidad entre el cuarto grado
con el querellado o con el reo, interés directo o indirecto
en la causa o en otra semejante, amistad íntima o enemistad manifiesta
y nombrar un perito a su costa que intervenga en el acto pericial.
Así como presenciar tanto el acusador como el investigado
con su respectiva representación el acto pericial
y ello aun cuando este último estuviera preso,
en cuyo caso el juez o jueza
adoptará las precauciones oportunas.
Antes de comenzar el procedimiento pericial, todos los peritos,
esto es, los nombrados por el tribunal,
tanto estos como los que lo hubieren sido por las partes,
prestarán juramento de proceder con fidelidad en sus operaciones
y de no proponerse otro fin que el de descubrir
y declarar la verdad.
El informe pericial comprenderá, si fuere posible,
los extremos contenidos en la Ley de Juzgamiento Criminal,
que son los siguientes.
Primero, la descripción de la persona o cosa que sea objeto de peritaje
en el Estado o del modo en el que se encuentre.
El letrado de la Administración de Justicia
extenderá esta descripción dictándola a los peritos y suscribiéndola
a todos los concurrentes.
La relación detallada de todas las operaciones
practicadas por los peritos y de su resultado,
también extendida y autorizada por letrado
de la Administración de Justicia conforme a las anteriores
formalidades y las conclusiones que, en vista de tales datos,
formulen los peritos conforme a los principios y reglas
de su ciencia o arte.
Si los peritos estuvieren en discorde,
si su número fuere par, el juez o jueza nombrará un tercer perito
y con la intervención del nuevamente nombrado se repetirán,
si fuere posible, las operaciones que hubieren practicado
aquellos y se ejecutarán las demás que pareciesen oportunas.
Si no fuera posible la repetición de las operaciones ni la práctica
de otras nuevas, la intervención del perito últimamente nombrado
se limitará a deliberar con los demás con vista
de las diligencias de reconocimiento practicadas y a formular luego
con quien estuviera conforme o separadamente,
si no lo estuviera con ninguno, sus conclusiones motivadas.
Finalmente, los peritos comparecerán ante el juez o jueza
para exponer sus conclusiones.
En este momento, el tribunal podrá, por su propia iniciativa
o por reclamación de las partes presentes
o de sus defensores, hacer a los peritos
respecto de estas conclusiones las preguntas que estime pertinentes
y pedirles las aclaraciones necesarias.
Las contestaciones de los peritos se considerarán como parte
de su informe.
Pasamos a la inspección ocular,
que consiste básicamente en la recogida y conservación
de los vestigios o pruebas materiales del delito,
así como en su inspección directa en el lugar y estado
en el que se encontrasen.
El artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
se refiere a este acto de investigación
de la siguiente manera.
Cuando el delito que se persiga haya dejado vestigios o pruebas materiales
de su perpetuación, el tribunal de instancia,
sección de instrucción o el que haga sus veces ordenará que se recojan
y conserven para el juicio oral si fuere posible,
procediendo al efecto, a la inspección ocular
y a la descripción de todo aquello que pueda tener
relación con la existencia y naturaleza del hecho.
A este fin, hará consignar en los autos
la descripción del lugar del delito, el sitio de estado
en el que se hallen los objetos que en él se encuentran,
los accidentes del terreno o situación de las habitaciones
y todos los demás detalles que puedan utilizarse tanto para la acusación
como para la defensa.
El Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción,
adoptará u ordenará,
por ello, con toda celeridad a la Policía Judicial
o al médico forense,
que adopte las medidas necesarias para que la recogida,
custodia y examen de las huellas o vestigios
cuyo análisis biológico
pueda contribuir al esclarecimiento del hecho investigado
se verifiquen en condiciones que garanticen su autenticidad.
El letrado de la Administración de Justicia
pondrá en conocimiento del procesado, si lo hubiere,
por imperativo de la ley de enjuiciamiento criminal,
el acuerdo relativo a la práctica de la diligencia con la anticipación
que permita su índole y no se suspenderá
por la falta de comparecencia del procesado o de su defensor.
Igual derecho asiste, como no podría ser de otra manera,
a quien se haya privado de libertad en razón de estas diligencias.
En este acto de investigación se extenderá por escrito
en el mismo acto de la inspección ocular
y será finalmente firmado por el tribunal de instancia,
sección de instrucción, el fiscal,
si asiste el acto, el letrado de la administración de justicia
y las personas que se hallasen presentes.
Pasamos a la determinación e identificación del investigado.
Son dos tipos de actos de investigación
cronológicamente consecutivos.
Primero la determinación, después la identificación.
La determinación de entre una pluralidad de sujetos
de cual sea en efecto el presunto autor
mediante técnicas tales como el reconocimiento fotográfico
o el propio reconocimiento en rueda.
Después, la identificación, donde ya se aspirará a lograr algo más
de cara a su posterior imputación,
la más perfecta individualización de dicho investigado,
esto es, su nombre, su edad, su filiación, sus antecedentes, etc.
La determinación consiste básicamente en la selección
de entre varios sujetos posibles de uno como probable o presunto autor
del hecho delictivo.
Para lograr esta primera determinación
y sin perjuicio de la utilización cuando sea posible
de otra serie de avanzadas técnicas de investigación cuya probabilidad
de acierto es, por cierto, cada vez mayor,
tales como el análisis de restos orgánicos,
descubiertos en el lugar del hecho delictivo
o en la persona de la víctima,
pueden ensayarse al mismo inicio del proceso penal dos tipos de mecanismos
orientados a este fin, el reconocimiento fotográfico
y el reconocimiento en rueda.
A través de ellos podríamos determinar quién puede ser
el presunto autor del hecho delictivo.
El reconocimiento en rueda
comporta una muestra real para su visualización
ante quienes hubiesen presenciado el hecho delictivo,
víctimas y testigos, se entiende,
de una serie de personas con rasgos físicos similares
al objeto de la determinación con el mayor grado de precisión posible
de cuál de ellas les parece a cada identificador que sea
precisamente el presunto autor del hecho delictivo.
Para que este acto de investigación, el reconocimiento en rueda,
pueda preconstituirse válidamente en esta fase de investigación,
cuando se prevea su irrepetibilidad, e introducirse luego
a la fase de enjuiciamiento, resulta imprescindible
que se cumplan escrupulosamente las garantías legalmente establecidas
que muy sintéticamente establecen.
Voy a desarrollar a continuación.
Primero, el reconocimiento en rueda
se practicará poniendo a la vista del que hubiere de verificarlo la persona
que haya de ser reconocida, haciéndola comparecer en unión
con otras circunstancias exteriores semejantes.
Segundo, el tribunal decidirá, según le parezca más conveniente,
si el reconocimiento se efectúa en presencia
de todas las personas o desde un punto de vista
en que el identificador no pudiera ser visto.
En todo caso, el que deba practicar el reconocimiento manifestará
si se encuentra en la rueda o grupo la persona a quien hubiese
hecho referencia en sus declaraciones,
designándola en caso afirmativo de forma clara,
decidida y determinante.
En tercer lugar,
cuando fueran varios los que hubiesen de reconocer a la persona,
la diligencia deberá practicarse separadamente con cada uno de ellos,
sin que puedan comunicarse entre sí hasta que se haya efectuado
el último reconocimiento.
En cuarto lugar,
cuando el investigado susceptible del reconocimiento en rueda
estuviera detenido o preso, los responsables de esa detención
o internamiento han de tomar las precauciones necesarias
para que ese investigado no haga en su persona o ropa alteraciones
que puedan dificultar su reconocimiento por parte
de quien corresponda.
En quinto lugar
y finalmente, El investigado sometido a esta diligencia de reconocimiento
en rueda habrá de estar asistido en todo momento por su abogado,
quien podrá solicitar,
conforme indica nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal,
al tribunal o funcionario
que hubiesen practicado la diligencia en la que haya intervenido,
una vez terminada esta, la declaración o ampliación
de los extremos que considere pertinentes,
así como la consignación en el acta de cualquier incidencia
que haya tenido lugar durante su práctica.
Pasamos a la videovigilancia,
que constituye un acto de investigación policial
regulado en la Ley Orgánica 4.1997,
por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado en lugares públicos
de gran fiabilidad,
gracias a la cual se puede visionar desde el inicio de la investigación
la imagen y el sonido de la propia actuación delictiva,
si se hubiese desarrollado en ese lugar.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Recoge en su artículo 588 quinquis que este acto
de investigación policial al advertir que la policía judicial
podrá obtener y grabar por cualquier medio técnico imágenes
de la persona investigada cuando se encuentre en un lugar
y espacio público, si ello fuera necesario
para facilitar su identificación,
para localizar los instrumentos o efectos del delito
u obtener datos relevantes para el esclarecimiento
de los hechos.
Aquella ley orgánica
a la que me he referido autoriza a los cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado la utilización de videocámaras
para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos,
abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento
a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana,
la erradicación de la violencia y la utilización pacífica
de vías y espacios públicos,
así como prevenir la comisión de delitos e infracciones
relacionadas con la seguridad pública.
Una realizada la afirmación en estos referidos lugares públicos,
abiertos o cerrados, siempre de conformidad
con los requisitos legalmente establecidos al efecto.
Si esta grabación hubiera captado la comisión de hechos
que hubiesen sido constitutivos de ilícitos penales
entonces los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado pondrán este soporte original
de las imágenes y sonidos en su integridad a disposición judicial
con la mayor inmediatez posible y en todo caso,
por exigencia de la ley orgánica a la que me he referido,
en el plazo máximo de 72 horas desde su grabación.
De no poder redactarse el atestado en ese plazo,
se relatarán verbalmente los hechos a la autoridad judicial
o al Ministerio Fiscal con entrega igualmente de la grabación.
Pasamos a disertar sobre el confidente arrepentido
y agente encubierto.
El confidente se refiere a una persona,
generalmente delincuente, bien lo sea en su consideración
individual o perteneciente a una organización criminal,
que ilustra a la policía acerca de unos hechos delictivos
respecto de los que no tuvo la menor participación
con la evidenciable finalidad de obtener
alguna ventaja o recompensa en su propia actividad criminal.
La dificultad de asumir en nuestro garantista proceso penal
esta censurable participación del confidente
impide que pueda otorgársele una carta de naturaleza,
razón por la cual esos chivatazos pueden servir para iniciar
una investigación criminal,
incluso para afianzar alguna estrategia policial,
pero no para fundar un acto de investigación,
ni muchísimo menos para fundar un acto de prueba que llegaría
nada menos que a desvirtuar la presunción de inocencia.
En una sentencia firme de condena.
El arrepentido se refiere, sin embargo,
a una persona, también delincuente,
que integra esta vez una organización o asociación
relacionada con el tráfico de drogas
o bien otra organización, grupo o elemento terrorista
que se arrepiente de esta activa participación
en las señaladas organizaciones y ofrece información una vez
abandonada la actividad delictiva a cambio de una reducción
de la condena.
El tribunal será quien decida,
en tales casos de tráfico de drogas y de bandas terroristas,
nunca en otros, cuándo debe reducir la condena y cuándo no,
así como en qué exacta graduación lo hará respecto de este delincuente
arrepentido.
El agente encubierto, que puede ser físico o informático,
es la persona, siempre un miembro ahora de la policía judicial,
que se infiltra presencial o digitalmente bajo un perfil falso
en una organización criminal con la exclusiva finalidad
de obtener información acerca tanto de los miembros que la integran
como de las actividades que desarrollan.
Las únicas personas autorizadas para erigirse en agentes encubiertos
o infiltrados son, y ya lo ha advertido,
los funcionarios de la policía judicial.
Pero ninguno de ellos podrá ser obligado a actuar como agente
encubierto.
De suerte que esta es una actividad que afrontarán
cuando de forma libre y voluntaria se hubieren postulado para ello.
En tales casos
el Ministerio del Interior les otorgará una identidad supuesta.
En un plazo de seis meses prorrogables por períodos
de igual duración, quedando legítimamente habilitados
para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta
y participar en el tráfico jurídico y social bajo esa identidad.
A los efectos de que el Tribunal autorice la ejecución
de esta actuación investigadora de máximo riesgo,
que tan sólo podrá operar respecto de la delincuencia organizada,
ha de advertirse que por tal tipo de delincuencia
se entiende la asociación de tres o más personas
para realizar, de forma permanente y reiterada,
conductas que tengan como fin cometer alguno de los delitos siguientes.
Delitos de obtención, tráfico.
Ilícito de órganos humanos y trasplante,
delitos de secuestro de personas, delito de trata de seres humanos,
delitos relativos a la prostitución,
delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico,
delitos relativos a la propiedad intelectual o industrial,
delitos contra los derechos de los trabajadores,
delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros,
delitos de tráfico de especies, de flora o fauna amenazada,
delitos de tráfico de material nuclear y radiactivo,
delitos contra la salud pública, delitos de falsificación de moneda
y de falsificación de tarjetas de crédito o débito
o cheques de viaje, delitos de tráfico,
depósito de armas, municiones y explosivos,
delitos de terrorismo y, al fin,
delitos contra el patrimonio histórico.
El agente encubierto o infiltrado está autorizado siempre
en el ejercicio de su función policial
para llevar a cabo dentro de la organización territorial
las siguientes actividades.
Primero, adquirir y transportar objetos,
efectos e instrumentos del delito y diferir su incautación.
Segundo, realizar actividades dirigidas
a la obtención de imágenes, la grabación de conversaciones
que puedan mantenerse en los encuentros
previstos entre el propio agente y el investigado,
aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio.
Así, cuando las actuaciones de investigación puedan afectar
a los derechos fundamentales, el agente encubierto deberá solicitar
del órgano judicial competente las autorizaciones que al respecto
establezca la Constitución y la ley,
así como cumplir las demás previsiones legales aplicables.
El agente encubierto deberá poner la información
que vaya obteniendo en conocimiento de quien la autorizó,
esa investigación a la mayor brevedad posible.
Y esa información, como es lógico,
deberá aportarse al proceso en su integridad
y se valorará luego, en conciencia, por el órgano judicial competente.
El agente encubierto estará exento, resulta obvio,
de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean
consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación,
siempre que guarden la debida proporcionalidad con su finalidad
y no constituyan una provocación al delito.
Además de este agente
encubierto físico, la Ley de Juzgamiento Criminal
también prevé otro agente encubierto informático,
que también será un funcionario de la Policía Judicial
autorizado por el Tribunal de Instancias Sección de Instrucción
para actuar bajo una identidad supuesta en comunicaciones
mantenidas ahora en canales cerrados de comunicación con el fin
de esclarecer tanto algunos de los delitos ya referidos
para la gente en cubierto físico
como para los delitos propiamente informáticos
esto es para los cometidos a través de instrumentos informáticos
o de cualquier tecnología de la información o comunicación
o servicios de la comunicación y pasamos a analizar la circulación
y entrega vigilada de drogas
y otros efectos que constituye un acto de investigación policial.
Regulado en el título primero del libro segundo
la ley de enjuiciamiento criminal
por erigirse una causa de dispensa de la obligación
de denunciar orientado al seguimiento de los delitos referidos
mediante la controlada permisividad de la circulación
y entrega sin interceptación
y precisamente para tratar de alcanzar por este medio
el descubrimiento enjuiciamiento y auténtico desmantelamiento
de toda una cadena delictiva de principio
a fin de este tipo de delincuencia la.
El tráfico de droga.
Se entenderá por circulación y entrega vigilada
la técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas
de drogas tóxicas, de sustancias psicotrópicas
u otras sustancias prohibidas equipos, materiales y sustancias
por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas,
así como bienes y ganancias procedentes
de las actividades delictivas tipificadas en determinados preceptos
del Código Penal, circulen por el territorio español
o salgan o entren en él sin interferencia obstativa
de la autoridad o sus agentes, bajo su vigilancia,
con el fin de descubrir o identificar a las personas
involucradas en la comisión de estos delitos relativos
a esas drogas, a esas sustancias, equipos, materiales,
bienes y ganancias,
así como también prestar auxilio a las autoridades extranjeras
con los mismos fines.
Esta relevante autorización para la circulación
o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes
o sustancias psicotrópicas,
así como otras sustancias prohibidas,
corresponde al Tribunal de Instancia sección de instrucción competente
y al Ministerio Fiscal, así como a los jefes de las unidades orgánicas
de la Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial
y a sus superiores.
Esta medida deberá acordarse, dada su gravedad,
por resolución fundada en la que se determine
explícitamente, en cuanto sea posible,
el objeto de la autorización o entrega vigilada,
así como el tipo y cantidad de la sustancia de que se trate.
Para adoptar esta gravosa medida cautelar
ha de tenerse en cuenta en primer lugar su necesidad,
así como su idoneidad y su proporcionalidad a los fines
de la investigación en relación con la importancia del delito
y con las posibilidades de vigilancia.
También el juez o jueza que dicte la resolución dará traslado de copia
de la misma al Tribunal de Instancia Decano
de su jurisdicción,
el cual tendrá custodiado un registro de dichas resoluciones.
El contenido de esta diligencia de investigación no se circunscribe
a la circulación o entrega vigilada específicamente de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas,
así como otras sustancias prohibidas, sino que abarca también
a la de bienes, materiales, objetos, especies animales y vegetales
tipificados en el código penal.
Muchas gracias por su atención.